Óscar Sánchez Olvera

Expediente 576/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
576/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2016

Partes del expediente

  • Óscar Sánchez Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el auto que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta con el que el quejoso ************, desahoga el requerimiento contenido en auto de cuatro de agosto pasado, y al efecto señala bajo protesta de decir verdad que desconoce la naturaleza de la ejecución del acto que reclama, esto es, si se trata de algún embargo, puesto que el "requerimiento que se le pretende realizar solo se manifiesta de ejecución de sentencia la cual puede ser mediante una acción innominada real, personal o referente al estado civil, en términos de la legislación Procesal Civil local." DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la demanda de amparo que dio origen al presente expediente y el escrito de desahogo con el que el quejoso desahogó la prevención contenida en auto de cuatro de agosto del año en curso, este Juzgado advierte que, en el particular existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por el quejoso, consistente en: DE LAS ORDENADORAS.- La inconstitucionalidad de realizar actos de molestia y privación de ejercicio de derechos reales en el inmueble del cual detento la posesión, así como la orden de que se me prive de dicho ejercicio de posesión, así como la orden de entrar a mi domicilio con uso de la fuerza pública y la orden de utilizar cerrajero para entrar a mi inmueble. DE LAS EJECUTORAS.- Reclamo el cumplimiento que pretenden realizar de los mandatos emitidos por las ordenadoras. Como se puede apreciar de la transcripción anterior, así como del escrito íntegro de la demanda de amparo y del desahogo de la prevención contenida en auto de cuatro de agosto pasado, el quejoso señala que el acto reclamado que hace valer en esta vía constitucional, medularmente, es la posible orden de prohibición de seguir gozando de los derechos reales de los cuales tiene la posesión y que desconoce totalmente la razón de esa orden. Lo anterior, porque en el único antecedente del acto reclamado precisa, que fue informado por familiares que un abogado y una persona que se ostentó como actuario a los Juzgados de Querétaro, quienes se presentaron en su domicilio anterior y actual para ejecutar una sentencia de un juicio en el que había resultado vencido, y que esa orden consistía en quitarle la posesión por medio de la fuerza pública y rompimiento de chapas, de sus inmuebles; asimismo, indicó que no tiene pendiente ningún juicio en su contra, y el único antecedente que conoce es el relativo a un juicio ordinario civil ***********del índice del Juzgado Primero Civil de este Partido Judicial, en el cual fue actor resultando vencedor y que a la fecha únicamente esta gestionando el pago correspondiente. Lo anterior, revela que el acto reclamado no es de aquellos considerados como inminentes para el efecto de la procedencia del presente juicio de amparo, toda vez que sobre los mismos deben entenderse como aquellos en los cuales existen datos materiales, actos y antecedentes probados de cuya existencia habrá de desencadenar la existencia de otros, de manera cierta, directa e indudable, lo que no acontece en el presente caso, toda vez que no existe certeza de que los entes responsables pudieren inferir o desatar algún procedimiento en contra del quejoso, pues solo realiza meras afirmaciones que ni siquiera pueden considerarse como indicios, tanto es así, que él mismo precisa que desconoce totalmente de dónde puede derivar el acto reclamado relativo a la desposesión de sus bienes, lo que evidencia aún más que el acto no es inminente Esto, porque de haber ocurrido el acto inminente, como lo pretende el quejoso y de existir una posible orden de privarlo de sus derechos reales, el referido actuario debió actuar como lo prevé el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro; esto es, previa identificación de él, dejar con quien entienda la diligencia, la cédula en la que hará constar la fecha y hora de su entrega, el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, descripción de los documentos que se acompañen a la cédula y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, para que la haga llegar al interesado. Por lo anterior, se precisa que los antecedentes expuestos por el quejoso, no dan muestra de la inminencia que pretende demostrar el promovente, pues no existe ningún dato objetivo que demuestre lo afirmado. En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia que se actualizan es la prevista en la fracción XXIII del arábigo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (...) Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". La fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de garantías, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso ordinal 107, fracción I, señala que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; de donde se sigue, que el promovente del amparo debe recaer en una persona determinada, concretarse en la misma y no ser abstracto y genérico, sino ser de realización pasada, presente o inminente, en otras palabras, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético o probable, como lo pretende el promovente, pues estos actos no engendran agravio, al ser impredecible su realización. Lo anterior es así, toda vez que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea inminente, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de las autoridades, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha de dictar. Hipótesis que no se actualiza en el caso como se precisó con anterioridad, en la medida que el quejoso no expresa en la demanda de amparo un acto preexistente y concreto de materialización en su esfera de derechos que permita inferir que las autoridades responsables, puedan culminar en algún procedimiento en el que le puedan privar de sus derechos reales, todo lo contrario, indica que fue actor y vencedor en un juicio en el que a la fecha esta gestionando el pago correspondiente a su favor, por tanto, no es dable estimar que los actos que reclama ya hubiesen acontecido, o bien, para considerarlos como aquéllos que necesariamente deberán de concretarse en el futuro, obteniendo de esa manera la naturaleza de inminente como lo pretende inferir. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página doscientos dos, materia común, tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ACTOS FUTUROS INMINENTES, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Por actos futuros inminentes debe entenderse, los que comprenden no sólo aquellos actos que tendrán que dictarse forzosamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquéllos que puedan estimarse como consecuencia lógica del ya existente, si esos actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban o a causar perjuicios de difícil reparación. Además, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable a página ciento noventa y siete, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ACTO INMINENTE. CARACTERÍSTICA. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión. Así también, la diversa tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página ciento treinta y ocho, materia común, tomo XV-I, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías. De igual manera, es aplicable la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 2, Tercera Parte, página trece, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTOS INMINENTES. No lo son los eventualmente posibles, por el hecho de que la responsable tenga conferida por las leyes atribuciones que pueda o no, ejercitar. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por *************. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****************, por derecho propio, contra actos de: 1. Juez Primero de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; 2. Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; 3. Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; 4. Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; 5. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; 6. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; 7. Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; 8. Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; 9. Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; 10. Juez Décimo de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; 11. Juez Primero Menor Civil del Estado de Querétaro; 12. Juez Segundo Menor Civil del Estado de Querétaro, 13. Juez Tercero Menor Civil del Estado de Querétaro; 14. Juez Único Especializado en Juicios Orales Mercantiles; y, 15. Coordinador de Actuarios Civiles. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 576/2016-IV-B. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 110, 112 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con el número de copias para cada una de las partes, precise el acto reclamado, toda vez que de su escrito se advierte que en dicho apartado, señaló como tal: "DE LAS ORDENADORAS.- La inconstitucionalidad de realizar actos de molestia y privación de ejercicio de derechos reales en el inmueble del cual detento la posesión, así como la orden de que se me prive de dicho ejercicio de posesión, así como la orden de entrar a mi domicilio con uso de la fuerza pública y la orden de utilizar cerrajero para entrar a mi inmueble. DE LAS EJECUTORAS.- Reclamo el cumplimiento que pretenden realizar de los mandatos emitidos por las ordenadoras." Sin embargo, no precisa con claridad si el acto reclamado es una orden de embargo, lanzamiento, o cualquier acto jurídico en el que las consecuencias sean privarlo de los derechos reales de los cuales pueda tener la titularidad. En ese sentido, se previene para que de manera precisa y clara señale cual es el acto que aquí reclama. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en *********************. Asimismo, se tienen únicamente por autorizado en términos amplios que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ****************, porque las otras personas que indica para esos efectos no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que a ellos y a las diversas personas que señala se les tiene por autorizados en términos de lo establecido en el artículo 24, párrafo segundo, de la ley en cita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso.

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