Oscar Santiago Rodriguez

Expediente 34/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
34/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Oscar Santiago Rodriguez
  • OSCAR SANTIAGO RODRIGUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que el Actuario adscrito, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte tercera interesada la sentencia dictada en este asunto, por las razones que expone. En tal virtud, toda vez que la parte tercera interesada, no ha señalado domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal por lista de acuerdos, el fallo emitido en el juicio de amparo en que se actúa. CUMPLASE. INSERCIÓN VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 34/2020; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil veinte (fojas 5 a 12), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que por razón de turno correspondió conocer al día siguiente, a este órgano jurisdiccional,... y ..., por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal, contra actos del Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que hicieron consistir en los acuerdos de tres y once de diciembre de dos mil diecinueve, dictados en la causa penal ..., seguida en su contra y, la ejecución del primer proveído por el actuario adscrito a dicho juzgado. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinente y señaló como derechos humanos violados los reconocidos en los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del amparo. En proveído de diecisiete de enero de dos mil veinte (fojas 20 a 22), este Juzgado Octavo de Distrito admitió la demanda de amparo que registró con el número 34/2020; dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; ordenó el emplazamiento del tercero interesado e hizo del conocimiento de las partes que tenían expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos que se reclaman en el amparo indirecto, son de naturaleza penal emitidos por una autoridad jurisdiccional residente en el lugar que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se advierte que los quejosos reclaman del Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, los acuerdos de tres y once de diciembre de dos mil diecinueve, dictados en la causa penal ..., seguida en su contra y, la ejecución del primero, por el actuario adscrito a dicho juzgado. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (foja 28) y actuario adscrito a dicho Juzgado (foja 25), aceptaron la existencia de los actos reclamados, remitiendo el titular judicial, copia certificada de las constancias que estimó conducentes (fojas 30 a 97). Cuarto. Improcedencia del amparo. Se procede a realizar el estudio sobre la existencia de alguna causal de improcedencia, ya sea que se haya hecho valer por las partes o se advierta de manera oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ..". De la disposición inserta, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se impugnen resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales, la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; o, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En la especie, de las copias certificadas de la causa penal ..., seguida contra los quejosos, las cuales tienen valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, destaca: El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el juez penal dictó auto de formal prisión contra los inculpados (fojas 30 a 47), por la probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo cometido en agravio de ..., acontecido el diecisiete de octubre de dos mil doce. Con motivo de la interposición del recurso de apelación por los inculpados, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante resolución de treinta y uno de marzo de dos mil quince (fojas 48 a 69), confirmó el auto de formal prisión; la cual quedó insubsistente por virtud de la sentencia de amparo número ..., pronunciada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca y, el doce de octubre de dos mil quince (fojas 70 a 92), la Sala de apelación emitió una nueva determinación en la que confirmó la formal prisión de los inculpados. En auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 93 y 94), el juez penal, entre otras cuestiones, señaló fecha y hora para que en diligencia formal se restituyera al ofendido del inmueble objeto del delito y requirió a los procesados para la entrega voluntaria del bien, apercibiéndolos que ante su incomparecencia injustificada a la diligencia, se les impondría una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización. Este es el acto reclamado que aquí se aborda de improcedente. Al respecto, los artículos 222 y 523, fracción VI bis, ambos reformados por decreto legislativo publicado en el periódico oficial de tres de junio de mil novecientos noventa y cinco, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, aplicable al proceso seguido contra los quejosos, establecen: Art. 222.- Cuando se hubiere dictado auto de formal prisión, el Tribunal que conozca del asunto dictará las providencias necesarias a solicitud del ofendido, para restituirlo provisionalmente, mientras se tramita el proceso, en el goce de sus derechos siempre que estén legalmente justificados. Si se tratare de cosas, únicamente podrán retenerse cuando a juicio del mismo Tribunal la retención fuere necesaria para el éxito de la averiguación. .". "Art. 523.- Son apelables en el efecto devolutivo: . VI bis.- Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial o el arraigo del indiciado; .". Prescripciones de las cuales resulta que en el proceso penal, la determinación del juez que decreta la medida precautoria de carácter patrimonial es impugnable mediante el recurso de apelación. En esa tesitura, si lo quejosos, siendo los procesados en la causa penal a quienes se les requirió hacer entrega del bien inmueble objeto de despojo, lo cual constituye una medida precautoria de carácter patrimonial, previo a acudir al juicio de amparo, estaban impuestos de interponer el recurso de apelación contra esa determinación judicial y al no haber demostrado que así lo hayan hecho, el juicio de amparo resulta improcedente contra tal acto. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 119/2011 (9a.) pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 160536, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, materia Común, página 2235, de rubro y contenido: "MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que en su caso procedan. Condición impuesta que deriva de la observancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual opera como regla general y tiene como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, si la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión del delito, a pesar de tener el carácter de actos de ejecución irreparable, no actualizan alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo.". Así como la diversa jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la República, derivada de la contradicción de tesis 25/2015, consultable en el mismo medio oficial, Décima Época, registro 2017117, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 8, con el título y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". De ahí que si el acto reclamado no excepciona de agotar el recurso de apelación previsto en la citada norma procesal, como presupuesto para promover la acción de amparo, resulta improcedente el juicio de derechos humanos y, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, debe sobreseerse respecto del acto ya precisado reclamado a ambas autoridades responsables. Quinto. Análisis de constitucionalidad del segundo acto reclamado. El concepto de violación esgrimido contra el proveído emitido en la causa penal, el once de diciembre de dos mil diecinueve, es infundado. Es así, porque de las copias certificadas de la causa penal seguida contra los quejosos, las cuales han sido valoradas con anterioridad, destaca que en acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 93 y 94), el juez penal señaló fecha para que en diligencia formal se restituyera al ofendido del inmueble objeto del delito y requirió a los procesados para la entrega voluntaria del bien, apercibiéndolos que ante su incomparecencia injustificada a la diligencia, se les impondría una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización. Mientras que, en auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 95), el juez tuvo al defensor particular de los procesados, exhibiendo un certificado médico expedido por el doctor ..., para justificar la inasistencia de dichos procesados a una diligencia judicial y, señaló fecha y hora para que el profesionista médico ratificara o rectificara la constancia expedida, con el apercibimiento de que ante su incomparecencia injustificada, se le haría efectivo el apercibimiento decretado a los inculpados. Luego, mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 115 y 116), los procesados interpusieron recurso de revocación contra el acuerdo de "seis de diciembre de dos mil diecinueve", precisaron la fuente del agravio y el motivo de éste. Por lo que, en proveído de once de diciembre siguiente (foja 96), el juez de la causa, con apoyo en el artículo 160 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, no admitió tal recurso, al considerar que carecía de materia, porque los agravios formulados no se referían a lo acordado en el auto de seis de diciembre. Este es el segundo acto reclamado, contra el cual, los quejosos aducen que se encuentra indebidamente fundado y motivado, porque el artículo invocado por la autoridad judicial, 160 del Código Procesal Penal para el Estado, es inaplicable. Lo anterior es infundado. Dicho precepto dispone: "Art. 160.- Los Tribunales, en todos los casos que la ley no lo prohiba o prevenga expresamente otra cosa, podrán dictar de oficio para mejor proveer los trámites, autos y providencias necesarias para que la administración de justicia sea pronta y expedita.". Del contenido del precepto procesal, se advierte que dispone que los tribunales, en todos los casos que la ley no lo prohíba o prevenga expresamente otra cosa, podrán dictar de oficio para mejor proveer los trámites, autos y providencias necesarias para que la administración de justicia sea pronta y expedita. De ahí que, con base en dicha disposición, el juez del proceso al tramitar los asuntos, debe privilegiar que la justicia sea pronta y expedita como lo rige el artículo 17 constitucional, evitando dilaciones evidentes e innecesarias del juicio y determinaciones; por lo que en el caso, si los quejosos al promover el recurso de revocación refirieron que se interponía "contra el acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve" sin expresar algún agravio contra ese acuerdo, como lo exigen los numerales 511, 514 y 516 de la misma legislación procesal; por lo que, el Juez, lejos de retardar el procedimiento al darle trámite, desechó de plano el recurso contra el acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve. Lo anterior porque ciertamente, el recurso de revocación planteado por los ahora quejosos expresa controvertir el acuerdo de seis de diciembre, pero no expone cuál es el agravio que dicha providencia ocasionaba a los procesados. Ahora, lo que se advierte del escrito de impugnación es la inserción literal de parte del proveído que los procesados consideraron "fuente del agravio" y posteriormente las razones del porqué en su estimación les agravia, las cuales versan contra la orden de restitución al ofendido del inmueble objeto del ilícito, con el requerimiento a los procesados para comparecer a esa diligencia y el respectivo apercibimiento, de manera que, evidencia la impugnación a esa medida procedimental contenida en el diverso auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve. Empero, ello no haría procedente el recurso de revocación contra aquel otro acuerdo de seis de diciembre, porque como se vio en el considerando que antecede, contra la medida que en forma provisional en el proceso penal, decreta la restitución de un inmueble al afectado, acorde con los artículos 222 y 523, fracción VI bis, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, procedente el recurso de apelación. En consecuencia, en nada beneficiaría a los quejosos que se pudieran tomar en cuenta el agravio expuesto contra ese diverso auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, sin expresar que lo impugnaban, cuando en todo caso, es materia de un recurso diverso al que intentaron los procesados y, por ello, al ser infundado el concepto de violación, debe negarse el amparo solicitado contra el auto de once de diciembre de dos mil diecinueve. Sexto. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal ..., por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y su ejecución por el actuario adscrito a dicho juzgado, en términos del considerando Cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ... y ..., contra el acuerdo de once de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal ..., del índice del Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para los efectos precisados en el considerando Quinto de esta resolución. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vistos, la certificación y el estado de los autos, para evitar mayores dilaciones en perjuicio de los justiciables, se ordena turnar de inmediato a la sección de Actuaria el presente expediente para que se notifique a las partes la sentencia dictada en la fecha indicada. Asimismo, realizar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA HASTA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24, 29 Y 31 DE LA LEY DE AMPARO)) VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 34/2020; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil veinte (fojas 5 a 12), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que por razón de turno correspondió conocer al día siguiente, a este órgano jurisdiccional,... y ..., por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal, contra actos del Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que hicieron consistir en los acuerdos de tres y once de diciembre de dos mil diecinueve, dictados en la causa penal ..., seguida en su contra y, la ejecución del primer proveído por el actuario adscrito a dicho juzgado. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinente y señaló como derechos humanos violados los reconocidos en los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del amparo. En proveído de diecisiete de enero de dos mil veinte (fojas 20 a 22), este Juzgado Octavo de Distrito admitió la demanda de amparo que registró con el número 34/2020; dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; ordenó el emplazamiento del tercero interesado e hizo del conocimiento de las partes que tenían expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos que se reclaman en el amparo indirecto, son de naturaleza penal emitidos por una autoridad jurisdiccional residente en el lugar que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se advierte que los quejosos reclaman del Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, los acuerdos de tres y once de diciembre de dos mil diecinueve, dictados en la causa penal ..., seguida en su contra y, la ejecución del primero, por el actuario adscrito a dicho juzgado. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (foja 28) y actuario adscrito a dicho Juzgado (foja 25), aceptaron la existencia de los actos reclamados, remitiendo el titular judicial, copia certificada de las constancias que estimó conducentes (fojas 30 a 97). Cuarto. Improcedencia del amparo. Se procede a realizar el estudio sobre la existencia de alguna causal de improcedencia, ya sea que se haya hecho valer por las partes o se advierta de manera oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ..". De la disposición inserta, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se impugnen resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales, la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; o, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En la especie, de las copias certificadas de la causa penal ..., seguida contra los quejosos, las cuales tienen valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, destaca: El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el juez penal dictó auto de formal prisión contra los inculpados (fojas 30 a 47), por la probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo cometido en agravio de ..., acontecido el diecisiete de octubre de dos mil doce. Con motivo de la interposición del recurso de apelación por los inculpados, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante resolución de treinta y uno de marzo de dos mil quince (fojas 48 a 69), confirmó el auto de formal prisión; la cual quedó insubsistente por virtud de la sentencia de amparo número ..., pronunciada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca y, el doce de octubre de dos mil quince (fojas 70 a 92), la Sala de apelación emitió una nueva determinación en la que confirmó la formal prisión de los inculpados. En auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 93 y 94), el juez penal, entre otras cuestiones, señaló fecha y hora para que en diligencia formal se restituyera al ofendido del inmueble objeto del delito y requirió a los procesados para la entrega voluntaria del bien, apercibiéndolos que ante su incomparecencia injustificada a la diligencia, se les impondría una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización. Este es el acto reclamado que aquí se aborda de improcedente. Al respecto, los artículos 222 y 523, fracción VI bis, ambos reformados por decreto legislativo publicado en el periódico oficial de tres de junio de mil novecientos noventa y cinco, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, aplicable al proceso seguido contra los quejosos, establecen: Art. 222.- Cuando se hubiere dictado auto de formal prisión, el Tribunal que conozca del asunto dictará las providencias necesarias a solicitud del ofendido, para restituirlo provisionalmente, mientras se tramita el proceso, en el goce de sus derechos siempre que estén legalmente justificados. Si se tratare de cosas, únicamente podrán retenerse cuando a juicio del mismo Tribunal la retención fuere necesaria para el éxito de la averiguación. .". "Art. 523.- Son apelables en el efecto devolutivo: . VI bis.- Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial o el arraigo del indiciado; .". Prescripciones de las cuales resulta que en el proceso penal, la determinación del juez que decreta la medida precautoria de carácter patrimonial es impugnable mediante el recurso de apelación. En esa tesitura, si lo quejosos, siendo los procesados en la causa penal a quienes se les requirió hacer entrega del bien inmueble objeto de despojo, lo cual constituye una medida precautoria de carácter patrimonial, previo a acudir al juicio de amparo, estaban impuestos de interponer el recurso de apelación contra esa determinación judicial y al no haber demostrado que así lo hayan hecho, el juicio de amparo resulta improcedente contra tal acto. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 119/2011 (9a.) pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 160536, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, materia Común, página 2235, de rubro y contenido: "MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que en su caso procedan. Condición impuesta que deriva de la observancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual opera como regla general y tiene como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, si la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión del delito, a pesar de tener el carácter de actos de ejecución irreparable, no actualizan alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo.". Así como la diversa jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la República, derivada de la contradicción de tesis 25/2015, consultable en el mismo medio oficial, Décima Época, registro 2017117, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 8, con el título y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". De ahí que si el acto reclamado no excepciona de agotar el recurso de apelación previsto en la citada norma procesal, como presupuesto para promover la acción de amparo, resulta improcedente el juicio de derechos humanos y, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, debe sobreseerse respecto del acto ya precisado reclamado a ambas autoridades responsables. Quinto. Análisis de constitucionalidad del segundo acto reclamado. El concepto de violación esgrimido contra el proveído emitido en la causa penal, el once de diciembre de dos mil diecinueve, es infundado. Es así, porque de las copias certificadas de la causa penal seguida contra los quejosos, las cuales han sido valoradas con anterioridad, destaca que en acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 93 y 94), el juez penal señaló fecha para que en diligencia formal se restituyera al ofendido del inmueble objeto del delito y requirió a los procesados para la entrega voluntaria del bien, apercibiéndolos que ante su incomparecencia injustificada a la diligencia, se les impondría una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización. Mientras que, en auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 95), el juez tuvo al defensor particular de los procesados, exhibiendo un certificado médico expedido por el doctor ..., para justificar la inasistencia de dichos procesados a una diligencia judicial y, señaló fecha y hora para que el profesionista médico ratificara o rectificara la constancia expedida, con el apercibimiento de que ante su incomparecencia injustificada, se le haría efectivo el apercibimiento decretado a los inculpados. Luego, mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 115 y 116), los procesados interpusieron recurso de revocación contra el acuerdo de "seis de diciembre de dos mil diecinueve", precisaron la fuente del agravio y el motivo de éste. Por lo que, en proveído de once de diciembre siguiente (foja 96), el juez de la causa, con apoyo en el artículo 160 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, no admitió tal recurso, al considerar que carecía de materia, porque los agravios formulados no se referían a lo acordado en el auto de seis de diciembre. Este es el segundo acto reclamado, contra el cual, los quejosos aducen que se encuentra indebidamente fundado y motivado, porque el artículo invocado por la autoridad judicial, 160 del Código Procesal Penal para el Estado, es inaplicable. Lo anterior es infundado. Dicho precepto dispone: "Art. 160.- Los Tribunales, en todos los casos que la ley no lo prohiba o prevenga expresamente otra cosa, podrán dictar de oficio para mejor proveer los trámites, autos y providencias necesarias para que la administración de justicia sea pronta y expedita.". Del contenido del precepto procesal, se advierte que dispone que los tribunales, en todos los casos que la ley no lo prohíba o prevenga expresamente otra cosa, podrán dictar de oficio para mejor proveer los trámites, autos y providencias necesarias para que la administración de justicia sea pronta y expedita. De ahí que, con base en dicha disposición, el juez del proceso al tramitar los asuntos, debe privilegiar que la justicia sea pronta y expedita como lo rige el artículo 17 constitucional, evitando dilaciones evidentes e innecesarias del juicio y determinaciones; por lo que en el caso, si los quejosos al promover el recurso de revocación refirieron que se interponía "contra el acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve" sin expresar algún agravio contra ese acuerdo, como lo exigen los numerales 511, 514 y 516 de la misma legislación procesal; por lo que, el Juez, lejos de retardar el procedimiento al darle trámite, desechó de plano el recurso contra el acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve. Lo anterior porque ciertamente, el recurso de revocación planteado por los ahora quejosos expresa controvertir el acuerdo de seis de diciembre, pero no expone cuál es el agravio que dicha providencia ocasionaba a los procesados. Ahora, lo que se advierte del escrito de impugnación es la inserción literal de parte del proveído que los procesados consideraron "fuente del agravio" y posteriormente las razones del porqué en su estimación les agravia, las cuales versan contra la orden de restitución al ofendido del inmueble objeto del ilícito, con el requerimiento a los procesados para comparecer a esa diligencia y el respectivo apercibimiento, de manera que, evidencia la impugnación a esa medida procedimental contenida en el diverso auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve. Empero, ello no haría procedente el recurso de revocación contra aquel otro acuerdo de seis de diciembre, porque como se vio en el considerando que antecede, contra la medida que en forma provisional en el proceso penal, decreta la restitución de un inmueble al afectado, acorde con los artículos 222 y 523, fracción VI bis, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, procedente el recurso de apelación. En consecuencia, en nada beneficiaría a los quejosos que se pudieran tomar en cuenta el agravio expuesto contra ese diverso auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, sin expresar que lo impugnaban, cuando en todo caso, es materia de un recurso diverso al que intentaron los procesados y, por ello, al ser infundado el concepto de violación, debe negarse el amparo solicitado contra el auto de once de diciembre de dos mil diecinueve. Sexto. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal ..., por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y su ejecución por el actuario adscrito a dicho juzgado, en términos del considerando Cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ... y ..., contra el acuerdo de once de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal ..., del índice del Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para los efectos precisados en el considerando Quinto de esta resolución. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA HASTA EL DÍA DE HOY, DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE)

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