Oscar Ruiz Albores y Otros.
Expediente 370/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/08/2021
Partes del expediente
- Oscar Ruiz Albores y Otros.
- Juaz Segundo Especializado en Matecia Burocrática del Poder Judicial del Estado
- Oscar Ruiz Albores
Actuaciones
- Principal
EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, el hecho que esté transcurriendo para la autoridad responsable el plazo que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues dado la naturaleza de ésta, no tiene legitimación para interponer el recurso descrito en el cuerpo normativo en cita y, la única que pudo inconformarse es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. "Sirve de sustento, la jurisprudencia 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 23 del Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, registro 183709, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Asimismo, no es obstáculo para lo anterior, que no obre en autos el acuse de notificación del oficio 24772/2021, dirigido al tercero interesado Secretaría de Educación, residente en esta ciudad que contiene la resolución constitucional dictada en el presente juicio de amparo; en virtud que, como lo refiere el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado; de ahí que, las responsables y los terceros interesados, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos; consecuentemente, si en el caso se decretó el sobreseimiento en el juicio, es evidente que el mismo no afecta al citado tercero interesado, por ende, no está legitimada para interponer recurso en contra del referido fallo, por lo que se estima, como se dijo, que el mismo ha causado ejecutoria. Tiene apoyo lo anterior en la Tesis, cuyo rubro y texto son: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso a), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvanse a la autoridad responsable Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial ldel Estado, con sede en esta ciudad,, las copias certificadas del expediente 1525/2020 antes 1309/2021, que remitió como apoyo a su informe de ley; sin que se estime necesario solicitar acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación hace las veces de acuse. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Audiencia y Sentencia Constitucional En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VIENTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 370/2021-V, promovido por Oscar Ruíz Albores, Heriberto Dionicio González Sánchez, Francisco González Sánchez, Roger Pérez Pérez y Claudia Janeth Flores Aguilar, con apoyo en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y además privilegiando el trabajo a distancia a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, en el caso conferencia telefónica, con fundamento en lo previsto por el artículo 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la presente acta ante la presencia del licenciado José Daniel Serrano Meléndez, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas mediante oficio CCJ/ST/1077/2021, de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo citado realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", asistido de la Secretaria con quien actúa y da fe, licenciada Annais Elena López Maya. Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, sin la participación de las partes, no obstante que en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se les hizo del conocimiento sobre su derecho de estar presentes en la misma, sin que al efecto hayan manifestado su deseo de ejercer tal prerrogativa. Seguidamente, se hace relación y se da lectura de las constancias que obran en autos consistentes en original del escrito de demanda de amparo promovida por Oscar Ruíz Albores, Heriberto Dionicio González Sánchez, Francisco González Sánchez, Roger Pérez Pérez y Claudia Janeth Flores Aguilar; auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en donde se tuvo por admitida la demanda, se solicitaron los informes de ley, se dio intervención legal a la agente del ministerio público federal, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia; proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por rendido el informe de ley del Secretario de Acuerdos de Juzgado, en funciones de Juez Segundo en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y se difirió la audiencia a fin de dar la vista correspondiente a las partes con el mismo y se fijó nueva fecha. El SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO ACUERDA: Téngase por hecha la relación y lectura de las constancias que obran en autos. Seguidamente SE ABRE EL PERÍODO PROBATORIO. Donde la Secretaria hace constar que la autoridad responsable Secretario de Acuerdos de Juzgado, en funciones de Juez Segundo en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, acompañó a su informe de ley, copia certificada del expediente laboral 1525/2020 antes 1309/A/2011, a partir del laudo de ocho de agosto de dos mil catorce. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, y en atención a su especial naturaleza, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales indicadas. SE CIERRA EL PERÍODO PROBATORIO. Seguidamente, SE ABRE EL PERÍODO DE ALEGATOS. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. SE CIERRA EL PERÍODO DE ALEGATOS. A continuación, el Secretario en encargado del Despacho procede a dictar la sentencia correspondiente: Vistos para resolver los autos relativos al juicio de amparo 370/2021-V, promovido por Oscar Ruíz Albores, Heriberto Dionicio González Sánchez, Francisco González Sánchez, Roger Pérez Pérez y Claudia Janeth Flores Aguilar, contra actos del Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ESCRITO DE DEMANDA. Por escrito recibido el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales y sellado en la oficialía de partes de este juzgado el veinticuatro siguiente, a quien por razón de turno le toco conocer de la demanda promovida por Oscar Ruíz Albores, Heriberto Dionicio González Sánchez, Francisco González Sánchez, Roger Pérez Pérez y Claudia Janeth Flores Aguilar, quien solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se especifican: "III.- Autoridades Responsables, tienen ese carácter: Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con domicilio en Avenida Sabino número 350, Fraccionamiento El Bosque, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. IV.- Actos Reclamados: Al Juez de Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado. La omisión y ejecución de la responsable de aplicar los instrumentos o medidas legales necesarias bastas y suficientes para garantizar en inmediato y eficaz cumplimiento del laudo de fecha 12 de mayo de 2011, emitido en el expediente laboral anterior número 1309/A/2011, actualmente 1525/2020" La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas, principalmente las contenidas en los artículos 1,14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISION DE DEMANDA Y TRÁMITE. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, a quien por razón de turno le tocó conocer de la demanda planteada, la tuvo por recibida, la registró en el Libro de Gobierno bajo el número 370/2021-V, la admitió a trámite; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, ordenó correr traslado a la parte tercero interesada, dio la intervención que por ley corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO. En términos de los artículos 74, fracción I y 76 de la Ley de Amparo vigente, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: La omisión del Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, de no tomar las medidas necesarias para que la parte demandada cumpla con el pago del laudo de doce de mayo de dos mil once, emitido dentro del expediente laboral 1525/2020 antes 1309/A/2011, de su índice. Tiene aplicación, la tesis que adelante se trascribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, no obstante haberlos negado, pues realizó manifestaciones que evidencian su certeza al rendir informe con justificación, al referir que a la fecha en que rendía el mismo, la parte quejosa no se había apersonado ante ese Juzgado a fin de solicitar fecha y hora para llevar a cabo la ejecución del laudo. La certeza de los actos reclamados se corrobora con la copia certificada relativas al expediente laboral 1525/2020 antes 1309/A/2011, remitidas por la misma en apoyo a su informe con justificación; en donde se aprecia el laudo de doce de mayo de dos mil once, mediante el cual condena a la Secretaría de Educación, al pago de diversas prestaciones. El valor jurídico del informe justificado encuentra apoyo en los criterios siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. IMPROCEDENCIA. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con los artículos 61, 62 y 63, de la Ley de Amparo; y de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1985, Parte VIII, materia Común, página 262, registro 395571, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Esto es, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo. Al efecto, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace al acto reclamado, ya que -como lo argumenta la responsable- se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: De la lectura de dichos numerales, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos jurídicamente inexistentes a la fecha de presentación de demanda o bien aquellos futuros de realización incierta. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que, tratándose de demandas de amparo en las que se reclamara la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo intentado era improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXIII, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; en virtud que el procedimiento de ejecución forzosa establecido en la Ley Federal del Trabajo requería, no solamente la solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, al advertirse la necesaria participación de la parte vencedora en las diversas actuaciones para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), consultable en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión concreta verificada en la etapa de ejecución del laudo, tanto el análisis de la procedencia del juicio de amparo, como la eventual concesión de la protección Constitucional, debían ceñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos futuros de incierta realización, pues al requerir impulso del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Asimismo tiene aplicación la Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.), con registro 2000011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". En la especie, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de vigilar el debido cumplimiento al laudo de doce de mayo de dos mil once, en los autos del expediente laboral 1525/2020 antes 1309/A/2011. Al respecto, se precisa que en el procedimiento de ejecución de los laudos regulado por la Ley Federal del Trabajo, corresponde a las autoridades jurisdiccionales respectivas dictar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, para ello, requieren necesariamente del impulso procesal de la parte que obtuvo; por tanto, la hipótesis contenida en la tesis jurisprudencial previamente relacionada tiene su génesis en la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es indispensable la intervención del ejecutante para el inicio y prosecución de dicha etapa. En ese escenario, se arriba a la conclusión que el reclamo de la parte quejosa se encuentra dentro de la etapa de ejecución del juicio laboral de origen, y constituye un reclamo genérico que conduce a sobreseer el presente sumario. Es así, dado que se está en presencia de un acto futuro y de realización incierta, pues como se estableció, la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, etapa en la que si bien cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, la ejecución de laudo, una vez trascurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, en términos de su numeral 8, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, pues no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. En consecuencia, dado que en el caso se reclama que la responsable no ha tomado las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo, resulta incuestionable que el juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto reclamado. En consecuencia, se actualiza la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción IV. De lo anterior se sigue que, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo, pues de acuerdo a lo expuesto existe un fehaciente motivo de improcedencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, fracción V, y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Oscar Ruíz Albores, Heriberto Dionicio González Sánchez, Francisco González Sánchez, Roger Pérez Pérez y Claudia Janeth Flores Aguilar, contra la autoridad responsable Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, contra el acto precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo provee y firman de manera electrónica, con fundamento en lo previsto por el artículo 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el licenciado José Daniel Serrano Meléndez, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas mediante oficio CCJ/ST/1077/2021, de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo citado realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; quien actúa con la licenciada Annais Elena López Maya, Secretaria que autoriza y certifica que el presente acuerdo, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovido por ..., contra el Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la responsable en aplicar los instrumentos o medidas legales necesarias para garantizar el inmediato y eficaz cumplimiento del laudo de doce de mayo de dos mil once, emitido en el expediente laboral 1309/A/2011, actualmente 1525/2020, de su índice; ... se ADMITE LA DEMANDA, fórmese expediente y regístrese su ingreso con el número 370/2021-V, en el libro de gobierno respectivo. Sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado. ... pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, ... cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá lugar a las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. ... dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. ... téngase con el carácter de tercero interesado a la Secretaría de Educación, con residencia en esta ciudad, quien deberá ser emplazado a juicio por medio de oficio, el cual será entregado en el domicilio de su oficina principal, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de la Materia, anexando para dicho efecto copia simple de la demanda de amparo. ...se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda y como autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ..., por encontrarse registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Y ... únicamente para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de autos a ..., en virtud de no encontrarse registrada su cédula profesional ... ... se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales que anexa a su escrito de cuenta, ... ... se les hace del conocimiento que podrán hacer uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser; siempre y cuando, el medio que se utilice no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este órgano jurisdiccional,...
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