Oscar Ruiz Robles
Expediente 555/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oscar Ruiz Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia este juicio ha causado estado. II. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente principal como asunto concluido. III. En cumplimiento a lo señalado en el artículo décimo primero, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, como en la sentencia dictada en este juicio se sobreseyó fuera de audiencia, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. IV. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. V. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria Miriam Fabiola Núñez Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Agréguense los oficios y anexos señalados en la cuenta al expediente en que se actúa, mediante los que las autoridades responsables rinden su informe justificado, lo anterior con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del contenido de los oficios de la juez y secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro de este Estado, se advierte que remiten copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio natural 402/2017, entre las que se encuentran: el acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho, notificado el doce de junio siguiente. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria en términos del diverso numeral 2º, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia de epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, el quejoso reclamó la falta de acuerdo y notificación a su escrito de contestación de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mismo que fue presentado en la oficialía del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro de este Estado, al día siguiente. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que el quince de mayo de dos mil dieciocho se acordó su escrito de contestación de demanda de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, relativa al juicio 402/2017, lo que se le notificó el doce del mes y año que cursa; por lo que, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. No se soslaya que el quejoso señaló que el escrito del que se dolió de su falta de acuerdo, era relativo al juicio natural número 406/2017, toda vez que la responsable anexó copia del ocurso de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, la que resulta coincidente con la que se aportó como prueba por el peticionario del amparo, por lo que se concluye que se trata del mismo expediente (a más que la parte actora es quien fue señalada como tercera interesada), y que hubo un error de captura por parte del promovente del presente juicio en su contestación ante la autoridad primaria y en el escrito de demanda. En ese orden de hechos y consecuencias jurídicas, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente juicio de amparo fuera de audiencia, por tratarse de una causa notoria y manifiesta. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (diez horas con cuarenta minutos del diez de julio de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICOPOR LISTA)
- Principal
Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. [...]. La audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las diez horas con cuarenta minutos del diez de julio de dos mil dieciocho. Notifíquese.
- Principal
Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil dieciocho. En la razón actuarial de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho se hace constar la imposibilidad para emplazar a las terceras interesadas en el domicilio que proporcionó el quejoso. Por tanto, resérvese acordar lo relativo hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado y se pueda obtener mayores datos de las constancias que llegaren a remitir para indagar sobre el domicilio de las terceras interesadas. Notifíquese.
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