Óscar Reyes Apolinar
Expediente 953/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Óscar Reyes Apolinar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
A SUS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA JUEZA SEGUNDA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, TENGASELE ACUSANDO RECIBO DE LO QUE REFIERE Y ESTESE A LO ORDENADO EN PROVEIDO QUE ANTECEDE. FINALMENTE DEVUELVASE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA AL ARCHIVO.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO EL PROVEIDO POR EL CUAL SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTIAS; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN TAL VIRTUD, DEVUELVASE EL EXPEDIENTE 1181/2014Y SOBRE CON CUATRO DISCOS COMPACTOS, A SU LUGAR DE ORIGEN, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE Y, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, de la Jueza Segunda Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 6254/2015, con el que devuelve los autos del expediente 1181/2014; en consecuencia. Acúsese recibo. Ahora bien, cabe precisar que de las constancias remitidas por la autoridad mencionada, principalmente del expediente de origen, se advierte que si bien, mediante proveído de diez de agosto del año en curso, notificado por lista fijada en los estrados del juzgado responsable el veinticinco de agosto siguiente, en términos del artículo 177 de la ley de la materia, la Jueza previno al quejoso, Óscar Reyes Apolinar, para que dentro del término de cinco días exhibiera dos juegos de copias de su demanda de amparo, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo se procedería de acuerdo a lo que dispone el citado normativo, es decir, remitiría la demanda con el informe respectivo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para que mediante auto de presidencia se tuviera por no presentada. Luego, del informe justificado que se rinde, se observa que el ahora quejoso no dio cumplimiento al citado requerimiento, por lo que mediante auto de ocho de septiembre de esta anualidad, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, remitiendo para tal efecto la demanda de garantías y el expediente mercantil de cuenta, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en turno, conociendo este órgano pluripersonal. Sin embargo, al advertir este tribunal colegiado que de autos del juicio natural se desprendía un domicilio que Óscar Reyes Apolinar había señalado para oír y recibir notificaciones en esa ciudad (foja cincuenta y ocho), con fundamento en lo que disponen los artículos 175, 176 y 177, en relación con el diverso 26, fracción I, inciso c), todos de la Ley de Amparo, y con el objeto de no dejarlo en estado de indefensión, se devolvió al Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, el expediente 1181/2014, para que de nueva cuenta le hiciera la prevención ya referida pero de manera personal. Lo que así hizo la autoridad responsable, pues del oficio con que se da cuenta y del acuerdo de treinta de septiembre, además de la razón actuarial de doce de los corrientes (visibles estas últimas actuaciones a foja doscientos quince y doscientos dieciséis del expediente mercantil, respectivamente), se desprende la orden de notificar al quejoso la determinación correspondiente y prevenirlo a fin de que exhibiera las copias faltantes de la demanda, y asimismo, la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial para poder conseguirlo, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado en autos fue atendida por el licenciado Juan Tapia Arteaga, quien en respuesta al motivo de la diligencia, manifestó que en virtud de que Óscar Reyes Apolinar le revocó su autorización, no le era posible aceptar la notificación. No obstante lo anterior, es relevante establecer que el artículo 1069 del Código de Comercio, que es el que resulta aplicable ya que el acto reclamado es de naturaleza mercantil, ordena que en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervenga un litigante, este deberá designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se le hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Y como ya se indicó, si bien es cierto que el ahora quejoso en el juicio natural señaló domicilio para tales efectos, también lo es que, en el que se ordenó practicar la diligencia, ya había sido revocado, como se advierte de la razón actuarial mencionada párrafos atrás, sin que del mismo expediente se observe nuevo domicilio para oír notificaciones en Tulancingo de Bravo, Hidalgo; amén de que en la demanda de amparo Óscar Reyes Apolinar indicó los estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones, y en esa tesitura la autoridad responsable le realizó la notificación de la prevención comentada por medio de lista, como se observa de la foja treinta y siete del expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 176, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Óscar Reyes Apolinar, contra actos de la Jueza Segunda Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes, para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, así como autorizado para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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