Oscar Saldivar Ojeda
Expediente 1036/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Oscar Saldivar Ojeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Cuenta. El tres de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin necesidad de requerir a las partes para que se presenten para devolución de documentos, dado que en este asunto no fueron exhibidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Glósese en autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS-Sonora", con residencia en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento impuesto por auto de trece de septiembre del año en curso, y al efecto, remite constancias. Pruebas documentales. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; por lo que es procedente proveer lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda, el reclamo constitucional se hace consistir en la omisión de brindar atención médica adecuada, en atención a los padecimientos que aduce el impetrante. Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de los informes sobre la suspensión de plano, así como del informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables y las documentales remitidas por éstas, a las cuales se les otorgó plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, esto es el ocho de agosto de dos mil veintidós, las autoridades penitenciarias no habían proporcionado la atención médica requerida por el impetrante, toda vez que en su escrito inicial de demanda manifestó que padecía fuertes dolores en sus genitales, además de dolor de cabeza y debilidad visual; sin embargo, se advierte que el quejoso cuenta con seguimiento médico, pues de las notas médicas remitidas por las autoridades responsables, así como de las constancias de entrega de medicamentos, se obtiene que en fecha dos y once de agosto del año en curso, recibió la atención médica requerida; posteriormente, el tres y doce de agosto pasado, se efectuó la entrega de los medicamentos indicados por el médico tratante, a saber: Tramadol de 100 mg., una tableta diaria durante dos meses. Paracetamol de 500 mg., una tableta diaria durante tres meses, e Itraconazol de 100 mg., una tableta diaria durante ocho semanas. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, conforme a lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, en relación con la diversa XXI del numeral 61, ambas de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las nueve horas con treinta y seis minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, trece de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables al rendir informe respecto al requerimiento de cumplimiento de la suspensión de plano decretada, remitieron constancias de las que se advierte la atención médica brindada al impetrante Oscar Saldívar Ojeda, empero, no obra constancia que haga patente la entrega de los medicamentos indicados por el médico tratante, en atención a sus padecimientos. Requerimiento. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan constancias de las que se advierta la entrega del tratamiento indicado al impetrante, a saber: Tramadol de 100 mg., una tableta diaria por dos meses. Paracetamol de 500 mg., una tableta diaria por tres meses, e Itraconazol de 100 mg., una tableta diaria por ocho semanas. Diferimiento audiencia constitucional. En tal virtud, para dar oportunidad a lo acordado en párrafos que anteceden, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se señalan las nueve horas con treinta y seis minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se requiere cumplimiento. No obstante, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remitan constancia fehaciente que acredite la entrega a la aquí quejosa del cheque 1171604. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir, con lo anterior, se le impondrá multa a cada una equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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