Oscar Parra Gutierrez
Expediente 1409/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1409/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Oscar Parra Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Colima, Colima, catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se recibe la constancia de notificación de la autoridad foránea, atendiendo al resultado del fallo constitucional, el hecho de que ha decretado, dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.- Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Como en el auto dictado únicamente se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. En consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la autoridad responsable las constancias allegadas al juicio de garantías; lo anterior, por ser innecesaria su retención. Finalmente, el Juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Alberto Saucedo Alcaraz, que autoriza y da fe. IFV
- Principal
Agréguense a los autos el (los) informe(s) justificado(s) rendido(s) por la(s) autoridad(es) responsable(s) que lo(s) suscribe(n), así como un legajo de copias relativas al juicio 15-1309-120C, y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con las constancias relativas al juicio 15-1309-120C, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado debidamente identificado, sin perjuicio de tomarlo en cuenta al momento de resolver el presente juicio. Ahora bien, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende, en lo que aquí interesa, que el once de octubre de dos mil dieciséis, el Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, en atención a lo solicitado por el aquí quejoso mediante diversas promociones de doce de abril y veintidós de junio del año en curso, tuvo por desahogada la vista ordenada en autos y admitiendo diversos medios de convicción. Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar diversas promociones presentadas el doce de abril y veintidós de junio de dos mil dieciséis, dirigidas al juicio 15-1309-120C, donde desahogaba una vista ordenada en autos y solicitaba se proveyera lo conducente respecto de aquella promoción. En esas condiciones, si el once de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable tuvo por desahogada la vista y admitiendo diversos medios de convicción en el juicio 15-1309-120C, procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la novena época, número 2ª./J.59/99, del tomo IX, junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que en su parte conducente dice: Agréguense a los autos el (los) informe(s) justificado(s) rendido(s) por la(s) autoridad(es) responsable(s) que lo(s) suscribe(n), así como un legajo de copias relativas al juicio 15-1309-120C, y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con las constancias relativas al juicio 15-1309-120C, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado debidamente identificado, sin perjuicio de tomarlo en cuenta al momento de resolver el presente juicio. Ahora bien, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende, en lo que aquí interesa, que el once de octubre de dos mil dieciséis, el Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, en atención a lo solicitado por el aquí quejoso mediante diversas promociones de doce de abril y veintidós de junio del año en curso, tuvo por desahogada la vista ordenada en autos y admitiendo diversos medios de convicción. Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar diversas promociones presentadas el doce de abril y veintidós de junio de dos mil dieciséis, dirigidas al juicio 15-1309-120C, donde desahogaba una vista ordenada en autos y solicitaba se proveyera lo conducente respecto de aquella promoción. En esas condiciones, si el once de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable tuvo por desahogada la vista y admitiendo diversos medios de convicción en el juicio 15-1309-120C, procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la novena época, número 2ª.-J.59-99, del tomo IX, junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
SE ADMITE la demanda de garantías que promueve OSCAR PARRA GUTIERREZ; contra actos del Juez del Juzgado Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima. Continúese la tramitación de este juicio de amparo con el número 1409/2016-II-LJ. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 128, fracción I, de la ley en cita. Audiencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 del ordenamiento en consulta, se señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Requerimiento a Autoridades. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la propia ley en comento vigente, PÍDASE A LA AUTORIDAD, RINDA SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; acompañando copias certificadas COMPLETAS Y LEGIBLES, en su caso, de todas y cada una de las constancias del expediente de donde deriva el acto reclamado, incluyendo los documentos fundatorios y las pruebas que hubieren sido tomadas en consideración para la emisión del acto impugnado; apercibida que en caso de que no rinda el informe con justificación, o admitida la certeza del acto, lo haga sin remitir las constancias que se le solicitan, se hará acreedora a una multa prevista en el artículo 260, fracción II, del propio cuerpo legal. Cabe precisar que el acotamiento del plazo para la rendición del informe requerido, obedece a la naturaleza del acto reclamado -dilación procesal-, a fin de no transgredir en perjuicio del quejoso la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional; máxime que los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo, en su orden, establecen que la audiencia constitucional se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda de garantías, y que las responsables tiene el deber de rendir su informe de ley dentro del plazo de quince días, respectivamente, entendidos como el tiempo máximo para cumplir tales formalidades, empero ello sin perjuicio de que se procure otorgar mayor efectividad en la integración del procedimiento en beneficio de la tutela de los derechos humanos de los gobernados, sin que con ello se violen las reglas del procedimiento. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento a las autoridades en su carácter de responsables que en este juicio únicamente se les notificará, por medio de oficio, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban notificar por medio de oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista. De acuerdo con lo previsto en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes y autoridad responsable, el deber de informar a este juzgado, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causal de improcedencia del juicio; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras a la multa prevista en el artículo 251 del cuerpo normativo en comento. Por ser parte en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, y 26 fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el trámite del presente juicio, en el entendido que la copia de la demanda, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado; asimismo se hace del conocimiento de dicha representante federal que sin promoción alguna podrá solicitar las copias que estime pertinentes, salvo las que solicite certificadas. Lo anterior, por no tratarse de un amparo indirecto promovido contra normas generales. Por otra parte, se instruye al Secretario y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore el envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción. Finalmente, con fundamento en lo estipulado en los artículos 3°, fracciones II y VI, 4°, fracción III, y 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 26, fracción I, 30, 34 y 47 del Reglamento de la anotada ley, 2°, fracciones VIII, IX, XII, XIV, XV, XXI y XXII, 3°, 5° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Acuerdo General 11/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma diversos Acuerdos Generales del propio consejo, con el objeto de actualizar atribuciones y procedimientos en materia de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, se hace del conocimiento de las partes que al dictarse la ejecutoria correspondiente se elaborará en versión pública a fin de proteger sus datos personales.
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