Óscar Reyes Jurado

Expediente 1012/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1012/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
20/12/2018

Partes del expediente

  • Óscar Reyes Jurado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III último párrafo relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración toda vez que se decretó la suspensión de oficio y de plano en este asunto; por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1012/2018, promovido por Óscar Reyes Jurado, contra actos del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 2°, 3°, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En esa misma fecha, se registró el asunto con el orden 1012/2018; se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados y se requirió al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad informara el cumplimiento de la medida cautelar decretada; asimismo, se admitió a trámite la demanda únicamente respecto de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta determinación, a las que se les solicitó su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo en estudio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos que se reclaman. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de la demanda y de las demás constancias, se precisa que los actos reclamados son la orden de traslado, así como su ejecución, que se atribuyeron al: a) Subsecretario de Sistema Penitenciario. b) Director. c) Jefa de la Unidad Departamental de Apoyo Jurídico. d) Subdirector Jurídico. e) Subdirector Técnico. f) Comité Técnico; y g) Encargado de la Subdirección de Seguridad, estos seis últimos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Todos de la Ciudad de México. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades mencionadas, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que la parte quejosa ofreciera alguna prueba para desvirtuar dicha negativa. En ese sentido, debido a la inexistencia de los actos reclamados de las autoridades referidas, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Óscar Reyes Jurado, contra los actos reclamados consistentes en la orden de traslado, así como su ejecución, que se atribuyeron al: a) Subsecretario de Sistema Penitenciario. b) Director. c) Jefa de la Unidad Departamental de Apoyo Jurídico. d) Subdirector Jurídico. e) Subdirector Técnico; f) Comité Técnico; y g) Encargado de la Subdirección de Seguridad, estos seis últimos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Todos de la Ciudad de México.

  3. Principal

    Ciudad de México, a doce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios de cuenta; en atención a sus términos, se tienen por rendidos los informes en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, así como los diversos justificados que en ellos se contienen, respectivamente; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que mencionan las autoridades responsables y como domicilio para recibir notificaciones el que señalan. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran señaladas las once horas con cuarenta minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, asimismo, se observa que ya constan en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de garantizar una justicia pronta y expedita, se deja sin efectos la audiencia antes mencionada, y se señala como nueva fecha para celebrarse el treinta de noviembre de dos mil dieciocho a las catorce horas.

  4. Principal

    Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Óscar Reyes Jurado, contra actos del subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 1012/2018. Ahora, dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que se reclama la orden de traslado y su ejecución, en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que se suspenda la ejecución de tal acto, asimismo, el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentra interno, y a disposición del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, en cuanto a su integridad personal. La suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de referencia obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. En consecuencia, requiérase al citado director por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo al quejoso, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, informe a este juzgado sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibido que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la ley de la materia. Por otra parte, este órgano de control constitucional considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia respecto de las autoridades precisadas en la demanda, con excepción de señaladas en los numerales 1, 6 a 8, 10, 11 y 13 de la demanda, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Bajo este marco jurídico, es claro que los Tribunales de la Federación conocen de los juicios de amparo contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección; esto es, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que el ente del Estado contra el que se sigue el juicio, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar una norma de carácter general o un acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Anterior criterio del que se advierte que con el propósito de distinguir a una autoridad para efecto del juicio de amparo, deben considerarse los siguientes aspectos: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, o bien, que omita aquellos que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, se precisa que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público para dilucidar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio aquél. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Luego, es un hecho notorio para este órgano de control constitucional, que por lo que hace a los traslados (sin autorización judicial) concierne a las autoridades señaladas en los numerales 1, 6 a 8, 10, 11 y 13 de la demanda, por lo que es evidente que las autoridades responsables con excepción de las citadas en líneas que anteceden, no son las competentes para emitir la resolución correspondiente en cuanto al traslado del amparista, así como su ejecución. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta la causal de improcedencia mencionada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En el entendido, de que si de los informes de ley rendidos por las autoridades responsables señaladas en párrafos que anteceden, se advierte la participación de diversas autoridades, se le dará vista al amparista a efecto de que manifieste si las señala como responsables. Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite la demanda únicamente respecto de las autoridades precisadas en los numerales 1, 6 a 8, 10, 11 y 13 de la demanda, y por los actos que se precisarán más adelante. II. Se señala el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, a las once horas con cuarenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede(n) notificada(s) de este proveído, al que deberá(n) acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida(s) que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá cierto el acto reclamado, asimismo, se les sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda los actos reclamados son los siguientes: - La orden de traslado y su ejecución. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. IV. Sin que se tramite incidente de suspensión, pues los actos reclamados por esta vía, fueron materia de la suspensión de plano, y se vinculó a su cumplimiento a aquella autoridad que tiene a su disposición al quejoso. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria de referencia, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el numeral 251 de la ley de la materia. Por lo que hace a la copia certificada por duplicado que solicita, con fundamento en los dispositivos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, expídasele previa razón que se realice al momento de la notificación personal del presente proveído, la cual deberá ser entregada por el actuario judicial de esta adscripción. Con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, notifíquese personalmente al quejoso este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, en el interior del centro de reclusión en que se encuentra interno, ya que no se autorizó a persona alguna para tal efecto. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el numeral 8° de la ley en cita, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener. Finalmente, se autoriza a la secretaria para que firme los oficios de este juicio.

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