Oscar Santana Alcala
Expediente 1238/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1238/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Oscar Santana Alcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido, que no se tenga certeza de como transcurrió el plazo establecido por el artículo 86 de la ley de la materia a la parte tercero interesada, pues la resolución aludida no le depara perjuicio alguno, pues ésta de conformidad con el artículo 5º de la ley de amparo, tiene interés en que el acto reclamado subsista, por lo tanto al dictarse el sobreseimiento en el presente asunto, quedó intocado el acto reclamado y se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional, situación que, únicamente le afecta a la parte quejosa quien reclamó los actos de autoridad emitidos por la responsable. Lo anterior tiene apoyo, por su sentido e idea jurídica, en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, sirve de apoyo orientador la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO." No obstante lo anterior, notifíquese por lista la sentencia dictada en autos a la tercera interesada Lizeth Octaviano Linares, en razón de que no obra domicilio en autos de dicha parte, y por oficio a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala del Segundo Circuito Judicial en Materia de Justicia Penal Oral con sede en Jojutla de Juárez, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devuélvanse a las autoridades responsables los anexos que remitieron al rendir su informe con justificación, sin que haya necesidad de que acusen recibo de dicha circunstancia. Finalmente, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de la Sección de Amparos de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; en atención a su contenido, hágase del conocimiento que deberá estar a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el veintinueve siguiente al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno le correspondió conocer, radicada por ese Juzgado el treinta de junio de dos mil veintiuno, y que por auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, declaró su incompetencia por conocimiento previo para este Juzgado. SEGUNDO. El veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se recibió oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el que remitió los autos del juicio de amparo 770/2021 a este juzgado federal, por el cual Oscar Santana Alcala solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos y Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La resolución de fecha 04 de junio del año 2021 notificada de manera personal, dictado por LA SALA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, MORELOS. Dentro del TOCA PENAL 36/2021-5-OP.". SEGUNDO. El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad se avocó al conocimiento del asunto y admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1238/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la resolución de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca penal 36/2021-5-OP, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el hoy quejoso, en contra del auto de apertura a juicio oral de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, que resolvió no admitir la prueba de inspección judicial, en el domicilio en donde sucedieron los hechos punibles atribuidos, ofrecida por la defensa del imputado en el natural y resuelto por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la causa penal JCJ/196/2020, que se instruye contra el hoy quejoso Oscar Santana Alcalá por el delito de violación agravada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado la Presidenta de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Asimismo, con lo anterior está corroborado con el disco que contiene la videograbación del acto reclamado TP/036/2021-05-OP, que remitió el juez responsable y que obra por separado. Prueba con pleno valor probatorio, al equiparse a una documental pública, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª./J. 43/2013, publicada en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. De oficio se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente en términos de los artículos 61, fracción XVIII, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracciones III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en sentido contrario; acorde con lo siguiente. El artículo 107, fracción III, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" A su vez, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente procede contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Así mismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un procedimiento no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la siguiente tesis aislada VII.2o.T.1 CS (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, página: 1676: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DENTRO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL DEFINIR QUÉ SE ENTIENDE POR ELLOS, NO ES INCONSTITUCIONAL. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al señalar que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no viola el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en éste se establece una hipótesis de procedencia del amparo indirecto, como lo es el que se promueva contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin precisar propiamente qué debe entenderse por "imposible reparación", en tanto que, precisamente, es en el primero de estos numerales en donde el legislador ordinario, en su afán reglamentario, define cuáles son esos actos de imposible reparación, y señala que son aquellos que afecten materialmente "derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, no existe una antinomia entre lo preceptuado por dichos preceptos, esto es, que sus consecuencias jurídicas sean incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, impidiendo su aplicación simultánea; pues el contenido de la ley reglamentaria, al dejar puntualizado cuáles son esos actos de imposible reparación acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional, más que contravenir lo establecido por la Constitución complementa el fin esencial de reglamentar la procedencia del propio amparo. Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", determinó que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, da precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación", y que con esta aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el amparo indirecto contra actos dentro de juicio, al establecer la fórmula legal de que esos actos deben calificarse como irreparables. Por tanto, la Ley de Amparo no es contraria a la Constitución Federal en el aspecto destacado, ya que la complementa, al dejar precisado cuáles son los actos de "imposible reparación" acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional." Así como la jurisprudencia 37/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 7, tomo I, junio de 2014, página 39, registro 2006589 del siguiente tenor: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En conclusión, los actos tendrán una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Expuesto lo anterior, no se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional vulnere derechos sustantivos de la parte quejosa, puesto que la exclusión de medios de prueba del acusado quejoso -inspección judicial, en el domicilio en donde sucedieron los hechos punibles atribuidos, así como las entrevistas realizadas a la víctima Y.L.R. y a la ciudadana Lizeth Octaviano Linares-, no le impide ejercer algún derecho presente (afectación material), pues en su caso el perjuicio se concretaría de dictarse una sentencia condenatoria. El acto precisado no afecta derechos sustantivos del quejoso, sino únicamente derechos adjetivos, que todo caso, de no obtener un fallo favorable, serán motivo de estudio como violación procesal reclamable en el amparo directo, que en su caso se promueva contra la sentencia que se dicte en el causa penal de referencia. Es así, ya que la ilegalidad relacionada con la exclusión de pruebas puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba que desvirtúa el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien, porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa, pudiendo ser éste el caso si el juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia de cúmulo probatorio. Por esas razones, como se adelantó, el acto reclamado no recae sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro digital: 2023906, correspondiente a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente". Es así, porque la determinación que confirmó la resolución dictada por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, por la que no admitió la prueba de inspección judicial, así como las documentales ofrecidas por la defensa del hoy quejoso no es un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos que producen, con efectos únicamente intraprocesales que podrán ser reparados si la parte quejosa obtiene resolución favorable a sus intereses en cuanto al fondo del conflicto planteado, es decir, con dicho proveído no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener resolución favorable al momento de resolverse la causa penal de origen; lo anterior, considerando que la determinación combatida, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en el expediente natural, por sí mismo no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la referida determinación, dado que el juicio de origen seguirá su trámite en su etapa de juicio oral, en el que serán valorados los medios de investigación adicionales allegados al juez, y en caso de que en dicho expediente se dicte sentencia que le fuera adversa a sus intereses, sólo hasta entonces trascendiera como una violación procesal, caso en el cual, podrá hacerla valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra del fallo definitivo, atento a lo dispuesto por los artículos 170, fracción I, 173, Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral IV. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable;" En consecuencia, toda vez que el acto reclamado, por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación, es evidente que no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto, no obstante, se reitera, podrá impugnarse como violaciones procesales en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra sentencia que al respecto se dicte en el expediente de origen en caso de que no le sea favorable. Apoya lo expuesto, la tesis II.2o.P.66 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3094, registro digital 2017175, que dice: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ORAL DE TIPO ACUSATORIO. SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS, CONTRA SU ADMISIÓN EN LAS ETAPAS INTERMEDIA O DE JUICIO ORAL ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DE ACUERDO CON EL ASPECTO LÓGICO DE VALORACIÓN POST FACTO DE SU TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO. Para efectos de determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, es de estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva (intermedia o de juicio oral), existe un aspecto fundamental a considerar tratándose de la admisión o no de medios de prueba en el sistema penal oral de tipo acusatorio, a efecto de estar en posibilidad de determinar si realmente se afecta un derecho sustantivo, como sería el de defensa adecuada, que justifique la procedencia, por excepción, o si en ese momento únicamente implica una cuestión intraprocesal; y éste se refiere a la conducencia, idoneidad o utilidad del medio de prueba en cuestión, en relación con el hecho que pretenda probarse, lo cual, constituye un aspecto que no se limita a la cuestión formal de su admisibilidad en sí misma, sino que implica una necesaria porción de análisis valorativo de su eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo y, por ello, inexorablemente, salvo casos de excepción, se requiere del examen contextual de la prueba de referencia y su trascendencia y conducencia en relación con el acto previamente realizado de valoración que ocurre precisamente en la sentencia; de modo que, la posibilidad de afirmar, por ejemplo, que la inadmisión de un medio de prueba afecta un derecho sustantivo de modo irreparable, por regla general, no puede anticiparse apriorísticamente prejuzgando sin fundamento lógico, sino únicamente post facto al dictado del fallo, a fin de establecer esa pertinencia e indispensabilidad en el contexto del eventual resultado valorativo. Por tanto, sólo mediante su revisión en alzada, o bien, en el amparo directo, puede realmente determinarse de manera cierta la valoración indebida de una prueba ilícita o si aquella inadmisión de pruebas trascendió o no en la sentencia emitida en perjuicio del quejoso y si su ausencia en cuanto a incorporación hace ineludible de acuerdo a los fines del proceso penal, catalogarla o no como violación procesal que ineludiblemente amerite la reposición procedimental. Por ello, desde una perspectiva lógico-funcional, en esos supuestos, el amparo indirecto, por lo general, es improcedente." Por tanto, al estar actualizada la causa de improcedencia analizada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 65, 73, 74, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintinueve de marzo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no es posible llevar a cabo el desahogo de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que a la fecha no se encuentra legalmente emplazada a la presente contienda constitucional la parte tercero interesada Rosaura Ocampo Maldonado, Agente del Ministerio Público que intervino en toca penal 36/20215-OP del índice de la Sala del Segundo Circuito Judicial en Materia de Justicia Penal Oral con sede en Jojutla de Juárez; por tal motivo, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la misma, se difiere dicha audiencia, fijándose nuevamente las diez horas con cinco minutos del tres de enero del dos mil veintidós, para su celebración. Por otra parte y visto el estado de los autos, así como del expediente electrónico se advierte que no obran las constancias de emplazamiento a la parte tercero interesada citada en el párrafo que antecede, en tal virtud y con la finalidad de proveer lo que en derecho corresponda y evitar dilaciones procesales, se comisiona al actuario de la adscripción para que lleve a cabo la formalidad procesal encomendada en la citada determinación y/o en su caso la vincule al expediente electrónico; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no es posible llevar a cabo el desahogo de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que a la fecha no se encuentra legalmente emplazada a la presente contienda constitucional la parte tercero interesada Rosaura Ocampo Maldonado, Agente del Ministerio Público que intervino en toca penal 36/20215-OP del índice de la Sala del Segundo Circuito Judicial en Materia de Justicia Penal Oral con sede en Jojutla de Juárez; por tal motivo, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la misma, se difiere dicha audiencia, fijándose nuevamente diez horas con quince minutos del veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, para su celebración. Por otra parte y visto el estado de los autos, así como del expediente electrónico se advierte que no obran las constancias de emplazamiento a la parte tercero interesada citada en el párrafo que antecede, en tal virtud y con la finalidad de proveer lo que en derecho corresponda y evitar dilaciones procesales, se comisiona al actuario de la adscripción para que lleve a cabo la formalidad procesal encomendada en la citada determinación y/o en su caso la vincule al expediente electrónico; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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