Oscar Omar Treviño Morales
Expediente 132/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Oscar Omar Treviño Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de veintiocho de junio del año en curso emitida por este juzgado de distrito, en la que se decreto el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días, para hacerlo; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria, archívese el presente expediente como concluido. Notifíquese.
- Principal
Se agrega oficio. Cúmplase.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 7464/2021, del Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo solicitado en proveído de veintiuno de los corrientes (foja 241), remite copia certificada de las constancias que obran en la causa penal 183/2005-IV de su índice, consistentes en el acuerdo de veintiuno de mayo del presente año, en el que tuvo por recibido el oficio 151 de la Secretaria del Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, al que se adjuntó copia autorizada de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca penal 8/2021. Agréguese a los autos lo de cuenta para los efectos legales conducentes. Antecedentes Ahora bien, del expediente el que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes. 1. El quejoso Oscar Omar Treviño Morales, en fecha cuatro de julio de dos mil veinte, presentó ante el Secretario de Guardia del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de esta ciudad, demanda de amparo, en la que, entre otros actos reclamados, señaló como tal "El auto de fecha 11 de junio del año 2020, mediante el cual calificó de legal el traslado del quejoso, en la causa penal 183/2005", así como la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y como autoridades responsables al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y Cámara de Diputados y Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ( fojas 54 a 62). 2. El cuatro de julio de dos mil veinte, se registró el expediente con el número 132/2020-1, y se desechó la demanda de amparo con apoyo en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo auto que fue recurrido por la parte quejosa. (fojas 71 a 92) 3. En cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, dentro de la queja 14/2021, hecha valer por el quejoso, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número 132/2020-1, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de once de junio de dos mil veinte, atribuido al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, así como la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (fojas 118 a 122). 4. Mediante resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el secretario en funciones de magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, en el toca penal 8/2021, se confirmó el auto de once de junio de dos mil veinte, dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en la causa penal de origen. De lo anterior, deviene palmario que por lo que hace al acto reclamado consistente en el auto de fecha once de junio de dos mil vente, mediante el cual, el juez responsable calificó de legal el traslado del quejoso, en la causa penal 183/2005, así como la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho dispositivo prevé lo siguiente: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente; XXI. cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, debe decirse que el Tribunal Pleno ha sostenido que para ser operante esa causa en el juicio de amparo, no basta que la autoridad responsable revoque o derogue el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, cuyo objeto, es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. También se actualiza dicha causa de improcedencia cuando se trata de actos que hayan sido sustituidos por otros, independientemente de que se haya restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, pues surge una nueva situación que impide al juzgador de amparo abordar el estudio del acto reclamado por haber quedado insubsistente, lo que obliga al impetrante a señalar la nueva resolución como acto reclamado al promover el juicio de amparo, y no la que ha dejado de tener eficacia, toda vez que ésta sustituyó procesalmente a la otra; por tanto, no puede abordarse el estudio de la resolución sustituida por una nueva, pues ningún caso práctico tendría analizarse si queda subsistente la que se dictó con posterioridad. En el caso, se reclama el acuerdo de once de junio de dos mil veinte, atribuido al Juez Cuarto de Distrito en el Estado que calificó de legal el traslado del quejoso, en la causa penal 183/2005, así como la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Inconforme con dicha resolución, el ahora quejoso Oscar Omar Treviño Morales, interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, quien mediante resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 8/2021, confirmó el auto recurrido. En esa tesitura, respecto del acto reclamado, sobrevino la causa de improcedencia en estudio, pues lo que ahora rige la situación del impetrante es la resolución del Tribunal Unitario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.P.167 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2507, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia." En ese contexto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causa de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que el presente juicio de amparo se promovió también en contra de la promulgación, emisión y publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de manera específica, contra su artículo 52, con motivo del acto de aplicación que la quejosa hizo consistir en la orden de traslado y su calificación jurisdiccional, respecto de los cuales se sobreseyó el juicio por advertirse causa manifiesta e indudable de improcedencia, se hace extensivo dicho desechamiento respecto de aquel precepto legal tildado de inconstitucional, en razón a que no puede desvincularse el estudio de la normas del que concierne a sus actos de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la invocan, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Asimismo, se cita la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, Tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional fijada parar las diez horas con un minuto del uno de julio de dos mil veintiuno (foja 204) Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistido de José Florentino González González, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se agrega oficio del Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que tuvo por recibida la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, en el toca penal ***, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ***, en contra del proveído de once de junio de dos mil veinte, dictado en la causa penal *** de su índice, mediante la cual se confirmó la determinación de once de junio de dos mil veinte. Solicítese al juez responsable copia certificada la resolución emitida por el Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito. Notifíquese.
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