Oscar Santiago Rodríguez

Expediente 630/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
630/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
02/12/2015

Partes del expediente

  • Oscar Santiago Rodríguez
  • Oscar Santiago Martínez o Armando Oscar Santiago Martínez y Otros.
  • Oscar Santiago Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA I B Vista la certificación de cuenta, como de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa, hubiere hecho valer recurso de inconformidad en contra del auto de cuatro de noviembre del año en curso (fojas 111 a 115), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Principal

    MESA I B Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido en auto de catorce de octubre último (foja 105), respecto de la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que concedió el amparo y protección a los quejosos OSCAR SANTIAGO MARTÍNEZ o ARMANDO OSCAR SANTIAGO MARTÍNEZ y OSCAR SANTIAGO RODRÍGUEZ, sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación al respecto; en consecuencia, se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable respecto de dicho cumplimiento. El siete de septiembre de dos mil quince, se emitió sentencia en la que se concedió el amparo de la Justicia Federal a los quejosos OSCAR SANTIAGO MARTÍNEZ o ARMANDO OSCAR SANTIAGO MARTÍNEZ y OSCAR SANTIAGO RODRÍGUEZ, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejara insubsistente la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil quince, en el toca de apelación 785/2014 de su índice, y dictara una nueva resolución la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en diverso fundado y motivado siguiendo los lineamientos puntualizados en la sentencia de amparo, consistentes en: Ahora, bien del análisis de la resolución reclamada se desprende que, no satisface los requisitos formales que exige el artículo 16 constitucional, esto es, la debida fundamentación y motivación del acto autoritario. Este criterio responde a que del texto del mandamiento reclamado, se desprende que la Sala responsable, para analizar los elementos cuerpo del delito de DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 384, fracción I, en relación con los numerales 6, 8, fracción I, y 10, fracción I, del Código Penal del Estado de Oaxaca, -a su juicio- los hizo consistir en: a) Que alguien ocupe un bien inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho legal que no le pertenezca. b) Que dicha acción sea desplegada de propia autoridad y haciendo uso de la violencia física o moral a las personal o furtivamente o empleando amenazas o engaño. c) Que dicha ocupación se haga con el ánimo de usurpar un derecho ajeno, es decir, de perturbar la posesión de dicho inmueble o de un derecho legal. Como se ve en dicho apartado la Sala responsable si bien es cierto hizo un razonamiento fundado y motivado adecuadamente, para acreditar los elementos del injusto penal de DESPOJO; luego entonces, se advierte que de manera genérica y dogmática, la autoridad judicial responsable acreditó los citados elementos del delito antes mencionado. Se dice lo anterior, en virtud de que de la simple interpretación del artículo 384 del Código Penal del Estado de Oaxaca, es claro que se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y"; en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras, ya que de lo contrario, se estaría recalificando la conducta. De ahí que si la autoridad responsable, para tener por acreditado el cuerpo del delito de DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 318 del código penal para el estado de Oaxaca, consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio de los inculpados. Además para que el delito exista basta una sola de las maneras de comisión delictiva a que se refiere, pues en el tipo penal en estudio, el legislador empleó la conjunción disyuntiva "o" que gramaticalmente significa alternativa entre personas, cosas o ideas. Sin embargo, dicha autoridad al emitir el acto reclamado, analizó los elementos del tipo penal de manera genérica, conforme a lo estipulado en el citado precepto legal, pasando inadvertido de que en el mismo artículo se señalan diversas hipótesis o formas de comisión del injusto penal en estudio, pues al hacerlo de esa manera, no cumplió con la obligación constitucional de establecer de manera particular en precisar adecuadamente la conducta ilícita en la cual incurrieron los quejosos, tanto en el cuerpo del delito como en la probable responsabilidad en la comisión del mismos, esto es, que conforme a la mecánica de los hechos debió ubicar la conducta ilícita de los quejosos, en cada una de las hipótesis que señala el artículo 384 del Código Penal del Estado, toda vez que no basta, como lo hizo la Sala responsable, el estudio conjunto de los elementos del tipo penal, en forma genérica, sino en establecer cuál de las conductas o formas de comisión de ese injusto penal, fue la que cometió la sujeto activo, esto es, precisar en qué hipótesis que prevé el citado precepto legal, se ubica la conducta de los quejosos, ya que al no hacerlo, se traduce en el incumplimiento a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, y debida fundamentación y motivación, previstas en el artículo 16 de la Constitución Federal; además el de la exacta aplicación de la ley penal, pues al no hacerlo, le causaría un estado de incertidumbre jurídica a la quejosa a quienes se le aplique la norma, aunado que lo deja en estado de indefensión. Más aun que la responsable indicó que se actualizaba la conducta desplegada en la fracción I del artículo 384 del código penal, el cual establece lo siguiente: ARTÍCULO 384.- Se aplicará la pena de dos a ocho años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta veces el salario: I.- Al que de propia autoridad y haciendo violencia física o moral a las personas o furtivamente, o empleando amenazas o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho legal que no le pertenezca;. Y como elemento del delito incluyó el que denominó con el inciso c) consistente en QUE DICHA OCUPACIÓN SE HAGA CON EL ÁNIMO DE USURPAR UN DERECHO AJENO, ES DECIR, PERTURBAR LA POSESIÓN DE DICHO INMUEBLE O DE UN DERECHO LEGAL; cuando en el primer elemento del delito afirmó dedujo el elemento que alguien ocupe un bien inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho legal que no le pertenezca, adicionando el término USURPAR, dentro del delito en cuestión. Lo que de suyo hace que dicha resolución resulte violatoria de la garantía de legalidad contenida en el artículo 14 Constitucional, como se verá a continuación. [.] Esto es así, porque atento a la garantía constitucional de debida motivación que se invoca, es evidente que en actos como el que aquí se reclama, debe señalarse con precisión la conducta concreta e individual que el quejoso tuvo en la comisión de los hechos, habida cuenta que en la resolución que en esta vía constitucional se combate, debe quedar bien precisado cuál de los medios comisivos se valieron los quejosos para cometer el delito, conforme a los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad, pues al no hacerlo se le deja en estado de indefensión, ya que tal situación resulta indispensable, no sólo para determinar si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas que invocó como fundamento y, por ende, si se configuran o no esas hipótesis normativas, sino también para que el aquí solicitante del amparo conozca con precisión los hechos que se les imputan y las pruebas en que se sustente. Luego entonces, si la resolución de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, dictada por la Sala responsable, solamente estudió de manera genérica los elementos del tipo penal, como una sola conducta; es evidente que se limitó a transcribir los medios de prueba, pero sin tomar en consideración la mecánica del evento delictivo, para ubicar a los quejosos en la hipótesis correspondiente a la conducta que desplegó, habida cuenta de que al no actuar la autoridad jurisdiccional responsable de esa manera, omitió cumplir con la obligación de motivar adecuadamente el cuerpo del delito de DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 384, fracción I, del Código Penal del Estado de Oaxaca, por el cual confirmó el auto de formal prisión, según se expuso, habida cuenta que no precisó los elementos del delito; entonces, esa determinación debe estimarse violatoria de la garantía de fundamentación y motivación, prevista en el artículo 16 de la Carta Magna, en perjuicio del quejoso, puesto que al no fundar y motivar su determinación, lo deja en estado de indefensión, porque el actuar de ese modo le impide conocer en qué consisten los hechos típicos y la conducta que se le atribuye, y se le priva así de efectuar una adecuada defensa en su favor. Por otro lado respecto del estudio de la probable responsabilidad de los aquí quejosos en la comisión del delito de DESPOJO, la resolución reclamada presenta diversas irregularidades que dejan sin defensa a los aquí quejosos, como se explica a continuación. En principio debe decirse que el cuerpo del delito y la probable responsabilidad son apartados totalmente diferentes, que si bien es cierto se analizan en una misma resolución, también lo es que su estudio y acreditamiento se deberá de realizar por separado, fundando y motivando las razones en virtud de las cuales se considera que se acredita la probable responsabilidad del indiciado, debiendo exponer de una forma clara y precisa las pruebas, por medio de las cuales, se acredita su forma de participación. Así, la circunstancia de que con las mismas pruebas que sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito en cuestión, se pueda tener por demostrada la probable responsabilidad del quejoso, no exime a la autoridad responsable, aun justificando por economía procesal y para evitar repeticiones inútiles, que deje de valorar nuevamente de manera fundada y motivada las pruebas con que tiene por demostrado este otro apartado (probable responsabilidad). Ello es así, ya que las pruebas que obran en la causa penal sirven para demostrar ambos apartados (cuerpo del delito y probable responsabilidad), empero, en cada uno de estos se analizan diversas cuestiones, toda vez que, el análisis del cuerpo del delito es impersonal e indivisible (juicio de tipicidad) y en la probable responsabilidad se examina la actividad delictiva desplegada por el inculpado, autoría (forma de intervención) y dolo o culpa. De ahí que, aun cuando con las mismas pruebas se pueda tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del sujeto activo, lo cierto es que, el juez responsable al momento de examinar la probable responsabilidad del solicitante del amparo, deberá valorar de nueva cuenta los medios probatorios -en lo individual- exponiendo las razones lógico y jurídicos, en virtud de las cuales, les otorga dicha valoración, ya que como fue precisado en líneas precedentes, en este otro apartado se tienen que acreditar circunstancias diversas al cuerpo del delito, más aun si, como en el caso, trata de demostrar la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de los dos delitos imputados. En ese entendido, la responsable omitió exponer de una forma razonada, como fue la forma de intervención de los aquí quejosos en la comisión de los delitos que se les imputa (autor material o intelectual o participe de los delitos), razón por la cual, deberá explicar de manera fundada y motivada cómo fue la participación de cada uno de los coinculpados en la comisión de los delitos citados. Pues, se considera que el juez responsable debió especificar cuál fue el grado de participación de los quejosos en los eventos imputados. Ya que no basta que haya señalado que los aquí quejosos tenían el carácter de coautores materiales de los hechos, al haber sido quienes ejecutaron la actividad que lesionó el ente corpóreo de las pasivo, pues se considera que la Sala responsable soslayó efectuar un verdadero juicio lógico jurídico que le permitiera determinar el grado de participación de los quejosos, partiendo de las premisas que, con base en los elementos de prueba, se acreditaron a su consideración. Es decir, el juez de origen omitió establecer los razonamientos por los que arribó a la conclusión de que la calidad de los quejosos era como coautores materiales y señalar la conducta desplegada por cada uno de ellos como "coautores. Ya que de las consideraciones expuestas por la Sala revisora, no se advierte debidamente definida la conducta que desplegaron cada uno de los quejosos en las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos atribuidos. Pues para acreditar la coautoría es necesario el acuerdo de voluntades entre los activos y que se contribuya de algún modo en la realización del delito (material o intelectualmente), de tal modo que dicha contribución pueda estimarse como una unión necesaria para la realización del evento delictivo. Sin que en ese aspecto el juez responsable haya puntualizado qué acciones le eran atribuibles a cada uno de los quejosos y cómo fue que con ellas se acreditó su probable participación en el ilícito que se les imputa. [.] Al respecto, resulta conveniente reiterar que se configura la coautoría, cuando: a) existe un común acuerdo, sin subordinación, b) la aportación de cada partícipe es esencial y necesaria, c) cuando existe un codominio del hecho, y d) cuando se ejecuta un hecho común. En ese sentido, en la coautoría, la participación de los autores puede ser ejecutada en forma directa o ejecutada en forma parcial; en el primer caso, todos los autores realizan los actos ejecutivos y, en el segundo caso, se da un reparto de las tareas ejecutivas o el llamado reparto de papeles, es así que, unos se encuentran en el momento de la ejecución y otros no, siendo éstos últimos los denominados autores intelectuales. El dominio del hecho, se realiza pues, a través de la acción (el autor realiza la acción típica de propia mano), o del dominio de la voluntad (el autor domina los acontecimientos, sin estar presente en la realización de la acción típica, tiene dominio sobre el ejecutante). Es decir, en el dominio funcional del hecho, son coautores todos los que intervienen desde el acuerdo común hasta la ejecución común del hecho punible. En esa tesitura, la responsable al emitir la resolución contra el cual se pide amparo, no expresó, en particular cuál fue su aporte conductual para la consecución de la conducta que les es reprochable, por ello, tal omisión se traduce en la imposibilidad de que se pueda fijar concretamente la probable responsabilidad de los que piden amparo en la actualización de los delito reprochados, dado que, la finalidad del artículo 16 Constitucional es precisamente determinar con toda precisión, el delito o delitos que se imputan a un reo, para que éste tenga una base fija para su adecuada defensa, toda vez que, de no hacerlo así, el acto reclamado no acreditaría los extremos requeridos por tal dispositivo. [.] Por otra parte, el juez del conocimiento también omitió analizar si la conducta que se le atribuye a los peticionarios de garantía fue realizada de forma dolosa o culposa y, para el caso de que determine que el actuar de los aquí quejosos fue de manera dolosa, deberá explicar cómo es que llegó a esa conclusión, además, deberá exponer si los quejosos conocían los alcances y repercusiones de su proceder. Es necesario enfatizar que, el dolo, como elemento de tipicidad de naturaleza subjetiva, a no ser que exista una confesión en la que el sujeto acepte tener conocimiento de la existencia del objeto materia del delito, difícilmente podría acreditarse mediante una prueba directa, de modo que, dicho elemento como cualquier otro, válidamente puede justificarse mediante pruebas indirectas o indicios suficientes que pongan de relieve el aspecto de la voluntad y del saber. Así, dado que el dolo reside en el plano intelectual y volitivo, es a través del análisis, de los medios de prueba, como puede probarse en forma plena su existencia. [.]. En ese tenor, los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Estado, el doce de octubre de dos mil quince, dejaron sin efecto la resolución de treinta y uno de marzo del citado año, dictada en el toca penal 785-(I)/2014 de su índice, que constituyó el acto reclamado, y emitieron otra, en la que nuevamente conformaron el auto de formal prisión de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, emitido por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, en la causa penal 149/20145, contra Oscar Santiago Martínez o Armando Oscar Santiago Martínez y Oscar Santiago Rodríguez, como probables responsables en la comisión del delito de despojo (fojas 81 a 104). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la misma, pone de manifiesto que se cumple con la ejecutoria de amparo, toda vez que la Sala responsable dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil quince, dictada en el toca penal 785-(I)/2014 de su índice, que constituyó el acto reclamado, y emitió otra, en la que, estableció: I. Tanto en el cuerpo del delito, como en la probable responsabilidad, la conducta ilícita en la que incurrieron los quejosos, esto es, estableció que el medio comisivo que se valieron los quejosos para cometer el delito lo fue por medio de la violencia moral y con amenazas. II. En la probable responsabilidad valoró de manera fundada y motivada cada una de las pruebas que tomo en cuenta para acreditar tal apartado (probable responsabilidad). III. Estableció de forma razonada cual fue la forma de intervención de los aquí quejosos en la comisión del delito de despojo que se les imputa, pues al efecto indicó: ".se puede establecer que los apelantes Oscar Santiago Martínez o Armando Oscar Santiago Martínez y Oscar Santiago Rodríguez, realizaron el ilícito de manera conjunta y hubo un acuerdo el día de los hechos, y al realizar los actos descritos se aprecia que tenían el condominio funcional del evento, pues, al realizar cada uno de ellos, una parte necesaria en la ejecución del plan global, mismas que fueron esenciales para que se produjera el mismo, existió un reparto de funciones, de manera que dada activo, realizó durante la fase de ejecución un elemento esencial para la realización del propósito común, los que se traducen en que ambos, dieron indicaciones a los conductores de los camiones llenos de tierra que llegaron junto con ellos, para que vaciaran su contenido en la parte del terreno del ofendido ya mencionado, asimismo, una vez que el pasivo les preguntó qué hacían, los activos lo amenazaron diciéndole "quitese de aquí pinche viejo porque de lo contrario aquí lo matamos", además de que portaban armas de fuego, por lo que el pasivo optó por retirarse del lugar, sin embargo, puedo ver desde su casa que los recurrentes con ayuda de dos trabajadores comenzaron a emparejar la tierra en dicho terreno y aproximadamente dos horas después construyeron una galera; bajo estas circunstancias, las colaboraciones que ya se mencionaron, es decir, en un primer momento, dar órdenes para que vaciaran tierra en el terreno del ofendido; en un tercero momento, amenazar al pasivo; para finalmente, estar en libertad de emparejar la tierra y construir una galera, son actos con los cuales se aprecia que si tenían una aportación objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consecución del fin conjuntos, pues con tales actos hicieron posible que a partir de esa fecha el ofendido no pueda disponer libremente de esa parte de su terreno. IV. Por último, indicó que la conducta que se atribuye a los indicados, ahora quejosos, fue realizada de forma dolosa, ya que conocían y querían introducirse y ocupar sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permite a una parte del terreno de sembradura ubicado en el paraje denominado "El Llano" o "El Rosario" en San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca, pues después de meterse a tal inmueble llevaron dos carros tipo volteo llenos de tierra y ambos dieron la orden que la vaciaran en el terreno, indicándole al ofendido que se quitara pues de lo contrario lo iban a matar, que después colocaron una galera y un letrero que decía "propiedad privada". Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA I B Vistos los autos y certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con motivo de lo anterior, en términos de lo dispuesto, en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, siguientes al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a OSCAR SANTIAGO MARTÍNEZ o ARMANDO OSCAR SANTIAGO MARTÍNEZ, y remita dentro del mismo lapso, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Apercíbase a la autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 258, en relación con el 238, ambos de la nueva Ley de Amparo, asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Devuélvase a los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, el original del toca penal número 785-(I)/2014 y original del expediente penal número 149/2014, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, que remitió como justificación de su informe.

  4. Principal

    MESA I B Vistos los autos, de los que se advierte que el veintiséis de junio de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, y tomando en consideración que en sesión de dieciocho de mayo de este año, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó en el punto de acuerdo C. CAR. 116/2015-V, que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, apoyará a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la resolución de juicios de amparo; en consecuencia, remítase este expediente al citado juzgado auxiliar por conducto de su Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para los efectos del dictado de la sentencia correspondiente. Por tanto, en términos del punto quinto del Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que crea el Centro Auxiliar de la Cuarta Región, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, y notifíquese a las partes esta determinación, haciéndoles saber que una vez que el órgano auxiliar comunique la radicación del juicio de amparo, se les dará a conocer mediante notificación por lista. Por último, con las constancias relativas, fórmese cuaderno de antecedentes.

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