Oscar Rafael Rodríguez Molina
Expediente 1368/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1368/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Oscar Rafael Rodríguez Molina
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, estos autos que devuelve, mediante oficio 333/2020-P-1; y remite el testimonio de la resolución de cuatro de junio de dos mil veinte, dictada por ese Tribunal en autos del toca relativo al incidente de inejecución de sentencia 3/2020, resolución cuyos resolutivos primero y segundo son los siguientes: "PRIMERO. Es INFUNDADO el presente incidente de inejecución. - - - SEGUNDO. Queda firme la determinación del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, de diecisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio de amparo indirecto 1368/2019-VI-A, en el sentido de que existe imposibilidad jurídica de la responsable para cumplir con el fallo de amparo." Acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes el sentido de la citada resolución. Ahora bien, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad y por los motivos expuestos en su resolución de cuenta, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente, en términos de ley.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1368/2019-VI-A, promovido por *****, contra el acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ****, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, se registró la demanda de que se trata con el número 1368/2019-VI-A; posteriormente, mediante acuerdo de dieciocho de octubre siguiente, previa prevención, se admitió a trámite la misma, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se reservó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la vista otorgada a las partes en proveído de trece de noviembre del año en curso, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que la autoridad responsable reconoció la existencia del acto reclamado, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente el quejoso quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable cuando reconoció la existencia del acto. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: El auto de radicación dictado en el juicio 872/2019, en el que se señaló como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el diecisiete de enero de dos mil veinte. TERCERA. Certeza de acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto de su Presidente. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Inexistencia de diversa causal de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de diversa causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, como se verá a continuación. Pues bien, asiste razón al impetrante del amparo, dado que la autoridad responsable debió señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones una que se encontrara dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que recibió el escrito de demanda, tal como dispone el artículo 873 de la ley de la materia o en su caso, dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta sus cargas de trabajo, y al no hacerlo así, viola en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional, dado que la Junta responsable no cumple con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. En relación con el tema que nos ocupa, de los artículos 685, 771, 873 y 878, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Asimismo, el numeral 771 reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos; que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Por lo que de una interpretación adecuada de esos preceptos jurídicos, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Así, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. En este orden, del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional invocado, se advierte: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y, d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y confirmado por las documentales remitidas por la Junta responsable, se tiene que en proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se fijaron las nueve horas del diecisiete de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen. Por tanto, es claro, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental a la seguridad jurídica consagrada por el artículo 17 constitucional en análisis, habida cuenta que éste le ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia, lo que en el caso no ocurre como ha quedado demostrado, En efecto, en el caso, la parte quejosa se inconforma en razón de que la autoridad responsable señaló fuera del plazo establecido por el artículo 873, fecha para la celebración de la audiencia de ley. Por tanto, es evidente que el actuar de la responsable, causa un perjuicio irreparable a las partes en el juicio laboral de referencia, con el subsecuente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de la justicia, ya que infringe lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en cuanto que éste consigna que la impartición de justicia deberá ser de manera pronta, completa y expedita. Ante tales circunstancias, al demostrarse la transgresión del derecho a la pronta y expedita impartición de justicia (artículo 17 Constitucional) conforme al precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ÓSCAR RAFAEL RODRÍGUEZ MOLINA, para el efecto de que la Junta responsable, deje insubsistente el proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 872/2019, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y emita pronunciamiento diverso en el que fije de inmediato nueva fecha y hora para la celebración de la aludida audiencia, una vez causada ejecutoria la presente, tal como ha quedado plasmado en esta sentencia. Por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, estos deben delimitarse en función del acto que aquí se reclamó y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de la propia secuela procesal, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace a la fijación de la fecha para la audiencia en su etapa de demanda y excepciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SEXTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte quejosa manifestó su anuencia a la publicación de sus datos personales, y que las demás partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste en ese sentido. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que, a excepción de la quejosa, las demás partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, a excepción de la quejosa, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****, contra el acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por las razones y para los efectos expuestos en la quinta consideración de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la séptima consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Por otro lado, toda vez que por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional se reservó emplazar al presente juicio constitucional a la parte tercero interesada, así como que del informe justificado que en esta fecha se provee, se advierte que en autos del juicio de origen ya fue emplazada la parte demandada Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. En ese sentido, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado al Instituto del Deporte del Estado de Yucatán; por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) del ordenamiento legal de la materia en cita, hágasele la notificación del presente acuerdo, por medio de oficio, adjuntándole copia autorizada del auto de prevención y del auto admisorio, así como copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, enterándolo de que puede apersonarse a este juicio si así lo estima conveniente para hacer valer sus derechos. Asimismo, hágase saber al tercero interesado en cita, que en el auto que se provee se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y anexo que acompañó; y que está fijada como fecha y hora para que tenga lugar la audiencia constitucional en el presente asunto, el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, a las nueve horas con veinte minutos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el escrito signado por el quejoso *********, presentado con cuatro copias, mediante el cual en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de siete de los corrientes, realiza las manifestaciones conducentes respecto a los requerimientos realizados y exhibe las copias de su escrito aclaratorio correspondientes para correr traslado a las partes. Ahora bien, con la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tiene a ÓSCAR RAFAEL RODRÍGUEZ MOLINA, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta capital, que hace consistir en: El auto de radicación dictado en el juicio *****, en el que se señaló como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el diecisiete de enero de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable el que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes a aquél en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que expresará las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Por otra parte, toda vez que del escrito aclaratorio de demanda se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que desconoce si ya fue emplazada la parte demandada en el juicio de origen Instituto del Deporte del Estado de Yucatán; en consecuencia, este Juzgado Federal se reserva a emplazarlo al presente juicio con el carácter de tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Dese la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia de la demanda y escrito aclaratorio. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley. Debiendo hacerle saber a la autoridad responsable, que no habrá la necesidad de emitirle oficio para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https****, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese, haciéndolo personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y regístrese.
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