Oscar Rios Reyes

Expediente 841/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
841/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • Oscar Rios Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTISIETE DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTICUATRO y pasados noventa días de la citada fecha. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General precitado. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de la que se advierte que el aquí quejoso, compareció en esas oficinas, el ocho de noviembre del presente año, por lo cual, le fue notificado que la sentencia dictada en el juicio agrario dictada en el juicio 109/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, quedó debidamente inscrita, y le fueron entregados los certificados parcelarios 1098713 al 1098722. Sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento respecto al informe que da la autoridad responsable, toda vez que el treinta de noviembre del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cabe destacar que de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, el oficio y anexo de cuenta, recibido vía correo electrónico, tiene pleno valor probatorio, al estar autorizado el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias a los órganos del Poder Judicial de la Federación. Cúmplase.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables.

  4. Principal

    ACTUARIO: SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: ? La omisión de las autoridades responsables de cancelar los certificados parcelarios números 510552 al 510561, y expedir los certificados parcelarios a nombre del quejoso Oscar Ríos Reyes, como se ordenó en la sentencia dictada en el juicio agrario 109/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito, con sede en esta ciudad. Por otra parte, obra el informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el que informó que en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio 109/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, canceló los certificados parcelarios números 510552 al 510561, y fueron expedidos a Oscar Ríos Reyes, los certificados de derechos parcelarios 1098713 a 1098722, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, mismos que dejó a su disposición en las oficinas que ocupa esa delegación, remitiendo copia certificada de ellos a este juzgado, los cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Constancias de las que se aprecia que el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se expidieron a nombre de Oscar Ríos Reyes, los certificados parcelarios 1098713 al 1098722. Así, por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, a solicitud de la mencionada autoridad responsable, este órgano jurisdiccional hizo del conocimiento del quejoso de mérito, que dichos certificados parcelarios quedaban a su disposición en las oficinas de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, de esta ciudad, para recogerlos, ordenándose notificar personalmente dicho auto al quejoso. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso quedó debidamente notificado del proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno. De lo anterior, la suscrita advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415,2 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la omisión de las autoridades responsables de cancelar los certificados parcelarios números 510552 al 510561, y expedir los certificados parcelarios al aquí quejoso; sin embargo, de autos se aprecia que la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, ya canceló los certificados parcelarios números 510552 al 510561, y el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, expidió a Oscar Ríos Reyes, los certificados de derechos parcelarios números 1098713 al 1098722. Incluso, el diez de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso quedó debidamente notificado del auto de tres de noviembre de este mismo año, en el que este juzgado hace de su conocimiento que los certificados parcelarios números 1098713 al 1098722, quedan a su disposición en las oficinas de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para recogerlos. Por lo tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del tres de enero de dos mil veintidós.4 Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.

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