Oscar Omar Navarro Gómez

Expediente 569/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
569/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
12/07/2017

Partes del expediente

  • Oscar Omar Navarro Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE TESTIMONIO CONCERNIENTE AL RECURSO DE QUEJA 82/2017 INTERPUESTO POR EL QUEJOSO CONTRA EL AUTO DE DESECHAMIENTO. EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, RESIDENTE EN GUANAJUATO CAPITAL, RESOLVIÓ: "ÚNICO. ES INFUNDADO EL PRESENTE RECURSO DE QUEJA". ACÚSESE RECIBO. DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN Y ARCHIVO. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, SE DETERMINA SE ORDENA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES

  2. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO QUE REMITE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, EN GUANAJUATO, INFORMA QUE ADMITE EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO QUEDA REGISTRADO 82/2017.

  3. Principal

    RECURSO DE QUEJA CONTRA AUTO DE DESECHAMIENTO DE DEMANDA. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A, 98 Y 99 DE LA LEY DE AMPARO, RÍNDASE INFORME CON JUSTIFICACIÓN RESPECTO A LA MATERIA DE LA QUEJA, ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. REMÍTASE EL ORIGINAL Y COPIA DEL ESCRITO, ASÍ COMO EL INFORMA CON JUSTIFICACIÓN ACOMPAÑADO DE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO EN TURNO.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 15 DE MAYO DE 2017, QUE REZA; Se desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Oscar Omar Navarro Gómez, mediante el cual atiende la prevención formulada en auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiete. II. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Las causas de improcedencia son de orden público y deben decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. A juicio de este órgano jurisdiccional, respecto al acto reclamado relativo al proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario mercantil 66/2009, mediante el cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte quejosa, contra la notificación del auto de veinte de noviembre de dos mil quince, en el que se reinició el procedimiento, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. En primer orden se cita el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, mismo que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A su vez, el numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo indirecto, procede entre otros, en los siguientes supuestos: I. Tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Cabe mencionar que los actos producidos después de concluido el juicio son aquéllos realizados luego del pronunciamiento de la sentencia definitiva. Respecto de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, presupuesto que establece la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el entendido que conforme al precepto invocado en el párrafo que antecede, la última resolución es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Mientras que, tratándose de procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, ya sea de manera conjunta o no, por lo que será hasta que se dicten ambas determinaciones, cuando se esté ante la última resolución del procedimiento de ejecución, y resulte procedente en su contra la acción constitucional, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. II. Asimismo, de los numerales reproducidos se obtiene que excepcionalmente, el juicio de amparo procede contra actos dentro de juicio, siempre y cuando sus efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, sostuvo: - La amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114, de la Ley de Amparo (vigente hasta el dos de abril de dos mil trece), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, da pauta a interpretar la fracción III del propio precepto y no a la inversa. - En tal virtud, aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente en los siguientes supuestos: a) Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean transgredidos sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional objeto de ejecución; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 108/2010, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". El principio rector que informa la jurisprudencia acabada de reproducir, resulta aplicable en la situación en concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio, del decreto por el que se expidió la actual Ley de Amparo, pues se considera que de ningún modo se contrapone con lo dispuesto en las fracciones IV y V del numeral 107, de la propia ley reglamentaria, al contemplar hipótesis esencialmente similares. Por tanto, es dable concluir que conforme a lo previsto en la porción normativa recién invocada, el juicio de amparo indirecto procede contra actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin esperar a la última resolución, siempre y cuando se surtan los siguientes supuestos: a) Afecten de manera directa derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Con base en lo anterior, de relacionar el ordinal 61, fracción XXIII, con la aplicación en sentido contrario del diverso 107, fracciones IV, párrafo tercero, y V, todos de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de derechos deviene improcedente cuando se reclama un acto dictado en el procedimiento de remate y no constituye la última resolución de esa etapa; supuesto de improcedencia que en la especie se actualiza. En efecto, la parte quejosa reclama el proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario mercantil 66/2009, mediante el cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte quejosa, contra la notificación del auto de veinte de noviembre de dos mil quince, en el que se reinició el procedimiento; acto cuyos antecedentes son: Ante el Juzgado Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, se tramitó el juicio ordinario mercantil 66/2009. El veintiocho de octubre de dos mil nueve, se celebró un convenio judicial entre las partes (aquí quejoso). Mediante determinación de veinte de noviembre de dos mil quince, el juez responsable estimó que en virtud de que el juicio de origen había estado sin actividad procesal por más de seis meses, ordenó su reinició ordenando notificar a las partes de manera personal. El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la parte quejosa promovió incidente de nulidad de notificaciones, en virtud de que tuvo conocimiento que el juicio de origen se encuentre en etapa de ejecución de convenio y en específico en la etapa de valuación del inmueble de su propiedad para ser rematado. De lo anterior se advierte que el inconforme, quien promueve el amparo por propio derecho, se apersonó al juicio de origen, pues celebró contrato judicial con su contraparte, por lo que no es factible considerarlo como tercero extraño al controvertido de origen, en su etapa de ejecución de convenio. Asimismo, se destaca que al momento de promoverse el incidente de nulidad de actuaciones, en el procedimiento de remate aún no se dictaba la última resolución en dicha etapa de ejecución, relativa a la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados, por lo que al no afectar algún derecho sustantivo del inconforme y no constituir la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, se evidencia la actualización de la causal de improcedencia en cita. Ciertamente, la resolución reclamada no constituye la última en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la actual Ley de Amparo, para que sea procedente el presente juicio biinstancial, dado que deriva de un incidente de nulidad de actuaciones promovido en la etapa de remate en un juicio ordinario mercantil. Tampoco afecta derechos sustantivos del inconforme, porque en el incidente de nulidad sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos; de igual forma, no se trata de alguno de los casos de excepción a la regla, entre otros, arresto, resoluciones de incidentes de liquidación o aquellos actos que gozan de autonomía propia. En las relacionadas circunstancias, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso 113, del mismo ordenamiento legal, se desecha la presente demanda de amparo. Sirven de apoyo, por los principios rectores que las informan, las tesis emitidas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, respectivamente, del contenido siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES SE DECLARA INFUNDADO Y SE TRAMITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIN QUE LA INTERLOCUTORIA QUE LE PONE FIN SEA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. El juicio de amparo es improcedente contra la interlocutoria que declara infundado el incidente de nulidad de notificaciones que se ventiló en el periodo de ejecución de sentencia; ello, en virtud de que el resultado del incidente trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que el quejoso fue oído y vencido con las formalidades que prevé el artículo 14 constitucional. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que considere se cometieron en el trámite del citado incidente de nulidad de notificaciones, o bien, en la resolución que recayó al mismo". "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia."

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