Oscar Raymundo Valdez Pérez
Expediente 841/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2019
Partes del expediente
- Oscar Raymundo Valdez Pérez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días,mediante el cual se desechó la demanda de amparo; se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO DEL ASUNTO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA DETERMINACIÓ DE TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE DICE: RECEPCIÓN DE OFICIO. Téngase por recibido el oficio que remite el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito por el cual manifiesta la incompetencia que tiene el tribunal de su adscripción para conocer de la demanda promovida por Oscar Raymundo Valdés Pérez, y sus anexos, consistentes en: 1. Juicio de amparo directo 499/2019; 2. El original del Toca de apelación 389/2019; 3. Copias certificadas del expediente 423/2018, en dos tomos; y, 4. Copias certificadas del incidente de liquidación derivado del expediente 423/2018. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. FORMACIÓN DE ANEXO. Para un mejor manejo de las constancias que remite la autoridad oficiante, fórmense los anexos respectivos, los cuales deberán estar plenamente identificados, previa certificación que obre en autos. RADICACIÓN. En razón de lo anterior, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda presentada por Oscar Raymundo Valdés Pérez contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México y otra autoridad; por tanto, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 841/2019-II. Fijación del acto reclamado. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La sentencia interlocutoria de treinta de mayo del año en curso, emitida en el toca número 389/2019, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el recurrente de amparo en contra de la determinación de ocho de abril de la anualidad que transcurre, a través de la cual condena al recurrente de amparo al pago de la cantidad de $5,068.28 (cinco mil sesenta y ocho pesos 28/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia. Desechamiento de demanda. Atento a lo anterior, este juzgador de oficio, advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso consintió tácitamente el acto que reclama. En efecto, en términos del contenido del numeral citado, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en la Ley de la materia. Ahora, los plazos para promover el juicio de amparo se encuentran normados por el numeral 17 de la propia Ley, el cual establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." A su vez, el diverso 18 de la Ley de Amparo, señala la forma en que deben computarse tales plazos: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a este último precepto, el plazo para promover el amparo se contará, desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En este orden de ideas, el ordinal 17 antes transcrito prevé que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Expuesto lo anterior y para demostrar la extemporaneidad de la demanda que instó el presente juicio de amparo, deben hacer las siguientes precisiones: En este contexto, de autos se advierte que el aquí quejoso reclama la sentencia interlocutoria de treinta de mayo del año en curso, emitida en el toca número 389/2019. Es decir, el acto reclamado en este juicio se emitió dentro de un proceso que se le sigue ante la autoridad responsable, Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, y por ende, el plazo para promover el amparo es el de la regla general de los quince días, dado que no se encuentra en la hipótesis de excepción a dicha regla, esto es, que se haya dictado fuera de un procedimiento. Ahora bien, el impetrante, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el treinta de mayo de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento del acto que reclama en la presente instancia constitucional, es decir, de la sentencia interlocutoria emitida dicho día en el toca número 389/2019; lo anterior se corrobora en la foja cuarenta y uno del toca remitido por la sala responsable misma que al ser documental pública merece eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, si de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado desde el treinta de mayo del año en curso, se tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que la interposición de la demanda de mérito resulta extemporánea, por no haber sido presentada dentro del término de quince días que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque el término transcurrió del trienta y uno de mayo al veinte de junio del año en curso, sin contar los días inhábiles, y si la presentó el veintiuno de junio de la anualidad que transcurre, es evidente su extemporaneidad; máxime que, como ya se dijo, el acto impugnado se emitió dentro de un procedimiento judicial por el Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, que señala como autoridad ordenadora responsable, en razón a que el acto que aquí se reclama se encuentra regido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual en su artículo 1.149 menciona que los plazos de las notificaciones empezarán a correr al día siguiente de practicada la misma; asimismo no se encuentra en ningún otro de los supuestos de excepción que se contemplan en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo. Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 12/2015, con registro 2009174, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página treinta y ocho, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el presente juicio resulta improcedente y por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por Oscar Raymundo Valdés Pérez contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México y otra autoridad, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. AUTORIZADOS. Por otra parte, atento a la certificación secretarial de cuenta, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Mejía Alcántara y a Oscar Raymundo Valdés Díaz. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. FUNDAMENTOS. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este Órgano jurisdiccional.
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