Oscar Nabor Castellanos Quinto

Expediente 208/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
208/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Oscar Nabor Castellanos Quinto

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en consideración que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la promovente Oscar Nabor Castellanos Quinto, hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de dieciséis de marzo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 208/2023 2 Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Por consiguiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el cuatro de abril de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 208/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En principio, es necesario precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado: "Del Profesor ******************** ********************, en su calidad de Director General de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación de Veracruz, reclamo: La resolución de fecha veinte de febrero del año en curso, emitida en el procedimiento laboral sin número, mediante el cual se resuelve lo derivado del oficio ********************, determinando procedente aplicarme una amonestación por escrito en mi expediente. La cual me fue notificada el día ocho de marzo del año en curso." Asimismo, en el punto TERCERO de los conceptos de violación, se advierte que el promovente manifestó lo siguiente: "TERCERO.- Aunado a la impugnación del contenido de la resolución de fecha veinte de febrero del año en curso, emitida por la autoridad señala como responsable en el procedimiento laboral; mediante oficio número ********************, de fecha ocho de marzo del año en curso, me fue notificada la misma, así como sus puntos resolutivos. PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO; en los cuales solamente se precisa LA AMONESTACIÓN HACIA LA PERSONA DEL QUEJOSO. Pero curiosamente mediante oficio número 420/SESE/Z630/22-23, de fecha trece de marzo del año en curso, la MAESTRA********************, en su calidad de Supervisora Escolar, me hace llegar dicho oficio, en el cual se me comunica que me hice acreedor derivado de la resolución impugnada a una medida disciplinaria consistente en una AMONESTACIÓN, ello en razón de que recibió el oficio ********************, emitido por la ********************, en su calidad de Subdirectora de Escuelas Secundarias Estatales; precisando esta que a su vez recibió el oficio número ********************, LICENCIADO ********************, en su calidad de Director Jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz; en el cual independientemente de dicha amonestación, en términos del artículo 42, fracción I, del Reglamento de Condiciones de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, se establece un cambio de adscripción inmediata, por lo que deberá de quedar ubicado de manera provisional en la supervisión escolar de zona correspondiente, hasta en tanto se le asigna un nuevo centro de trabajo." Luego, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, de acuerdo a su naturaleza de orden público. Lo anterior, toda vez que el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que deriva de una relación eminentemente laboral (empleador-trabajador). Los preceptos legales citados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De las disposiciones transcritas se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, de su contenido se aprecia que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en aquellos casos en que sus funciones estén determinadas por una norma general. En cuanto a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad; lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública. Dicho criterio se superó al sustentar con posterioridad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis P. XXVII/97, publicada en la página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", de la que en síntesis debe destacarse, según las consideraciones que en ella se contienen, que se estima una autoridad para efectos del amparo la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, dicho criterio se emitió en interpretación de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, concretamente en torno al artículo 11 que establecía las notas distintivas de la autoridad; sin embargo, resulta útil e ilustrativo para detectar las notas distintivas de los actos de autoridad, así como los criterios que han orientado sus características, los cuales como se verá en seguida, fueron acogidos en gran medida, por el texto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable, la que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se advierte, el concepto de autoridad responsable queda desvinculada de su naturaleza formal y atiende ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, del proceso legislativo de la Ley de Amparo vigente se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio en contra de actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Otro elemento para considerar, según lo estableció nuestro Máximo Tribunal, en diversas ejecutorias sobre el tema, es que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Esto, porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, y contra de particulares en los casos especificados, por lo que es indispensable fijar las bases para distinguir un acto de autoridad, para lo cual se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales de los gobernados y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad que tenga potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, en donde se dota al órgano del Estado una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, del estudio de la demanda de amparo como se ha planteado en párrafos anteriores se advierte que el acto que reclama se lo atribuye a las autoridades consistentes en: 1. Director General de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2. Área Jurídica de la Dirección General de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3. Director Jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4. Subdirectora de Escuelas Secundarias Estatales, con residencia en Xalapa, Veracruz. 5. Supervisora de la Zona Escolar 630, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Sin embargo, para establecer si a quienes se les atribuyen los actos reclamados son autoridades para efectos de amparo, no es suficiente que formen parte de la Administración Pública, ello tomando en consideración la personalidad poliédrica del Estado como persona jurídica participativa en diversas actividades. En ese tenor, cabe mencionar que el Estado es una entidad jurídica creada para mantener la seguridad, la justicia y la paz social; así como para satisfacer las necesidades colectivas. Ahora, la actividad del Estado es el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza, en virtud de las atribuciones que la legislación le otorga, los cuales se pueden dar en un plano de coordinación cuando se encuentran al mismo nivel del gobernado y de supraordinación cuando esté en un nivel superior. De lo anterior, es dable sostener que el acto reclamado no se realizó en un plano de supra a subordinación, sino con base en derechos derivados de una relación laboral, ello de conformidad con lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, en el tenor siguiente: El acto reclamado consiste en una resolución dictada dentro de un proceso laboral, tal como lo señala en el capítulo de acto reclamado, lo que se corrobora con lo manifestado bajo protesta de decir verdad en los puntos uno y dos de los hechos que constituyen los antecedentes, en los que expresamente dijo: "1.- Tal y como consta en las actuaciones de la resolución recurrida, mediante oficio número ********************, emitido por la Dirección General de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación de Veracruz, se inició un procedimiento laboral en contra del suscrito ********************, en mi calidad de maestro adscrito a la Escuela Telesecundaria "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA." "2.- Derivado de dichos actos, mediante oficio SEVU/DJyC/2714/2023, emitido por la Dirección Jurídica, la dirección General de Escuelas Secundarias de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, manifestó estar de acuerdo y en base a dicho contenido, emitió la resolución recurrida." De igual forma, bajo protesta de decir verdad, manifestó que le fueron impuestas las sanciones consistentes en amonestación y cambio de adscripción, ello con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción I y 52, fracción I, del Reglamento de Condiciones de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, de aplicación para funcionarios y empleados de la Dirección General de Educación del Estado, como lo establece el artículo 1° de dicho reglamento; lo que se corrobora con el hecho de que el quejoso es maestro en la Escuela Telesecundaria "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, de modo que dichas disposiciones al ser de observancia obligatoría le fueron aplicadas a través de la resolución reclamada. En consecuencia, el acto reclamado y sus consecuencias tienen su origen en disposiciones emitidas por el patrón para el correcto funcionamiento de los servicios que prestan a la población, en el caso la educación pública. De ahí que, se insista que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, se observe que el acto reclamado deriva de la relación laboral que mantiene con las autoridades que señaló como responsables; por tanto, sus actividades en el caso no pueden equipararse a las de autoridades con imperio. Es decir, el acto reclamado tiene consecuencias comprendidas dentro de la relación de trabajo; relación contractual regulada por el derecho del trabajo, en el que los entes públicos actúan en un plano de igualdad, y no como autoridades para efectos del juicio de amparo, de modo que sus actuaciones no implican actos de autoridad. En efecto, la relación que puede existir entre el quejoso y los entes señalados como autoridades responsables es de coordinación con motivo de la prestación de servicios que aduce los une; por lo que se concluye que sus actos no se traducen en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que al señalar como autoridad responsable al ente que en realidad tienen el carácter de empleador, incluso en caso de plantear un tema de inconstitucionalidad o aplicación de los lineamientos de la administración pública, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Por tanto, dado que el quejoso manifiesta que el acto reclamado dictado por el Director General de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación de Veracruz y notificado por la Supervisora Escolar, se colige que aquél tiene una naturaleza eminentemente laboral, que nace del vínculo jurídico que se genera entre un trabajador y su empleador, esto es, una relación de trabajo la cual se da en un plano de coordinación entre las partes y no de supra a subordinación, de manera que en esas condiciones, el Estado también queda sometido -como empleador del quejoso- a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruente con la doble personalidad del Estado. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis I.13o.T.207 L (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, diciembre de 2018, Tomo II, página 1096, Décima Época, registro digital 2018679, que señala: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A ENTES QUE EN REALIDAD TIENEN EL CARÁCTER DE PATRÓN, AUNQUE SE PLANTEE LA INCONSTITUCIONALIDAD O APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). Uno de los requisitos indispensables para la procedencia del juicio de amparo es que se señalen a entes o funcionarios de los organismos públicos que actúen con las características de unilateralidad y coercitividad, de manera que si en el amparo indirecto se especifican a ciertos funcionarios como autoridades responsables, pero se deduce que en realidad tienen el carácter de patrón, es decir, que están vinculados con el quejoso por una relación de trabajo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y no es impedimento para considerarlo así, el hecho de que se reclame la inconstitucionalidad o aplicación de los Lineamientos de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en atención a que son dos situaciones íntimamente relacionadas (autoridad responsable y acto reclamado), por lo que, al no ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, no se actualiza el supuesto de admisión de la demanda, aun cuando se precise que se reclama la inconstitucionalidad de una ley u ordenamiento jurídico." De ahí que, al integrarse el interés jurídico del quejoso por una cuestión laboral, en la cual su relación con la responsable es de coordinación, el acto que por esta vía se reclama, no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y por ende, no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional, dado que surgió en razón del vínculo de naturaleza laboral que existe entre el promovente y los entes de la Secretaria de Educación del Estado de Veracruz, esto es, derivada de la actuación como patrón en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente. Lo anterior, en virtud de que, si bien el juicio constitucional constituye un recurso efectivo en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en forma alguna conlleva a su procedencia en todos los casos, a fin de que se realice el estudio de fondo del asunto, toda vez que por razones de seguridad jurídica para la correcta y funcional administración de justicia y, para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados tienen el deber de establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole, resultando aplicable al respecto los siguientes criterios. Jurisprudencia número 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Registro 2005717, Décimo Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la Jurisprudencia número 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veinticinco, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Registro 2005917, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San ******************** de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Consecuentemente, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 del citado ordenamiento legal se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ******************** ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la persona restante, al no haber acreditado su registro en el referido sistema. Asimismo, téngase como medios de contactos para comunicaciones no procesales el número telefónico y correo electrónico proporcionados. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para esta fecha se encuentra prevista la audiencia constitucional; sin embargo, de autos se advierte que se encuentra pendiente la admisión de las pruebas periciales de medio ambiente e hidrología, antropología social y la inspección judicial, (foja 355 tomo dos) ofrecidas en su momento por Juan Carlos Flores Solís, autorizado de la parte quejosa, hasta en tanto obraran la totalidad de los informes justificados, extremo que se encuentra satisfecho. En ese tenor, con fundamento en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, se admite la inspección judicial y las pruebas periciales en materias de medio ambiente e hidrología, antropología, ofrecidas por Juan Carlos Flores Solís, autorizado de la parte quejosa; por tanto, córrase traslado a las partes con copia del escrito en donde se aprecian los puntos respecto de los cuales versarán los medios de convicción antes mencionados, a fin de que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos su legal notificación, puedan ampliarlos por escrito y estén en posibilidad de formular repreguntas al verificarse la diligencia relativa. Ahora, para lograr el desahogo de la inspección judicial, misma que tiene como objeto determinar la existencia de la infraestructura instalada para aprovechar el agua proveniente de la cascada "Cola de Caballo" y la procedencia de la misma dentro del territorio de la comunidad Miguel Hidalgo, ubicada en Catemaco, Veracruz; esto es, fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con apoyo en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Municipal de Catemaco, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien a realizar la diligencia de inspección judicial, para lo que deberá ordenar al actuario judicial adscrito a ese juzgado, a efecto de que se constituya en el sitio de construcción del Sistema de Agua Potable por "gravedad" en la localidad de Catemaco, municipio de Catemaco, Veracruz, en el paraje "Cola de Caballo", y la desahogue únicamente respecto de los siguientes términos: "1. La infraestructura que se observa instalada del Sistema de Agua Potable por Gravedad a cargo de las autoridades responsables. 2. Los sellos y área de clausura realizada por la PROFEPA. 4. Si el proyecto ya se encuentra instalado en su totalidad hasta donde pretendía llegar o, en su caso, identificar el espacio faltante de instalación. 7. Realizando tomas fotográficas de lo que observó a través de sus sentidos y dar contestación a las preguntas planteadas". Para el perfeccionamiento de este medio de convicción se pide se tomen fotografías del sitio donde deberá practicarse la diligencia y sean agregadas al presente asunto. Precisando que, atendiendo a la naturaleza y características de la prueba, el resultado de la misma únicamente deberá obtenerse de lo que aprecie el fedatario a través de sus sentidos, dado que para las cuestiones técnicas especializadas es la prueba pericial la que debe desahogarse; motivo por el cual no se ordena que se practique la inspección respecto de los siguientes puntos solicitados por el oferente: 3. El sitio final a donde se pretende concluir el proyecto reclamado por la quejosa. 5. Si dentro del territorio de la comunidad de Miguel Hidalgo nace el Río Cuetzalapan y/o cascada Cola de Caballo, a través de los manantiales que nacen en el territorio de la comunidad. 6. Si el agua que cae en la cascada Cola de Caballo, proviene de los ríos que se forman y/o atraviesan la comunidad de Miguel Hidalgo. Ya que su constatación y respuesta escapa de la simple apreciación que pueda tener el personal actuante por medio de sus sentidos. De igual manera, se habilitan días y horas al funcionario que le corresponda efectuar la diligencia de mérito, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, con la finalidad de que realice la diligencia aludida, y una vez hecho lo anterior lo remita a la brevedad posible. En este orden, del escrito de ofrecimiento de los medios de convicción en comento, se aprecia que el autorizado de la parte quejosa señaló como peritos de su parte, al licenciado en biología ********************, como perito en materia de medio ambiente, al ingeniero ********************, en hidrología y al maestro en antropología social ********************, en materia de antropología social, para el desahogo de dichas pruebas, las cuales versarán sobre los puntos señalados en el cuestionario que anexó al ocurso de ofrecimiento. En ese tenor, notifíquese por conducto de la parte quejosa a los referidos expertos, a fin de que en el término de tres días manifiesten si aceptan o no el cargo conferido por la parte quejosa. En el entendido que, los peritos designados deberán acudir a este órgano jurisdiccional a realizar la diligencia de aceptación del cargo; asimismo, quienes funjan como peritos deberán, al aceptar su nombramiento, manifestar bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en alguna de las hipótesis a que se contrae el artículo 51 de la ley de la materia. Una vez que ello acontezca, se concederá a los expertos un término de diez días para que emitan su dictamen, el cual comenzará a contar al día siguiente al en que hayan acudido a los lugares respectivos a desahogar los puntos transcritos con antelación. Con el apercibimiento que, de no comparecer a aceptar y protestar el cargo conferido, se declararán desiertas las referidas periciales por falta de interés. Por último, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se señalan las nueve horas con veinte minutos del diez de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades señaladas. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de René Antonio Sorcia Galván, secretario con quien actúa y da fe.

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