Oscar Salinas Ruiz

Expediente 16/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
16/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Oscar Salinas Ruiz
  • Secretaria de Salud Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 16/2021-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver los autos del juicio de amparo 16/2021-V, promovido por OSCAR SALINAS RUIZ, por propio derecho y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda presentada el diecinueve de enero de dos mil veintiuno en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado y recibido en la misma fecha ante el Secretario de Guardia de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, OSCAR SALINAS RUIZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de las autoridades, Secretario de Salud Federal, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Secretario de la Defensa Nacional y Servicios de Salud de Morelos. SEGUNDO. Por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama se trata de lo siguiente: El documento denominado: "POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN MÉXICO", versión original publicada el ocho de diciembre de dos mil veinte, en la página oficial de internet www.coronavirus.gob.mx; que contiene la estrategia de vacunación implementada en la política rectora de vacunación; así como los efectos y consecuencias consistentes en la omisión de aplicarle al quejoso la vacuna contra el virus referido. Haciendo la aclaración que a la fecha de presentación de la demanda, diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se encontraba vigente la versión 4.0 fechada el once de enero de dos mil veintiuno, que será el documento que se analizará en la presente instancia constitucional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Es así, porque dicha autoridad al rendir su informe justificado negó los actos reclamados. Además, de la lectura del documento: "POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN MÉXICO", versión original fue publicada el ocho de diciembre de dos mil veinte en la página oficial de internet www.coronavirus.gob.mx, y cuya versión 4.0 aparece fechada el once de enero de dos mil veintiuno y, por ende, es el documento vigente al momento de presentarse la demanda y que se analiza en este juicio, del cual se pude advertir que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios no participó en la emisión de dicho documento, ni le fue asignada actividad alguna en el proceso de aplicación de la indicada vacuna. En tales condiciones, debe considerarse inexistentes los actos que se le reclaman. Es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2018110, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.), Página: 926, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos.". En consecuencia, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto a la referida autoridad, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Secretario de Salud consistente en la emisión del documento denominado "POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN MÉXICO", versión original publicada el ocho de diciembre de dos mil veinte en la página oficial de internet www.coronavirus.gob.mx, y cuya versión 4.0 aparece fechada el once de enero de dos mil veintiuno, y por tanto, es la vigente al momento de presentarse la demanda; ya que así lo manifestó al rendir el informe justificado respectivo. Certeza que parte del hecho notorio para este Juzgador, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, relativo a la publicación del documento de referencia en el sitio web institucional www.coronavirus.gob.mx, donde se desprende que efectivamente dicha autoridad participó en su emisión. Sustenta lo anterior, de manera analógica y en lo conducente, la jurisprudencia XX.2o. J/24, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 2470, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." De igual manera, la tesis I.3o.C.35K(10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, Noviembre de 2013, página 1373, que es del tenor siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.". Máxime que de la publicación de la versión 4.0 fechada el once de enero de dos mil veintiuno, y por tanto, vigente al momento de presentarse la demanda, visible en el sitio web institucional www.coronavirus.gob.mx, se advierte que, de entre las autoridades responsables señaladas en la demanda, quien únicamente participó en su emisión fue el Secretario de Salud Federal. Por cuanto a la responsable, Servicios de Salud de Morelos es cierto igualmente el acto reclamado, pues aun cuando en su informe expresamente refirió que no era cierto, aceptó que dicho organismo tiene participación en el sistema nacional de vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México, expresamente señaló lo siguiente: ".se resalta que la participación de este organismo, es coordinar la operación de vacunación en la entidad, respecto de las unidades médicas que conforman la red hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos (personal médico), así como designar los enlaces para tal práctica y recepción de vacunas y distribución de acuerdo al plan programático ya señalado.". De lo que se desprende que existe una aceptación sobre las actividades en que participa, esto en el contexto del plan nacional de vacunación descrito, pues expresamente refiere que tiene participación en "coordinar la operación de vacunación en la entidad". Lo que es suficiente para tener por ciertos los actos que se le reclaman. En relación con la autoridad Secretaría de la Defensa Nacional, oportunamente fue notificada del oficio por el que se le requirió su informe justificado; no obstante, se abstuvo de rendirlo. En ese sentido, en términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Con independencia de lo anterior, se considera cierto el acto que se le atribuye, porque del contenido del referido documento publicado el ocho de diciembre de dos mil veinte en el sitio web institucional www.coronavirus.gob.mx, se advierte que se establece: "En esta etapa se considerarán más de 10 mil puntos de vacunación en las 32 entidades federativas del país. Se integrarán brigadas de 12 miembros, que contemplan a 30 mil servidores de la nación adscritos a la Secretaría de Bienestar, además del personal de las diversas instituciones de sector salud, Sedena, Marina y personal voluntario (en caso de requerirse).". De lo que se advierte que expresamente se indica la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México; por lo que debe considerarse cierto el acto que se le reclama. Además, debe considerarse cierto el acto consecuencia de la emisión del documento denominado "POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN MÉXICO", consistente en la omisión de aplicar al quejoso OSCAR SALINAS RUIZ la vacuna contra el virus SARSCoV-2, atento a que las autoridades responsables citadas, por las que se considera cierto el acto, se abstuvieron de exhibir documentación con la que acreditaran que aplicaron al aquí quejoso la citada vacuna a la fecha de presentación de la demanda. Es aplicable la jurisprudencia de la Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994 Página: 15 Tesis: 2a./J. 3/94 Jurisprudencia Materia(s): Común, del texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA.". Sin que obste para tener por cierto el acto reclamado, que el Secretario de Salud Federal aduzca que el acto es inexistente, al no acreditarse una solicitud previa de vacunación de parte del quejoso; toda vez que no se advierte del Plan Nacional de vacunación a que se ha venido haciendo referencia, que la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19, esté condicionada a la presentación de solicitud alguna de parte de la población en México, ni particularmente en el Estado de Morelos. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia por ser ésta una cuestión de estudio oficioso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Secretario de Salud Federal sostiene que se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción II, aduciendo que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del quejoso, atendiendo a que la emisión del documento denominado "POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN MÉXICO", está diseñada para disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionada por la enfermedad COVID-19. Al respecto, se desestima la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la argumentación en que está sustentada se encuentra íntimamente relacionada con el fondo del asunto, pues es necesario analizar la constitucionalidad del acuerdo impugnado a efecto de establecer si el sistema de vacunación en él establecido causa o no afectación a la esfera jurídica del quejoso. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 187973, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página 5 del rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Por otra parte, el Secretario de Salud Federal invoca que el citado plan de vacunación contempla supuestos de personas que por razones individuales, como el quejoso, se encuentran contemplados en la etapa denominada: "Etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados" del rubro: "Estrategia de Vacunación: Etapas y Logística", y que aquí quejoso pertenece a ese grupo al estar contemplado para la aplicación de la vacuna. Por consiguiente, la responsable afirma que se actualiza la causal de improcedencia del juicio que prevé el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Es infundada dicha causal de improcedencia. Lo anterior, por la circunstancia de que ésta se actualiza cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sin embargo, las responsables no exhiben documento a través del cual acrediten que al quejoso ya se le ha aplicado alguna de las vacunas disponibles actualmente contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19. Tampoco, que se hayan desarrollado todas las etapas del plan nacional de vacunación que se combate. Por tanto, subsiste tanto el plan nacional de vacunación y su estrategia, así como la omisión de vacunación del quejoso; razón suficiente para considerar que no han cesado los efectos de dichos actos como afirma la responsable. No debe perderse de vista que dicha causal de improcedencia se actualiza cuando se han destruido de manera total e incondicionada los efectos del acto reclamado; lo que generaría que una eventual concesión del amparo careciera de efectos prácticos. En ese sentido, precisamente al subsistir la vigencia del documento denominado "POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN MÉXICO", así como la omisión de vacunación en la persona del quejoso, es que se estima que no se actualiza la causal de improcedencia que se invoca, al no actualizarse las condiciones a que se aluden en la jurisprudencia Registro digital: 196820, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 9/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De igual manera, no se surten las condiciones previstas en la jurisprudencia, Registro digital: 2003285, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 6/2013 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, página 1107, con el rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA.". En tales condiciones, al no hacerse valer diversa causal de improcedencia y al no advertirse alguna otra de oficio se procede al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. SEXTO. Estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados, sin que sea procedente suplir la queja deficiente, por las siguientes consideraciones jurídicas. En los conceptos de violación, esencialmente se hace valer lo siguiente: Que se viola el derecho a la salud, porque las responsables omiten desde el once de enero de dos mil veintiuno, aplicarle la vacuna contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19; no obstante que desde el veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, emitidos por la Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Prevención Social e Instituto Mexicano del Seguro Social, que en el punto siete contemplaron a las personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio, indicando el quejoso las siguientes: Mujeres Embarazadas o Lactando; Personas con obesidad; Personas adultas mayores de 60 años; Personas con diabetes e hipertensión descontrolada; Personas con VIH; Personas con cáncer; Personas con discapacidades; Personas con transplantes; Personas con enfermedad hepática o pulmonar; Personas con trastornos neurológicos de del neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de la médula espinal) Agregó el promovente del amparo, que dichos lineamientos son de carácter obligatorio en el país y deben ser ejecutadas y obedecidas por las autoridades administrativas. En ese sentido, hace valer OSCAR SALINAS RUIZ quien a la fecha de presentación de la demanda tenía cincuenta y dos años de edad cumplidos, pues de acuerdo con el acta de nacimiento que exhibió nació el treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta y ocho, a la cual se concede eficacia probatoria plena, al ser un documento público expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; señalando además, que tiene condición de persona en situación de vulnerabilidad o de mayor riesgo de contagio, alegando padecer hipertiroidismo desde hace veinte años, obesidad desde hace dieciocho años, así como diabetes mellitus desde dos mil diecisiete. Dicha condición la sustenta en el certificado médico expedido el catorce de enero de dos mil veintiuno, expedida por el Médico particular César Salinas Ruiz, al que se otorga eficacia probatoria en términos del numeral 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo; que prevé que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar el valor de las mismas; atento a que en el caso, dicho documento se aprecia que fue expedido por un facultativo al indicarse la cédula profesional correspondiente, quien dejó asentada la condición de salud del quejoso y en particular el diagnóstico de hipertiroidismo, enfermedad inflamatoria crónica y diabetes mellitus tipo 2. Expresa que su condición de salud lo coloca en riesgo de perder la vida ante el riesgo de contagio del virus SARS-COV-2 y por tanto, de padecer la enfermedad COVID-19; esto, porque afirmó que a la fecha de presentación de la demanda el semáforo epidemiológico se encontraba en color rojo; lo cual se traduce en mayor riesgo de contagio. En ese sentido, refiere que ni en la primera ni en la segunda etapa de vacunación contra el virus SARS-COV-2, está contemplado para recibir la vacuna, con lo que se vulneran sus derechos humanos a la salud, a la vida, así como a la seguridad jurídica. Aduce, que al no observarse los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, se dejan de observar los artículos 4 párrafo cuarto, 14, 16 y 73, fracción XVI de la Carta Magna. Como se señaló, los conceptos de violación de la parte quejosa resultan infundados. Para explicar lo anterior, es indispensable destacar el contexto actual de la contingencia sanitaria, con motivo de la aparición del virus SARS-CoV-2 en China, del cual se tuvo conocimiento en diciembre de dos mil diecinueve, surgió en la humanidad una nueva enfermedad denominada COVID-19, que rápidamente comenzó a afectar a la población mundial, y de forma relevante, a los habitantes en América y Europa. Derivado de ello, y previa declaración de la COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad COVID-19 en México a consecuencia del virus SARSCoV2, de atención prioritaria. Desde ese momento, en México se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud Federal, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores sociales y privado. Medidas con retos a nivel humano, social, económico, cultural, político e internacional, y cuya implementación ha exigido la participación multidireccional por parte de los diferentes sectores de la sociedad, en donde cada habitante es llamado a cooperar desde el nivel de posicionamiento social en que se ubica dentro de la población mexicana, para poder hacer frente, en las mejores condiciones en que sea posible, a la situación epidemiológica que existe hasta estos momentos en el país. Como parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir así el impacto en la salud, la economía y la sociedad. Sin embargo, es un hecho notorio que la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna, no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual, retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos el Estado Mexicano. Actualmente, existen diferentes vacunas que, según se ha dado a conocer, están siendo desarrolladas para poder enfrentar la COVID-19, empero, su aplicación en la población mundial es un tema sumamente complejo, en la medida que ello depende de distintos factores tales como: su aprobación clínica dentro de los países, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda mundial, el mecanismo de adquisición que implementaran las naciones, e incluso, la política que asumirán en sus respectivas poblaciones para poder distribuirlas y aplicarlas. En ese contexto, el Gobierno de México el ocho de diciembre de dos mil veinte, a través del Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud publicó en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la COVID-19 en México.". Con la aclaración que a la fecha de presentación de la demanda, diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se encontraba vigente la versión 4.0 fechada el once de enero de dos mil veintiuno. Del análisis efectuado a dicho instrumento, se desprenden una serie de consideraciones que, a criterio de este órgano jurisdiccional, resulta pertinente tener presente en este fallo, las cuales son las siguientes: El objetivo específico de México, a corto y mediano plazo, es inmunizar como mínimo al 70% de la población, contra el virus SARSCoV2, del cual corresponda al 100% del personal de salud que trabaja en la atención de la COVID-19, y el 95% de la población a partir de los dieciséis años cumplidos. El grupo técnico asesor para la vacuna (en lo sucesivo, GTAV) en México, se conformó por expertos en materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, y previas valoraciones que ha efectuado, recomendó llevar a cabo una estrategia enfocada en reducir el número de muertes asociadas con COVID-19, diseñada acorde a la mortalidad observada en México. Tal recomendación fue analizada mediante un análisis minucioso de la información nacional e internacional, estudios específicos de riesgos de salud, pobreza e inequidad en relación con la infección y muerte por COVID-19, realizados en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), además de los criterios de promoción del bienestar humano, respeto igualitario, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad. Algunos factores identificados de complejidad para el establecimiento de programas nacionales de vacunación contra la COVID son: problemática de acceso global; limitada producción mundial y falta de marcos de trabajo internacionales que permitan acceso equitativo a todos los países; diferencias en las prioridades de vacunación al interior de cada país; infraestructura nacional para el proceso de recepción, almacenaje y distribución de las diferentes vacunas; infraestructura del programa operativo de vacunación y la vigilancia de eventos adversos, así como la evaluación del impacto de la estrategia de vacunación. Además de los riesgos de salud, el GTAV recomienda tomar en cuenta, aspectos de pobreza y desigualdad. Con base en las recomendaciones dadas por el GTAV, se tomarán en cuenta cuatro ejes de priorización, para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México, a saber: a) Edad de las personas; b) Comorbilidades personales; c) Grupos de atención prioritaria; y, d) Comportamiento de la epidemia, cuenta habida de que la asignación progresiva y la distribución gradual de las vacunas disponibles podrán ser modificadas en el tiempo conforme cambia su disponibilidad, aumente la evidencia científica y se verifique la seguridad y eficacia de las vacunas. En cuanto a la disponibilidad de las vacunas, de acuerdo con la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, existen más de doscientas vacunas candidatas contra la COVID-19 en desarrollo en el mundo, siendo únicamente trece las que han llegado a iniciar ensayos clínicos. El once de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (en lo sucesivo, COFEPRIS) dictó, por primera vez, la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer/BioNTech COVID- 19, contra el virus SARS-CoV-2. El cuatro de enero de dos mil veintiuno, la COFEPRIS otorgó a la diversa farmacéutica AstraZeneca, la autorización para uso de emergencia en México de su vacuna. De igual manera, México se adhirió al mecanismo internacional de adquisición de vacunas COVAX, que contempla la compra centralizada de biológicos a diversas compañías para intentar asegurar una distribución global de las vacunas de al menos veinte por ciento de la población en cada país, para privilegiar la equidad en su aplicación. De manera inicial, las farmacéuticas Pfizer, CanSino y AstraZeneca, además del mecanismo COVAX, serán la forma de garantizar la estrategia de vacunación, empero, la misma puede cambiar en función de los resultados finales de los ensayos clínicos que determinarán el esquema final, así como el perfil de eficacia y seguridad de las vacunas a ser comercializadas a nivel global. De acuerdo con la información disponible, proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre diciembre de dos mil veinte y diciembre de dos mil veintiuno, se recibirán por negociación directa suficientes dosis para inmunizar 17.2 millones de personas con la vacuna Pfizer/BioNTech, 35 millones con la vacuna CanSinoBio y 30.8 millones con la de AstraZeneca, con un total de 83 millones de mexicanos, además se suman 25.8 millones de dosis mediante el mecanismo COVAX, para lograr la meta de vacunar al menos al 70% de la población en México en un periodo máximo de dieciocho meses. Para definir la priorización de la población a vacunar, se realizó un análisis de la mortalidad observada en México, con base en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas. Los resultados de tal análisis evidenciaron que los grupos priorizados en orden de prelación son: 1. Personal sanitario que enfrenta COVID-19 (estimado en un millón de personas). 2. Personas adultas mayores: a) Mayores de 80 años (2'035,415 personas) b) Personas de 70 a 79 años (4'225,668 personas) c) Personas de 60 a 69 años (8'199,671 personas) 3. Personas con comorbilidad o comorbilidades a) Obesidad mórbida b) Diabetes mellitus c) Hipertensión arterial sistémica d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica e) Asma f) Enfermedades cerebrovasculares g) Infección por VIH h) Enfermedad renal crónica i) Estados patológicos que requieren de inmunosupresión j) Cáncer en tratamiento 4. Personal docente de las entidades federativas en semáforo epidemiológico verde. 5. Resto de la población (mayor a dieciséis años) La vacunación de personas adultas mayores tendrá un enfoque primario de mayor vulnerabilidad territorial, razón por la que se iniciará con la población que reside en zonas rurales dispersas y progresivamente continuará hasta llegar a áreas metropolitanas, en el entendido de que la situación epidemiológica funge como un criterio de flexibilidad para priorizar territorialmente o por ocupación de acuerdo con la actividad viral, por lo que es factible priorizar lugares con riesgo máximo para vacunación masiva acelerada, o en riesgo bajo para reactivar las actividades socioeconómicas como la actividad escolar presencial. Dada la diversidad de vacunas potencialmente disponibles a nivel mundial, la logística de la vacunación representa un gran reto que requiere de la expansión de la infraestructura nacional existente, tanto física como operativa, para poder implementar una estrategia de inmunización en la que intervienen factores que varían entre las diferentes vacunas disponibles, por ejemplo, la cadena de frío (ultra congelación vs congelación/refrigeración) y los esquemas de aplicación (una vs. dos o más dosis). Se considera una mayor factibilidad de aplicación para vacunas que requieren ultracongelación (como la de Pfizer), las zonas urbanas, mientras que para las vacunas que sólo requieren congelación y/o refrigeración para regiones rurales. Se prevé contar con una estrategia de vacunación en cinco etapas, en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, así como las diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación contra el virus SARSCoV-2, en función de los cinco grupos de priorización anteriormente mencionados. La primera etapa de vacunación comprendió de diciembre de dos mil veinte a febrero de dos mil veintiuno, y se consideró la más complicada, pues a nivel mundial es la primera vez que se utilizará vacuna que requiere de ultracongelación a - 70°C; la segunda, de febrero a abril de dos mil veintiuno, en la que se incluirá al resto de personal salud de todo el país y a las personas adultas mayores; y, las subsecuentes (tercera, cuarta y quinta), se llevará a cabo de acuerdo con la disponibilidad de las vacunas, cuenta habida de que la estrategia de vacunación se adaptará en función de los distintos requerimientos de logística necesarios. De lo hasta aquí expuesto, se aprecia que conforme al instrumento combatido, México ha adoptado una política pública en cuanto a la estrategia que llevará a cabo para la vacunación de la población, contra la enfermedad de COVID-19, que se caracteriza esencialmente: por una sectorización de los habitantes en función de la existencia de vacunas aprobadas como eficaces; la adquisición que de ellas realice México; así como del grado de riesgo en que se encuentran las personas frente al virus SARS-CoV-2, con base en la historia clínica que se ha reportado en los últimos meses acerca de la situación epidemiológica que atraviesa el país. Política pública que, implica una decisión que ha asumido el Estado mexicano, en lo relativo a la vacunación de la población para prevenir y atemperar los efectos de la enfermedad COVID- 19, a partir del diseño y ejecución de una estrategia conformada por reglas determinadas, pasos a seguir, así como parámetros y temporalidades que observar, a fin de tutelar el cuidado y preservación de la salud de su población frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial con motivo de la epidemia. En ese contexto, es indudable que la estrategia de vacunación prevista en la disposición normativa cuestionada no trasgrede el derecho fundamental a la salud contenido en el artículo 4 Constitucional, pues la aplicación de dicha vacuna ha sido abordada desde la complejidad que representa actualmente, en el sentido de que hasta la fecha dicha actividad basada en un problema de escasez del recurso y abundancia del problema o necesidad a satisfacer no corresponde a un modelo en que la vacuna pueda estar disponible para la totalidad de la población, debido a la situación multifactorial a la que se ha hecho referencia con antelación, sino que se trata de una práctica que exige ser efectuada bajo una regulación específica y ponderación de los recursos disponibles y la necesidad a satisfacer, en donde exista un orden de prelación entre los habitantes de la población mexicana, a partir de características especiales que éstos revistan, en función del mayor grado de riesgo y vulnerabilidad dada la exposición que presenten frente al virus. De manera tal que, si a través de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, el gobierno mexicano ha informado que debido a la situación epidemiológica que existe a nivel mundial, en contraste con la poca disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19, su aplicación en el país se deberá realizar de manera escalonada, atendiendo a parámetros clínicos, sociales e históricos, que han recomendado los diferentes expertos en el tema, a fin de alcanzar el mayor bienestar para la población ?en la medida que las circunstancias humanas lo permitan?, entonces, se estima que tal circunstancia no contraviene el texto de la Norma Fundamental en la medida que los derechos humanos no son absolutos, pues de conformidad con el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueden restringirse bajo las condiciones que la propia Constitución prevé y en términos de las leyes que se emitan por razones de interés general, a fin de evitar medidas o restricciones arbitrarias. El citado precepto constitucional, en lo que interesa, establece: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece (.)" Conforme a lo transcrito, es evidente que la propia Constitución Federal permite la limitación, suspensión o restricción de los derechos fundamentales, cuando así se requiera; o bien, siempre y cuando la restricción tenga un fin constitucionalmente válido, idóneo, necesario y proporcional. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia número 1a./J. 2/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria, sino que se deben satisfacer los siguientes requisitos: a) Ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) Debe ser una regulación necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) Debe ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. De aquí que el ejercicio de los derechos y disfrute de las libertades de toda persona estarán sujetos a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de terceros, así como de satisfacer las exigencias del orden público y bienestar general. Conforme a lo expuesto, si en el caso concreto, la calendarización en la aplicación de la vacuna contra COVID-19, obedece a una situación real de escasez que se está viviendo en la actualidad a nivel mundial, en donde confluyen distintos factores como: falta de disponibilidad de vacunas probadas como medios útiles y eficaces, una alta demanda de distintos países para acceder a la vacuna, costos económicos y regulatorios para adquirir la vacuna en el país, así como la implementación de una infraestructura lo suficientemente capaz de responder a la distribución y aplicación de la vacuna en el porcentaje esperado de la sociedad mexicana, se concluye que tal restricción: a) Persigue un fin constitucionalmente válido, consistente en la protección a la salud de la población en general. b) Es idónea porque tiende a satisfacer el derecho fundamental en juego que requiere de una atención estructural. c) Es necesaria, ya que por la dificultad en la producción mundial de la vacuna y la dificultad que representa a los países del mundo, entre ellos, México, el poder adquirirla con rapidez, la estrategia por sectores poblacionales que se adopta, lleva a considerar que no existen medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin de protección a la salud de forma estructural, que sea menos lesiva para el derecho fundamental a la salud de la quejosa; y, d) Finalmente, es proporcional, porque el grado de realización de ese fin sistémico perseguido es mayor al grado de afectación que podría provocarse al derecho fundamental del promovente, derivado de los actos impugnados. Apoya esta determinación la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 533, del Tomo 1, del Libro V, correspondiente al mes de febrero de dos mil doce, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional, con número de registro 160267, de rubro y texto siguientes: "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática." En esa tesitura, por las razones apuntadas, se estima infundado igualmente que la política nacional de vacunación combatida, sea violatoria de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, que consagra el derecho a la vida y la seguridad jurídica, en la medida en que esos derechos son protegidos con el instrumento de vacunación combatido, al establecer el derecho de todos los gobernados a acceder a la vacuna contra el virus Sars-Cov-2, pero de manera priorizada según la categorización de grupos de población en función al mayor rango de probabilidad de muertes, ante la falta de disponibilidad ilimitada de vacunas. Finalmente, no se inadvierten los argumentos en que la parte quejosa alega que padece enfermedades que lo colocan en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo, como obesidad, diabetes e hipertiroidismo, para justificar la alteración en el orden de prelación en la aplicación de la vacuna, pues si bien se trata de un factor predominante, ello no conlleva a desconocer que las acciones para prevenir y disminuir la transmisión del virus no recaen exclusivamente en las autoridades a través de programas como el relativo a la vacunación de la población, sino también en los gobernados, quienes tienen la responsabilidad de atender las medidas de mitigación al efecto recomendadas, como son: no salir de casa salvo lo estrictamente necesario, evitar lugares con aglomeración de personas, utilizar cubrebocas, medidas de higiene, entre otras. No puede desconocerse que en la propia política de vacunación se reconocen las condiciones de comorbilidad para ser consideradas en la población que debe inocularse con prioridad, si bien no antes que el personal de salud ni las categorías de adultos mayores, sí en relación con categorías de personas de distintos rangos de edad. De ahí que no le asista razón al quejoso al afirmar que la política de vacunación que combate dejó de lado a las personas en las condiciones de comorbilidad que indica, lo que hace ineficaces los argumentos que al respecto vierte. Como puede observarse, la Política Nacional de Vacunación Contra el virus Sars-Cov-2, para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México, no es un documento que deje de considerar u omita algún sector de la sociedad, menos a los que padecen comorbilidades, sino que se advierte que fue diseñada para que toda la población tenga la posibilidad de acceder a la vacunación contra el virus Sars-Cov-2, priorizando su aplicación, considerando las dificultades de abasto de vacunas y las cuestiones técnicas expuestas, lo cual no la torna violatoria del derecho a la protección de la salud a que tiene derecho toda persona conforme al artículo 4 de la Carta Magna. Si bien la política en comento sí prevé que el personal que trabaja en el cuidado al interior o fuera de las instituciones formales de salud, con potencial exposición a personal, pacientes o material potencialmente contaminado con el virus Sars-Cov-2, se encuentra considerado para acceder a la vacunación contra el virus causante de la COVID-19, de manera prioritaria. Esto, se estima justificado por tratarse de una política pública intersectorial de salud, que atiende tanto a la edad mayor como a la necesidad de proteger la salud y la vida del personal que se encuentra en la llamada primera línea de atención a los pacientes con la enfermedad COVID 19, incluso de manera prioritaria a cualesquiera otras categorías de adultos mayores e incluso con personas con comorbilidades como la del quejoso, en la medida en que dicho personal de la salud está mayormente expuesto al contagio, por sus labores propias y sin opción de quedarse en casa, como todo el resto de la población. En tanto que por lo que hace a los adultos mayores, se les consideró atento a que se ubicaron en el segundo rango de muertes ante el contagio del virus Sars-Cov-2 y el desarrollo de la enfermedad COVID 19; por encima de las personas con comorbilidades. En esas condiciones, se estima justificada la priorización que contempla el plan de vacunación que se combate´, por lo que en todo caso deberá atender a la prelación prevista en la supracitada política nacional de vacunación contra el virus Sars-Cov-2, conforme al sector social al que pertenezca, para que le sea suministrada la referida vacuna. Aunado a lo anterior, el quejoso invoca que se dejan de observar los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, emitidos por la Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Prevención Social e Instituto Mexicano del Seguro Social, publicados el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, se estima que no le asiste razón y que el plan nacional de vacunación combatido no contraviene de manera alguna tales lineamientos. En efecto, estos lineamientos aludidos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se expidieron por los titulares de las Secretarías de Salud, Economía, Trabajo y Previsión Social, y por el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a través de dicho documento, se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov-2, de igual manera, se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa. En dicho documento se explica que el catorce de mayo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, mismo que fue modificado mediante diverso publicado el quince de mayo de dos mil veinte, en el citado medio de difusión oficial. Este último Acuerdo establece en su ARTÍCULO CUARTO, fracción III que el plazo comprendido del dieciocho de mayo al uno de junio de dos mil veinte, es el tiempo en el que se llevará a cabo el proceso de establecer los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria en las empresas de acuerdo con los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que publique la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Que para dar cumplimiento a los Acuerdos anteriores, resultaba necesario establecer lineamientos técnicos específicos para que las empresas y los centros de trabajo retomen o continúen sus actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria, que garantizaran tanto a su personal como al público en general, el cumplimiento de estándares que reducen los riesgos asociados a la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19. En ese sentido, como se ha descrito, se trata únicamente de aspectos, de directrices de carácter técnico orientadas y aplicables a las empresas y centros de trabajo, para que retomen o continúen sus actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria; sin que de ninguna manera contenga lineamiento alguno en torno a la política nacional de vacunación contra el virus Sars-Cov-2. En efecto, en el punto uno se indica con claridad en cuanto al ámbito de aplicación y objetivo de tales lineamientos técnicos, que son de aplicación general para todos los centros de trabajo, y tienen por objetivo establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar en el marco de la estrategia general para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable. Ello, con el fin de que los centros de trabajo puedan identificar las medidas obligatorias para el retorno o la continuidad de sus labores. No obstante, el quejoso refiere que en el punto siete de estos lineamientos se consideró como personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio, a las siguientes: Mujeres Embarazadas o Lactando; Personas con obesidad; Personas adultas mayores de 60 años; Personas con diabetes e hipertensión descontrolada; Personas con VIH; Personas con cáncer; Personas con discapacidades; Personas con transplantes; Personas con enfermedad hepática o pulmonar; Personas con trastornos neurológicos de del neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de la médula espinal) Para el promovente del amparo, dichos lineamientos son de carácter obligatorio en el país y deben ser ejecutados y obedecidos por las autoridades administrativas; y que él se encuentra en condición de mayor riesgo de contagio por tener obesidad, diabetes e hipertiroidismo. A este respecto, debe decirse en principio que en dicho documento efectivamente se hace mención de que las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que debido a determinadas condiciones o características de salud son más propensas a desarrollar una complicación o morir por COVID-19. Cita como ejemplo: mujeres embarazadas o lactando, personas con obesidad, personas adultas mayores de 60 años, personas que viven con diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades, trasplante, enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de médula espinal). No obstante, es desacertada la interpretación que el quejoso propone, atinente a que esa población debe recibir en primer término la vacuna contra el virus Sars-Cov-2; ya que dicho documento no indica tal cosa, sino únicamente resalta que la condición de vulnerabilidad en que se pueden encontrar las personas con las condiciones descritas, se asuman medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar en el marco de la estrategia general para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable, con el fin de que los centros de trabajo puedan identificar las medidas obligatorias para el retorno o la continuidad de sus labores. Entre otras, se prevé que antes del regreso o dentro del primer mes de haber regresado al trabajo se les otorguen las facilidades para acudir a consulta con su médico familiar o médico de empresa para evaluar su control y fortalecer las medidas higiénico dietéticas, estilos de vida y farmacológicas. Las personas trabajadoras con diabetes, hipertensión y cardiopatías deberán acudir a su médico para revisión al menos cada tres meses. Se indica igualmente, que en los centros de trabajo ubicados en localidades caracterizadas de alerta máxima, está prohibido que las personas en situación de vulnerabilidad acudan a trabajar y que, en los casos de alerta baja, se deberá prestar especial atención a dicho personal, independientemente de que no será necesario implementar medidas especiales. Para los casos de alerta alta e intermedia se recomienda lo siguiente: Priorizar el trabajo a distancia con el fin de evitar la asistencia al centro de trabajo y reducir el riesgo de contagio del personal en condición de vulnerabilidad. En caso de no ser posible hacer trabajo a distancia, los centros de trabajo deberán designar un comité o persona responsable de garantizar las siguientes medidas especiales: a. Identificar para cada departamento o área del centro de trabajo al personal en situación de vulnerabilidad. b. Cerciorarse de que dicha población cuente con equipo de protección personal desechable y con soluciones a base de alcohol gel al 60% a disposición permanente. c. Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de densidad humana en los espacios de trabajo, garantizando una distancia mínima efectiva entre las estaciones de trabajo de 1.5 metros. d. Permitir el ingreso en horarios diferentes al resto del personal, para evitar los horarios pico en el transporte público o en el transporte de personal. e. Establecer zonas exclusivas en área de alimentos, comedores y/o vestidores, para reducir el riesgo de exposición del personal en mayor riesgo. En caso de no ser posible establecer zonas exclusivas, se deberán establecer horarios diferenciados para reducir el riesgo de contagio del personal identificado como vulnerable. Finalmente, se establece que deberá considerarse que los procesos en los que participa personal en situación de vulnerabilidad pueden verse afectados, por lo que deberá garantizarse que la implementación de estas medidas no se utilice para discriminar o limitar su derecho al trabajo. Atento a lo anterior, es inconcuso que en el punto siete de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, el hecho de resaltar la vulnerabilidad de las personas frente al virus Sars-Cov-2 y la enfermedad COVID 19, tiene como finalidad que en la actividad económica se observen las recomendaciones descritas para evitar que se contagien y enfermen, y así mismo se respeten sus derechos laborales. Sin que en ninguna parte se establezca alguna prerrogativa en relación con el plan nacional de vacunación contra el citado virus. Es por ello que se estima infundado que la política nacional de vacunación reclamada, trasgreda el artículo 73, fracción XVI, Base 3a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país; en virtud de que de ninguna forma se contrapone con las recomendaciones que los lineamientos técnicos referidos contemplan. Por tanto, se estiman infundados los conceptos de violación en la medida en que es infundada la afirmación relativa a que el contenido de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", omita considerar a las personas en situación de vulnerabilidad, como la que el quejoso refiere tener, ya que como se indicó, para definir la priorización de la población a vacunar, dicho documento indica que se realizó un análisis de la mortalidad observada en México, con base en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que consideró características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas y los resultados evidenciaron que los grupos priorizados en orden de prelación son en primer lugar el personal sanitario que enfrenta COVID-19; en segundo lugar Personas adultas mayores en el rango de los sesenta y mayores de ochenta años y enseguida personas con comorbilidad o comorbilidades. En consecuencia, es infundado que el documento en cita deje de considerar u omita algún sector de la sociedad, en particular de las personas vulnerables que padecen comorbilidades, sino que, como se indicó, se advierte que fue diseñada para que toda la población tenga la posibilidad de acceder a la vacunación contra el virus SARS-Cov2, priorizando su aplicación, considerando las dificultades de abasto de vacunas y las cuestiones técnicas expuestas, lo cual no la torna violatoria del derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, ante la ineficacia de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov-2, para la prevención del COVID-19 en México. Negativa que se hace extensiva a los efectos y consecuencias que de tal disposición derivan, en específico, la omisión de aplicar a OSCAR SALINAS RUIZ alguna de las vacunas contra el indicado virus, pues al encontrarse ajustada a los parámetros de regularidad constitucional la estrategia planificada para el orden de vacunación, es inconcuso que su ejecución no trasgrede los derechos fundamentales que se estimaron violados. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR OSCAR SALINAS RUIZ contra los actos y la autoridad señalada en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A OSCAR SALINAS RUIZ contra los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo y cuarto, por las razones contenidas en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Dirección General del Servicio Postal Mexicano, mediante el cual remite copia certificada de la forma SPM-78, relativa a la misiva 329, del control de este juzgado y comunica que la misma fue entregada a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Servicio Postal Mexicano, mediante el cual aduce remitir copia certificada de la forma SPM-78, relativa a la misiva 344, del control de este juzgado; el que se agrega a los autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que por auto de veintidós de marzo del año en curso, se tuvo informando que el oficio en comento, fue notificado a su destinatario el veinticuatro de febrero del presente año. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. *Nmtg.

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