OSCAR PÉREZ OJEDA y Otros.

Expediente 737/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 26 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
737/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
06/12/2018

Partes del expediente

  • MARÍA JOSÉ PÉREZ RESÉNDIZ y Otros.
  • OSCAR PÉREZ OJEDA y Otros.
  • María José Pérez Reséndiz
  • Oscar Pérez Ojeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro; mediante el cual remite copia certificada de diversas actuaciones dictadas en el expediente 274/2018 de su índice. Agréguese a los autos dichas constancias, sin hacer mayor pronunciamiento, en atención a que las providencias decretadas en el expediente de origen no son materia del cumplimiento del fallo dictado en el juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído anterior para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para lo cual conviene hacer una relatoría de los efectos para los que se concedió el amparo y las acciones de la autoridad para el cumplimiento de éste. Mediante sentencia emitida el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto los siguientes efectos: "1. El Juez responsable deje insubsistente la determinación reclamada de seis de junio de dos mil dieciocho; Realice las acciones necesarias tendentes a lograr el desahogo de toda y cada una de las pruebas necesarias para que esté en aptitud de emitir su determinación; Una vez desahogadas las pruebas a que se hace referencia en esta resolución o, en su defecto, que obren las constancias de las razones por las cuales no fue posible el desahogo de las que se practicarían, el Juez del conocimiento deberá emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que resuelva sobre la medida de custodia provisional compartida solicitada. Del mismo modo, al resolver lo relacionado con el monto de pensión alimenticia, deberá tomar en consideración los pagos que como consignación venía realizando el quejoso. Lo anterior, en el entendido de que las acciones que se emprendan para lograr el desahogo de las pruebas y el dictado de la nueva resolución, deberán realizarse dentro del término de quince días, dada la urgencia de la resolución de la medida precautoria solicitada y en acatamiento al derecho de justicia pronta establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal." En satisfacción a lo anterior, mediante proveídos de dos, quince y dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad responsable informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo de amparo; además mediante el referido acuerdo de quince de octubre pasado, se le concedió una prórroga a efecto de estar en aptitud de desahogar diversas pruebas que ordenó en autos del juicio de origen y así dar cumplimiento a la sentencia. Luego, mediante auto de catorce de noviembre del año en curso, se tuvo al Juez responsable, remitiendo copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al cumplimiento del amparo. De dichas constancias, se advierte lo siguiente: Mediante resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 274/2018, el Juez responsable dejó insubsistente la determinación reclamada de seis de junio de dos mil dieciocho. En la resolución referida, precisó que a efecto de dar cumplimiento a los lineamientos precisados en la sentencia de amparo y estar en aptitud de emitir una determinación concerniente a las convivencias o en su caso custodia compartida de la menor de iniciales M.J.P.R, ordenó el desahogo de diversas pruebas que estimo necesarias para ello. En ese sentido, programó para el día tres de octubre una entrevista con la menor en cita, con la finalidad de que dilucidar aspectos como la situación actual en la que vive, respecto de quien se encarga de su cuidado y dónde habita actualmente, así como que exprese con cuál de sus progenitores quiere vivir y el modo de vida que actualmente lleva. Por otra parte, además de lo anterior, la autoridad ordenó recabar diversos medios de prueba para determinar lo más benéfico para la menor de edad en cita al momento de proveer respecto de la pensión alimenticia en su favor, tomando en cuenta sus necesidades y la posibilidad del acreedor; por lo que ordenó al actuario para que requiriera tanto a Óscar Pérez Ojeda y a Paola Reséndiz Miranda para que manifestaran si tenían alguna otra fuente laboral y en caso de ser afirmativo, manifestaran a cuánto ascienden sus ingresos, la periodicidad con las que los reciben y el nombre de la fuente laboral. Asimismo, citó a los referidos progenitores a fin de que comparecieran el mismo tres de octubre de dos mi dieciocho en el Juzgado responsable y les requirió para que en dicha fecha, exhibieran los últimos cuatro recibos de nómina, dos propuestas concretas a fin de llevar a cabo las convivencias con su hija mejor de edad, constancia del horario de la guardería de ésta, y en caso de Paola Reséndiz Miranda, debería demás exhibir una relación de los gastos mensuales de la menor en cita, y una vez recabado lo anterior el Juez decretaría lo relativo a las convivencias y en caso custodia compartida. Así, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el día tres de octubre se llevó a cabo la plática con la menor de edad de iniciales M.J.P.R, en la cual con motivo de lo manifestado por la infante, la Representante Social del Juzgado responsable, solicitó una valoración psicológica, tanto de la menor como del progenitor. Además, en dicha fecha, compareció el progenitor Óscar Pérez Ojeda a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado responsable, y para tal efecto presentó los documentos requeridos, así como la propuesta a fin de llevar a cabo las convivencias con su hija mejor de edad, documentales que obran en las copias certificadas que remitió el Juez responsable. Por su parte, Paola Reséndiz Miranda en dicha comparecencia manifestó que no traía consigo los documentos requeridos ni tampoco la propuesta respecto de las convivencias; sin embargo en uso de la voz el juez dio noticia de la información requerida, así como de la propuesta referida, y en ese mismo acto se le requirió de nueva cuenta para que exhibiera las constancias antes aludidas en un plazo de cuarenta y ocho horas, constancias que en cumplimiento a lo ordenado fueron exhibidas ya agregadas al expediente natural en proveído de once de octubre de dos mil dieciocho. En la misma fecha, a fin de adoptar las medidas para resolver en beneficio de la menor, ordenó al actuario a fin de que se constituyera en el domicilio particular de cada uno de los progenitores y levantara un acta circunstanciada de las condiciones en que se encuentran viviendo, el número de personas que viven en dichos inmuebles, las condiciones de higiene, detallando si éstos cuentan con un espacio destinado a la menor de edad, y respecto del cual debería hacer una descripción detallada; asimismo los progenitores deberían manifestar bajo protesta de decir verdad cuántas personas habitan ahí, quien se hace cargo del mantenimiento y gastos de los mismos; inspecciones que se llevaron a cabo el propio tres de octubre pasado y que obran en las constancias que en la fecha se analizan. Luego, el diez de octubre de dos mil dieciocho la autoridad responsable, ordenó la elaboración de un examen psicológico de las partes del juicio Óscar Pérez Ojeda, Paola Reséndiz Miranda y la menor de edad de iniciales M.J.P.R.; así como de un estudio socioeconómico de los progenitores, mismos que fueron desahogados y agregados en autos del juicio de origen en proveído de trece de noviembre pasado. En el mismo acuerdo, el juez responsable modificó las convivencias establecidas entre el progenitor y su hija menor de edad para que se llevaran a cabo en los términos ahí precisados y fuera del domicilio de depósito establecido y no en las instalaciones de la Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia. Luego, en acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho, requirió a la parte patronal del progenitor a fin de que exhibiera una constancia laboral en la que especificara su rol de turnos, documental que se agregó al juicio de origen en acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho. Una vez desahogadas las pruebas referidas así como exhibidas las constancias requeridas, el Juez del conocimiento, el trece de noviembre de dos mil dieciocho emitió una nueva resolución en la que analizados los medios de convicción recabados decretó la custodia provisional de la menor de edad de iniciales M.J.P.R.; en favor de Paola Reséndiz Miranda y fijó las convivencias entre la infante y su progenitor en los términos ahí precisados. En lo referente a la pensión alimenticia, tomó en consideración que la custodia provisional se decretó en favor de la progenitora, correspondía a Óscar Pérez Ojeda, otorgar alimentos en favor de su hija, sin que ello eximiera a Paola Reséndiz Miranda de cumplir con la obligación de contribuir a los gastos correspondientes. Del mismo modo, al resolver lo relacionado con el monto de pensión alimenticia, una vez analizadas las constancias relativas al estudio socioeconómico realizado a los progenitores, así como la cantidad que Óscar Pérez Ojeda, había estado aportando de manera quincenal, fijó el 23% de las percepciones de éste por concepto de pensión alimenticia en favor de la menor de edad. A los documentos reseñados se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, toda vez que fueron emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se evidencía que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de Óscar Pérez Ojeda, manifestó en su escrito agregado en pasado proveído que con la emisión de la resolución, se incumple con la ejecutoria de amparo en su punto número tres, toda vez que la autoridad responsable no valoró en su totalidad los medios de prueba allegados, toda vez que negó nuevamente al quejoso la guarda y custodia, al tomar en cuenta la necesidad que tiene éste de rolar turnos, y con ello limita su derecho a participar en el crecimiento y sano desarrollo de la infante, así como el derecho de la menor de crecer al lado de su padre. Sin embargo, los efectos de la concesión de amparo fueron para que una vez recabadas y valoradas las pruebas necesarias, el Juez responsable el emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que resuelva sobre la medida de custodia provisional compartida solicitada, más no se le constriñó para que tal determinación debiera ser en los términos solicitados por el quejoso, es así que la autoridad tuvo libertad para que una vez valoradas las pruebas, en específico las que alude el agraviado respecto de rol de turnos en su fuente de trabajo, determinó que no era factible estar bajo la custodia de ambos padres, toda vez que dicha circunstancia, le impediría estar de manera constante y en horarios estables al cuidado de su hija, fin persigue el propio agraviado tal como lo manifestó en el escrito que se analiza, por lo que sí se vería impedido a velar por el cuidado y sano desarrollo de la menor, y sus horarios de convivencias también se verían mermados; no obstante ello, el juez responsable ajustó las convivencias con base en el rol de turnos antes aludidos, a fin de asegurarse que su horario laboral no interviniera de manera negativa en tales regímenes y contrario a lo aludido por el agraviado, con dicha determinación se prevé la sana convivencia y desarrollo de la menor con su progenitor; y finalmente le requirió para que en caso de que su horario laboral tuviera alguna modificación, lo informara de inmediato al Juzgado a fin de ajustar las medidas decretadas. El diverso motivo de disenso que hace valer el quejoso, en el sentido de que el Juez niega la guarda y custodia derivado de la incorrecta valoración de las pruebas psicológicas llevadas a cabo; sin embargo, se reitera que los efectos de la sentencia no fueron para que el Juez emitiera su determinación en un sentido específico en favor del agraviado, por lo que si el Juez responsable hizo una valoración de los medios de convicción que obran en autos del juicio de origen que motivó una resolución contrario a las pretensiones del aquí justiciable, estuvo en lo correcto pues como quedó precisado los alcances por los que se otorgó la protección constitucional están delimitados y no comprende de manera alguna el sentido de la resolución que se dictó en cumplimiento a la sentencia del presente expediente. Ahora bien, tocante a la inconformidad de que el Juez no tomó en consideración la cantidad que el quejoso ya depositaba a fin de establecer el monto de pensión alimenticia, pues a decir del agraviado, la responsable de manera arbitraria ordena el descuenta vía nómina del porcentaje fijado por concepto de pensión alimenticia, y omite tomar en consideración la cantidad de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100) consignada por concepto de garantía de pensión alimenticia en favor de la menor de edad. Al respecto es importante destacar que en la resolución que en esta fecha se califica, al momento de establecer el porcentaje de pensión alimenticia en favor de la menor de edad, el juez responsable consideró tanto las aportaciones que de manera voluntaria había realizado el propio quejoso, como el hecho de que la madre, también se encontraba obligada a contribuir con dichos gastos, y precisó que en el transcurso del procedimientos las partes estaban en posibilidad de aportar pruebas para acreditar las prestaciones que en ese mismo sentido se reclaman. Por tanto, no asiste la razón al agraviado en lo antes manifestado, pues contrario a lo que aduce, no es obligación de Juez responsable tener en cuenta la cantidad de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100) consignada por concepto de garantía de pensión alimenticia en favor de la menor de edad, para que sea tomada en lugar del porcentaje que ha de ser descontado de manera mensual vía nómina, toda vez que como se específica, dicha garantía ha de ser tomada para asegurar las necesidades de la menor, en caso del incumplimiento de la obligación de pensión alimenticia fijo mensual; monto que será resguardado en la oficina de consignaciones de primera instancias hasta en tanto no exista tal incumplimiento A mayor abundamiento, se tratan de dos conceptos diferentes, mientras que el primero sirve para asegurar las necesidades de la menor, en la ocasión de que exista un incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia en favor de la menor de edad acreedora, el otro establece mediante una cantidad fija constante, un ingreso para cubrir la necesidades de la infante, no solo las básicas sino las que competen a su sano desarrollo. No obstante, de la resolución emitida por el Juez de origen, se advierte que fin de emitir su determinación, tomó en consideración los estudios psicológicos realizados a las partes, así como las pruebas recabadas de la fuente de trabajo del quejoso, y determinó que la circunstancia de que rolara turnos le impediría estar de manera constante y en horarios estables con la menor de edad. Por lo que al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 192174, de rubro y contenido siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. De tal modo, ateniendo a que en párrafos anteriores declaró cumplida la ejecutoria del amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas al otorgamiento o violación, haciendo la anotación correspondiente en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. Glósese al principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General; dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Juicio de Amparo 737/2018. En cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la que suscribe Graciela Gomez Pezuela Carrillo, Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a primera hora hábil del despacho, notifico por medio de lista, la resolución de cinco de diciembre del presente año, dictada en el juicio de amparo anotado al rubro, a la parte quejosa Oscar Pérez Ojeda, en representación de su menor hija M.J.P.R., ello de conformidad a lo ordenado en la diversa resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. Doy fe.

  4. Principal

    Juicio de Amparo 737/2018. En seis de diciembre de dos mil dieciocho, la que suscribe Graciela Gomez Pezuela Carrillo, Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a primera hora hábil del despacho, notifico por medio de lista, la resolución de cinco de diciembre del presente año, dictada en el juicio de amparo anotado al rubro, a la parte tercero interesada Paola Resendiz Miranda, ello de conformidad a lo ordenado en la diversa resolución de veinte de junio de dos mil dieciocho y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. Doy fe.

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