Oscar Soriano Morales

Expediente 41/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
41/2016
Año
2016
Actuaciones
22
Última actuación
10/11/2016

Partes del expediente

  • Oscar Soriano Morales
  • Juzgado de Garantía de lo Penal del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que la parte quejosa, no se inconformó en contra del proveído dictado el cinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 182-185), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor en relación con el 201, fracción I, y 202 del citado ordenamiento legal, se tiene por consentido; en consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En el entendido, que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, por ubicarse el presente asunto, en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero, del Acuerdo General en comento. Conforme al punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo a este juicio principal. Por otra parte, devuélvase al Juez de Garantía del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, dos discos certificados en formato DVD, que remitió como apoyo a su informe justificado y en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente sumario.

  2. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 41/2016, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis (fojas 17-19), se concedió la suspensión provisional, y por interlocutoria de tres de febrero de dos mil dieciséis (fojas 27-30), se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme al punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que deberá conservarse el mencionado auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis (fojas 17-19), en el que se concedió la suspensión provisional, y la interlocutoria de tres de febrero de dos mil dieciséis (fojas 27-30), en la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que la parte quejosa, no se inconformó en contra del proveído dictado el cinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 182-185), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor en relación con el 201, fracción I, y 202 del citado ordenamiento legal, se tiene por consentido; en consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En el entendido, que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, por ubicarse el presente asunto, en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero, del Acuerdo General en comento. Conforme al punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo a este juicio principal. Por otra parte, devuélvase al Juez de Garantía del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, dos discos certificados en formato DVD, que remitió como apoyo a su informe justificado y en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente sumario.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por proveído de veintiuno de septiembre de esta anualidad, se dio vista al quejoso Oscar Soriano Morales, con el oficio CJ/JGMPT/01555/2016-J, signado por el Juez de Garantía del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, con el que remitió la transcripción en original del auto de vinculación a proceso de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, y la medida de coerción definitiva de esa misma fecha, dictados en la causa 09/2016, de su índice, así como un disco versátil digital (DVD) certificado que contiene la grabación de audio y video de la audiencia desahogada en el auto de vinculación a proceso; asimismo, se le requirió para que dentro del plazo de tres días, siguientes a su legal notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera. En atención a ello, la parte quejosa mediante escrito de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 172 a 179), manifestó su inconformidad con el cumplimiento de la sentencia dado por la autoridad responsable Juez de Garantía de Tehuantepec, Oaxaca. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede analizar de oficio si la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo. Del análisis de la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 09/2016, por el Juez de Garantía de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, con pleno valor probatorio en su calidad de instrumental de actuaciones en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concluye que la autoridad judicial responsable cumplió con la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por las consideraciones que enseguida se exponen: a). En resolución engrosada el quince de julio de dos mil dieciséis (fojas 87-104) dictada en este juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Oscar Soriano Morales, para que el Juez de Garantía de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, realizara lo siguiente: Por cuanto hace al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, fue para el efecto siguiente: ".1. Deje insubsistente el auto de vinculación de catorce de enero de dos dieciséis, dictado en la causa penal 9/2016 de su índice, que se instruye en contra de Oscar Soriano Morales, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de equiparado a robo específico, previsto en los artículos 357 Bis, fracción IV, en relación con el diverso 8°, fracción I, todos del Código penal vigente en el Estado, cometido en perjuicio patrimonial de la persona jurídica "Procuraduría de Cobranza Judicial S. A de C. V.". 2. En su lugar dicte una nueva resolución, la que puede ser en el mismo sentido que la anterior, o diverso, así, de ser en el mismo sentido que la anterior, deberá subsanar las violaciones señaladas." Y por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en la medida de coerción de prisión preventiva se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: ".es conceder la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje sin efecto la resolución reclamada de catorce de enero de dos mil dieciséis, dictada en la causa número 9/2016, en la que dictó en contra del quejoso, Oscar Soriano Morales, como medida de coerción prisión preventiva y, en su lugar, dicte otra, que podrá ser en el mismo sentido o diverso, pero subsanando las deficiencias formales anotadas. ." b). Por auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (foja 113), se declaró ejecutoriado el mencionado fallo, y se requirió a la autoridad responsable Juez de Garantía de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. c) El Juez de Garantía de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, en acatamiento a dicha determinación, por oficio número CJ/JGMPT/01555/2016-J, de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, remitió la transcripción original de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal 09/2016, de su índice. d) Luego, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, la responsable en el considerando quinto, de la resolución que se analiza, en lo substancial estableció que los elementos del delito de equiparado al robo específico, previsto en el artículo 357 Bis, fracción IV, del Código Penal vigente en estado, son los siguientes: 1. La existencia de un vehículo robado. 2. Que un sujeto activo que no participó en el robo adquiera, posea, comercialice, pignore, reciba, traslade, use u oculte el vehículo o partes de éste. 3. Que tal conducta se ejecute a sabiendas de que el vehículo es robado. Los dos primeros elementos, los tuvo por acreditados, con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público con el legajo de investigación 3666/TH/2015, ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tehuantepec, Oaxaca, en el que obra la denuncia por el delito de robo especifico cometido en perjuicio patrimonial de Banco Azteca, presentada por el Gerente de Micro negocio Azteca, perteneciente a Banco Azteca, respecto de una motocicleta marca itálika, modelo DT125, color negro brillante, con número de serie, 3SCPDTDE5F1002474, con número de motor 156FMIC2R05316, con placas de circulación 5T9UBJ, del Estado de México. Así también, porque el quejoso ahora imputado fue detenido en flagrancia, por elementos de la Policía de Transito Vial, cuando conducía la unidad de motor (motocicleta), en el tramo de terracería a un costado de la carretera federal 190 en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, en Jalapa del Márquez, Oaxaca, como así lo advirtió el Juez de Garantía del parte informativo rendido por los Policías Viales, quienes al realizar una consulta en la página de internet www.repuve.gob.mex., así como en el sistema de plataforma México, en el que arrojó un reporte de robo de la mencionada motocicleta. Ahora, por cuanto hace al tercer elemento, el juez responsable consideró que del parte policial, se advertía que el imputado quejoso tenía conocimiento que el vehículo que poseía era robado, toda vez que presentó un comportamiento nervioso cuando se percató de la presencia de la patrulla víal, y ante ello, se le marcó el alto y le fue solicitada su licencia de conducir y la tarjeta de circulación de la motocicleta, los cuales no contaba con ninguno de ellos. Y en atención a lo declarado por la ateste Alma Delia Morales Bautista, el juez responsable, consideró que dicha declaración es discrepante con el parte policial, puesto que el "tratar de huir o el detener el vehículo", no resulta el único aspecto a considerar para la configuración del conocimiento de la circunstancia de que se trataba de un vehículo robado. Además refirió que se actualiza una máxima de la experiencia, que cuando alguien pone a la venta un vehículo por tan bajo precio, en este caso por cinco mil pesos, cero centavos moneda nacional (según lo manifestó el propio quejoso) genera desconfianza, en cuanto a su legal procedencia o correcto estado de funcionamiento; ello, partiendo de un análisis racional de los hechos, efectuando un razonamiento que sustentado en inferencias lógicas (tales como: quienes son las personas que le vendieron la motocicleta; los vendedores de la motocicleta, son los propietarios; se exhibió la factura; entre otros). De igual manera, el juez responsable tomó en consideración que el imputado, tiene veintiséis años, con instrucción de primer año de secundaria, que habita en un medio urbano que en este caso, es jalapa de Márquez, Oaxaca. Y atendiendo a la etapa procesal en que se encuentra el juicio, el juez responsable consideró que el aquí quejoso sí sabía que la motocicleta era robada, al no advertir un supuesto que se contradiga. Asimismo, desestimó la argumentación de la defensa relativa al artículo 357 fracción IV, del Código Penal Vigente en el Estado. Y respecto al dolo, consideró que la conducta del imputado quejoso, fue realizada en forma dolosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 8, fracción I, del Código Penal del Estado. Que la intervención del quejoso fue a título de autor, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 11 del código punitivo del Estado. Por cuanto hace a la medida de coerción definitiva, consistente en la prisión preventiva, el Juez de Garantía, consideró: Que con fundamento en el artículo 172 fracción II, del Código Procesal Penal vigente en el Estado, existe un peligro de fuga del imputado Oscar Soriano Morales, aun cuando le asiste la presunción de inocencia, atendiendo a la máxima de la pena, que señala el artículo 357 Bis, en su primer párrafo que establece una punibilidad de ocho a catorce años, y aun cuando en el juicio lo sentenciaran a ocho años de prisión, no podría alcanzar algún beneficio que la propia ley penal dispone. Por tal motivo, el Juez de Garantía responsable estimó idónea la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público; que no podría ser otra medida más viable o efectiva en este momento procesal, ya que por la máxima de la pena a imponerse, se actualiza una premisa en el sentido común que se traduce en una de las máximas de la experiencia relativa a que estando en libertad podría huir para evitar someterse al proceso que se le instruye. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara que la autoridad responsable Juez de Garantía de Tehuantepec, Oaxaca, cumplió con la sentencia protectora pronunciada en este juicio de amparo. Por último, respecto a las manifestaciones vertidas por el quejoso, en el sentido de que la sentencia de amparo, no se encuentra debidamente cumplida, dígasele que contrario a lo manifestado, la resolución analizada en este proveído por el que se le dictó auto de vinculación a proceso y se le impuso prisión preventiva satisface, a plenitud, los extremos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que en ella se expresan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y se señalan las circunstancias y razones que se consideraron para establecer el motivo por el que procedía dictar auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, así como imponerle la medida de coerción personal en cuestión; pues, para imponer la medida de coerción personal la responsable con certeza analizó los supuestos previstos por el artículo 172 del Código Procesal Penal. Esto es así, pues respecto al primer supuesto de arraigo en el país, el juez consideró que no hay certeza de que se someterá al proceso y que posiblemente pudiera huir del lugar del juicio, sustrayéndose de la acción de la justicia, dado que no tiene arraigo laboral, ya que la actividad que desempeña (actividades del campo), la podría desempeñar en cualquier otro lugar. El segundo supuesto relativo a la importancia del daño que debe ser resarcido, el máximo de la pena que en su caso pueda llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trata y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; el juez si bien no hizo referencia a la importancia del daño que debe ser resarcido; sin embargo, estimó que acorde con el artículo 357 Bis, en su primer apartado del Código Penal Vigente en el Estado, establece una punibilidad de ocho a catorce años de prisión, y por ende, no podría alcanzar algún beneficio sustitutivo de pena que la ley penal dispone, porque sus beneficios se limitan hasta tres años en el caso particular de la condena condicional y dos años ante una eventual sustitución de pena. Por tanto, tomando en cuenta que la pena mínima del delito que se atribuye al quejoso, es por ocho años, no podría gozar de algún beneficio; asimismo, atendiendo a la máxima de la pena del delito que se instruye al quejoso que es de catorce años, y por las máximas de la experiencia, de que todo ser humano, lo que busca es preservar o tener su libertad, ya que la tendencia general de las personas es que ante una pena de ocho a catorce años, lo lógico sería sustraerse de la acción, es decir huir. Asimismo, advirtió de los datos de prueba vertidos por el Ministerio Público, especialmente el parte informativo, que desde el primer momento en que los policías viales, le marcaron el alto al imputado aquí quejoso, éste trato de huir, siendo detenido metros adelante, lo cual a criterio del juez responsable es un indicativo fehaciente de que no se someterá voluntariamente al proceso, puesto que desde un principio pretendió huir. Así también el juez responsable se pronunció respecto al comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; pues refirió que no existe dato alguno que advierta que al imputado, se le siga un proceso diverso y el comportamiento que en él demuestre, y que por ello pudiera indicar si el quejoso se sometería voluntariamente al proceso. Sin embargo, consideró que atendiendo a las circunstancias del hecho en particular, el delito por el cual fue vinculado, tiene una pena de ocho a catorce años, circunstancia que atemoriza a cualquier ser humano, al someterse a un proceso penal de esa naturaleza, lo que sería incentivo para que se sustrajera de la acción de la justicia. ..

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