Oscar Rebollar Jaimes

Expediente 977/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
977/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
18/07/2018

Partes del expediente

  • Oscar Rebollar Jaimes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA IV. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo, el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio, no fue recurrido por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que ha causado estado. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese como asunto concluido. Por otra parte, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados, el presente expediente es susceptible de depuración, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y cuarto del referido Acuerdo; toda vez que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, aún y cuando se sobreseyó en el juicio; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, en acatamiento al artículo 11 del referido Acuerdo, y al Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, trasládense a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, a juicio del suscrito no tiene valor jurídico, político, social, económico o histórico ni es de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Agente del Ministerio Público del Segundo Turno, adscrito al Centro de Justicia de Tejupilco, Estado de México, por el cual rinde su informe justificado; en virtud de que el veintinueve de junio último, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA IV. Con fundamento en los artículos 117, 125 y 126 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Tejupilco, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado y en relación a la suspensión de plano decretada; dese vista a las partes para que manifiesten lo que en su interés convenga, sin perjuicio de relacionar el referido en primer lugar, en la audiencia constitucional conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. Respecto de las constancias que le acompañan, consistentes en copias de diversas actuaciones que integran la carpeta de investigación NUC: ******************, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se le tienen como prueba documental, la cual deberá ser relacionada en el momento procesal oportuno conforme al valor probatorio que merezca. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como actos reclamados la detención e incomunicación. Ahora bien, el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Tejupilco, Estado de México, al rendir el informe justificado, informó que el veintidós de junio del año en curso, fueron puestos a su disposición, diversas personas, entre ellas el quejoso ***************, decretándose su retención por su posible participación en la comisión del hecho delictuoso de contra la salud, en agravio de la salud pública, en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de poseer algún narcótico señalado en la tabla, siempre que no sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente, y que el veinticuatro de ese mismo mes y año, decretó su libertad, con la reservas de ley, lo cual le fue notificado al quejoso el mismo día. Lo cual acredita con copia de diversas constancias que integran la carpeta de investigación *******************, a las que se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de la Materia. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior, se colige que respecto del acto reclamado en la presente vía constitucional, consistente en la detención del quejoso ***********, se acredita la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron sus efectos, al habérsele puesto en libertad, el veinticuatro del mes y año en curso. Esto es así, porque el numeral y la fracción en comento, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". A fin de comprender mejor lo anterior, conviene precisar que el análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que él mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, se actualiza cuando los efectos del acto han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, ya que, el veinticuatro de junio del año en curso, dejó de surtir efectos la detención del quejoso, que se reclama en esta vía, al haberse decretado su libertad. Es aplicable, la jurisprudencia 2./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa jurisprudencia 2/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Novena Época, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para este Juzgado, que el promovente de amparo, también indico como acto destacado la incomunicación; sin embargo, de las constancias exhibidas por la responsable, cuyo valor probatorio fue previamente determinado, no existe indició de que el impetrante del amparo haya estado incomunicado, pues el mismo día de su detención: Recibió la visita del Encargado de la Visitaduria adjunta Región Tejupilco de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Se autorizó por parte del representante social responsable, el pase para que ****************** (esposa del quejoso), se entrevistara con el solicitante del amparo; constancia que fue entregada por conducto de **************, quien refirió ser madre de la aludida ******************; y, ? Rindió su entrevista ante la representación social, asistido de su defensor privado *******************, uien se identificó con la cédula profesional ***************. Lo que permite advertir que no se materializó la incomunicación reclamada, y para el caso de que así haya sido, esta evidentemente, también cesó al habérsele dejado en libertad, el veinticuatro de los cursantes. De manera tal, que se ha constituido legalmente una situación diferente a aquella que existía antes de la solicitud del amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y en concordancia con lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del veinticinco de julio de dos mil dieciocho). Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguense a los autos para que obren como correspondan, los oficios signados por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México y del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mediante los cuales rinden su informe justificado, en atención a lo acordado en líneas precedentes. Con independencia de lo anterior, con base en el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que refiere. En diverso sentido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos para que obre como corresponda, la razón se cuenta, por la que la fedataria patentiza los motivos que le impidieron entregar el oficio 16041/2018, de este índice; en atención a lo acordado el veintisiete de los cursantes. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    MESA I. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, la sentencia de treinta de abril del año en curso (foja 42 a 44),mediante el cual se sobreseyó el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y cuarto del referido Acuerdo; toda vez que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, aun cuando se sobreseyó en el juicio; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, en acatamiento al artículo 11 Del referido Acuerdo, y al Decreto por el que se reformaron los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, trasládense a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, a juicio del suscrito no tiene valor jurídico, político, social, económico o histórico ni es de relevancia documental. Notifíquese.

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