Oscar Orozco Sánchez
Expediente 1513/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1513/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2016
Partes del expediente
- Oscar Orozco Sánchez
Actuaciones
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la pieza postal devuelta que contiene el oficio 29692/2016, dirigido a la autoridad "Jefe de Oficina Agencia Comercial Villa Guerrero", por la razón ahí expuesta. Ahora, el estado procesal de autos evidencia que no se ha podido realizar la notificación de la radicación del presente juicio de amparo a la autoridad responsable de mérito por las razones expuestas en autos; por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, establecido el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, proporcione la denominación correcta, así como el domicilio de la autoridad que señaló como Jefe de Oficina Agencia Comercial Villa Guerrero. En el entendido que en caso de ser omiso, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de junio de este año (fojas 119 a 121), es decir, se dejará de tener con el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Finalmente, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personalísima, no menos cierto resulta que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Desahogo de prevención. Por recibido el escrito suscrito por Oscar Orozco Sánchez, mediante el cual desahoga la prevención formulada mediante auto de seis de los actuales (fojas 8 a 13), de la siguiente manera: Señala como autoridad responsable a los Actuarios adscritos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Segundo Circuito, y precisa el acto que les reclama, consistente en la falta de notificación de la resolución de veintiocho de abril del año en curso. De las autoridades Primera Sala Civil Regional de Toluca, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y de los notificadores adscritos al Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, aclara el acto reclamado, consistente en la falta de notificación personal, en el domicilio procesal, conforme al artículo 193 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Exhibe nueve copias del ocurso aclaratorio. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. Estudio de causas de improcedencia. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, de una lectura íntegra al escrito que se atiende, se aprecia que la promovente de amparo reclama esencialmente, lo siguiente: a). El no haberle notificado en el domicilio procesal, la resolución emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, emitida el veintiocho de abril del año en curso, en el amparo directo 234/2016, por parte de los actuarios adscritos. b). El que la Primera Sala Civil Regional de Toluca, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, no le notificó en el domicilio procesal, el auto por el cual el Tercer Tribunal Colegiado Civil devuelve a la Primera Sala Civil Regional de Toluca, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, los antecedentes y la resolución emitida por dicho Tribunal el Tribunal de Alzada, dentro del Toca de apelación 32/2016. C) El que los notificadores adscritos al Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Toluca, en el expediente 209/2015, no le notificaron en el domicilio procesal la devolución de autos por parte de la Primera Sala Civil Regional de Toluca. Ahora, respecto del acto reclamado consistentes en el no haberle notificado en el domicilio procesal, la resolución emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, emitida el veintiocho de abril del año en curso, en el amparo directo 234/2016, por parte de los actuarios adscritos, este Juzgador advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario citar el contenido del referido artículo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;" Cabe precisar que los Tribunales Colegiados de Circuito, son los encargados de tutelar los derechos humanos y prerrogativas constitucionales mediante el juicio de amparo. De ese modo, cuando en una demanda de amparo indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Lo anterior, ya que dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 61, las llamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción VI, del citado numeral 61, establece de manera clara que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. No pasa desapercibido que si bien el quejoso hace consistir su reclamo en no haberle notificado en el domicilio procesal, la resolución emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, emitida el veintiocho de abril del año en curso, en el amparo directo 234/2016, por parte de los actuarios adscritos, lo cual evidentemente no se trata de una resolución o actuación de tramite emitida en el citado juicio, lo cierto es que dicho acto traería consecuencias de derecho que acarrearían una repercusión directa dentro de la prosecución del citado juicio de amparo directo, pues es interés del quejoso constreñir a la responsable a realizar determinada conducta, lo que evidencia que no obstante de atribuir un acto de carácter omisivo al citado órgano colegiado, la ley de amparo es determinante en el sentido de señalar de forma concisa que ante un acto desplegado por un Tribunal Colegiado de Circuito, el juicio de amparo es improcedente. De igual forma, debe decirse que la citada causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Además, resulta inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de amparo, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 35 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De lo anterior se obtiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el promovente reclama la falta de notificación en el domicilio procesal por parte de los actuarios adscritos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito de la resolución emitida en el amparo directo 234/2016, por lo que resulta procedente desechar de plano la demanda por lo que hace a dichos actos. Sobre el particular se invoca por analogía y en lo conducente, la tesis número I.9º.C.34 k, públicada en la página 838, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre 2005, Novena época "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, CUANDO ÉSTOS DECIDEN CUESTIONES DE LEGALIDAD EN JURISDICCIÓN ORDINARIA. De los antecedentes legislativos que ha tenido la Constitución General de la República, a partir de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito (a diferencia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuito) fueron creados y facultados para desempeñar las diversas atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para terminar con el rezago de asuntos que ésta presentaba; de ahí que las resoluciones que dictaran en asuntos de su incumbencia, no podrían ser revisados por la Suprema Corte, en vía de amparo, porque precisamente se perseguía liberarla de facultades sobre aspectos de legalidad. Los mencionados Tribunales Colegiados se han instalado y funcionan en la actualidad como verdaderos órganos supremos del Poder Judicial de la Federación, sin que sus resoluciones sean sometidas a ningún estadío procesal ulterior, salvo los juicios de amparo directo, en donde diriman cuestiones de constitucionalidad de leyes o interpreten directamente algún precepto constitucional. Asimismo, se advierte que con motivo de las reformas que tuvo la Carta Magna, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación centrara su atención en aspectos meramente constitucionales, se trasladaron las atribuciones que tenía en materia de legalidad, como por ejemplo, la facultad de calificar las recusaciones, excusas o impedimentos contra Magistrados Unitarios de Circuito, como se advierte de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, y que originalmente estaba encomendada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este orden, si los Tribunales Colegiados de Circuito asumieron las atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que adquirieron el carácter de verdaderos tribunales terminales, para resolver, entre otros, las recusaciones de referencia; por tanto, las resoluciones que éstos emitan, en su calidad de tribunales de legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarlas; así, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora respecto a los actos que combate contra los actuarios de la Primera Sala Civil Regional de Toluca, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclama un acuerdo emitido en un procedimiento civil sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. Ahora, el precepto legal de referencia establece que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. En esto estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por el agraviado puede obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, debe agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo la parte quejosa debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Luego, después de analizar los referidos actos reclamados, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. . XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;" A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, en el caso los actos reclamados que aquí se analizan, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra los referidos actos reclamados. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, cuando el quejoso es parte formal del juicio de origen, se integró a la relación jurídica procesal, o en su caso, tiene conocimiento de la existencia y los datos de identificación del juicio al que pretende ser llamado. Por tanto, al no existir normas que establezcan excepciones en el sentido de que el quejoso no esté obligado a agotar recursos o medios de defensa cuando se reclame un acto dictado en un juicio jurisdiccional, y si en cambio, existe norma expresa (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), relativa a que aun cuando el acto reclamado sea una resolución judicial, el promovente del amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. En ese contexto, como ya se dijo en contra de los actos reclamados en análisis, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 361, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224800, que establece: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Respecto del acto reclamado consistente en la falta de notificación personal por parte de los notificadores adscritos a la Primera Sala Civil Regional de Toluca, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dentro del Toca de apelación 32/2016 y expediente 209/2015, respectivamente, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Para arribar a lo anterior, es pertinente precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." La Suprema Corte de Justicia de la Nación en múltiples ejecutorias ha sostenido el criterio de que, para la procedencia del juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia deben agotarse los medios de defensa legales que establezca la ley aplicable al caso, para con ello agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la parte agraviada, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a sus garantías tuteladas por la Constitución, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar el medio ordinario de defensa que la ley secundaria establece. Si el agraviado por esta vía combate la falta de notificación personal, del momento en que llegaron los antecedentes y resolución a la Primera Sala Civil Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y al Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México es evidente que dicho acto no tiene el carácter de definitivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establece: "Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." Es decir, para la procedencia del juicio de amparo, como presupuesto esencial debe agotarse el principio de definitividad y de una correcta y sana interpretación del artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se infiere que el acto combatido puede ser modificado, revocado o nulificado a través del incidente de nulidad, con base a las circunstancias siguientes: 1) La notificación proviene de un tribunal judicial; 2) La parte quejosa aduce que la multicitada notificación no se llevó conforme a derecho; 3) El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, prevé en su artículo 1.187, que cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida por la ley, o se omitiere, la parte agraviada puede promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida; 4) Dicho medio de impugnación es susceptible de hacerse valer dentro del procedimiento en que se emitió el acto que se refuta de inconstitucional, y 5) Por virtud del incidente de nulidad, el acto combatido podría ser modificado, revocado o nulificado, en términos de la legislación en comento. Consecuentemente, si el impetrante de amparo es parte en el juicio natural de donde derivan los actos combatidos, está obligada a agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, lo que en la especie no aconteció y se justifica actuar conforme a lo apuntado en el cuerpo de la presente determinación, desechando de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda. Sobre el particular se invoca, la tesis número I.2o.C.37 C, publicada en la página 1083, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE PROMOVERSE, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA QUEJOSA SE OSTENTA COMO PARTE EN UN JUICIO Y ARGUMENTA QUE NO SE LE "EMPLAZÓ" AL INCIDENTE DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS QUE RECLAMA, EN VIRTUD DE QUE LA CITACIÓN A ÉSTE NO CONSTITUYE TÉCNICAMENTE UN EMPLAZAMIENTO. Cuando en la demanda de garantías la quejosa se ostenta como parte en un juicio, y argumenta que no fue notificada de la existencia de un incidente, debe interponer el incidente de nulidad de actuaciones antes de acudir al amparo, conforme a los artículos 74 y 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen que puede invocarse la nulidad de una actuación cuando le falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. Destacando que si bien es cierto que aunque la peticionaria de garantías afirme que no se le "emplazó" al incidente del que derivan los actos que reclama en el amparo, también lo es que la citación al incidente de referencia no constituye técnicamente un emplazamiento al juicio, sino la notificación de una cuestión no principal dentro del juicio respecto del cual la inconforme se ostenta como parte." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por Oscar Orozco Sánchez contra actos de los Magistrados y Actuarios adscritos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y otras autoridades. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con le Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
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Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Devuélvanse a la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, las constancias que acompañó como complemente a su informe justificado. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
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II. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, mediante el cual solicita a este Juzgado de Distrito le sea remitida copia del escrito de Oscar Portugal Popoca en donde denuncia la violación a la suspensión provisional a efecto de manifestar lo que en derecho corresponda; atento a su contenido envíese copia del escrito de referencia a la autoridad oficiante. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar a la representante común de la parte quejosa SILVIA HERNÁNDEZ QUIROZ. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 563, publicada en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario.". En atención a lo manifestado por el actuario de la adscripción, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán de forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden y el auto dictado el tres de los actuales, no es necesario que se ordene la notificación personal.
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