Óscar Noel Palma Molina
Expediente 129/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Óscar Noel Palma Molina
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo indirecto presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación promovida por ********************, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galana, por considerarlos violatorios de las garantías consagrados en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y normas de orden legal. Fórmense expediente físico y electrónico respectivamente; regístrese en el libro de juzgado de registro de juicios de amparo; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el orden 129/2021-II-A. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es oportuno resaltar que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, de materializarse tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Asimismo, en la Tesis de Jurisprudencia VI.2o. J/290 que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo". Ahora bien, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se aprecia que el acto reclamado es el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO El auto de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, publicado en listas el día dos de febrero siguiente, surtiendo sus efectos el día tres de febrero del año en cita, en donde la responsable pasa a la fase de alegatos sin hacer pronunciamiento alguno respecto de la pericial ofrecida en grafoscopía por el suscrito, no obstante a que había ordenado su admisión. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia en vigor, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Resulta ilustrativa, a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así, la parte promovente reclama la improcedencia del acuerdo emitido el primero de septiembre de dos mil veinte, que ordena la apertura de la etapa de alegatos en el juicio ejecutivo mercantil 450/2020, del índice del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana; pues refiere, que no se tomó en consideración una prueba en materia de grafoscopía que ya había sido admitida. En ese sentido, dicho acto reclamado no constituye para la parte promovente un acto de imposible reparación que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así, pues resulta innegable que el auto reclamado no quebranta en perjuicio de la promovente, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Octava Época, tomo 56, agosto de 1992, página 11, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual modo, resulta aplicable la jurisprudencia 3a./J. 43 29/89, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, página 291, la cual a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Además, como acto intraprocesal tampoco causa daño predominante o exorbitante, de manera tal que haga procedente el juicio de amparo biinstancial; sino que, el perjuicio podrá actualizarse cuando se efectúe la valoración de las actuaciones emitidas en el juicio de origen, lo que en su caso se dará al dictar la sentencia respectiva, y será en ese momento cuando podrá evidenciarse si se agravió al aquí promovente, esto es, si la violación de que ahora se duele trascendió al resultado del fallo. El acto reclamado, tampoco participa de una afectación superior, que deba ser analizada mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar el dictado de la sentencia definitiva, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso el hecho de que se le haya desechado el recurso de revocación en contra de un acuerdo emitido dentro de la resolución interlocutoria (admite la prueba pericial en psicología), en todo caso podrá constituir una violación dentro del procedimiento, reclamable en amparo, para el supuesto de que la resolución que llegue a dictarse de manera definitiva le sea desfavorable. En efecto, el acto reclamado ningún perjuicio irreparable irroga al justiciable, ya que sólo pueden considerarse como violaciones al procedimiento, encuadrables en el artículo 172, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, a lo anterior, la tesis 626, publicada en la página 569, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Asimismo, la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 40 26/89, publicada en la página 280, Tercera Sala del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Octava Época, que establece: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Se itera, el acto reclamado no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues solo produce efectos de carácter formal o intraprocesal cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que puede ocurrir que el afectado obtenga al final una sentencia favorable a sus intereses con el que se reparen las violaciones y los posibles daños que se le hubieren causado con el desahogo de la prueba pericial en comento. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante jurisprudencia P./J.6/94 ha establecido que por regla general se considerarán violadas las leyes del procedimiento y la defensa de la parte quejosa, cuando no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley, incluso, ha establecido que la admisión, inadmisión o desechamiento de pruebas, no produce una afectación a las partes en el juicio en un grado predominante o superior, ya que en todo caso sólo ocasionaría que no se acumulen acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, la cual afecta, como ya se dijo, únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente en dado caso obtiene sentencia favorable a sus intereses, esa violación dejaría de surtir sus efectos; pero de no ser así, podrá impugnar tal irregularidad en el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia definitiva, en caso de ser contraria a sus intereses, ello en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. En ese sentido se tiene que el acto que reclama la quejosa es un acto intraprocesal o intermedio, por lo que de ninguna manera se le deja en desventaja por no ser un acto de imposible reparación. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto y autoridad precisados con antelación. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleven a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otro lado, se hace destacar que los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, de conformidad con el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene como domicilio procesal de la parte promovente, el ubicado en ********************Finalmente, en términos amplios del artículo 12, de la legislación federal que rige en la materia, se tiene como autorizado al licenciado que cita en su demanda. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
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