Óscar Quiala Pacheco
Expediente 955/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/12/2022
Partes del expediente
- Óscar Quiala Pacheco
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente. se notifica a la parte quejosa: Óscar Quiala Pacheco La resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós; por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte promovente del amparo, no dio cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós; así entonces, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo, y con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo y se dejan sin efecto las providencias dictadas en el presente expediente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y una vez que cause estado la presente determinación, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto de lo cuenta, glósense a los autos para que obren como legalmente correspondan, los oficios remitidos por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos, en representación del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, en atención a los oficios 44893 y 44894, mediante los cuales rinde informe relativo a la suspensión de plano decretada en los presentes autos; así entonces, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Finalmente, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a las personas que señala en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de DOS de diciembre de dos mil veintidós: Tijuana, Baja California, dos de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Óscar Quiala Pacheco, por propio derecho, contra actos del 1) Director y Subdirector de la Estación Nacional de Migración, 2) Delegado y/o Representante del Instituto Nacional de Migración, y 3) Delegado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de Tijuana, Baja California, todos con residencia en esta ciudad, a quienes les atribuyen actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 955/2022. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 17 fracción IV, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda de amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, armonizando los elementos que la conforman con la finalidad de obtener la verdadera intención de quien promueve, se desprende que reclama medularmente los siguientes actos: ? Incomunicación, detención, o alojamiento del quejoso en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, del Instituto Nacional de Migración. ? Privación de la libertad personal fuera de procedimiento. ? Orden de deportación, expulsión o repatriación. ? La restricción a la libertad de tránsito. ? Trato discriminatorio por su origen nacional, rasgos e idioma. ? La negativa de salir de la estación migratoria para realizar el trámite migratorio a fin de regularizar y obtener su estancia legal en México, en términos de la Ley de Migración. ? La omisión de otorgarle el reconocimiento de la condición de refugiado. En ese sentido, por lo que hace al acto reclamado consistente en la deportación, expulsión o repatriación inminente, con fundamento en los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecuten tales actos o cualquier orden que obligue al quejoso Óscar Quiala Pacheco a abandonar este país, quien deberá quedar a disposición de este Juzgado de Distrito, en el lugar en que actualmente se encuentra -esto es, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad de Tijuana, Baja California-, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, y a disposición de las autoridades responsables, por cuanto a la continuación y seguimiento del procedimiento administrativo migratorio; en el entendido que el agraviado no podrá ser trasladado a diversa estación migratoria del país. Ahora, por cuanto hace a los diversos actos reclamados consistentes en la detención, alojamiento y privación de la libertad del quejoso por más de 36 horas en las instalaciones en las instalaciones de la Estación Nacional de Migración con domicilio conocido en Garita Internacional 22430, campamento Chaparral, en esta ciudad de Tijuana, requiérase a la autoridad responsable a fin de que lo ponga a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. En la inteligencia que si la detención del agraviado no tiene relación con la comisión de un delito, bajo su más estricta responsabilidad, deberá ser puesto en inmediata libertad, sólo en el caso de que hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración1, o bien, que hayan transcurrido las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento2. Lo anterior, sin perjuicio que las autoridades migratorias puedan establecer con plenitud de jurisdicción alguna de las medidas que estimen pertinentes conforme al artículo 102 de la Ley de Migración, para que el quejoso continúe con su trámite migratorio, a saber, de manera enunciativa, que proporcione domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanezca; que no podrá ausentarse sin autorización por escrito del Instituto Nacional de Migración, presentarse las veces que sea requerido por la autoridad administrativa. En el entendido que, la autoridad responsable deberá ponderar las circunstancias especiales del extranjero quejoso, como lo es, que podría presentar una especial vulnerabilidad, por haber salido de su país de origen dejando su vida, posesione, familia y afectos atrás, ante la situación de amenaza de su vida, de la pérdida de su libertad o integridad por lo que difícilmente tiene lazos en México o un conocimiento amplio de su contexto y menos de su sistema legal, que le permita ejercer mejor sus derechos humanos como los relativos a pedir refugio a la protección judicial y a no ser devuelto al país del que ha salido por una situación de amenaza; incluso en su movilidad se pudo haber enfrentado a la delincuencia y ser despojado de los pocos recursos que tiene para viajar; a efecto que fijen las medidas a que se refiere el numeral a que se hizo referencia con antelación. En la inteligencia que, la presente determinación no tendrá por efecto paralizar o suspender el procedimiento administrativo migratorio que pudiera instruirse al impetrante; sin embargo, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en los párrafos que anteceden, las autoridades migratorias no podrán ejecutar la deportación, ni trasladar a alguna otra estación migratoria fuera de la localidad en la que se encuentra detenido el quejoso, mientras surta sus efectos la presente medida cautelar. Sirve de sustento a lo anterior por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia P./J. 80/20073, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, por lo que hace al acto reclamado que se hace consistir en la incomunicación de la que dice es objeto la directamente agraviado, se decreta la suspensión de plano, para el efecto de que cese de inmediato o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se describen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que traigan como consecuencia la afectación a su integridad personal, y las consecuencias derivadas de ellos que resulten en su perjuicio, por encontrarse prohibidos en términos de los preceptos legales que al efecto han quedado invocados. Requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que reciba el oficio respectivo, con fundamento en lo establecido por el artículo 126, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, informe el cumplimiento dado a esta medida, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo. Se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, para que realice la entrega de los oficios respectivos al 1) Director y Subdirector de la Estación Nacional de Migración, 2) Delegado y/o Representante del Instituto Nacional de Migración, y 3) Delegado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de Tijuana, Baja California, todos con residencia en esta ciudad, en el entendido que se faculta al Actuario de la adscripción, para que una vez constituido en la dirección en la que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se rehúsan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, se les entregue en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de la Materia, sin perjuicio de imponerles multa de cien unidades de medida y actualización, establecida en el artículo 245 del citado ordenamiento legal, así como para entregarlo a la autoridad correspondiente, asentando su denominación correcta. Sin que sea el caso pronunciarnos respecto a la suspensión de plano de los actos consistentes en 1) la restricción a la libertad de tránsito, 2) trato discriminatorio por su origen nacional, rasgos e idioma, 3) la negativa de salir de la estación migratoria para realizar el trámite migratorio a fin de regularizar y obtener su estancia legal en México, en términos de la Ley de Migración y 4) la omisión de otorgarle el reconocimiento de la condición de refugiado, dado que no son actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los previstos en el artículo 15 de la Ley de la Materia, por lo que se proveerá lo conducente en el momento procesal oportuno, esto es, una vez que se admita a trámite la demanda de amparo. Como preámbulo, previo acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que nos ocupa, se impone precisar lo que se prevé en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. (.)." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.)" Así pues, de la interpretación armónica de los citados ordinales, se colige que es obligación de este Juzgado examinar ante todo el escrito de demanda y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, se mandará prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Luego, tras haber efectuado una minuciosa lectura del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa incumplió con dos de los extremos contemplados en los numerales antes transcritos; por consiguiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requiérasele al quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de cinco días, dé cumplimiento a la siguiente prevención: ? ÚNICO: Aclare su demanda de amparo, para lo cual deberá bajo protesta de decir verdad, manifestar la fecha y lugar en que fue detenido por las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración. Lo anterior, en virtud que de la demanda de amparo que se atiende se desprende que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que fue detenido por autoridades migratorias en el Aeropuerto de Tijuana, Baja California, el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, a las tres de la mañana, mientras se trasladaba de esta ciudad, a los Estados Unidos de América. Sin embargo, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que realizada una consulta en base de datos que arroja el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se tuvo noticia de la existencia de los diversos juicios de amparo 1897/2022 y 1914/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia el Mexicali, en los que Óscar Quiala Pacheco, es igualmente la parte quejosa. Expedientes, en los que de acuerdo a la información que arroja el referido sistema, se aprecia que reclama la privación de la libertad, alojamiento, detención, impedir transitar por el país mediante salvoconducto o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad del quejoso, trato discriminatorio por su origen nacional, rasgos e idioma, la negativa de salir de la estación migratoria para regularizar su situación migratoria, incomunicación, orden de deportación, expulsión o repatriación que las responsables pretenden emitir en contra del quejoso y la omisión de otorgarle el reconocimiento de la condición de refugiado. Por lo que en esta data, a las doce horas con treinta y nueve minutos, se entabló comunicación con la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, licenciada Celia Eulalia Guillén Guerrero, al número de red 660 1399, a efecto de verificar si las partes en los expedientes en cita, son las mismas que en la demanda de amparo que se atiende, a fin de proveer lo conducente. Quien corroboró que se trata de la misma parte quejosa y actos reclamados, sin embargo son distintas autoridades responsables, pues éstas en dichos expedientes tienen su domicilio en la ciudad de Mexicali. Del mismo modo, informó que en los capítulos de antecedentes de las demandas de amparo que dieron origen a los expedientes 1897/2022 y 1914/2022, del índice de ese órgano, ambas promovidas por Óscar Quiala Pacheco, bajo protesta de decir verdad manifestó que fue detenido por autoridades migratorias, en el Aeropuerto de Mexicali, Baja California, el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, a las tres de la mañana, mientras se trasladaba en esa ciudad. Por lo que es inconcuso, que dichas manifestaciones generan incertidumbre respecto al lugar donde ocurrió su detención, y dicha información resulta necesaria para establecer de manera efectiva y clara la litis respecto de la cual versará el presente juicio, brindando certeza jurídica a las actuaciones y a las partes en el juicio, y que constituye un requisito esencial en el escrito inicial de demanda, acorde con lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo. En el entendido, que la aclaración de que se trata se requiere bajo protesta de decir verdad, sólo podrá ser formulada por los quejosos y no por sus autorizados, por tratarse de un acto personalísimo y que sólo le incumbe a la parte peticionaria del amparo. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2007285, cuyo rubro dice4: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD2, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA REATIVA." Asimismo, por las razones que la informan, la Jurisprudencia5, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento de a lo anterior en el lapso concedido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 último párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, hágase del conocimiento del quejoso y sus autorizados que de considerar actualizada la hipótesis del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo que prevé sanciones para la parte quejosa, para su abogado, autorizado o ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda, afirmen hechos falsos, u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, se procederá a dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.6". En otro orden, se tiene a la parte quejosa señalando autorizado de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Olga Hernández Gómez, cuya cédula profesional se encuentra registrada en la base de datos relativa al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, así como únicamente para oír y recibir notificaciones a Sergio Hernández Peña y Heriberto Camarillo Rojas, en virtud de no tener cédula profesional registrada en el referido sistema. Por otra parte, toda vez que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, los estrados de este órgano Federal, los cuales no constituyen en sí un domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, túrnese los autos al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional, para que proceda a notificar a la citada parte quejosa de mérito, el presente proveído y subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, lo anterior hasta en tanto proporcione domicilio para tal efecto en esta ciudad. Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que el agraviado se encuentra privado de su libertad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que deriven del presente asunto, deberán practicársele en forma personal, ello hasta en tanto subsista ese estado de detención. Como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele copia certificada de la presente determinación, recabando el acuse de recibo correspondiente; autorizando para recibirla a las personas que para ello refiere. Ahora, de conformidad con los artículos 52 bis y 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID- 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea", hasta su conclusión y archivo. De igual forma, para que proporcionen un número de teléfono móvil, una cuenta de correo electrónico o servicios de mensajería instantánea, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario. Hágase saber a las autoridades que cualquier promoción que pretendan presentar, habrá de efectuarlo - mientras sea viable- al correo oficial 2jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx; lo anterior, atento a lo establecido en el Acuerdo General de referencia, mismo que establece los principios rectores y disposiciones generales de la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el consejo, para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
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