Óscar Posadas Valera
Expediente 828/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Óscar Posadas Valera
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por ------------, por propio derecho, en el juicio de amparo 828/2020-V, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado Acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Respecto a los documentos que la parte quejosa exhibió durante la tramitación del presente juicio, con fundamento en el citado artículo 21 del acuerdo general, se dejan a su disposición, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberán dejarse en autos copia certificada de ellos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su depuración. Asimismo, se precisa que para poder acudir a recoger las documentales exhibidas, conforme a los artículos 31 y 42 del 1 "Artículo 3. Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. A partir del 3 de agosto de 2020 estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. El sistema permitirá generar citas cada media hora: una en la secretaría de acuerdos de cada tribunal colegiado de Circuito; dos en cada juzgado de Distrito, tribunal unitario de Circuito y ponencia de tribunal colegiado de Circuito; y tres en cada Centro de Justicia Penal Federal." indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y publíquese por lista este acuerdo, en los términos que establece el artículo 213 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por -----------, por propio derecho, por medio del cual desahoga la prevención de diez de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, se dirigió prevención a la parte quejosa, a efecto de que desahogara lo siguiente: 1) Precise la denominación correcta de la autoridad responsable a la que le reclama el acto de molestia (.). 2) Así mismo, deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Así las cosas, en atención al contenido del escrito de cuenta, y toda vez que el mismo aduce haber tenido conocimiento del acto reclamado en fecha uno de mayo del año dos mil veinte. Con motivo de lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el caso, ha operado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." El lapso referido en el párrafo anterior, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, 3. Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo considerado, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 105, 217-228 Cuarta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que versa: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." En consecuencia, en el caso el quejoso ----------, esencialmente reclama el ilegal reporte de robo con la carpeta iniciada en la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículo en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz. Empero, de la lectura integra de su escrito de aclaración de demanda, el peticionario realiza bajo protesta de decir verdad, que conoció el acto reclamado fue el uno de mayo de dos mil veinte, pues fue en esa fecha, ya que al querer renovar su póliza de seguro, es cuando el ajustador le informa que su vehículo cuenta con reporte de robo. Por tanto, tomando en consideración el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", vigente a partir del tres de agosto de esta anualidad, el término de quince días hábiles previsto por el artículo 17, de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, inició a computarse desde el tres al veintiuno de agosto de dos mil veinte, día posterior hábil al que se hizo sabedor del acto reclamado, consecuentemente, si la demanda la presentó hasta el cinco de noviembre de dos mil veinte, resulta evidente que dicha demanda de amparo, se encuentra fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado; lo cual implica que dicho acto tildado de inconstitucional y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentido. Apoya a lo considerado, la jurisprudencia 14, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice de 1995, que instituye: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Por tanto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XIV, 107 y 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo promovida por el quejoso ------------, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículo en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz. Notifíquese personalmente al quejoso, y publíquese por lista este acuerdo, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26, FRACCION III, 27, FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRONICA OFICIAL A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 10/11/2020. QUE DICE:Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículo del Estado de Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 828/2020-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracciones III y IV, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir al quejoso Óscar Posadas Valera, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente bajo protesta de decir verdad: Precise la denominación correcta de la autoridad responsable a la que le reclama el acto de molestia, es decir, en caso de que señalé como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículo en el Estado de Veracruz, precise el municipio en que se ubica dicha responsable, y si ésta pertenece a algún turno o número de mesa. Asimismo, deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado Ello, tomando en consideración que en capítulo de autoridades responsable señala como autoridad ordenadora a la Agente del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículo en el Estado de Veracruz y en el capítulo de conceptos de violación manifiesta que la constancias de hechos 176/09RVUP se tramita en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículos y Asalto a Transportistas, Segundo Turno de la Procuraduría del Estado de Puebla, aunado a que no precisa en que municipio del Estado de Veracruz, se encuentra adscrito la autoridad responsable, ni el turno o mesa al que pertenece. Asimismo, en el hecho tres de su demanda refiere que el uno de mayo de dos mil veinte, el ajustador le informó que su vehículo tenía un reporte de robo, asimismo, en el mismo hecho refiere en la parte final aduce que el diecinueve de noviembre de dos mil veinte (fecha que aún no acontece) se percató que el vehículo aparece con reporte de robo, lo que genera incertidumbre sobre en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado. Lo anterior, para estar en aptitud de integrar debidamente la litis del presente juicio de amparo 3.- Asimismo, deberá exhibir cuatro copias de su escrito de desahogo, para correr traslado a igual número de partes en el presente expediente; es decir, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una para la autoridad responsable, y dos para formar el incidente de suspensión. Las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba a la parte promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento con los requerimientos de mérito, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrán por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: Calle -----------------, Ecatepec de Morelos, Estado de México, por así haberlo solicitado. También, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual forma, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que designa en el escrito de demanda, quienes podrán gozar de las amplias facultades que les confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, una vez que acrediten tener su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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