Oscar Salazar Burelo
Expediente 1928/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1928/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Oscar Salazar Burelo
- Oscar Salazar Burelo y Otros.
- Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las trece horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1928/2021-VIII, se procede a celebrarla ante la presencia del el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos, y le informo que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de siete de enero del año en curso, a fin de precisar si señalaban como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que les fue impuesto el dieciséis de octubre del dos mil veintiuno, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin que hicieran manifestaciones al respecto. Acto seguido el Juez, acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, vista la cuenta que antecede, de los que se desprende, que ha transcurrido el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara por escrito si señalan como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que les fue impuesto el dieciséis de octubre del dos mil veintiuno, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito, por lo que no se tiene por ampliada la demanda de amparo respecto de dicha autoridad, continuándose el trámite del presente juicio de amparo por lo que respecta a los actos reclamados inicialmente y por las autoridades señaladas como responsables en este asunto. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las copias certificadas que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por sí y en representación de dicha dependencia, adjuntó a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan por su propia naturaleza; con lo anterior se cierra este período. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 936/2021 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes por desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Visto para resolver los autos del presente juicio de amparo 1928/2021-VIII promovido por Carlos Alberto Chable Contreras a favor de Oscar Salazar Burelo, contra actos del Fiscal General del Estado y otra autoridad, por violación a los artículos 14, 16 y 22; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado en línea el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno ante el secretario de guardia en turno, Carlos Alberto Chable Contreras a favor de Oscar Salazar Burelo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Fiscal General del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; el cual hizo consistir en la detención, incomunicación y tortura que aduce sufrió el directo quejoso. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados respecto a la detención, incomunicación y tortura, que se adujo era víctima el directo quejoso, ordenándose buscarlo con el fin de que manifestara si era su deseo ratificar la demanda de amparo presentada a su favor; por lo que una vez que se realizó la localización del directo quejoso en la Cárcel Pública de la Secretaria de Seguridad Pública, éste ratifico la demanda de amparo promovida a su favor. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver e presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo aplicable, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie se reclama actos cuya ejecución podría tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Sobreseimiento por negativa de actos. Al rendir sus respectivos informes justificados, el Fiscal General del Estado, autoridad señalada como responsable, negó expresamente los actos que se les atribuye; por su parte, el Director Jurídico en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, negó los actos consistentes en la incomunicación y tortura. En tal virtud, sin prueba en contrario de la parte quejosa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. - Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado autoridad señalada como responsable, manifestó que sí es cierto el acto reclamado consistente en la detención del quejoso Oscar Salazar Burelo; por tanto, se tiene por existente. Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la detención que se adujo sufrió el directo quejoso Oscar Salazar Burelo, que se relaciona con la sanción de un arresto administrativo, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que el referido quejoso fue omiso en señalar con el carácter de responsable a la autoridad que emitió dicho acto. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado por el directo quejoso Oscar Salazar Burelo, consistente en la detención derivada del arresto como sanción administrativa en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En efecto, de las constancias que en copias certificadas obran en autos, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 42, 79, de la Ley de Tránsito y Vialidad asó como el 448, 328, 452 y 449 de su Reglamento, la autoridad que ordenó la detención a propósito de la imposición de un arresto administrativo por veinticuatro horas al quejoso; sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de siete de enero de dos mil veintiuno, le dio vista al citado quejoso para que ampliara la demanda de amparo por dicha autoridad, mismo que se abstuvo de realizar, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento en el sentido de resolver únicamente respecto de la autoridad señalada inicialmente. Consecuentemente, tal actuación no puede ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputada a la autoridad que realmente la emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe el arresto impuesto como sanción administrativa al directo quejoso; también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalado como autoridad responsable el funcionario que emitió esa sanción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 y 192 de la Ley de Amparo se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Chable Contreras a favor de Oscar Salazar Burelo, contra los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables en este asunto, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de enero de dos mil veintidós, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo y si señala como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que le fue impuesto el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y si señala a ésta como autoridad responsable, por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan para su celebración las trece horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto que tienen su residencia en esta ciudad, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, siete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que del informe justificado y anexos remitidos por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se advierte que la detención reclamada por el directo quejoso, concluyó con una sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que le fue impuesto el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término legal establecido en el artículo 17 de la ley de amparo, manifieste por escrito si señala como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que le fue impuesto el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y si señala a ésta como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto dentro del término concedido para ello, el presente asunto se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades señaladas inicialmente en su demanda. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan para su celebración las ocho horas con diez minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto que tienen su residencia en esta ciudad, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Enrique Moreno Enriquez, en contra de los actos que reclama de las autoridades relacionadas en el resultando primero, y por las razones expuestas en el considerando segundo y cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintiuno, que las labores lo permitieron.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- Oscar José Rosado Flores1351/2021
- Oscar Julián Montero Cruz923/2020
- Oscar Martín Sánchez López1667/2023
- Oscar Renan Cachön López1638/2022
- Oscar René Kantún Cabrera248/2019
- Oscar Rene Sánchez Chacón1248/2022
- Oscar Santiago Canche Canul899/2020
- Oswaldo Emanuel Uitzil Och1633/2023
- Oswaldo Emmanuel López Ambrosio1249/2018
- Oswaldo Gómez Sosa1086/2018
- Oswaldo José Patrón Laviada808/2021
- Oswaldo Loret de Mola Coldwell791/2017