Oscar Rolando Herrera De León

Expediente 588/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
588/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Oscar Rolando Herrera De León
  • Titular de la Segunda Ponencia de la Sala Penal Colegiada "C"

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    AVISO PARTE TERCERA INTERESADA Y AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y toda vez que se tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se pronuncia en los siguientes términos: II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que mediante sentencia emitida el trece de enero de dos mil veintidós, por parte del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, revocó la dictada por este órgano jurisdiccional y concedió el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso, para efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el Toca de apelación ****; y Emita otra, en la cual, partiendo de las consideraciones precisadas en el presente fallo, estime que, para resolver sobre la solicitud de prescripción de la reparación del daño planteada por ****, debe atenderse a la norma específica, prevista en la segunda parte, del párrafo tercero, del artículo 126 del Código Penal para el Estado de Durango. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se desprende que realizaron lo siguiente: Mediante oficio ****, el Magistrado Titular de la Segunda Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado, transcribió el acuerdo que emitió el uno de febrero de dos mil veintidós, por el que dejó sin efectos la resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación ****de su índice. Por oficio ****, la Jueza Primera de Ejecución de Sentencias del Estado, comunicó que como autoridad ejecutora, estaba a la espera de lo que resolviera la sala responsable a fin de estar en condiciones de ordenar el archivo definitivo de la carpeta de ejecución. De igual forma, por diverso comunicado ****, el Magistrado Titular de la Sala Penal Unitaria "C" en cumplimiento a dicha sentencia, remitió la resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, emitida en el citado toca, por la cual revocó la resolución de veintidós de febrero del año anterior dictada en la carpeta de ejecución ***, relativa a la causa penal *** en la que se había declarado prescrita la potestad para ejecutar la reparación del daño a que fue condenado el sentenciado, aquí quejoso, por la comisión del delito de lesiones culposas, en agravio del tercero interesado ***y, partiendo de las consideraciones precisadas en el fallo del superior jerárquico, dictó otra en la que declaró prescrita la reparación del daño pero por diversos motivos. IV. Vista a las partes y manifestaciones. Con esa información, mediante acuerdo de ocho de febrero del año en curso, se dio vista a las partes, quienes realizaron diversos argumentos en relación con el cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector. Al respecto, el tercero interesado adujó que la Sala responsable no tomó en cuenta que el ilícito por el que se condenó a ****, ocurrió en el año dos mil seis, por lo que el Código Penal vigente en ese año, en su artículo 136, establecía: "la reparación del daño prescribe en diez años contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la sentencia", por lo que conforme a esa legislación aún está trascurriendo la prescripción, si se toma en cuenta que dicha legislación resulta más favorable. Señaló que la sala no tomó en cuenta promociones y actuaciones que interrumpieron el término de prescripción. Continúa diciendo que existe jurisprudencia que establece que la reparación del daño en un proceso penal no está sujeta al término de prescripción a que alude el artículo 126 del Código Penal de Durango, ya que la reparación del daño cumple una función social donde el Ministerio Público se encuentra obligado a solicitar la condena respectiva y el juez a resolver lo conducente, citando la tesis de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL PROCESO PENAL. A LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS DE LA PRESCRIPCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN". Por su parte, el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía de Procedimientos Penales, manifestó que la responsable únicamente se concretó a tomar en cuenta lo establecido en el artículo 126 del Código Penal para el Estado; empero, en ningún momento garantizó al sujeto pasivo la restitución del daño, por lo que la resolución fue parcial, arbitraria, que no se tomó en cuenta lo que establece el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la carta magna y conforme al numeral 1, párrafo tercero, constitucional, garantizar a la víctima que los hechos constitutivos de lesiones culposas sean sancionados y reparados. Indicó que se contravienen diversos artículos de la Ley General de Victimas, porque es obligación de la autoridad jurisdiccional garantizar que el monto del concepto de reparación del daño sea integral y el órgano jurisdiccional no abordó el estudio del incidente de reparación del daño. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que por acuerdo emitido el uno de febrero de dos mil veintidós, se dejó sin efectos la resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación ***del índice de la Segunda Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado; de ahí que cumplió con el primer efecto de la ejecutoria de amparo. Por lo que respecta al segundo efecto de concesión de amparo también se acató, toda vez que por resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala Penal Colegiada "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, al resolver sobre el recurso de apelación que le fue planteado, partió de las consideraciones expuestas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, atendió a la norma específica y determinó que conforme al artículo 126 del Código Penal del Estado de Durango, la reparación del daño prescribía en un tiempo igual al de la pena privativa de libertad impuesta, por lo que si en el caso el sentenciado fue condenado a una pena de prisión de tres meses, ese mismo lapso de tiempo fue el que necesitó para que le prescribiera la potestad para ejecutar la reparación del daño. Ahora, contrario a lo que aducen los terceros interesados, la sala responsable no tenía la obligación de analizar la prescripción tomando en cuenta el Código Penal vigente en el año dos mil seis, que fue cuando ocurrieron los hechos sentenciados, así como precisar que la reparación del daño en un proceso penal no está sujeta al término a que alude el artículo 126 del Código Penal de Durango o garantizar al sujeto pasivo la restitución del daño, en virtud de que esas cuestiones son ajenas al fallo protector, dado que los lineamientos expuestos en dicha ejecutoria fueron únicamente para que se estableciera que tratándose del término para que opere la prescripción para solicitar la reparación del daño, se debe atender únicamente a la especialidad de la norma, esto es, que el plazo deberá ser igual al de la pena que se imponga por el delito cometido. Para explicar mejor lo infundado de sus manifestaciones, es necesario transcribir parte de la sentencia emitida por el superior, en la que resolvió lo siguiente: "[.] Del citado ordinal, en lo que interesa, se desprenden las distintas temporalidades en las cuales prescribirán las penas impuestas con motivo de la comisión de una conducta ilícita, sancionada por la ley penal. Así, dicho dispositivo establece que la pena consistente en la reparación del daño prescribirá en un tiempo igual al de la pena privativa de libertad que haya sido impuesta. Bajo ese contexto, este Tribunal Colegiado estima que la legislación penal del Estado de Durango regula claramente el plazo para la prescripción de la reparación del daño, que será un tiempo igual al de la pena privativa de libertad impuesta, por lo que, si al quejoso, aquí recurrente, se le dictó sentencia condenatoria al acreditarse su responsabilidad penal en la comisión del delito de lesiones cometido en forma culposa, a cuyo efecto se le impusieron tres meses de prisión; por ende, la potestad para ejecutar la pena consistente en la reparación del daño a que fue condenado prescribirá en el mismo término. [.] Por tanto, fue incorrecto que el juez de Distrito considerara apegado a derecho que la Sala responsable, aplicara la regla general de prescripción de dos años que contempla el artículo 126 del Código Penal para el Estado de Durango, cuando refiere que "las demás" sanciones prescriben en un tiempo igual al que deberían durar pero no puede ser inferior a dos años, ya que conforme al criterio de especialidad lex specialis derogat legi generali, la norma especial debe preferirse a la general ya que establece casuísticamente la regla que debe operar al resolver sobre el lapso de prescripción de la potestad de ejecutar las penas, al precisar que, respecto de la reparación del daño, la facultad para ejecutarla es en un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta. En efecto, la responsable determina en perjuicio de los derechos fundamentales del quejoso, la aplicabilidad del segundo párrafo del precepto legal 126 del Código Penal para el Estado de Durango, cuando, como ya se vio, al prever este precepto legal específicamente un plazo específico para la prescripción de la ejecución de la pena de reparación del daño, es conforme a la disposición específica de éste que la Sala responsable debió resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución incidental de prescripción de la reparación del daño a la que fue condenado el disconforme. [.] Por tanto, si al emitir la resolución reclamada, la autoridad responsable aplicó indebidamente lo dispuesto en el referido artículo 126 del Código Penal para el Estado de Durango, es evidente que su actuación infringió en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal consagrado en el artículo 14 de la Constitución General de la República, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la Segunda Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el Toca de apelación 16PU/2021; y 2. Emita otra, en la cual, partiendo de las consideraciones precisadas en el presente fallo, estime que, para resolver sobre la solicitud de prescripción de la reparación del daño planteada por ****, debe atenderse a la norma específica, prevista en la segunda parte, del párrafo tercero, del artículo 126 del Código Penal para el Estado de Durango [.]" Como se advierte, el Tribunal Colegiado no otorgó plenitud de jurisdicción a la sala responsable para resolver sobre la figura de la prescripción de la reparación del daño, sino que le dio lineamientos específicos que debía acatar, lo cual, como ya se mencionó, sí lo hizo. En suma, tampoco es cierto lo manifestado por el tercero interesado en el sentido de que la mencionada sala no tomó en cuenta promociones y actuaciones que, a su parecer, interrumpieron el término de prescripción. Se afirma lo anterior, habida cuenta que dicha responsable expuso en la resolución de tres de febrero de dos mil veintiuno, que el plazo para ejecutar la reparación del daño, empezó a contarse a partir del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que tomando en cuenta la condena que le fue impuesta al sentenciado (tres meses), concluyó el mencionado lapso el diecinueve de diciembre de esa misma anualidad, en tanto que fue hasta el seis de febrero de dos mil diecinueve, cuando el ministerio público a través del oficio ****, solicitó a la juez de ejecución se le corriera traslado con las constancias que obraban en la carpeta de ejecución, para dar inicio a dicho procedimiento de reparación, de ahí que consideró que ya había prescrito el derecho para hacer valer la reparación del daño. Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera que la ejecutoria de amparo está cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en ese aspecto, en virtud que determinó que el plazo para que prescriba el derecho a exigir la reparación es en un término igual al de la pena de prisión impuesta que en el caso fueron tres meses. V. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VI. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. VII. Orden de depuración y/o destrucción. Toda vez que en el presente juicio, se concedió la protección constitucional, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1 del aludido manual, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido manual. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del susodicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1 del indicado manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. VIII. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. IX. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. X. Devolución de constancias Finalmente, por lo que respecta a los tres tomos de pruebas formados con motivo de las documentales allegadas por el Magistrado Titular de la Segunda Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia de Justicia del Estado y por la Jueza Primera de Ejecución de Sentencias del Estado de Durango, en razón de que resulta innecesaria su conservación por tratarse de un asunto concluido, devuélvaseles. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y toda vez que se tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se pronuncia en los siguientes términos: II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que mediante sentencia emitida el trece de enero de dos mil veintidós, por parte del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, revocó la dictada por este órgano jurisdiccional y concedió el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso, para efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el Toca de apelación ****; y Emita otra, en la cual, partiendo de las consideraciones precisadas en el presente fallo, estime que, para resolver sobre la solicitud de prescripción de la reparación del daño planteada por ****, debe atenderse a la norma específica, prevista en la segunda parte, del párrafo tercero, del artículo 126 del Código Penal para el Estado de Durango. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se desprende que realizaron lo siguiente: Mediante oficio ****, el Magistrado Titular de la Segunda Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado, transcribió el acuerdo que emitió el uno de febrero de dos mil veintidós, por el que dejó sin efectos la resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación ****de su índice. Por oficio ****, la Jueza Primera de Ejecución de Sentencias del Estado, comunicó que como autoridad ejecutora, estaba a la espera de lo que resolviera la sala responsable a fin de estar en condiciones de ordenar el archivo definitivo de la carpeta de ejecución. De igual forma, por diverso comunicado ****, el Magistrado Titular de la Sala Penal Unitaria "C" en cumplimiento a dicha sentencia, remitió la resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, emitida en el citado toca, por la cual revocó la resolución de veintidós de febrero del año anterior dictada en la carpeta de ejecución ***, relativa a la causa penal *** en la que se había declarado prescrita la potestad para ejecutar la reparación del daño a que fue condenado el sentenciado, aquí quejoso, por la comisión del delito de lesiones culposas, en agravio del tercero interesado ***y, partiendo de las consideraciones precisadas en el fallo del superior jerárquico, dictó otra en la que declaró prescrita la reparación del daño pero por diversos motivos. IV. Vista a las partes y manifestaciones. Con esa información, mediante acuerdo de ocho de febrero del año en curso, se dio vista a las partes, quienes realizaron diversos argumentos en relación con el cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector. Al respecto, el tercero interesado adujó que la Sala responsable no tomó en cuenta que el ilícito por el que se condenó a ****, ocurrió en el año dos mil seis, por lo que el Código Penal vigente en ese año, en su artículo 136, establecía: "la reparación del daño prescribe en diez años contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la sentencia", por lo que conforme a esa legislación aún está trascurriendo la prescripción, si se toma en cuenta que dicha legislación resulta más favorable. Señaló que la sala no tomó en cuenta promociones y actuaciones que interrumpieron el término de prescripción. Continúa diciendo que existe jurisprudencia que establece que la reparación del daño en un proceso penal no está sujeta al término de prescripción a que alude el artículo 126 del Código Penal de Durango, ya que la reparación del daño cumple una función social donde el Ministerio Público se encuentra obligado a solicitar la condena respectiva y el juez a resolver lo conducente, citando la tesis de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL PROCESO PENAL. A LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS DE LA PRESCRIPCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN". Por su parte, el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía de Procedimientos Penales, manifestó que la responsable únicamente se concretó a tomar en cuenta lo establecido en el artículo 126 del Código Penal para el Estado; empero, en ningún momento garantizó al sujeto pasivo la restitución del daño, por lo que la resolución fue parcial, arbitraria, que no se tomó en cuenta lo que establece el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la carta magna y conforme al numeral 1, párrafo tercero, constitucional, garantizar a la víctima que los hechos constitutivos de lesiones culposas sean sancionados y reparados. Indicó que se contravienen diversos artículos de la Ley General de Victimas, porque es obligación de la autoridad jurisdiccional garantizar que el monto del concepto de reparación del daño sea integral y el órgano jurisdiccional no abordó el estudio del incidente de reparación del daño. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que por acuerdo emitido el uno de febrero de dos mil veintidós, se dejó sin efectos la resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación ***del índice de la Segunda Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado; de ahí que cumplió con el primer efecto de la ejecutoria de amparo. Por lo que respecta al segundo efecto de concesión de amparo también se acató, toda vez que por resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala Penal Colegiada "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, al resolver sobre el recurso de apelación que le fue planteado, partió de las consideraciones expuestas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, atendió a la norma específica y determinó que conforme al artículo 126 del Código Penal del Estado de Durango, la reparación del daño prescribía en un tiempo igual al de la pena privativa de libertad impuesta, por lo que si en el caso el sentenciado fue condenado a una pena de prisión de tres meses, ese mismo lapso de tiempo fue el que necesitó para que le prescribiera la potestad para ejecutar la reparación del daño. Ahora, contrario a lo que aducen los terceros interesados, la sala responsable no tenía la obligación de analizar la prescripción tomando en cuenta el Código Penal vigente en el año dos mil seis, que fue cuando ocurrieron los hechos sentenciados, así como precisar que la reparación del daño en un proceso penal no está sujeta al término a que alude el artículo 126 del Código Penal de Durango o garantizar al sujeto pasivo la restitución del daño, en virtud de que esas cuestiones son ajenas al fallo protector, dado que los lineamientos expuestos en dicha ejecutoria fueron únicamente para que se estableciera que tratándose del término para que opere la prescripción para solicitar la reparación del daño, se debe atender únicamente a la especialidad de la norma, esto es, que el plazo deberá ser igual al de la pena que se imponga por el delito cometido. Para explicar mejor lo infundado de sus manifestaciones, es necesario transcribir parte de la sentencia emitida por el superior, en la que resolvió lo siguiente: "[.] Del citado ordinal, en lo que interesa, se desprenden las distintas temporalidades en las cuales prescribirán las penas impuestas con motivo de la comisión de una conducta ilícita, sancionada por la ley penal. Así, dicho dispositivo establece que la pena consistente en la reparación del daño prescribirá en un tiempo igual al de la pena privativa de libertad que haya sido impuesta. Bajo ese contexto, este Tribunal Colegiado estima que la legislación penal del Estado de Durango regula claramente el plazo para la prescripción de la reparación del daño, que será un tiempo igual al de la pena privativa de libertad impuesta, por lo que, si al quejoso, aquí recurrente, se le dictó sentencia condenatoria al acreditarse su responsabilidad penal en la comisión del delito de lesiones cometido en forma culposa, a cuyo efecto se le impusieron tres meses de prisión; por ende, la potestad para ejecutar la pena consistente en la reparación del daño a que fue condenado prescribirá en el mismo término. [.] Por tanto, fue incorrecto que el juez de Distrito considerara apegado a derecho que la Sala responsable, aplicara la regla general de prescripción de dos años que contempla el artículo 126 del Código Penal para el Estado de Durango, cuando refiere que "las demás" sanciones prescriben en un tiempo igual al que deberían durar pero no puede ser inferior a dos años, ya que conforme al criterio de especialidad lex specialis derogat legi generali, la norma especial debe preferirse a la general ya que establece casuísticamente la regla que debe operar al resolver sobre el lapso de prescripción de la potestad de ejecutar las penas, al precisar que, respecto de la reparación del daño, la facultad para ejecutarla es en un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta. En efecto, la responsable determina en perjuicio de los derechos fundamentales del quejoso, la aplicabilidad del segundo párrafo del precepto legal 126 del Código Penal para el Estado de Durango, cuando, como ya se vio, al prever este precepto legal específicamente un plazo específico para la prescripción de la ejecución de la pena de reparación del daño, es conforme a la disposición específica de éste que la Sala responsable debió resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución incidental de prescripción de la reparación del daño a la que fue condenado el disconforme. [.] Por tanto, si al emitir la resolución reclamada, la autoridad responsable aplicó indebidamente lo dispuesto en el referido artículo 126 del Código Penal para el Estado de Durango, es evidente que su actuación infringió en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal consagrado en el artículo 14 de la Constitución General de la República, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la Segunda Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el Toca de apelación 16PU/2021; y 2. Emita otra, en la cual, partiendo de las consideraciones precisadas en el presente fallo, estime que, para resolver sobre la solicitud de prescripción de la reparación del daño planteada por ****, debe atenderse a la norma específica, prevista en la segunda parte, del párrafo tercero, del artículo 126 del Código Penal para el Estado de Durango [.]" Como se advierte, el Tribunal Colegiado no otorgó plenitud de jurisdicción a la sala responsable para resolver sobre la figura de la prescripción de la reparación del daño, sino que le dio lineamientos específicos que debía acatar, lo cual, como ya se mencionó, sí lo hizo. En suma, tampoco es cierto lo manifestado por el tercero interesado en el sentido de que la mencionada sala no tomó en cuenta promociones y actuaciones que, a su parecer, interrumpieron el término de prescripción. Se afirma lo anterior, habida cuenta que dicha responsable expuso en la resolución de tres de febrero de dos mil veintiuno, que el plazo para ejecutar la reparación del daño, empezó a contarse a partir del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que tomando en cuenta la condena que le fue impuesta al sentenciado (tres meses), concluyó el mencionado lapso el diecinueve de diciembre de esa misma anualidad, en tanto que fue hasta el seis de febrero de dos mil diecinueve, cuando el ministerio público a través del oficio ****, solicitó a la juez de ejecución se le corriera traslado con las constancias que obraban en la carpeta de ejecución, para dar inicio a dicho procedimiento de reparación, de ahí que consideró que ya había prescrito el derecho para hacer valer la reparación del daño. Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera que la ejecutoria de amparo está cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en ese aspecto, en virtud que determinó que el plazo para que prescriba el derecho a exigir la reparación es en un término igual al de la pena de prisión impuesta que en el caso fueron tres meses. V. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VI. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. VII. Orden de depuración y/o destrucción. Toda vez que en el presente juicio, se concedió la protección constitucional, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1 del aludido manual, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido manual. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del susodicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1 del indicado manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. VIII. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. IX. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. X. Devolución de constancias Finalmente, por lo que respecta a los tres tomos de pruebas formados con motivo de las documentales allegadas por el Magistrado Titular de la Segunda Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia de Justicia del Estado y por la Jueza Primera de Ejecución de Sentencias del Estado de Durango, en razón de que resulta innecesaria su conservación por tratarse de un asunto concluido, devuélvaseles. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio ***remitido por el actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante el cual remite el escrito signado por el tercero interesado ***, debido a que las manifestaciones que realiza en torno al cumplimiento dado al fallo protector, corresponden a este órgano jurisdiccional pronunciarse al respecto. Sin embargo, agréguese dicho ocurso únicamente para que obre en autos, toda vez que mediante proveído de quince de febrero del año en curso, se tuvo por recibida la misma promoción y se acordó lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por el tercero interesado ***, mediante el cual realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, de las cuales se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto haya concluido la vista otorgada a las partes en auto de ocho de febrero del año en curso y este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre dicho cumplimiento. Notifíquese.

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