Oscar Saúl Castro Becerra
Expediente 3130/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3130/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/02/2019
Partes del expediente
- Oscar Saúl Castro Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE ORDENA DESTRUCCIÓN DE AMBOS CUADERNOS DE ESTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.
- Principal
ESTE ASUNTO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO.
- Principal
Por este conducto se notifica al quejoso el auto de 14 de noviembre de 2018, el cual dice:Visto el estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su derecho convenga, sin embargo, tal y como se advierte de la certificación de cuenta, el plazo otorgado feneció sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna. Por consiguiente, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veinte de junio de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito, sobreseyó en el juicio de amparo promovido por ***ya, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y otra autoridad. Inconforme con dicha determinación, la referida parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual, por cuestión de turno tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho- En dicha resolución, como se dijo, el Tribunal Colegiado resolvió conceder el amparo solicitado para los efectos que se precisan a continuación: ".procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que esa porción normativa se desincorpore de su esfera jurídica y no le vuelva a ser aplicada, en lo presente ni en lo futuro, hasta en tanto sea purgado ese vicio de inconstitucionalidad. Sin que esa concesión implique eximir a la impetrante de pagar el derecho por servicios correspondiente, sino que deberá hacerlo conforme a la tarifa más baja prevista en el propio artículo 17, fracción I, reclamado, esto es, la de $436.00 (cuatrocientos treinta y seis pesos); por lo que la autoridad recaudadora deberá devolverle la diferencia entre esa tarifa y el monto del pago efectuado a través del recibo A 33517879, debidamente actualizada. (.)." En ese tenor, en proveído de catorce de junio de dos dieciocho, se tuvo por recibido en este órgano jurisdiccional el testimonio de la referida sentencia, y en acatamiento a la misma, determinó no resultaba dable requerir a las responsables Congreso del Estado de Jalisco y Gobernador del Estado de Jalisco, toda vez que su intervención en los actos reclamados solo versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma reclamada; y en consecuencia, de conformidad a los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requirió a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, por lo siguiente: ". Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 17, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete. Deberá reintegrarle al quejoso el numerario erogado de aplicar la tarifa más baja prevista en el numeral reclamado, efectuado en el recibo oficial A33517879.". En este contexto, el cumplimiento dado por la autoridad responsable fue el siguiente: Mediante oficio recibido en acuerdo de trece de julio del año en curso, el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal, en representación de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acuerdo de nueve de julio de dos mil dieciocho, por el cual, ordenó se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que impone el artículo 17, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio 2017, aplicando la cuota a cantidad mínima de $436.00 (cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), y en consecuencia devolver a Cristina Mojica Anaya, la cantidad de $2,583.60 (dos mil quinientos ochenta y tres con sesenta centavos moneda nacional, que corresponde a lo ingresado mediante el recibo oficial A33517879 del cinco de abril de dos mil diecisiete, con motivo de la aplicación del precepto legal declarado inconstitucional, misma que en caso en particular no tiene actualizaciones que pagar. Luego, mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio PF-DJI-JHA-16403, en el cual, el referido Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal, en representación de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, realizó diversas manifestaciones en torno al cumplimiento del fallo protector y solicitó a este órgano jurisdiccional, se requiriera al quejoso para que se presentara ante dicha autoridad administrativa a recoger el contra recibo y cheque correspondiente a la devolución que resultó a su favor, ello, porque no obstante de que se encontraba notificado como consta de la copia certificada del citatorio y acta de notificación que para tal efecto remitía, el ahora quejosa, no se había presentado. En efecto, del análisis integral de las constancias que conforman el presente juicio de garantías, se advierte que en proveído de veinticuatro de julio del presente año, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal y representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del cual, informó y acreditó que la parte quejosa no se ha presentado ante su potestad a efecto de recoger el cheque emitido a su favor, en atención a lo dispuesto en el acuerdo dictado por el Procurador Fiscal del Estado de Jalisco, el ocho de marzo del año en curso, no obstante de como lo refirió el oficiante, encontrarse notificado como consta de la copia certificada del citatorio y del acta de notificación que remitió anexo al oficio mencionado. En consecuencia, se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días realizara las gestiones a su cargo que resultaran necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia de amparo, esto es, para que se presentara en las instalaciones en que se ubica la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, a fin de recoger el contra recibo y el cheque materia del cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le tendría por conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; término que feneció el seis de agosto del presente año, según se advierte de la constancia de notificación que obra en autos, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. En ese tenor, con apoyo en los dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, éste órgano procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. Por sentencia dictada en el recurso de revisión resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo a la parte quejosa. Así las cosas, en proveído de catorce de junio de dos mil dieciocho, se requirió a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, para que diera cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria anteriormente transcritos; en esa tesitura, en proveído de veinticuatro de julio del presente año, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal y representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del cual, informó y acreditó que la parte quejosa no se ha presentado ante su potestad a efecto de recoger el cheque emitido a su favor, en atención a lo dispuesto en el acuerdo dictado por el Procurador Fiscal del Estado de Jalisco, el nueve de julio del año en curso, no obstante de estar notificado de dicha resolución. El citado contexto evidencia a este juzgador que la responsable ha desplegado las acciones pertinentes a fin de hacer del conocimiento del quejoso la devolución en comento, por lo que la falta de comparecencia del mismo ante sus instalaciones para recibir la cantidad respectiva, no es atribuible a la responsable. Lo anterior conduce a declarar que en el procedimiento tendiente al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías HAY IMPOSIBILIDAD MATERIAL, pues es menester que el quejoso intervenga en la prosecución del presente juicio, como lo es que cumpla con el requerimiento que se le hizo en auto de veinticuatro de julio de este año, a fin de que comparezca ante las instalaciones de la responsable para que le sea entregada la orden de pago 1743945 así como el cheque correspondiente expedido por la misma; lo que conlleva a que por esa razón, este órgano jurisdiccional se encuentre imposibilitado para requerir oficiosamente a la responsable por el cumplimiento de marras, máxime que la concesión fue para que la misma reintegre al quejoso el numerario que se indica en el recibo combatido, por concepto de la contribución analizada en este asunto y, en su lugar, se emita otro recibo por el pago de derechos en relación al mismo concepto. Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente proveído, archívese el asunto como concluido, previas anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Lo antes considerado y ordenado es sin perjuicio del derecho de las partes para inconformarse contra la presente resolución, mediante los medios de impugnación que prevé la Ley de Amparo.
- Principal
Téngase por recibido el ocurso signado por ***, quien fue señalado en el presente juicio de amparo como perito oficial en materia de criminalística, por medio del cual, manifiesta la imposibilidad con que cuenta para aceptar el cargo conferido por los motivos que expone. Ahora bien, a fin de integrar la pericial antes referida, de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Amparo, se designa como perito oficial en materia de criminalística a ***, el cual se encuentra aprobado como perito en su respectiva materia en la lista relativa de las personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se le requiere para que en el término de tres días, contados a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previo a aceptar el cargo conferido, informe el monto de los honorarios a los que asciende la emisión de su peritaje en materia de criminalística admitida en autos; a fin de someter dicho importe a consideración del Consejo de la Judicatura Federal para su aprobación. Se apercibe al citado perito, que de incumplir con tal requerimiento o de no manifestar el impedimento que tenga para realizarlo, se le impondrá la sanción prevista en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, que consiste en multa de cincuenta veces el valor inicial diario, de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos moneda nacional), tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es igual al salario mínimo general vigente diario para todo el país, esto es, $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), de conformidad con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación. A efecto de que sea notificado el citado diestro, se comisiona al Actuario para que investigue su domicilio ante el Consejo de la Judicatura Federal.
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