Oscar Peralta Sosa

Expediente 350/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
350/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Oscar Peralta Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado. Archivo Envíese al archivo. El expediente principal es depurable Notifíquese electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación, por oficio a las autoridades responsables y por lista

  2. Principal

    -AGREGA INFORME SIN MAYOR PROVEÍDO- Visto el informe rendido por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Aguascalientes del Instituto Nacional de Migración, agréguese a los autos sin mayor proveído toda vez que mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Cúmplase.

  3. Principal

    Da Cumplimiento. Visto el oficio de la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Aguascalientes del Instituto Nacional de Migración, en atención al requerimiento de veintitrés de mayo del año en curso; al efecto informa que la documentación remitida en su diverso oficio, presentado en este juzgado el diecinueve de mayo del año en curso, son las únicas constancias que obran en los expedientes administrativos migratorios de los quejosos... Notifíquese electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación y por lista al resto de las partes.

  4. Principal

    Se notifica por lista a los quejosos Óscar Peralta Sosa, Jorge Luis Zequeira Mazorro, Osniel Barreto Rivero, Odalys Rivero Saranova, Orelvis Vázquez López, José Carlos Roque Abad, Irania Castillo Mesa y Sulivan Mesa Fleitas, los acuerdos de diecinueve y veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el último de los referidos, a saber: 24/MAYO/2022: Razón Actuarial, Notificación Por Lista Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar personalmente a los quejosos..., la determinación de diecinueve de mayo del año en curso, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, además de lo indicado en auto de nueve de mayo del año en curso, notifíquese el auto de mérito por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones. Notifíquese electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación y por lista al resto de las partes.****************************************************************** 19/MAYO/2022: SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado de autos, resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción X (que contempla la figura de litispendencia), en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo mismo que reza: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. (.)". Para actualizar la causa de improcedencia destacada resulta necesaria la presencia de los siguientes requisitos: a) Que las normas generales o actos que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo. b) Que ese juicio esté pendiente de resolución. c) Que el diverso juicio sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. d) Que no se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. e) Que se trate del segundo o ulterior juicio de amparo promovido con los mismos elementos comunes indicados en los incisos anteriores. Resulta orientadora la tesis I.11o.C.31 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital: 2019187, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Entonces, de la lectura integral de la demanda recibida en este órgano jurisdiccional (350/2022-IV) se aprecia que los quejosos Óscar Peralta Sosa, Jorge Luis Zequeira Mazorro, Osniel Barreto Rivero, Odalys Rivero Saranova, Irania Castillo Mesa, Sulivan Mesa Fleitas, Orelvis Vázquez López y José Carlos Roque Abad, reclaman del Instituto Nacional de Migración, Oficina de Representación en el Estado de Aguascalientes (denominación correcta de las señaladas por la parte quejosa), la detención y privación de la libertad. Por su parte, conforme deriva de la certificación de cuenta, se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado en el Estado de Aguascalientes conoce de los juicios de amparo 348/2022, 349/2022 y 350/2022. En dichos asuntos, la demanda fue admitida y se encuentran en trámite, con los siguientes datos: - Expediente 348/2022, promovido por Osniel Barreto Rivero, Odalys Rivero Saranova, Orelvis Vázquez López y José Carlos Roque Abad. - Expediente 349/2022, promovido por Óscar Peralta Sosa, así como por Jorge Luis Zequeira Mazorro y/o Mazorra y otros. - Expediente 350/2022, promovido por Irania Castillo Mesa y Sulivan Mesa Fleitas. Los actos impugnados, en lo esencial, son la deportación, repatriación, expulsión, la detención y privación de la libertad, así como el alojamiento, por más del plazo establecido en la estación migratoria en Aguascalientes del Instituto Nacional de Migración, entre otros. Las autoridades responsables son las siguientes: ? Secretario de Relaciones Exteriores ? Secretario de Gobernación ? Subsecretario de Población ? Migración y asuntos religiosos ? Comisionado del Instituto Nacional de Migración ? Delegado Federal y/o Representante Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes ? Sub-Representante Local en Jesús María, Aguascalientes ? Titular de la Oficina de la Representación y/o Sub-Representación Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes Ante las relatadas circunstancias, en el particular están satisfechos los requisitos supracitados, en razón de lo siguiente: I. Tanto en los juicios de amparo, según corresponda, del índice del diverso Juzgado de Distrito, como en el radicado ante este órgano jurisdiccional, los quejosos son Óscar Peralta Sosa, Jorge Luis Zequeira Mazorro, Osniel Barreto Rivero, Odalys Rivero Saranova, Irania Castillo Mesa, Sulivan Mesa Fleitas, Orelvis Vázquez López y José Carlos Roque Abad. II. Existe identidad en la autoridad responsable siendo el Titular de la Oficina de la Representación y/o Sub-Representación Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes, designada en ambos juicios. III. Los actos reclamados en esencia son la privación de la libertad, así como el alojamiento, por más del plazo establecido, en la estación migratoria en Aguascalientes del Instituto Nacional de Migración, entre otros. IV. En los juicios de amparo 348/2022, 349/2022 y 350/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, la demanda fue admitida y se encuentra pendiente de dictar la sentencia definitiva. V. El presente juicio de amparo fue promovido ulteriormente a aquellos que se tramitan en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En tales circunstancias, es inconcuso que esta demanda de amparo (ante la identidad de quejoso, acto reclamado y autoridad responsable), tiene el mismo objetivo que aquélla que dio origen a los diversos juicio de garantías 348/2022, 349/2022 y 350/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. En ese sentido, es necesario precisar que si bien es cierto, la demanda presentada ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado que dio origen a los multicitados juicios 348/2022, 349/2022 y 350/2022, fue promovida por más quejosos diversos a los que ocupan en el presente asunto y en la misma se señalan diversas autoridades responsables y actos reclamados respecto de los señalados en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo que se tramita en este juzgado, de los correspondientes informes de la suspensión de plano rendidos en representación del Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes, se observa que los quejosos se encuentran a disposición únicamente de dicha autoridad sujetos a un procedimiento administrativo de carácter migratorio. Aunado a lo anterior, los juicios mencionados del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado fueron promovidos con anterioridad al presente juicio de amparo, pues se advierte que el ocho de mayo de dos mil veintidós se emitió acuerdo de radicación y se emitió pronunciamiento respecto a la suspensión de plano, lo que evidencia que en aquella fecha, la demanda ya había sido presentada; mientras que en este juicio fue presentada el nueve de mayo de la anualidad actual. Por lo antes expuesto, se estima que en la especie se encuentran satisfechos lo requisitos que actualizan la causal de improcedencia por litispendencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.24/2014 (10a.), número de registro 2006145, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 265, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." -CONSIDERACIÓN DE VISTO DE AUTOS- Cabe mencionar que en auto de dieciséis de mayo del año en curso, la demanda se tuvo no presentada respecto a Sariel Pérez, ante la manifestación de quien la promovió, en el sentido de que erróneamente se asentó ese nombre en el escrito petitorio de amparo. -INFORME DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO- Por otra parte, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Aguascalientes, del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual informa los actos realizados con motivo de la suspensión de plano otorgada por este juzgado Ahora, toda vez que el informe de la autoridad responsable, proviene de la cuenta electrónica oficial, y se ha validado su fiabilidad conforme deriva de la certificación de cuenta; por tanto, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia, para el único efecto de tener por rendido el informe, se tiene por rendido el mismo. Lo anterior no implica que se tenga reconocido el derecho de la autoridad responsable para consultar este expediente vía electrónica ni para recibir notificaciones de esa manera, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; ya que para que ese supuesto acontezca, la citada autoridad responsable deberá, por conducto de los funcionarios que la representen legalmente, obtener la firma electrónica o certificado digital institucional y registrarse en el Portal de Servicios Informáticos del Poder Judicial de la Federación, además de manifestarlo así ante este órgano jurisdiccional, para los mismos efectos, en términos de los artículos 35 y 36 del último de los ordenamientos invocados.

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