Oscar Osvaldo Garcia Montoya

Expediente 1036/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1036/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Oscar Osvaldo Garcia Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    V) Toluca, Estado de México a cinco de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio y anexo suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al que anexa testimonio de la ejecutoria dictada el veintiuno de septiembre pasado, en el recurso de queja 122/2018 de su índice y remite el juicio de amparo 1036/2018-V de la estadía de este juzgado; en el que determinó declarar infundado el medio de impugnación hecho valer; en consecuencia, acúsese recibo a la superioridad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido y desglósese las actuaciones posteriores a la remisión del recurso de mérito del cuaderno de antecedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa: Que el presente expediente, por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad, de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    v)Toluca, Estado de México a treinta de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de mérito, de los que se advierte que por acuerdo de veintitrés de julio pasado, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer en el presente asunto; y, toda vez que se certificó que obran en autos las constancias de notificación del proveído de referencia, así como del auto de diez de julio pasado (f. 5-12), remítase el expediente en que se actúa debidamente integrado, el escrito original de expresión de agravios, así como copia del mismo, así como las constancias exhibidas por el Juez responsable, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México a diecisiete de julio de dos mil dieciocho. NOTIFICAcion personal

  4. Principal

    V)= Toluca, Estado de México a diez de julio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Oscar Osvaldo García Montoya, por propio derecho, contra actos de la Procuraduría General de la República y otras autoridades; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1036/2018-V. Precisión del acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso, señala medularmente, como actos reclamados: "La Constitucional Averiguación Previa que están integrando en contra del Suscrito, misma que están integrando indebidamente e injustificadamente, así como sin sustento o fundamento alguno." (sic). A este respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Desechamiento. De conformidad con el artículo 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, además de que de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En virtud de lo anterior, después de analizar la presente demanda de amparo, éste órgano de control constitucional advierte que en relación al acto reclamado, estima que en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los numerales indicados establecen: Ley de amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley; (.)". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.(.)." Del contenido de los artículos trascritos deriva que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, lo cual constituye uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, que se traduce en que éste debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus derechos humanos. Por eso, se promoverá por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En ese orden de ideas, para que una persona se encuentre legitimada para instar la acción constitucional, deberá justificar que es titular de un derecho o de un interés legítimo, según sea el caso, además que con motivo de ello exista una afectación real y actual. De lo contrario, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Es así, pues existe una estrecha vinculación del interés jurídico con la legitimación, pues ese medio de control constitucional puede promoverlo la persona que se vea afectada por la norma o el acto, siempre y cuando exista una afectación real y actual a un derecho o interés, la cual debe ser personal y directa. La legitimación y el interés jurídico convergen en un punto similar para su materialización, esto es, que el quejoso sea afectado en su esfera jurídica y si se trata de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el primero debe ser actual para justificar la acción de amparo, y el segundo, es la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia visible en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Así como la tesis aislada, visible en la página ciento veintitrés, Séptima época, Volumen 97-102, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el mismo órgano supremo, de texto siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que se tenga por acreditado el interés jurídico de la parte promovente, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Sobre el particular, es aplicable el criterio jurisprudencial 3a./J. 28/90, Octava Época, visible en la página doscientos treinta, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Así como la jurisprudencia P./J. 50/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2007921, que indica: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tales elementos son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En materia de amparo el agravio se identifica con la afectación de un interés jurídico o legítimo; así, tendrá el carácter de parte agraviada quien al acudir al juicio de amparo cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, para ser parte agraviada es necesario, entre otras cosas, ser la persona a quien directamente se causa la molestia, por ende, no podrá tener esa calidad un tercero a quien indirectamente afecte la violación. La procedencia requiere además de la demostración de un acto de autoridad posiblemente violatorio de algún derecho, que produzca una afectación real, actual, personal y directa, así como que el peticionario sea titular de ese derecho que según él se pudiera ver afectado por aquél. Esto implica, que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. De esa forma, es viable señalar que para estar legitimado para instar la acción de amparo se requiere ser titular de un derecho o interés legítimo que cause una afectación real y actual; además, para que resulte procedente debe ser demostrado el interés jurídico o legítimo. De lo que se sigue que finalmente la legitimación y el interés jurídico deberán analizarse conjuntamente para generar la procedibilidad de dicho juicio, pues sólo cuando coinciden se estará en aptitud de entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto estimado violatorio de derechos fundamentales. En sustento de nuestra postura, estimamos conveniente precisar, cuáles son las funciones del Ministerio Público en la investigación inicial; en que consiste el principio de celeridad en la indagatoria e integración de las carpetas administrativas. Para determinar lo anterior, resulta útil tomar en cuenta lo que establecen los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que son del siguiente tenor: Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión". Del contenido de los preceptos transcritos puede establecerse el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público en la investigación de los delitos, para lo cual le prestarán auxilio las policías, quienes estarán a su mando inmediato. Así, el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local, tienen la encomienda de representar los intereses sociales, y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. Consiguientemente, un agente del Ministerio Público al tener conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, está facultado para llevar a cabo todas aquellas diligencias dirigidas a la investigación inicial del mismo, a efecto de reunir dentro de la carpeta correspondiente los datos de prueba que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Este aspecto, emerge de lo dispuesto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues al respecto se desprende que: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. Y, la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Con base en los numerales antes transcritos, válidamente es posible determinar que en la investigación inicial e integración de las carpetas de investigación por parte de las autoridades señaladas como responsables, son con la finalidad de que el Ministerio Público al tener conocimiento de la existencia de un hecho delictuoso señalado por la ley como delito en la etapa de investigación inicial, puede llevar a cabo todas aquellas diligencias dirigidas a comprobarlo. Debe precisarse, que las indagatorias, no afecta el derecho fundamental de no autoincriminación del imputado contenido en la fracción II, apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lo único que se pretende es colmar los extremos de la investigación inicial. En síntesis, debe decirse, que el derecho de no autoincriminación, no significa que el imputado no tenga que soportar la investigación dirigida a la acreditación por parte del Ministerio Público, de los hechos delictuosos que se le atribuyen y a la probabilidad de que los cometió o participó en su comisión. En atención a los argumentos antes expuestos, este Juzgado, considera que el acto reclamado, no repercute en alguna afectación en los intereses jurídicos del quejoso, en razón de que consiste, por definición, en una serie de diligencias realizadas por los Agentes del Ministerio Público en la indagatoria en cumplimiento a un mandato constitucional ineludible con el objeto de reunir los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Los argumentos no implican desconocer que algunas determinaciones tomadas durante la investigación inicial puedan ser impugnadas mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, como serían, los actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por ejemplo, aquéllos que puedan lesionar la dignidad humana. Ello es así, en virtud de que la revisabilidad a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la investigación inicial, debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán ser o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Situación ésta, que en el caso no acontece, ya que la integración de una indagatoria ningún perjuicio le causa al impetrante de amparo, tomando en cuenta que sus efectos dentro de la misma, no son de imposible reparación, ya que pueden quedar destruidos con el hecho de que en la etapa administrativa el representante social determine no ejercer la acción penal en su contra, o bien, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda controlar la investigación, determine que resulta procedente librar una orden de aprehensión, momento en el cual se afectará real y efectivamente la esfera jurídica del peticionario de amparo. De estimar lo contrario, se entorpecerían las facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas a la Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Es aplicable el criterio jurisprudencial I.2o.P. J/11, sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 689, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA: Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." En tales condiciones, conforme al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, párrafo primero, y 6 del mismo ordenamiento legal, el quejoso carece de interés jurídico y legítimo para promover el juicio de amparo indirecto y por ello resulta improcedente por lo que se refiere a la integración de la indagatoria o averiguación que refiere en su de demanda. En consecuencia, al estar actualizada la causa de improcedencia señalada en párrafos precedentes, procede desechar la demanda de amparo. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión.

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