Óscar Ruíz Martínez
Expediente 106/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 63 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 63
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Óscar Ruíz Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 63.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que firma la Jefa de Área de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, se le tiene informando que sí cuentan con personal para realizar a la parte quejosa el estudio socioeconómico solicitado en acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, y que será la licenciada en Trabajo Social ****, la encargada de llevarlo a cabo. Se requiere autoridad. En atención a lo anterior, infórmese a dicha Procuraduría Social que la parte quejosa es ****, y su domicilio está ubicado en ****. Por tanto, se le requiere para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique el presente auto, remita el resultado del estudio socioeconómico que realice a la parte quejosa, o en su defecto, la causa legal que se lo impida. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 -diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional-, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización -UMA- es equivalente a $103.74 -ciento tres pesos 74/100 moneda nacional-. En el entendido de que, la parte quejosa tendrá que estar a disposición de la trabajadora social aludida para que esté en aptitud de emitir el estudio socioeconómico requerido, a fin de existir en autos indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio 47780/2023, girado el diecisiete de noviembre del año en curso, se requirió al Director de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, informe si cuenta con personal, para efecto de que, en auxilio y por comisión de este Juzgado, realice a la parte quejosa un estudio socioeconómico, en el que se desprenda si cuenta o no con los medios económicos suficientes para cubrir el costo de la publicación de los edictos, a fin de emplazar a la parte tercero interesada en el presente juicio de amparo; sin que a la fecha obre el acuse de recibo, ni el informe respectivo. Diferimiento. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan las diez horas con diez minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración.
- Principal
Téngase por recibido el escrito que suscribe el quejoso ****, mediante el cual, en atención al proveído de seis de noviembre actual, informa su domicilio actual, y reitera su imposibilidad para cubrir el pago de los edictos a fin de emplazar a la parte tercero interesada en el presente juicio de amparo, solicitando se ordene la publicación de los mismos sin costo para dicha parte, y estos sean a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio. Asimismo, téngasele precisando y designando como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en el escrito de referencia. Estudio socioeconómico. Ahora bien, a fin de obtener mayores elementos para verificar la imposibilidad a que alude la parte quejosa, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2°, gírese atento oficio al Director de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente auto, informe si cuenta con personal, para efecto de que, en auxilio y por comisión de este Juzgado, realice a la parte quejosa Oscar Ruíz Martínez, un estudio socioeconómico en el que se desprenda si cuenta o no con los medios económicos suficientes para cubrir el costo de la publicación de los edictos; lo anterior, en virtud de que dicho trámite resulta fundamental para la debida substanciación del presente sumario constitucional, y así otorgar al promovente una impartición de justicia pronta y expedita y no dejarlo en un estado de desprotección, desventaja o discriminatorio por razón del factor económico, lo anterior con apoyo en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apercibimiento. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá el medio de apremio previsto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 259, de esa misma Ley, consistente en una multa de cincuenta unidades de medida y actualización -UMA-, vigente al momento de su aplicación, esto es, $5,187.00 -cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional-. En el entendido que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización -UMA- es equivalente a $103.74 -ciento tres pesos 74/100 moneda nacional-. Sin que lo anterior sea impedimento para que la parte quejosa pueda ofrecer diversas probanzas con el fin de acreditar su dicho respecto del estado de imposibilidad en que se encuentra, si así lo estima pertinente. Cobra aplicación al respecto, la tesis de la Décima Época, con registro 2008746, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable dentro de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su libro 16, marzo de 2015, tomo II, 1a. CXXIII/2015 (10a.), localizable a página 1110, la cual es del rubro y textos siguientes: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso".
- Principal
Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad que existe para notificar a la parte quejosa, el acuerdo de seis de noviembre del año en curso, por las razones que se exponen en la misma. Notifíquese por lista de acuerdos. En consecuencia, al tener el quejoso que vigilar la prosecución del juicio, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, practíquese dicha notificación mediante lista de acuerdos para su conocimiento y efectos legales conducentes; así como las subsecuentes notificaciones, inclusive las que de carácter personal le resulten, hasta en tanto señale domicilio procesal. Tiene aplicación al caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia siguiente: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.
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