Óscar Sotelo Yerena
Expediente 473/2014 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Óscar Sotelo Yerena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de mayo del presente año, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiese hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de nueve de abril de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Oscar Sotelo Yerena, contra los actos atribuidos al Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad. La protección constitucional otorgada fue para el efecto de que la citada autoridad: Dejará insubsistente el auto de plazo constitucional reclamado, y; Con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución fundada y motivada, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados. Es decir, debería: I. Realizar el desglose de cada uno de los elementos que constituyen la materialidad del ilícito en estudio, atendiendo los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo. II. Relacionar con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acredita cada una de las hipótesis a comprobar, en especial al elemento complementado privilegiado, en la inteligencia que las pruebas deberían ser valoradas pormenorizadamente de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado. III. Al realizar el estudio atinente en la probable responsabilidad del aquí quejoso, valorara pormenorizadamente cada una de las probanzas que tuvo en consideración, no solo citando un fundamento y diciendo que merecen valor probatorio, sino explicando qué eficacia convictiva tienen. Todo lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el arábigo 77 de la ley de la materia. 2). Mediante proveído de veintiocho de abril pasado, se declaró que había causado ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió al Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad, para que le diera cumplimiento. 3) Mediante oficio 1372, la Secretaria del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución dictada el seis de los actuales con la cual el siete de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Dejó insubsistente el auto de plazo constitucional reclamado; y, Dicto una nueva en la que: Realizo el desglose de los elementos del cuerpo del delito de robo calificado. Al analizar el elemento especial privilegiado y la probable responsabilidad del inculpado, estableció que no existen en autos elementos que demuestren que haya intervenido en la privación de la posesión del vehículo de motor materia del juicio natural, ni que lo haya hecho previo reparto de tareas, por lo que dictó en su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con la resolución de seis de mayo del año en curso, dictada dentro de la causa penal 37/2014, el Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración de este Juzgado, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de mayo del presente año, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiese hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de nueve de abril de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Oscar Sotelo Yerena, contra los actos atribuidos al Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad. La protección constitucional otorgada fue para el efecto de que la citada autoridad: Dejará insubsistente el auto de plazo constitucional reclamado, y; Con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución fundada y motivada, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados. Es decir, debería: I. Realizar el desglose de cada uno de los elementos que constituyen la materialidad del ilícito en estudio, atendiendo los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo. II. Relacionar con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acredita cada una de las hipótesis a comprobar, en especial al elemento complementado privilegiado, en la inteligencia que las pruebas deberían ser valoradas pormenorizadamente de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado. III. Al realizar el estudio atinente en la probable responsabilidad del aquí quejoso, valorara pormenorizadamente cada una de las probanzas que tuvo en consideración, no solo citando un fundamento y diciendo que merecen valor probatorio, sino explicando qué eficacia convictiva tienen. Todo lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el arábigo 77 de la ley de la materia. 2). Mediante proveído de veintiocho de abril pasado, se declaró que había causado ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió al Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad, para que le diera cumplimiento. 3) Mediante oficio 1372, la Secretaria del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución dictada el seis de los actuales con la cual el siete de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Dejó insubsistente el auto de plazo constitucional reclamado; y, Dicto una nueva en la que: Realizo el desglose de los elementos del cuerpo del delito de robo calificado. Al analizar el elemento especial privilegiado y la probable responsabilidad del inculpado, estableció que no existen en autos elementos que demuestren que haya intervenido en la privación de la posesión del vehículo de motor materia del juicio natural, ni que lo haya hecho previo reparto de tareas, por lo que dictó en su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con la resolución de seis de mayo del año en curso, dictada dentro de la causa penal 37/2014, el Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración de este Juzgado, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este asunto; por tanto, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a sus intereses convenga, apercibido que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia dictada el nueve de abril pasado, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Oscar Sotelo Yerena; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Juez Segundo Penal de Partido residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de marzo pasado, se ordenó formar un cuadernillo provisional con motivo de que el expediente se encontraba en estudio para dictar la resolución correspondiente; como esto ya aconteció, se ordena agregar al presente juicio el cuaderno de referencia.
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