Oscar René Santacruz Guevara

Expediente 274/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
274/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Oscar René Santacruz Guevara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad de México, doce de septiembre de dos mil veintidós. Ténganse por recibido el oficio registrado con folio 20208, remitido vía electrónica por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual comunica el contenido del proveído de seis de septiembre de este año, del que se desprende que tuvo por recibidos los autos originales del amparo en revisión 480/2017 de su índice, así como las constancias de notificación del proveído de treinta de junio del presente año, de lo cual acusa el recibo de estilo correspondiente. De lo anterior este Juzgado Federal toma conocimiento. En ese mismo orden de ideas, en atención a su solicitud de la copia certificada de la nueva resolución, que se pronuncie en el presente expediente de amparo, hágase del conocimiento del Tribunal de Alzada que dicha sentencia aún no se dicta, por lo que una vez que obre en el presente asunto la determinación en comento, sin ulterior acuerdo, se le remitirá la copia que solicita. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito presentado por *****, parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual manifiesta su voluntad de desistir del presente juicio de amparo. Por tanto, a efecto de proveer lo que en derecho proceda a ese respecto, con fundamento el artículo 63, fracción I y 26, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca en el local del órgano jurisdiccional correspondiente con identificación oficial vigente a ratificar el escrito de cuenta ante la presencia judicial, apercibida que de no hacerlo así se tendrá por no desistida y se continuará con el trámite correspondiente en el presente juicio de amparo. Ahora bien, atendiendo el contenido del artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, el cual establece que cuando sea el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes para una comparecencia o para el desahogo de un requerimiento será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", en ese contexto, hágase del conocimiento de la parte quejosa Oscar René Santacruz Guevara, que este órgano jurisdiccional no señala fecha y hora en específico ni genera el código QR a fin de que comparezca al local de este Juzgado de Distrito a ratificar su escrito de desistimiento. Por tanto, notifíquesele a la parte quejosa, quien deberá agendar su cita a través de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el objeto de obtener su código QR para acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá hacerlo dentro plazo señalado, a partir de la legal notificación del presente acuerdo. En caso de que la parte quejosa, no le sea posible generar el código QR, podrá llamar al teléfono 5551338100 Extensión 6067 para que le generen el código referido. No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 21/2020 y 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es limitado el acceso al personal y a los visitantes el acceso a todas las instalaciones de los órganos jurisdiccionales. En razón de lo anterior, con el objeto de respetar el derecho de las partes en el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, que reconoce la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación; finalmente, el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, faculta al Consejo de la Judicatura Federal para emitir normatividad y los criterios para modernizar sus estructuras, sistemas y procedimientos administrativos, tanto internos como de servicios al público. Considerando que la impartición de justicia es el principal servicio público que presta el Poder Judicial de la Federación. Así, es indiscutible que esta facultad normativa modernizadora debe incluir la tramitación de expedientes y el desahogo de diligencias judiciales. Por tanto, tal como lo reconoce el Consejo de la Judicatura Federal, el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Así, con el fin de impartir una justicia pronta y expedita, los órganos jurisdiccionales pueden emplear en sus audiencias y sesiones colegiadas el método alternativo de comunicación denominado "videoconferencia", para garantizar los principios relacionados con el aseguramiento de la presencia de las y los jueces, o magistrados y todos los intervinientes en las salas de audiencia (presencial o virtual), y hacer frente a cualquier contingencia, ya sea por situación de urgencia, emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, a cualquiera otra situación que a consideración del titular del órgano jurisdiccional impida o dificulte el desahogo presencial de las audiencias que establezca la Ley, o cuando se procure mejorar el acceso a la justicia para las personas justiciables. En consecuencia, en caso de que la parte quejosa no pueda comparecer físicamente en el local de este órgano jurisdiccional, se autoriza la comparecencia vía electrónica en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 22/2020 así como por el Acuerdo General 12/2020 y su Anexo Técnico emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Y para tal efecto se le requiere para que comparezca vía remota mediante videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex"; lo anterior para ratificar el escrito de desistimiento de cuenta ante la presencia judicial, por lo que se solicita contar con identificación oficial que pueda ser visible para exhibirla en ese momento. Cabe, precisar que en atención a lo dispuesto por los citados acuerdos 22/2020 y 12/2020 y su Anexo Técnico emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se remitirá la invitación al correo electrónico que al efecto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, proporcione una cuenta de correo electrónico, ya sea por escrito o vía electrónica al correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdoaux1cto@correo.cjf.gob.mx. Cuando realice lo anterior, se le remitirá la invitación al correo electrónico proporcionado, para que asista vía remota a la videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex", en términos del artículo 25 en relación con el diverso 28, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Una vez enviada la invitación, ésta tendrá el carácter de citatorio y será remitido desde el correo institucional antonia.villanueva.ayala@correo.cjf.gob.mx, de la Licenciada Antonia Villanueva Ayala, Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este Juzgado de Distrito. Además, de conformidad con el artículo 17, fracción I, del Acuerdo General 22/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la Contingencia por el virus COVID-19, las partes que intervengan en la diligencia, deberán estar disponible quince minutos antes de la hora programada, a fin de preparar a los intervinientes para la ratificación de mérito y la implementación de la logística operacional. Se hace de su conocimiento que está a su disposición el correo institucional luz.morales.garcia@correo.cjf.gob.mx, para atender cualquier asunto relacionado con la diligencia señalada en párrafos precedentes. Bajo el apercibimiento que, de no proporcionar la cuenta de correo electrónico solicitada, o en el caso de no comparecer físicamente al local de este órgano jurisdiccional o vía videoconferencia para los efectos indicados dentro de los plazos indicados se tendrá por no desistida de su demanda de amparo y se continuará con la secuela procesal en la que se encuentre. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que los autos originales del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes fue remitido para la substanciación y resolución del recurso de revisión interpuesto en autos el cual por razón de turno le tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, el cual registró bajo el amparo en revisión 275/2021, una vez que se ratifique el desistimiento de cuenta, envíese el citado ocurso y ratificación al tribunal de alzada a efecto de que acuerde lo conducente. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 2/2021 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2023624, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. UNA VEZ DICTADA LA SENTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE AQUÉL, POR LO QUE DEBE REMITIR LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE, DE SER PROCEDENTE, REVOQUE LA SENTENCIA Y DECRETE EL SOBRESEIMIENTO RESPECTIVO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cuál es la situación jurídica que prevalece cuando una vez dictada la sentencia por el Juez de Distrito, la parte quejosa presenta escrito de desistimiento, previo a la interposición del recurso de revisión correspondiente, siendo que un Tribunal Colegiado consideró correcto que el juzgado sobreseyera fuera de audiencia, mientras que el otro órgano colegiado estimó que precluye la facultad del juzgador para pronunciarse y, por tanto, no puede emitir pronunciamiento alguno. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que una vez dictada la sentencia, el Juez de Distrito carece de facultades para pronunciarse sobre el desistimiento de la parte quejosa y, por ende, lo procedente es remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, junto con el escrito de desistimiento y la ratificación respectiva, para que éste, previo al estudio de los agravios, analice el desistimiento y, de ser procedente, revoque la sentencia del juzgador federal y sobresea en el juicio. Justificación: El desistimiento es la abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; acción que puede realizar en cualquier momento, con la sola declaración de su voluntad y que se puede manifestar en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. Así, una vez dictada la sentencia en el juicio de amparo, el Juez de Distrito consuma la facultad que tenía para resolver y pronunciarse sobre el asunto, pues las diversas etapas del proceso se desarrollan de forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, de manera que imposibilita el regreso a etapas y momentos procesales ya consumados. En ese sentido, si una vez emitida la sentencia se presentara el desistimiento de la parte quejosa, el juzgador federal se encuentra imposibilitado para dictar el sobreseimiento, pues aún se encuentra transcurriendo el plazo para la interposición del recurso de revisión y, en caso de que se interponga, el Juez de Distrito únicamente deberá remitir al Tribunal Colegiado en turno todas las constancias de autos, incluyendo el escrito de desistimiento y su ratificación, para que éste proceda conforme a su competencia." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Incidental

    Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual envía los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el diecisiete de septiembre del mismo año, en el amparo en revisión 3573/2019 de su índice. Acúsese recibo. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto de la resolución remitida, en razón de que fue recibida en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno y en el mismo se proveyó lo conducente. Glósense a los autos las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa. En consecuencia, toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro es: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN" DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Por otra parte, de conformidad con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) del mencionado Acuerdo General, puesto que se trata de un expediente en el que se decretó el sobreseimiento y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 17 del Acuerdo General en cita; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el referido Acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Acuerdo General referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, puesto que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35 del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de marzo de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su ordinal 2, se declara que dicha sentencia por la que se sobreseyó, negó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, en relación con las quejosas **********, en los juicios de amparo 4338/2016 y 4392/2016 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, a través del cual remitió el expediente relativo al amparo en revisión del índice del Tribunal Colegiado de Circuito auxiliado, en el que obra glosada la ejecutoria relativa al medio de impugnación, dictada en el amparo en revisión 209/2018, en el cual la superioridad que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se DESECHAN los recursos de revisión principal como el de revisión adhesiva, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente ejecutoria.Y en consecuencia se requirió el cumplimiento de la sentencia dictada en autos únicamente por lo que hace a la quejosa ******** Ahora bien y dado que el nueve de febrero de dos mil diecisiete se decretó la acumulación de los juicios de amparo 4338/2016 y 4392/2016, promovidos por **********, al juicio de amparo 4214/2016, resulta que se encuentra pendiente de requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia dictada en autos; por tanto, cabe señalar que en el Décimo Tercer considerando de la sentencia constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión para los siguientes efectos:Décimo Tercero Revisión electrónica (Artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015). En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente:a) Informe si las quejosas *********, les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas.En el entendido de que:Las autoridades responsables deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito.Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente:Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo.Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Finalmente, dado que el siete de septiembre de dos mil veintiuno se dio vista a la quejosa Autobuses Mariano Matamoros, Sociedad Anónima de Capital Variable, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de determinar si en el juicio de amparo en que se actúa se encuentra debidamente cumplida la sentencia, se reserva proveer al respecto hasta en tanto se cuente con la totalidad de las constancias para pronunciarse al respecto en relación con los juicio de amparo 4338/2016 y 4392/2019, los cuales se encuentran acumulados al juicio de amparo 4214/2016 en que se actúa. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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