Oscar Papalotzin Illescas
Expediente 316/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/07/2016
Partes del expediente
- Oscar Papalotzin Illescas
- Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla; visto su contenido, como lo solicita remítase copia certificada de las constancias que indica, para que surtan sus efectos dentro del juicio de amparo número 971/2016-I del índice del Juzgado Federal oficiante. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante acuerdo de diecisiete de mayo del presente año, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por la autoridad. Tal acuerdo se notificó el diecinueve de mayo del año en curso, desahogando la vista el peticionario del amparo mediante el escrito recibido el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil quince, confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se concedió al quejoso Oscar Papalotzin Illescas, la protección constitucional solicitada, contra actos del Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, para el efecto de que realizara los siguientes actos: "1. Deje insubsistente la resolución número CGJ-223/2015 de dos de marzo de dos mil quince, dictada en el expediente administrativo del recurso de revocación 83/2012, interpuesto en contra de la resolución dictada el trece de agosto de dos mil doce, en el expediente administrativo de determinación de responsabilidades 03/2011; 2. Hecho lo anterior, atendiendo a las consideraciones establecidas en la presente ejecutoria, analice el agravio ante ella expresado por el recurrente relacionado con la excluyente de responsabilidad vertida, valorando las pruebas en las que sustenta su pretensión." En cumplimiento a lo anterior, la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, mediante el oficio recibido el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, remitió copia certificada de la resolución que emitió el doce de mayo del presente año, en la que siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo protector, declaró infundado el recurso de revocación ante la inoperancia e infundado de los agravios que se hicieron valer por el aquí quejoso Oscar Papalotzin Illescas, confirmando la resolución dictada el trece de agosto de dos mil doce, dentro de los autos del expediente administrativo de determinación de responsabilidades 03/2011. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la nueva Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste a esta determinación la circunstancia de que la parte quejosa en su escrito recibido el veinticinco de mayo del presente año, haya realizado diversas manifestaciones y por ende su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, pues, como se ha expuesto, la autoridad sí purgó los vicios de los que adolecía la resolución reclamada en este juicio. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes, glósese el original del incidente de suspensión. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. Finalmente, solicítese a la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar recibo del original del expediente relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad 03/2011, así como el original del recurso de revocación 83/2012, los que le fueron remitidos a través del oficio 2010/2016-I de once de abril del presente año, con el apercibimiento que de no hacerlo así, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá por una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso Oscar Papalotzin Illescas, por el que da contestación a la vista que se le dio en el proveído de diecisiete de mayo del presente año, lo que será tomado en consideración al momento de que este órgano jurisdiccional determine si el fallo protector se encuentra o no cumplido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiendo que mediante oficio recibido el seis de mayo de dos mil dieciséis, la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de tres de mayo del mismo año, en la que además de dejar insubsistente la diversa resolución de doce de abril de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente del recurso de revocación 83/2012, declaró infundado el recurso de revocación que interpuso el aquí quejoso Oscar Papalotzin Illescas, y confirmó la resolución de trece de agosto de dos mil doce, dictada en el expediente administrativo de determinación de responsabilidades 03/2011; y tomando en cuenta que, según aduce dicha autoridad, con tal resolución acredita fehacientemente que dio cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en este juicio, se provee: Dígase a la referida autoridad responsable que este juzgado estima, nuevamente, que la ejecutoria dictada en el presente juicio, no se encuentra debidamente cumplimentada, pues a pesar de que la referida autoridad, en la nueva resolución de tres de mayo de esta anualidad, agregó diversos argumentos relativos al análisis realizado en relación con la situación derivada del nivel jerárquico de los cargos públicos que ocupaban tanto el inconforme como la Subdirectora de Recursos Humanos, ambos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, subsiste la falta de análisis del material probatorio relacionado con ese aspecto, y en particular, con la excluyente de responsabilidad que el aludido inconforme incluyó como parte de sus argumentos expuestos en vía de agravio, al interponer el recurso cuya resolución fue materia del juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior se sostiene, pues en la sentencia de amparo dictada en este juicio el veintiuno de septiembre de dos mil quince, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a través de la ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, en el recurso de revisión A.R.469/2015, en lo que interesa, se señaló lo siguiente: ".Luego, es evidente que, tal como aduce el peticionario, la autoridad responsable omitió analizar en su totalidad el argumento vertido por aquél en su recurso de revocación y que constituye la base fundamental de su defensa, pues plantea una excluyente de responsabilidad administrativa, y valorar las pruebas aportadas y recabas durante la instrucción del procedimiento relacionadas con los argumentos vertidos." (foja 60). Como puede verse, son dos los aspectos que omitió realizar la responsable en la resolución reclamada: a) Analizar en su totalidad el argumento en el que plantea una excluyente de responsabilidad administrativa; y, b) Valorar las pruebas aportadas y recabadas durante la instrucción del procedimiento relacionadas con los argumentos vertidos. Esta situación, que resultó toral en el juicio de amparo, condujo a otorgar al quejoso la protección federal, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución número CGJ-223/2015 de dos de marzo de dos mil quince, dictada en el expediente administrativo del recurso de revocación 83/2012, interpuesto en contra de la resolución dictada el trece de agosto de dos mil doce, en el expediente administrativo de determinación de responsabilidades 03/2011; 2. Hecho lo anterior, atendiendo a las consideraciones establecidas en la presente ejecutoria, analice el agravio ante ella expresado por el recurrente relacionado con la excluyente de responsabilidad vertida, valorando las pruebas en las que sustenta su pretensión". En contra de esta resolución del juicio de amparo, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, donde, entre sus agravios, señaló que el juez federal suplió indebidamente los conceptos de violación expuestos por el quejoso, lo cual tornaba ilegal la sentencia de amparo recurrida. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien conoció del recurso relativo, que se registró con el número A.R.469/2015, al dictar la ejecutoria en ese recurso de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, en lo que interesa, señaló: ".CUARTO. Estudio del asunto. Los agravios son infundados. En el primero de ellos, la autoridad recurrente alega que el Juez federal realizó un análisis a través del cual rebasa y varía la causa de pedir del impetrante, lo que trae como consecuencia que cambie los argumentos del quejoso, el cual refirió que "cumplió una orden de su superior jerárquico", lo que si bien trata el Juez federal, también lo es que cambia abordando un tema relativo a la omisión del estudio de los argumentos propuestos por el inconforme, bajo el argumento de que la autoridad responsable tampoco valoró el material probatorio, entre éste, el oficio 5013DAF/SRH/DRL/S024/2011 de trece de enero de dos mil once, que no fue reclamado por el impetrante; por lo que dicho juzgador apreció directamente el procedimiento, lo cual se encuentra prohibido; además de que su conducta constituye una suplencia de la queja sin justificación alguna sobre un tema diferente del señalado por el quejoso. Es infundado lo anterior, porque contrario a lo que se alega, en los conceptos de violación identificados con los incisos c) y e), el quejoso sí expuso que la autoridad responsable soslayó y omitió el análisis de lo que manifestó en el sentido de que su conducta obedeció a órdenes de sus superiores y que se omitió valorar las pruebas ofrecidas en ese sentido. En efecto, en los citados conceptos de violación marcados con los incisos c) y e), el impetrante manifestó: "c) No obstante lo expuesto en los incisos que anteceden, la resolución dictada por la responsable ordenadora, resulta a todas luces violatoria de mis derechos humanos. Esto es así toda vez que el considerando segundo de la resolución en reclamo, declara como inoperantes los agravios esgrimidos, señalando para tal efecto argumentos que no atacan la resolución combatida y que sólo, desde su perspectiva, se limitan a calificar la resolución de primera instancia, lo cual desde luego resulta falso.- - - A mayor abundamiento, la responsable, entre otros argumentos omite estudiar de forma exhaustiva y congruente lo establecido como inciso 'a', del capítulo relativo a la expresión de agravios del escrito del recurso de revocación interpuesto contra la resolución de primera instancia, mismo que doy aquí por reproducido como si a la letra se insertase, en obvio de repeticiones innecesarias, cuyo argumento medularmente establece que se dejaron de valorar en la resolución impugnada, pruebas como lo es, el acta de fecha once de agosto de dos mil once, relativa a la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, de la cual se desprende la autorización para el pago de dignificación salarial, con recursos de FASSA, es decir, que existía autorización superior para tal efecto y es que, al respecto a foja ocho del acto en reclamo, únicamente, de forma tímida, establece lo siguiente: '.En relación a las alegaciones defensivas que hace a lo largo de su recurso de revocación el C. OSCAR PAPALOTZIN ILLESCAS en el sentido de que su actuar omiso se debió a órdenes de sus superiores, al respecto debe de decirse que su manifestación únicamente pone de manifiesto que está consciente de que su actuar no fue el apropiado y pretende con ello justificar su falta de diligencia en el servicio encomendado. bajo el argumento de que obedecía órdenes, cuando se evidenciaba que los mismos (sic) carecían de legalidad, ya que la Junta de Gobierno no puede disponer de los recursos correspondientes al fondo de aportación para los servicios de salud (FASSA), sin embargo, en el párrafo trece de su concepto de violación hecho valer, acepta la imputación hecha en su contra el recurrente al manifestar que los recursos utilizados fueron reintegrados, lo que está acreditado en actuaciones y que si bien se dio la falta administrativa, ésta fue derivada de una orden superior, hechos que no se desvirtúan con las pruebas aportadas las cuales resultan insuficientes.'.- - - Lo aquí transcrito permite afirmar con meridiana claridad lo indebidamente motivado o prácticamente carente de ella la resolución reclamada. Ello se afirma toda vez que al momento de estudiar el agravio en cuestión la misma no se explica si la responsable encontró fundado mi agravio respecto de la falta de estudio de dicho argumento por parte de la autoridad de primera instancia, al momento de dictar la resolución de fecha trece de agosto de dos mil doce, dentro del expediente 03/2011 y que posterior a ello reasumiendo jurisdicción, lo analizase o, simplemente como parece ser, sin declarar fundado mi agravio, ni reasumir jurisdicción para su análisis, procede a desestimarlo de una forma totalmente subjetiva, sin fundamento alguno y dogmáticamente, cuando afirma que la defensa aludida es para justificar de forma consciente mi supuesta falta de diligencia en el servicio; que las órdenes dadas por la Junta de Gobierno para la disposición de los recursos del programa (FASSA), carecían de legalidad, (sin que para ello exprese los motivos y los fundamentos jurídicos para sostener tal afirmación y los cuales esté en posibilidad de conocer para poder controvertirlos mediante el presente juicio) y que dichos hechos, no se desvirtúan con las pruebas aportadas por ser insuficientes, sin que de nueva cuenta motive a qué pruebas de las aportadas se refiere la responsable, ni el por qué resultan insuficientes a su juicio, es decir, que exprese las causas precisas por las que las considera no son aptas para probar y de esta forma el suscrito quejoso las conozca y esté en posibilidad de controvertir dichos argumentos mediante el presente juicio o medio de impugnación correspondiente.- - - Lo anterior expuesto trae como consecuencia que la resolución en reclamo haya sido dictada sin estudiar de forma exhaustiva y congruente los agravios vertidos por el suscrito, en contra de la sentencia de primer grado, dictada por la ejecutora dentro del expediente administrativo 03/2011 con fecha trece de agosto de dos mil trece (sic), lo cual sin duda deja en completo estado de indefensión al suscrito, vulnerándose con ello de nueva cuenta el artículo 14 constitucional, pues no se respetan las formalidades esenciales del procedimiento previo al acto privativo de derechos " . "e) A mayor abundamiento, de la resolución en reclamo se desprende que la ordenadora dejó de estudiar también los conceptos de violación exteriorizados en el inciso a) del medio de defensa en cita y que se hicieron consistir en la no valoración de las respuestas dadas a las preguntas quince y veinte de la comparecencia del ex coordinador administrativo y finanzas (sic) de fecha tres de agosto de dos mil once que a la letra dice: '15. Que explique el compareciente la razón por la cual se tomó la cantidad de 821,867.20 y por órdenes de quién. R. Por acuerdo de los mencionados en la respuesta anterior siendo éstos C.C. Coordinador de Administración y Finanzas, Contador Público Jaime Rosas Carrillo, el Subdirector de Financieros (sic) Contador Público Óscar Papalotzin Illescas, la Subdirectora de Recursos Humanos, Contadora Pública Georgina Hernández Chávez y el Contador Público José Alfredo Rodríguez Rojas Jefe de Control Presupuestal. 20. Que explique el compareciente la razón por la cual se tomó la cantidad de 821,867.20 y por órdenes de quién. R. Tengo conocimiento que fue requerimiento que realizó la Auditoría Superior de la Federación para el reintegro correspondiente y solventación de la observación, situación que fue hecha del titular de los servicios de salud del Estado'.- - - 'b) Las respuestas dadas a las preguntas, vertidas por la Directora de Administración y Finanzas, en su comparecencia de fecha dieciocho de julio de dos mil once, específicamente a la pregunta trece, donde respondió que tiene conocimiento de que la Auditoría de la Federación solicitó el reintegro a la cuenta FASSA, lo que existe a fojas 144 a 147 del expediente 03/2011 y que se ofreció como prueba.'.- - - De las cuales se observa fehacientemente que el reintegro fue realizado con el pleno conocimiento de mis superiores jerárquicos y que mi actuar no fue realizado unilateralmente deliberadamente, sino que lo fue como resultado de una orden realizada por el Titular de los Servicios de Salud del Estado toda vez que éste tenía pleno conocimiento del asunto. Además de que la autoridad debió realizar una estudio exhaustivo de los conceptos de violación vertidos y al ser omisa en ello, violenta mi derecho al debido proceso y me causa un daño a mi seguridad jurídica" (fojas 15 a 17). De lo anterior se advierte, que el planteamiento toral de los conceptos de violación transcritos, se refirió a la falta de congruencia y exhaustividad en que incurrió la autoridad responsable al resolver el recurso administrativo de revocación, ya que omitió analizar en sus términos los argumentos planteados en el agravio identificado con el inciso a) de dicho recurso y de valorar las pruebas con él relacionadas, en cuanto al hecho de que la conducta que se le imputó y por la que se le determinó responsabilidad administrativa, obedeció a un mandato de la superioridad. Por tanto, aun cuando el quejoso no se haya referido expresamente al oficio 5013DAF/SRH/DRL/S024/2011 de trece de enero de dos mil once; lo cierto es que su argumento esencial consistió en que la autoridad responsable no analizó de manera congruente y exhaustiva su agravio en cuanto a la existencia de una excluyente de responsabilidad, consistente en que su conducta derivó de un mandato de la superioridad, relativo a la transferencia de recursos a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); conforme al citado oficio 5013DAF/SRH/DRL/S024/2011 de trece de enero de dos mil once, emitido por la Subdirectora de Recursos Humanos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, que la autoridad responsable no valoró en sus términos al resolver el recurso de revocación intentado. En este orden de ideas, contrario a lo que aduce la autoridad recurrente, el Juez de Distrito no cambió la litis planteada ni suplió la queja deficiente en favor del quejoso, sino que se limitó a sus argumentos, mismos que analizó en relación con las pruebas ofrecidas; sin que haya realizado pronunciamiento en cuanto a la excluyente de responsabilidad en sí misma, porque ese estudio corresponde a la autoridad responsable (efectos de la concesión de amparo); sino únicamente evidenciando los motivos por los que estimó es necesario el examen de esa cuestión en relación con las pruebas que obran en el expediente administrativo, específicamente en lo que respecta al oficio 5013DAF/SRH/DRL/S024/2011 de trece de enero de dos mil once, emitido por la Subdirectora de Recursos Humanos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en el que se le solicitó que realizara la transferencia de recursos a la cuenta del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), por la cantidad de $821,887.20 (ochocientos veintiún mil ochocientos sesenta y siete pesos con veinte centavos moneda nacional), que corresponden a un importe integrado por $784,000.00 (setecientos ochenta y cuatro mil pesos con cero centavos moneda nacional), que fue la cantidad observada por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión realizada a los Servicios de Salud del Estado de Puebla, y $37,867.20 (treinta y siete mil ochocientos sesenta y siete pesos con veinte centavos moneda nacional), que corresponden al importe de actualización calculado a la fecha de dicho oficio, derivado del resultado número diecinueve de la auditoría a la Cuenta Pública 2009 (número 642 FASSA) de la Auditoría Superior de la Federación en relación con la revisión de las nóminas correspondientes a doscientos veinticuatro pagos efectuados a trabajadores por concepto de medidas de fin de año." (fojas 159 vuelta a 162 vuelta). Como se advierte, la autoridad responsable, al dictar la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe realizar no solo una análisis de la excluyente de responsabilidad que invocó el hoy quejoso, precisando la relación jurídica entre los servidores públicos referidos en la resolución de amparo, de acuerdo con sus funciones legales y materiales (Subdirectora de Recursos Humanos y Subdirector de Recursos Financieros, ambos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla), sino también analizar y valorar las pruebas en las que el inconforme sustentó su pretensión, entre ellas, las respuestas dadas a las preguntas quince y veinte de la comparecencia del ex Coordinador Administrativo y de Finanzas de tres de agosto de dos mil once, y las respuestas dadas a las preguntas vertidas por la Directora de Administración y Finanzas, en su comparecencia de dieciocho de julio de dos mil once, específicamente a la pregunta trece, y en general, en su caso, las que guarden relación con ese aspecto alegado por el inconforme, o en su caso, aludir, bajo razón fundada y motivada, el o los motivos por la que no se toman en consideración; lo cual no se realizó en la resolución que exhibió la responsable a través del oficio CGJ-1613/2016, recibido el seis de mayo de la presente anualidad, a pesar de que expresamente se solicitó en el acuerdo de dos de mayo del propio año, cuando se precisó que la ejecutoria debía cumplimentarse en los términos que fueron precisados en la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictada en el presente juicio de amparo. En este orden, atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente proveído, cumplimente a cabalidad la ejecutoria de amparo, tal y como se precisó en la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictada en el presente juicio de amparo, para lo cual deberá declarar inexistentes las diversas resoluciones con las que se pretendió cumplimentar dicha resolución, observando lo señalado en el cuerpo de esta determinación, y una vez hecho así, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución que dicte en cumplimiento, haciéndole saber que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en el acuerdo de once de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario José Carlos Ibáñez Méndez, quien autoriza y da fe. Doy fe. En la misma fecha se pasan los autos al actuario notificador. Conste.
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