Oscar Rubén Treviño Sánchez

Expediente 628/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
628/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Oscar Rubén Treviño Sánchez
  • Juez de Control del Cuarto Distrito Judicial de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del H. Supremo Tribunal de Justicia en el estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

  1. Principal

    El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, la suscrita licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, certifico y hago constar: Que el término de quince días hábiles concedido al quejoso Jaime Guarneros Requena, en su carácter de secretario general del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios "Movimiento 20/32", para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación a la vista que se le dio en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la sentencia constitucional emitida por este Juzgado, dentro del juicio de amparo ********************, promovido por el antes referido (fojas 138 a 140), le transcurrió del uno al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, sin que haya hecho manifestación alguna; sin contabilizar los días veintiocho y veintinueve de noviembre, así como el cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de diciembre del año próximo pasado, dado que son inhábiles conforme al dispositivo 19 de la ley de la materia; de igual forma, que no se ha recibido escrito alguno en el que se interponga recurso de queja en contra del referido auto; y que no existen agregados al presente asunto documentos originales exhibidos por las partes. Lo anterior se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. La Secretaria. El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los autos del juicio de amparo ********************. Conste. La Secretaria.Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Por otra parte, examinada la certificación de cuenta, se advierte q ue el término de quince días hábiles concedido al quejoso Jaime Guarneros Requena, en su carácter de secretario general del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios "Movimiento 20/32", para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación a la vista que se le dio en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la sentencia constitucional emitida por este Juzgado, dentro del juicio de amparo ********************, promovido por el antes referido (fojas 138 a 140), le transcurrió del uno al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, sin que haya hecho manifestación alguna; por tanto, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se tiene por consentida dicha resolución. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, siete de octubre de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el licenciado Jorge Alberto Rodríguez Loera; en consecuencia, regístrese en el libro respectivo con el número 628/2020-I. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso, numeral que a la letra establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En ese sentido, toda vez que la presente promoción se recibió por la vía electrónica, tal y como se desprende de la evidencia criptográfica que al efecto se exhibe, con fundamento en los artículos 3 y 6 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que prevén: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Descrito lo anterior, del estudio del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo, se desprende que el procedimiento de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual se hace constituir en que el juicio de derechos fundamentales sólo podrá ser promovido por el propio quejoso; y, en el supuesto que emane de un procedimiento penal, podrá ser promovido por la defensa de la parte quejosa o cualquier persona, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En ese aspecto, en primer término, sustancialmente dispone que las promociones que sean presentadas para la tramitación del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa (vía indirecta), deberán hacerse por escrito; excepcionalmente, podrán ser orales, siempre y cuando sean formuladas en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley de Amparo. Por otra parte, en cada una de las promociones o escritos presentados por las partes, deberá constar la firma autógrafa o huella digital de quien promueve el juicio de amparo. Adicionalmente, la Ley de Amparo, en su artículo 3°, confiere el derecho a las partes de presentar promociones en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Expuesto lo anterior, no ha lugar a admitir la demanda que nos ocupa, toda vez que de la demanda que se atiende, fue recibida vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asentándose que la misma fue presentada en línea, firmada electrónicamente por Jorge Alberto Rodríguez Loera, lo cual se corrobora previo análisis del mencionado escrito, como de la evidencia criptográfica que al efecto se exhibe. De lo anterior, se concluye que al no haber estampado directamente los quejosos Oscar Rubén Treviño Sánchez y Oscar Rubén Treviño Treviño, su firma electrónica o, la promoción que se atiende deviene en un ocurso en el que no se incorpora la voluntad de los directamente agraviados, ello en relación con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, en el aspecto de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona jurídica individual o colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado (principio de agravio personal y directo), por lo que se concluye que no existe manifestación de voluntad expresa, ya que no está firmada por éstos (Oscar Rubén Treviño Sánchez y Oscar Rubén Treviño Treviño) y por tal, no puede ser admisible un escrito anónimo carente de autenticidad. No se soslaya que el escrito de demanda, fue firmado electrónicamente por Jorge Alberto Rodríguez Loera, autorizado por los quejosos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; empero, ello es insuficiente para tener por acreditada la voluntad de los promoventes, pues no se advierte que tengan autorizada firma electrónica para el efecto de tener por satisfecho el requisito que prevé el artículo 3° de la Ley de Amparo. Además, Jorge Alberto Rodríguez Loera, en su carácter de autorizado de la parte agraviada, carece de facultades para promover la demanda de garantías, pues su personalidad únicamente le permite interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la autorizante, pero no para promover la demanda de amparo, dado que es un acto personalísimo atribuible a la parte quejosa. Por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el artículo 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la de la ley la materia, en relación con los preceptos legales invocados con antelación, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. Por las razones que la informan, es aplicable la Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Gaceta, Tomo III, Septiembre de 2017, Décima Época, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." De igual forma, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, decima Época, con número de registro 2019715 que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Así como, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, decima Época, con número de registro 2018943 que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere. Asimismo, como lo solicita la parte agraviada, y conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo; en términos de los numerales 5, 6, 12 y 15 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, al encontrarse registrados ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuarios JMAXCT55 y LOERA, se les autoriza para los efectos que refieren únicamente en el presente expediente. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de dicha ley, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que la Actuaria adscrita a este tribunal, realice las notificaciones relativas a este asunto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Rodríguez Loera. Notifíquese personalmente.

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