Oscar Roman Aguilar Sandoval
Expediente 649/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Oscar Roman Aguilar Sandoval
Actuaciones
- Principal
Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de veintiuno de junio del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista la demanda de amparo formulada por Oscar Román Aguilar Sandoval, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Tampico, Tamaulipas; fórmese el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 649/2019-II-B. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ** se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Tampico, Tamaulipas, lo siguiente: ? La omisión de acordar el escrito de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente laboral **. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que se actualiza en el presente asunto. En ese sentido, en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, a su vez en concatenación con las Jurisprudencias con números de registro 2011580 y 2019400. Ahora bien, las normas jurídicas de fuente legislativa aludidas en el párrafo anterior, establecen lo siguiente: [.] De lo anterior, se advierte que la última fracción del artículo 61 citado, no establece un motivo concreto de improcedencia, pues requiere complementarse con otra norma jurídica, ya sea de fuente legislativa o de fuente jurisprudencial -lo que sucede con la fracción X del numeral 107 de la Ley de Amparo y con las Jurisprudencias con números de registro 2011580 y 2019400-. Del análisis de lo expuesto, tenemos que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose como tal, aquellos que son susceptibles de afectar directa o indirectamente derechos sustantivos, los cuales consisten en los bienes que se identifican con la vida, tales como los patrimoniales que surgen de las relaciones de la familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, entre otros; a diferencia de los denominados adjetivos, que son reglas para obtener del Estado la garantía del goce de aquellos bienes de la vida, pues tales derechos no tienen por sí mismos objeto propio de ejercicio. De ahí que las violaciones procesales no pueden impugnarse vía amparo indirecto, pues depende de que su violación llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, y es cuando éstas deben ser combatidas mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o auto que ponga fin al juicio. Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como último medio de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. Derivado de la anterior Jurisprudencia, se estableció, como regla general, la notoria improcedencia del juicio de amparo en contra de omisiones para acordar alguna promoción o algún acuerdo que repercuta en la prosecución del juicio de origen, a menos que del contenido de la demanda de amparo, se advirtiera una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, en cuyo caso el controvertido constitucional sería procedente. Bajo ese contexto, en la actividad jurisdiccional, quedó a criterio de los Juzgadores lo que debía entenderse por "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total"; sin embargo, a partir del cuatro de marzo del presente año, se considera de aplicación obligatoria, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, la siguiente Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y texto que se cita***: En tal virtud, queda de manifiesto que el Máximo Tribunal del país, en concreto su Segunda Sala, estableció que se actualiza la excepción referida en párrafos precedentes, esto es, la abierta dilación del procedimiento, cuando transcurran 45 días de calendario, contados desde el fenecimiento del plazo en el que se debió dictar el acto procesal cuya omisión se reclama. En ese orden de ideas, el promovente reclama la omisión de acordar el escrito de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente laboral **** y de conformidad con el numeral 838 de la Ley Federal del Trabajo , la Junta responsable cuenta con cuarenta y ocho horas para acordarlo. En tal virtud, el treinta y uno de mayo del año en curso fue el último día que tuvo la autoridad responsable para acordar el ocurso aludido en el párrafo anterior; por consiguiente, resulta evidente que el plazo de cuarenta y cinco días naturales aún no fenece, pues a la presente data, han transcurrido únicamente veinte días naturales; de ahí que, al tenor de la Jurisprudencia citada en párrafos precedentes, no existe dilación abierta en el procedimiento laboral ****. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Oscar Román Aguilar Sandoval. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala para tal efecto, en virtud de que el promovente es la parte actora dentro del procedimiento laboral de origen. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente expediente. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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