Oscar Pedro Cazares Cambray

Expediente 1878/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1878/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
05/03/2019

Partes del expediente

  • Oscar Pedro Cazares Cambray

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1878/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el trece de febrero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1878/2018-II-B, promovido por OSCAR PEDRO CAZARES CAMBRAY, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día en este juzgado, OSCAR PEDRO CAZARES CAMBRAY, por propio derecho, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (fojas 3 a 7). SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y parte tercera interesada, así precisada en el acuerdo respectivo (fojas 8 a 10). El tercero interesado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, fue emplazado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (foja 24). Seguida la secuela del juicio tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. La omisión del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de cumplir lo ordenado el diez de enero de dos mil dieciocho en la etapa de ejecución del expediente burocrático 06/2776/15. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, consistente en la omisión de cumplir lo ordenado el diez de enero de dos mil dieciocho en la etapa de ejecución del expediente laboral 06/2776/15. Lo anterior se considera así, no obstante que al rendir su informe justificado la responsable haya aceptado la existencia del acto reclamado (fojas 14 y 15), pues de las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en copia certificada del expediente laboral 06/2776/15, se evidencia lo contrario, tal y como se expondrá con posterioridad. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Para apreciar lo anterior, debe señalarse que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Así, se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Ahora bien, es preciso citar que lo que el quejoso reclama al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, es la omisión de cumplir lo ordenado en el acuerdo de diez de enero de dos mil dieciocho en la etapa de ejecución del expediente laboral 06/2776/15 y no la omisión genérica de continuar con el procedimiento laboral o la falta de cumplimiento a la vista decretada en acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. En ese sentido, de las constancias que obran en el presente juicio de garantías, se advierte lo siguiente: El diez de enero de dos mil dieciocho, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ante el incumplimiento del demandado Ayuntamiento Constitucional de Tlaquiltenango, Morelos, del convenio celebrado y ratificado con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, dictó auto de requerimiento de pago a favor de la parte actora, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se tomarían las medidas necesarias siguiendo los lineamientos establecidos en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil de Estado de Morelos y se hizo del conocimiento del actor que los autos se encontraba a su disposición en dicho tribunal para el efecto de que dentro del término de tres días ejercitara lo que a su derecho conviniera, apercibido de que en caso omiso, se le tendría como una falta de interés y empezaría a transcurrir el plazo de prescripción. Acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual el Tribunal, ante el incumplimiento de la demandada ordenó dar vista a los integrantes que conforman dicho tribunal a efecto de hacerles llegar el acuerdo de diez de enero de dos mil dieciocho, en virtud del apercibimiento ahí decretado, haciendo del conocimiento de la parte actora que por cuanto a dictar nuevo requerimiento de pago, una vez que se dictará la resolución correspondiente, es decir, se hiciera efectivo el apercibimiento dictado, siguiendo los lineamientos establecidos en la ley, previa solicitud estaría en posibilidad de pronunciarse respecto a su petición. En las apuntadas circunstancias, se colige que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dictó un acuerdo el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente burocrático de origen, mediante el cual el Presidente Ejecutor del Tribunal, ante el incumplimiento de la demandada ordenó dar vista a los integrantes que conforman dicho tribunal a efecto de hacerles llegar el acuerdo de diez de enero de dos mil dieciocho, en virtud del apercibimiento ahí decretado, haciendo del conocimiento de la parte actora que por cuanto a dictar nuevo requerimiento de pago, una vez que se dictara la resolución correspondiente, es decir, se hiciera efectivo el apercibimiento dictado, siguiendo los lineamientos establecidos en la ley, previa solicitud estaría en posibilidad de pronunciarse respecto a su petición. En ese sentido, el acto combatido es inexistente porque a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, no existía la omisión de cumplir lo ordenado en el acuerdo de diez de enero del mismo año, en la etapa de ejecución del expediente burocrático 06/2776/15, toda vez que como se precisó, en proveído de diecinueve de septiembre del año pasado, se dio cumplimiento al mismo, por lo que se dio vista al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, respecto del apercibimiento decretado al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, consistente en la aplicación de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en caso de incumplimiento, por lo que se indicó a la parte actora que en cuanto a dictar nuevo requerimiento de pago, una vez que se dicte la resolución correspondiente al contenido de dicho numeral, previa solicitud de ejecución, la responsable estaría en aptitud de proveer lo conducente. Máxime que en términos del artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, de lo que se colige que el impulso de la ejecución no corresponde al presidente ejecutor sino a la parte actora, pues como se advierte es necesaria su intervención en la ejecución del laudo. Es aplicable la tesis de la Décima Época, de registro 2002144, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, página 1860, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." También sustenta lo anterior la Jurisprudencia de número de registro: 2010031, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia Laboral, página: 845, del siguiente rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional." Siendo que con posterioridad al diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la parte actora no ha impulsado la ejecución de que se trata, como se desprende de las constancias allegadas por la responsable; de ahí que con base en lo ordenado en esa fecha la omisión combatida resultaba inexistente. En esas condiciones, el acto atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, es inexistente. Lo anterior, atendiendo a que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho; ello para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De igual modo, ilustra lo anterior, la tesis VII.1o.C.4 K, localizable con el número de registro 198320, visible a página 433, tomo VI, julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". (el subrayado y resaltado no es de origen). Consecuentemente, al no demostrarse la existencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por OSCAR PEDRO CAZARES CAMBRAY, respecto del acto y por la autoridad identificada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy trece de febrero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito de alegatos que formula el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, de las que se hará relación en el momento procesal oportuno de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no transcurre la vista ordenada mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo tanto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración en la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro que autoriza y da fe.

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