Oscar Sandoval Lopez

Expediente 757/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
757/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Oscar Sandoval Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer contra el acuerdo de seis de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Óscar Sandoval López, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicha determinación para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, archívese el expediente como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previo a generar por duplicado de los documentos a que se refiere el artículo 22 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el número de juicio de amparo 757/2020-II. Ahora bien, del estudio de la demanda y del contenido de la certificación de cuenta, este juzgador obtiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5 y 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". El artículo 6 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En el caso que nos ocupa, si bien la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea respectivo, se obtiene que ésta carece de evidencia criptográfica o firma electrónica a nombre del quejoso Oscar Sandoval López; así, si conforme a la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hace referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que promueve la demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Bajo ese tenor, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, para que el suscriptor se responsabilice de su contenido, de ahí que la falta de evidencia criptográfica o firma electrónica, tiene como consecuencia que el referido escrito no constituya demanda y no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, acorde a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo externado su voluntad, signado y respaldando lo ahí contenido. Bajo esa premisa, un escrito de demanda presentado sin esas características, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su libelo constitucional. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J.32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE». Así como, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO». Sin que sea obstáculo a lo anterior, que del escrito que se provee, se advierta que obra plasmada un signo gráfico, pues es manifiesto que al haberse promovido en línea la demanda, debió respaldarse con la respectiva firma electrónica a nombre del directo quejoso, y al no haberlo hecho así, ese signo equivale a una copia simple de la firma física del agraviado, lo que también se traduce en la ausencia de la voluntad del agraviado. En consecuencia, por notoriamente improcedente, debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Oscar Sandoval López, atento a las consideraciones vertidas en líneas que anteceden. En virtud de que la parte quejosa señala en su demanda como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Téngase como autorizados en términos de la última parte del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que indica en su ocurso, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Como lo solicita el agraviado, podrá tener acceso al expediente electrónico al usuario: "SIMJ871027HMCLRN09", perteneciente a Juan Eduardo Siles Martínez, toda vez que cumple con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico y el acceso a éste. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, se requiere a las partes para seguir el presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", de conformidad con los lineamientos señalados en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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