Oscar Sánchez Solano y Otros.

Expediente 64/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
64/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Oscar Sánchez Solano y Otros.
  • Oscar Sánchez Solano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), y 87 de la Ley de Amparo, para que se interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido en representación de la menor de edad de iniciales********************.********************.********************. En esa medida, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de********************rocedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del********************leno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, ********************ransferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por último, se deja a disposición de la parte quejosa la documental que en copia certificada allegó al presente asunto; por tanto, dése vista a dicha parte para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichas constancias, apercibido de que de no hacerlo, seguirán la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo precitado.

  2. Principal

    agréguese el oficio firmado por la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, a través del cual cumple el requerimiento formulado en ocho de los actuales e informa que no encontró registro de la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna contra el SARS-COV-2, a la quejosa menor de edad P.S.T.; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otro lado, del estado procesal de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa, en proveído de catorce de noviembre pasado, a fin de que informara si la menor P.S.T. recibió la vacuna preventiva contra el virus SARS-CoV-2 en las campañas de vacunación abierta y, de ser así, exhibieran los comprobantes correspondientes, o bien, manifestaran la imposibilidad que tuvieran para ello. En ese sentido, y dado que la parte quejosa no realizó manifestación alguna ni exhibió los comprobantes de vacunación en el plazo de tres días concedido, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y se le tiene desinteresada de la aplicación de dicho biológico. Ahora, de las constancias que integran el presente sumario constitucional se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso". Reproducción de la que se sigue que el juicio de amparo será improcedente cuando de manera tácita se consienta el acto reclamado, sin hacer distinción entre actos omisivos y positivos. El consentimiento tácito se define como aquél que, sin manifestación expresa, entraña signos inequívocos de aceptación. En el caso, la parte Oscar Sánchez Solano y Daniela Tamayo Piedra reclamaron la omisión de las autoridades responsables de vacunar a la menor quejosa de iniciales P.S.T., contra el virus SARS-CoV-2 y solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal para que le fuera aplicado dicho biológico. No obstante, al no cumplir con el requerimiento formulado el catorce de noviembre pasado, se colige que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, consistente en la omisión de las autoridades responsables de vacunar a la menor de edad de iniciales P.S.T., contra el virus SARS-CoV-2. Cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 139-144, primera parte, visible en la página 13, del orden siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". Además, en la razón de quince de noviembre del actual que obra en autos, se aprecia que el actuario de la adscripción se comunicó vía telefónica con quien dijo ser Edgardo Carrera de la Torre, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, informó que la menor quejosa ya había sido vacunada con las dosis de la vacuna contra el SARS-COV-2, pero que no contaba con las constancias de vacunación, no obstante de que ya las había solicitado a sus padres. Bajo tales condiciones, ante la evidente postura de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, al haber consentido tácitamente el acto reclamado. Así, es dable concluir que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". [Énfasis añadido]. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por otro lado, en las razones de trece de octubre de dos mil veintidós que obran a fojas 159 y 160 de este expediente, el actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios en Salamanca, Guanajuato, asentó la imposibilidad que tuvo para notificar a Daniela Tamayo Piedra y Oscar Sánchez Solano, representantes de la menor quejosa de iniciales P.S.T. en el domicilio que señalaron en su demanda, ubicado en calle Framboyán 103-A, colonia El Pirul en Salamanca, Guanajuato. En vista de lo anterior y dada la imposibilidad del actuario para encontrar el domicilio que fue señalado por el quejoso para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción lll, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese el presente proveído y las subsecuentes determinaciones por lista de acuerdos hasta en tanto señalen nuevo domicilio para tal efecto. Es aplicable la jurisprudencia 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXVII, abril de 2008, página 238, Novena Época, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES".

  3. Principal

    agréguese el oficio firmado por la titular de la unidad de asuntos jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, de la Secretaría del Bienestar, con residencia en Guanajuato, Guanajuato; atento a su contenido, se provee: Como lo solicita la oficiante, remítasele copia de la impresión de la Clave Única de Registro de Población de la menor de edad P.S.T., para que, en el plazo de tres días, remita los comprobantes de vacunación contra el virus SARS-COV-2 de la menor quejosa.-

  4. Principal

    Apoderado de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, cumple con el requerimiento formulado el catorce de los actuales e informa que no cuenta con registro de que la quejosa menor de edad se hubiese presentado a recibir la vacuna contra el SARS-COV-2; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, informa que los comprobantes de los menores que recibieron el biológico mencionado en campaña abierta los tiene la Delegación de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Guanajuato. Por otra parte, en la razón de quince de noviembre del actual que obra en autos, el actuario de la adscripción asentó que se comunicó vía telefónica con el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien le informó que la menor quejosa ya había sido vacunada, pero que no contaba con las constancias de vacunación, no obstante de que ya las había solicitado a sus padres. En esa medida, requiérase a la Delegación de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Guanajuato, para que, en el plazo de tres días, remita los comprobantes de vacunación contra el virus SARS-COV-2 de la quejosa menor de edad Paula Sánchez Tamayo, o bien, manifieste la imposibilidad que tiene para cumplir con lo solicitado. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo solicitado se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización.

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