Oscar Pineda Oliveros
Expediente 847/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Oscar Pineda Oliveros
Actuaciones
- Incidental
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido con firma electrónica del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto por el quejoso ********************, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, el que quedó registrado como amparo en revisión administrativa número ********************de lo anterior, este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Incidental
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez y la Secretaria Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, atento a su contenido; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su informe previo, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 15374/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en el que obra inserto el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, del que se aprecia que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Oscar Pineda Oliveros, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero, residente en esta ciudad y otra autoridad, para lo cual remite los autos originales del juicio de amparo 653/2023 de su índice. Por tanto, con apoyo en el artículo 48, párrafo II, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se AVOCA al conocimiento del asunto; comuníquese esta determinación al Juez declinante para los efectos legales procedentes. Acúsese recibo. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 847/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Oscar Pineda Oliveros, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero, residente en esta ciudad y otra autoridad. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Por haberlo solicitado, tramítese por separado el incidente de suspensión y de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General citado, no se forma duplicado físico. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a las autoridades responsables su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberán rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrán por rendidos extemporáneamente aun cuando se rindan antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para no hacerlo. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de que no rindan su informe justificado o lo hagan sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la citada Ley. Asimismo, para que informe a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. En otro contexto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados a Olga Josefina Astudillo Nava; quien tiene su domicilio ubicado en Avenida Juan Álvarez, número cincuenta y uno (51), colonia centro de esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), y 27 de la ley de la materia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional se constituya en el citado domicilio para que con copia simple de la demanda la emplace al presente juicio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Isidro Calvo Maldonado, toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Abigail García Calvo, por no contar con el requisito anterior. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico que refiere la parte promovente en su escrito de demanda, para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales en caso de que éste órgano jurisdiccional lo estime necesario. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte, las documentales que anexa, la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, con las cuales se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional correspondiente. Ahora, en relación a la prueba consistente en el informe de autoridad con cargo al Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social de Chilpancingo, Guerrero, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. De igual forma, se autoriza el uso de cámaras fotográficas y/o lectores ópticos con el objeto de tomar placas fotográficas de los autos que obran en el presente asunto, lo anterior con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sustenta lo anterior, la tesis I.1o.A.23 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, con registro digital 2008986 cuyo rubro es: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal.
- Incidental
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo 847/2023 promovido por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero, residente en esta ciudad y otra autoridad. Se apertura por separado el presente incidente de suspensión. Dígasele a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial Judicial "C", responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se fijan las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a las autoridades responsables que en caso de no rendir en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, debe señalarse de manera específica el acto que en la especie se reclama, y una vez realizado un cabal estudio del escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como tal el siguiente: También es menester observar lo dispuesto por la fracción X del artículo 107 constitucional, que señala que para proveer en torno a dicha medida cautelar, debe atenderse a la naturaleza de la violación alegada, lo cual resulta posible a través de la precisión del acto que se combate por esta vía constitucional. En ese sentido, cabe hacer mención que la medida cautelar se pide para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, no se descuente el 30% del excedente del salario mínimo de la pensión por cesantía de edad avanzada que recibe el quejoso. Precisado lo anterior, esta juzgadora se pronunciará únicamente respecto de las consecuencias del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia 2ª./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Al respecto, se considera pertinente establecer los requisitos señalados por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo para su procedencia: "ARTICULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos: III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos. X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de la ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión provisional al quejoso Oscar Pineda Oliveros, quien es parte demandada en el juicio de origen, toda vez que la ejecución de las sentencias es de orden público y su prosecución no puede impedirse. Se cita por las razones que la informan la jurisprudencia 1a./J. 15/2023 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2025894, Undécima Época, Materias(s): Civil, Constitucional, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Febrero de 2023, Tomo II, página 2108, de rubro y de texto siguientes: "EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA REGLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1394, PRIMER PÁRRAFO, RELACIONADA CON EL DIVERSO 1395, FRACCIÓN II, AMBOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD, POR LO QUE ES UNA MEDIDA CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. Hechos: Una empresa promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la resolución que declaró infundado el recurso de revocación que interpuso en contra del auto que decretó el embargo sobre bienes de su propiedad dentro de un juicio ejecutivo mercantil; así como la inconstitucionalidad de los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, del Código de Comercio, al aseverar que limitan injustificadamente el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso, de audiencia y a la propiedad privada, al restringir la disposición de sus bienes. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la hipótesis normativa contenida en los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, del Código de Comercio, consistente en el derecho que se le otorga a la parte actora para que solicite el embargo desde la diligencia de emplazamiento a juicio, en caso de que la parte demandada no realice el pago que le haya sido requerido o no señale bienes suficientes para garantizarlo; supera el test de proporcionalidad, por lo que resulta una medida constitucionalmente válida. Justificación: El primero de los artículos aludidos establece los requisitos mediante los cuales se llevará a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, entre los que se contempla que, en caso de que el enjuiciado no haga el pago de las prestaciones reclamadas o no señale bienes suficientes para garantizarlo, ese derecho se trasladará a la parte actora; mientras que el segundo de dichos numerales determina la prelación de bienes que son sujetos de embargo, entre otros, los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del actor. Tales artículos tienen por objetivo privilegiar la igualdad procesal entre las partes, puesto que pretenden equilibrar y evitar que se siguieran cometiendo excesos injustificados ante la poca claridad de la ley para llevar a cabo los emplazamientos en los juicios ejecutivos mercantiles; aunado a que se busca embargar los bienes de fácil realización a fin de garantizar eficazmente los derechos de las partes, lo que dota de certeza jurídica y facilita los procesos ejecutivos. Por ende, dicha medida persigue una finalidad constitucionalmente válida pues busca garantizar que la ejecución en los juicios ejecutivos mercantiles no pierdan la agilidad y sencillez con que fueron ideados por el legislador, evitando que las pretensiones del actor se tornen difíciles o irrealizables; incluyendo el derecho del actor para que valore en el acto mismo de la diligencia de embargo, la facilidad de realización y pronto cobro de los créditos señalados para embargo por la parte demandada y, una vez evaluados, los acepte con el riesgo que ello conlleva. Además, se trata de una medida idónea en tanto que con ella se logra asegurar de manera temporal, hasta que se resuelva la contienda, que existirán bienes suficientes para cubrir el monto adeudado contemplado en un título que, por sus características, trae aparejada ejecución. Asimismo, la designación de embargo sobre los bienes de la demandada resulta una medida necesaria para garantizar la satisfacción de los créditos, pues constituye un mecanismo legal para asegurar el pago a la parte actora en caso de que resulte fundada su pretensión, siempre y cuando la oportunidad del demandante para señalar bienes suficientes cuando el enjuiciado no haya hecho uso de ese derecho o, habiendo señalado éstos no resulten aptos a consideración de la parte actora, debe estar precedida por el apercibimiento que realice la actuaria o persona adscrita al juzgado encargado del proceso de embargo a la enjuiciada, para que sea esta última quien haga el señalamiento de bienes suficientes en los que recaerá la medida cautelar. Finalmente, dicha medida supera la grada de proporcionalidad en sentido estricto en tanto que permite garantizar la materia del juicio hasta finalizar el proceso, además de que resulta una disposición temporal de los bienes que pudieran ser adicionados a petición del actor a fin de asegurar el pago del adeudo a su favor, lo que constituye un sacrificio admisible frente a la garantía eficaz de una fácil realización del crédito del actor quien, al sustentar su acción en un título ejecutivo, goza de una vía privilegiada para ejecutar su crédito." De igual forma, no se soslaya que el incidentista es una persona adulta mayor, pero ello no lo exime del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el juicio de origen. Esto es así, porque la calidad de persona mayor no es una característica que necesariamente implique que la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad o de desventaja social, de suerte que si en el caso no se cuentan con elementos que evidencien ese estado de vulnerabilidad, no es procedente conceder la suspensión solicitada. En apoyo se cita la jurisprudencia 1a./J. 48/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2025160, Undécima Época, Materias(s): Común, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, página 2872, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MAYORES. ELEMENTOS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL ÓRGANO DE AMPARO PARA EXPEDIR DE OFICIO LAS COPIAS DE TRASLADO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 88 Y 110 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Ante la manifestación de las promoventes del juicio de amparo de ser personas mayores, uno de los tribunales contendientes determinó que la calidad de "mayor" de una persona, por sí sola, no es motivo suficiente para estimar que se encuentra en una situación de desventaja social y que por ello se deban expedir de oficio las copias de traslado, sino que se requiere acreditar que encuentra especiales dificultades para ejercer sus derechos. Los otros tribunales contendientes partieron de la premisa de que las personas mayores forman parte de un grupo en situación de vulnerabilidad y, por tal motivo, surge la obligación irrenunciable de llevar a cabo las medidas materiales y jurídicas necesarias que atiendan a su mayor protección, por lo que ordenaron que se expidieran de oficio las copias para correr traslado a las partes tomando en cuenta, además, las circunstancias particulares del caso concreto. Criterio jurídico: El órgano de amparo que conozca del asunto debe verificar, a la luz de una especial protección a los derechos reconocidos a favor de las personas mayores en el ordenamiento jurídico mexicano y en los tratados internacionales, si hay indicios de que la persona mayor involucrada en el juicio efectivamente se encuentra en una situación de desventaja social para emprender un juicio, en términos de los artículos 88 y 110 de la Ley de Amparo, pues, de ser el caso, se encuentra obligado a expedir de oficio las copias de traslado que amerite el trámite. Justificación: Si bien la calidad de persona mayor no es una característica que necesariamente implique que la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad o de desventaja social, sí constituye una característica que, en la gran mayoría de los casos, conlleva dicho estado. En virtud de que todos los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de proporcionar el mayor beneficio a las personas mayores que intervengan en los procesos de su conocimiento, el cual no debe ser categórico y general, sino que, en todo caso, dependerá de las circunstancias específicas en que se encuentre cada persona mayor. Además, la verificación que se realice debe tener presentes diversos aspectos: las circunstancias manifestadas por la persona mayor, el material probatorio aportado al juicio, así como las diversas presunciones humanas que puedan derivar del análisis de los hechos probados y de las particularidades del caso concreto como, por ejemplo, atender a los diversos marcadores sociales que pudieran revelar alguna situación de vulnerabilidad de la persona adulta mayor (como el domicilio, el nivel de ingresos o el grado de escolaridad); es decir, el órgano de amparo debe analizar integralmente todas las circunstancias que pudieran colocar en un estado de desventaja social a la persona mayor, además de atender a lo manifestado por las partes y al material probatorio aportado, pues son obligaciones intrínsecas a toda labor jurisdiccional. Además, debe considerarse que, como parte del paradigma constitucional de protección a los derechos humanos, todos los tribunales del país tienen la obligación de tomar en cuenta, para dar solución al caso concreto, las distintas categorías sociales que, presumiblemente, pudieran acarrear una condición de desventaja social a la persona justiciable; dicha situación de desventaja social puede derivar de la actualización de múltiples factores de desigualdad social sufridos por una misma persona (discriminación múltiple), pues las características o circunstancias personales pueden situar a una persona en condiciones sistémicas desfavorecidas, por lo que la parte juzgadora debe estar siempre sensible a la concurrencia de dichas categorías que pudiera reunir una misma persona. Una cuestión para tomar en cuenta en la calidad de persona mayor es la condición de género, que también es un factor importante a considerar para determinar si se encuentra en un estado de desventaja social. Esta Suprema Corte observa que las mujeres mayores pueden encontrar especiales dificultades económicas para acceder a la justicia como resultado de la intersección entre edad y género, lo cual es un factor que debe ser considerado por la parte juzgadora al momento de hacer cualquier determinación en el juicio de amparo, como parte de la obligación de todo órgano jurisdiccional de impartir justicia con base en una perspectiva de género." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por no contar con el requisito anterior. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico que refiere la parte promovente en su escrito de demanda, para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales en caso de que éste órgano jurisdiccional lo estime necesario. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte, las documentales que anexa, la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, con las cuales se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional correspondiente. De igual forma, se autoriza el uso de cámaras fotográficas y/o lectores ópticos con el objeto de tomar placas fotográficas de los autos que obran en el presente asunto, lo anterior con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sustenta lo anterior, la tesis I.1o.A.23 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, cuyo rubro es: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con base en los artículos 26, 27 y 28, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, constitucional, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese.
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