Oscar Rosas Sanchez

Expediente 291/2016 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 35 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
291/2016
Año
2016
Actuaciones
35
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • OSCAR ROSAS SANCHEZ y Otros.
  • Oscar Rosas Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "..Ensenada, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos los oficios que remiten el Delegado del Secretario de la Defensa Nacional, y Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ambos con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales informan los actos realizados en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto; y, al efecto la autoridad mencionada en segundo término remite documentales en copia certificada para demostrarlo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado al fallo protector por parte de las autoridades responsables..."

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto, el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante auto de uno de agosto del año en curso, se vinculó al cumplimiento del fallo protector a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México, y se le requirió para que acreditara haber cumplido con el requerimiento de tres de julio pasado, mediante oficio 17475/218, el cual le fue remitido por el Fiscal General de Justicia Militar; en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el telegrama enviado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Jefe de la Sección de Amparo, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en atención al proveído de uno de agosto del año en curso, informa que se encuentra efectuando las acciones necesarias para cumplir con el fallo protector, de conformidad con los trámites administrativos internos que deben desahogarse en esa dependencia del ejecutivo federal, motivo por el cual solicita prórroga para dar cumplimiento al mismo; por tanto, téngase a la citada autoridad informando que se encuentra realizando las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado dentro de este asunto; por lo que se tiene en vías de cumplimiento. Ahora bien, y en atención a la solicitud realizada por la autoridad oficiante, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga al General de Brigada Justicia Militar y Licenciado Alejandro Ramos Flores, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, el plazo de diez días hábiles para que cumpla con la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa y remita las constancias que demuestren el cumplimiento a la misma, o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de uno de agosto de dos mil dieciocho, es decir, se le impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, conforme a los artículos 192 y 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos de referencia, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Finalmente, no obstante lo anterior, requiérase al General de Brigada Justicia Militar y Licenciado Alejandro Ramos Flores, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, para que en el término de tres días hábiles remita copia certificada de las constancias con las que acredite los actos tendentes al cumplimiento del fallo protector, en el entendido que subsisten los apercibimientos decretados en proveído de uno de agosto del año en curso, a los que se hizo referencia en párrafos precedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Lorey del Rocio Cacho Barraza, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el telegrama que remite la autoridad responsable Fiscal General de Justicia Militar con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto; asimismo, en términos de los artículos 80 y 80 bis del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de junio de dos mil dieciséis, solicita que los posteriores requerimientos sean dirigidos a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, toda vez que del mencionado oficio se desprende que una diversa autoridad tiene intervención en la ejecución del fallo protector, se vincula a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México, y se le requiere para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, acredite haber cumplido con el requerimiento de tres de julio pasado, mediante oficio 17475/218, el cual le fue remitido por el Fiscal General de Justicia Militar (en el ámbito de su competencia); apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización..Asimismo, conforme al artículo 192 de la misma Ley reglamentaria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente..Por otra parte, se hace del conocimiento de la citada autoridad que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.. Igualmente, requiérase al Secretario de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida, para que ordene a ésta cumplir con la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento para el caso de no demostrar que dio la orden referida, dentro del plazo de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a su titular una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, ..

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se desprende que mediante oficio SEADS/698/2018 de treinta de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción del que suscribe al Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de junio del mismo año. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Actuaria judicial del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California y anexos que acompaña, consistentes en expediente original del juicio de amparo 291/2016 constante de un tomo y testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 105/2018, de su índice, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se declara firme el primer resolutivo en relación con el tercer considerando de la sentencia recurrida, por el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio constitucional. SEGUNDO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia impugnada. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a Óscar Rosas Sánchez, contra las autoridades responsables y actos precisados en el considerando séptimo de la sentencia recurrida. [.]." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable General Secretario de la Defensa Nacional Fiscalía General de Justicia Militar, con residencia en la Ciudad de México, para que de inmediato cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, debiendo dentro del término de tres días hábiles, ..Igualmente, requiérase al Secretario de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a ésta cumplir con la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento para el caso de no demostrar que dio la orden referida, dentro del plazo de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a su titular una multa de se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización.. Por otra parte, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes, sin embargo para evitar duplicidad de constancias, se ordena agregar solo las actuaciones originales que obran en éste. Ahora bien, se ordena guardar en la Secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas que integran el cuaderno de antecedentes para que en un futuro, de ser necesarias, se utilicen para los efectos conducentes, esto es, por economía procesal y en estricto apego a la cultura de la austeridad presupuestal promovida por el Consejo de la Justicia Federal.

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