Oscar Paez Gonzalez

Expediente 785/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
785/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Oscar Paez Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y articulo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que gurdan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa ***, por conducto de su apoderado legal, reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, lo siguiente: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Se viola en perjuicio de mi representado lo dispuesto por los artículos 8 y 17 Constitucionales. a).- De la H. Junta local de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad, le reclamo el no continuar con el procedimiento en virtud de que ha pasado el tiempo en demasía desde el día 28 de Enero de 2021, en el Juicio Laboral No. ***" En ese sentido, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [...]" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En el caso, el promovente de amparo señaló como actos reclamados, la omisión de la autoridad responsable en continuar con la secuela procesal del juicio laboral 952/2019, ya que la última actuación practicada en dicho juicio fue el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. De las constancias del juicio de origen remitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en apoyo al informe justificado, se advierte que el siete de julio de dos mil veintiuno, la responsable emitió proveído en el cual tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y señaló las diez horas del día veintisiete del mes y año en curso para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas. Pues bien, en la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que de dichas constancias se advierte que el referido siete de julio de dos mil veintiuno, la responsable pronunció acuerdo en el cual tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas. De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, existía el acto que de la autoridad responsable se reclamó, también lo es que el veintiuno de julio del año en curso, acordó lo relativo al desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes y con ello, continuar con la secuela procesal del juicio laboral ***. Por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2ª./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En atención a lo asentado se sobresee fuera de audiencia el presente juicio y en razón de que la audiencia constitucional, se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CITATORIO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que gurdan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa ***, por conducto de su apoderado legal, reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, lo siguiente: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Se viola en perjuicio de mi representado lo dispuesto por los artículos 8 y 17 Constitucionales. a).- De la H. Junta local de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad, le reclamo el no continuar con el procedimiento en virtud de que ha pasado el tiempo en demasía desde el día 28 de Enero de 2021, en el Juicio Laboral No. ***" En ese sentido, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [...]" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En el caso, el promovente de amparo señaló como actos reclamados, la omisión de la autoridad responsable en continuar con la secuela procesal del juicio laboral 952/2019, ya que la última actuación practicada en dicho juicio fue el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. De las constancias del juicio de origen remitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en apoyo al informe justificado, se advierte que el siete de julio de dos mil veintiuno, la responsable emitió proveído en el cual tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y señaló las diez horas del día veintisiete del mes y año en curso para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas. Pues bien, en la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que de dichas constancias se advierte que el referido siete de julio de dos mil veintiuno, la responsable pronunció acuerdo en el cual tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas. De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, existía el acto que de la autoridad responsable se reclamó, también lo es que el veintiuno de julio del año en curso, acordó lo relativo al desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes y con ello, continuar con la secuela procesal del juicio laboral ***. Por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2ª./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En atención a lo asentado se sobresee fuera de audiencia el presente juicio y en razón de que la audiencia constitucional, se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que mediante acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso, se agregaron como complemento al informe justificado, con conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 del citado ordenamiento legal. En tales condiciones, no se está en aptitud de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, al estar transcurriendo el término señalado en el párrafo anterior, por tanto, se dispone a diferir la misma, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Lo anterior con apoyo en la tesis jurisprudencial, cuyo rubro es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese.

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