Oscar Peralta Tovar

Expediente 105/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
105/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Oscar Peralta Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz y, en atención a su contenido, téngasele informando que desechó por extemporáneo la queja número 57/2023-II de su estadística, relativo al recurso interpuesto por el quejoso ***, a través de su autorizado **** en contra del auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés; . ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo; por tanto, una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir de esta fecha, deberá ser destruido dentro de los treinta días siguientes, esto es, posterior al SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS, acorde a lo establecido en dicho numeral. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Acuerdo General de mérito. Finalmente, en cumplimiento al punto noveno del Acuerdo General Conjunto a que se hace referencia en el párrafo que antecede, prevéngase al quejoso para que de estimarlo conveniente, solicite la devolución de las documentales que exhibió en el presente juicio; para lo cual cuenta con un lapso de noventa días; apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, y como titular de los derechos de copropiedad consistentes en un ****** cuyo titular fue la de cujus *****; en un 4.8962% cuyo titular fue el de cujus *****; y en un 3.667% cuyo titular fue la de cujus *****, de una superficie de 7-16-20.98 hectáreas, del predio rústico denominado "******" del municipio de Pánuco, Veracruz, personalidad que acredita con el Instrumento Público Notarial Número ******, de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, ante el Notario Público Número Ciento Cincuenta y Cinco de ****, *****, contra actos del 1. Director General de Patrimonio del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 105/2023 que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En este sentido, del análisis de la demanda de amparo y documentos anexos, se advierte que sobreviene la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley; (.)" La disposición legal aludida refiere que antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la solicitante de la protección constitucional debe agotar el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad el cual establece que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos estos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo alguno, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos. Ya que de otra manera, no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse sólo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes; la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución; cuando el acto carece de fundamentación; y, cuando la legislación que rige el recurso o medio de defensa ordinario impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado o plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado, o no, susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV mayo de 2002, página 902, con número de registro 187016, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por otra parte, de conformidad con el artículo 2 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, debe entenderse por acto administrativo: "La declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general." Asimismo, el artículo 260 de la citada Ley refiere: "Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. De igual modo, la fracción II del artículo 280 del ordenamiento legal referido, establece que procede el juicio contencioso en contra de: "II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares;". De lo anterior, se colige que contra los actos administrativos procede el recurso de revocación en sede administrativa o bien el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, medios ordinarios de defensa idóneos para modificarlos, revocarlos o nulificarlos. Pues además, el medio de defensa citado en segundo término, no establece mayores requisitos que los exigidos por la Ley de Amparo para los efectos de la suspensión, ya que en ambos casos, el acto reclamado es3 susceptible de suspenderse a solicitud del promovente y siempre que no se siga perjuicio al interés social y se contravengan disposiciones de orden público. Así mismo, dicha legislación dispone que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable y que, en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. De la misma manera, la legislación referida establece las figuras de garantía y contragarantía; disponen que la solicitud de suspensión podrá ser formulada en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; prevén la posibilidad de conceder la suspensión del acto de manera inmediata; y, disponen que la suspensión podrá ser revocada o modificada en cualquier momento del juicio si varían las condiciones en las cuales se otorgó. Ahora bien, en el caso, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado para efectos de la protección constitucional es: El oficio ******* de diez de enero de dos mil veintitrés, a través del cual la autoridad responsable le dio contestación al escrito presentado por el peticionario del amparo el tres de septiembre de dos mil veintiuno, respecto al pago de la indemnización solicitada. En ese sentido, se aprecia que el acto reclamado por el promovente del amparo, fue emitido con motivo de su solicitud realizada por propio derecho y como titular de los derechos de copropiedad de las personas que indica, ante la Dirección General de Patrimonio del Estado, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, respecto al pago de una indemnización, por lo que se trata de actos propiamente administrativos. Sin que de los antecedentes narrados por el peticionario del amparo en el escrito de demanda, se advierta que haya agotado el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, previamente a la promoción de la demanda de amparo que se estudia, por lo que se advierte que este juicio de amparo es improcedente. Así, resulta patente que el promovente, previa promoción de la instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo que prevé el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, en su artículo 280, fracción II, en razón que basta con que la procedencia de algún medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, se prevenga de manera directa e inmediata, en alguna ley, formal y material, para que el particular se encuentre obligado a agotar dicho recurso ordinario antes de acudir al amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis, 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, con registro 193142, de rubro siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Sin que en el particular se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, pues es factible la suspensión del acto reclamado mediante la promoción del citado juicio contencioso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que en ella se consignan para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.), visible en el Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 326 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2020596, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO." Tampoco se está en las hipótesis de excepción relativas a que el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o bien, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio. Determinación que se adopta, además, con el fin de cumplir con la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio, pero sí se llega a la convicción a la que se arribó, con lo aportado por la propia quejosa. Sumado a que la decisión que se emite, permite al solicitante de la protección federal tener pleno conocimiento que la vía que propone en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende; y así, incluso, estar dentro del plazo legal para interponer el medio de defensa ordinario correspondiente. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), visible en la página 213, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015595, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." AUTORIZADO Se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***** y ******, debido a que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y como sus autorizados en términos del artículo 24 de la citada ley a ******, ****** y ***** debido a que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema antes citado. Asimismo, como lo solicita, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico", se autoriza al usuario "*****", el ingreso a dicho sistema electrónico, para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas. En ese sentido, se comisiona al Analista Jurídico "SISE" el registro del usuario antes referido; y se instruye al actuario de la adscripción relativo, para que realice las habilitaciones correspondientes. DOMICILIO Debido a que el promovente en su escrito de demanda señaló como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario autorizado en el apartado anterior, PRACTÍQUENSE TODAS LAS NOTIFICACIONES QUE EMANEN EN ESTE JUICIO DE MANERA ELECTRÓNICA, inclusive aquéllas de carácter personal, de conformidad con los artículos 26, fracción IV y 30, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese como corresponda..."

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