Óscar Silvestre Jiménez Nieto
Expediente 1566/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1566/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2018
Partes del expediente
- Óscar Silvestre Jiménez Nieto
Actuaciones
- Principal
MESA V. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 15 a 20), en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este asunto como concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II del referido acuerdo. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
MESA V. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***************** por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Ejecutor de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese como como juicio de amparo 1566/2018-V. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que el impetrante de amparo reclama: El auto de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, en el que el Juez Ejecutor de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, negó el tratamiento de prelibertad al aquí quejoso, dentro del expediente de ejecución 69/2016. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Una vez analizada en su integridad el escrito de demanda, atento al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, quien aquí resuelve estima que en la especie se advierten motivos manifiestos e indudable improcedencia, cuyo análisis debe efectuarse de oficio, por ser una cuestión de orden público y preferente, incluso en el caso de que las partes no hayan alegado tal circunstancia, al tenor de lo dispuesto del numeral 62 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea su instancia". Para respaldar esta postura, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del numeral 61 de la ley de amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se prueba el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." Al respecto, es pertinente conocer el contenido del artículo 18 de la Ley de Amparo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.". De igual forma, lo dispuesto por el artículo 17, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De la interpretación del artículo 18 de la Ley de Amparo, se arriba al conocimiento de que el legislador estableció diversas reglas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías, para tenerla como oportunamente recibida. El precepto invocado establece tres momentos, a partir de los cuales debe computarse el plazo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador que conozca de la demanda. Los medios para establecer que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, a saber, son: 1) la notificación, 2) el conocimiento, y 3) la confesión. Tratándose de la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a dudas, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. En la segunda hipótesis, a falta de notificación, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de que el quejoso tenga conocimiento pleno del acto reclamado. La tercera hipótesis, entraña una confesión expresa por parte del afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica. Por otra parte, del análisis del artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando el acto reclamado implique: 1. Peligro de privación de la vida; 2. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; 3. Incomunicación; 4. Deportación o expulsión; 5. Proscripción o destierro; 6. Desaparición forzada de personas; 7. Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. La demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En ese sentido, y tomando en consideración que el acto reclamado lo constituye el auto de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, en el que el Juez Ejecutor de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, negó el tratamiento de prelibertad al aquí quejoso, dentro del expediente de ejecución 69/2016, se evidencia que éste no encuadra en alguna de las hipótesis previstas de excepción. En el entendido que no obsta para arribar a la anterior determinación, el hecho que la Ley de Amparo abrogada disponía que podía interponerse el juicio de amparo en cualquier tiempo cuando se trataba de un acto que afectara la libertad; lo anterior, pues en el caso, la Ley de Amparo vigente, dispone como excepción que el acto debe afectar la libertad, pero siempre y cuando se haya emitido fuera de procedimiento, lo que en el caso no acontece, pues como ya se vio, el acto reclamado se emitió dentro de un procedimiento penal; con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, por lo que se rige por la Ley de Amparo vigente. Lo anterior cobra sustento en la tesis P./J. 12/2015 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo I, Mayo de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Sentado lo anterior, a continuación se procede al análisis de la extemporaneidad. En primer lugar, se indica que en el apartado VI, del capítulo de fecha de notificación del acto reclamado, el quejoso señaló, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "VI. FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: EL Día catorce de septiembre de dos mil dieciocho." De lo precedente, se advierte que el justiciable fue notificado del acto reclamado el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que si la demanda de amparo fue presentada hasta el quince de octubre de dos mil dieciocho, según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad; por ende, resulta irrebatible que aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado; esto es, fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, ya que el plazo para promoverla se computa a partir del día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto reclamado, esto es, el plazo de quince días trascurrió del dieciocho de septiembre al ocho de octubre de dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles, por así contemplarlo los artículos 18 y 19 de la Ley de Amparo, tal como se precisa a continuación. Septiembre 2018 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 01 INHÁBIL 02 INHÁBIL 03 04 05 06 07 08 INHLABIL 09 INHLABIL 10 11 12 13 14 NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 15 INHÁBIL 16 INHÁBIL 17 DÍA UNO (CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MÉXICO) 18 DÍA DOS 19 DÍA TRES 20 DÍA CUATRO 21 DIA CINCO 22 INHÁBIL 23 INHÁBIL 24 DÍA SEIS 25 DÍA SIETE 26 DÍA OCHO 27 DÍA NUEVE 28 DÍA DIEZ 29 INHÁBIL 30 INHÁBIL AGOSTO 2018 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 01 DÍA ONCE 02 DÍA DOCE 03 DÍA TRECE 04 DÍA CATORCE 05 DÍA QUINCE 06 INHÁBIL 07 INHÁBIL 08 09 10 11 12 INHÁBIL 13 INHÁBIL 14 INHÁBIL 15 PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 16 18 18 19 20 INHÁBIL 21 INHÁBIL 22 23 24 25 26 27 INHÁBIL 28 INHÁBIL 28 30 31 Asimismo, lo anterior obedece a lo establecido en el artículo 94 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que a la letra refiere: "Artículo 94. Los términos son improrrogables y empezarán a correr al día siguiente de la fecha de la notificación, salvo los casos señalados expresamente. Los términos se contarán por días hábiles, a no ser que se trate de los señalados para poner al indiciado a disposición del órgano jurisdiccional o de resolver su vinculación a proceso, los que se contarán de momento a momento." Por ende, queda claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al advertirse que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, tomando en consideración además lo establecido en el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo: "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." Aunado a lo anterior, la notificación que le fuera practicada al quejoso el catorce de septiembre de dos mil dieciocho -relativa al acto que reclama- adquiere presunción de legalidad, en razón de que aquélla no se combate por vicios propios en este asunto, así como tampoco se desprende que tal diligencia, actualmente, haya sido declarada nula; de ahí que tal notificación debe considerarse válida para efectos del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo. En ese orden, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo contra el acto reclamado, tomando como base la fecha que señaló el quejoso bajo protesta de decir verdad, en que fue notificado de tal acto a saber, el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, a la data de presentación de la demanda -quince de octubre de dos mil dieciocho, transcurrieron en exceso los quince días que dispone el artículo 17 para la procedencia del juicio de amparo, previo descuento de los días inhábiles en término de lo dispuesto en el artículo 19 del propio ordenamiento, por tal virtud, es inconcuso que la demanda que nos ocupa resulta extemporánea, por consiguiente debe estimarse tácitamente consentido el acto reclamado, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; y por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Carolina Cortes Cerezo, Darío Muñoz Fuentes y Mario Jiménez Nieto, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal y que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado. Notifíquese.
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