Oscar Muñoz Villarreal

Expediente 1183/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1183/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Oscar Muñoz Villarreal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1183/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud de que, se negó por una parte y por la otra se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data nueve de enero de dos mil veintitrés (fojas 26-30), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud de que, se negó por una parte y por la otra se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data nueve de enero de dos mil veintitrés (fojas 26-30), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el ocho de agosto de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA... Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1183/2022, promovido por Oscar Muñoz Villareal.... RESULTANDO... PRIMERO. Demanda y turno. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad y turnado el siguiente día a éste órgano jurisdiccional, el quejoso promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-3). SEGUNDO. Trámite. Luego de una prevención (fojas 5-8) por auto de veintiocho de diciembre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 12-15). En proveído de siete de marzo siguiente, se acordó: requerir a la parte quejosa manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo en el sentido de señalar como autoridad responsable al Ayuntamiento de Veracruz (foja 37); no obstante, al no haber ampliado su demanda, por auto de doce de abril siguiente, se acordó: hacer efectivo el apercibimiento formulado y continuar la sustanciación del presente juicio respecto de las autoridades y por los actos planteados en el escrito inicial de demanda (foja 47). Integrado el presente asunto, dado que se cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 21-22 y 28-33) tuvo verificativo la audiencia constitucional. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, al reclamarse la inconstitucionalidad de una norma municipal, que sostiene la parte quejosa, afecta irreparablemente sus derechos fundamentales, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados consisten en: De la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz: La aprobación, expedición, publicación y promulgación del Reglamento de Parquímetros, publicado en la Gaceta Oficial de Veracruz el catorce de diciembre del dos mil dieciocho, concretamente su artículo 31. De la Auxiliar de Parquímetros con número de clave 0029 del Ayuntamiento de Veracruz. Boleta de Infracción con número de folio 1774 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Retención de licencia para conducir TERCERO. Inexistencia de actos. La 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado atribuido esa autoridad consistente en la aprobación, expedición, publicación y promulgación del Reglamento de Parquímetros, publicado en la Gaceta Oficial de Veracruz el catorce de diciembre del dos mil dieciocho, en su artículo 31 (fojas 21-22). Explicó que dentro de las atribuciones y facultades que para dicho encargo público se contemplan en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, no se encuentra la de aprobar, expedir y promulgar el reglamento de tránsito que se combate. Ahora bien, para clarificar las atribuciones legales de dicha autoridad, en relación con el acto que se le atribuye, es necesario traer a colación lo que establecen los artículos 17, 18, 28, 29, 30, 34 y 35, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre: "Artículo 17. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa, de representación proporcional e igualdad de género, en los términos que señale el Código Electoral del Estado. El Ayuntamiento residirá en la cabecera del municipio y sólo podrá trasladarse a otro lugar dentro del mismo, por decreto del Congreso del Estado, cuando el interés público justifique la medida. Artículo 18. El Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles: I. El Presidente Municipal; II. El Síndico, y III. Los Regidores. Artículo 28. El Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, según el caso, se efectuarán en el recinto municipal y podrán adoptar la modalidad de públicas o secretas, en los términos que disponga esta ley. Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en aquellos casos en que la Constitución del Estado y esta ley exijan mayoría calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad. Artículo 29. Los Ayuntamientos celebrarán al menos dos Sesiones Ordinarias cada mes, en los términos que señalen sus reglamentos interiores; asimismo, podrán celebrar las Sesiones Extraordinarias que estimen convenientes, cuando ocurriere algún asunto urgente o lo pidiere alguno de los Ediles. Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será necesario que estén presentes la mitad más uno de los Ediles, entre los que deberá estar el Presidente Municipal. Artículo 30. El resultado de las sesiones se hará constar en actas que contendrán una relación sucinta de los puntos tratados. Estas actas se levantarán en un libro foliado y, una vez aprobadas, las firmarán todos los presentes y el Secretario del Ayuntamiento. Con una copia del acta y los documentos relativos se formará un expediente, con estos un volumen cada semestre y los acuerdos respectivos serán publicados en la Tabla de Avisos. Artículo 34. De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Federal y la del Estado, esta ley y demás leyes que expida el Congreso del Estado en materia municipal, los Ayuntamientos aprobarán los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen las funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Los actos y procedimientos administrativos municipales, medios de impugnación y órganos competentes para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares, se regularán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: (.) XIV. Expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la administración pública municipal de naturaleza centralizada, manuales de organización y procedimientos y los de atención y servicios al público, así como ordenar su publicación en los términos de esta ley; (.)" Como se desprende de la transcripción de los aludidos artículos, en el Estado de Veracruz cada Municipio está gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, el cual está integrado por el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores. El Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas, los cuales se toman por mayoría de votos de los presentes. Entre las facultades con que cuentan los Ayuntamientos están las de aprobar los reglamentos de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Una de las atribuciones que se otorga a los Ayuntamientos es la expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la administración pública municipal de naturaleza centralizada, manuales de organización y procedimientos y los de atención y servicios al público, así como ordenar su publicación. En ese sentido, debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la referida autoridad, pues como lo sostiene en su informe de ley, dentro de sus facultades y atribuciones legales no se encuentra la de aprobar, expedir y promulgar el Reglamento de Tránsito combatido, ya que como se desprende de la Ley Orgánica del Municipio Libre, esa facultad corresponde exclusivamente al Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, reuniéndose de manera colegiada en forma de Cabildo. De allí, que se concluye que a la 1. Presidenta Municipal del Ayuntamiento responsable no le compete de manera individual o unilateral la emisión del reglamento tildado de inconstitucional, sino al Cabildo. En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó con pruebas la negativa de dicha autoridad responsable, ni tampoco que conforme a sus atribuciones legales le competa su emisión o ejecución; debe entonces sobreseerse en este juicio de amparo por cuanto hace al reseñado acto reclamado atribuido a la misma, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la 2. Auxiliar de Parquímetros con número de clave 0029 del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (fojas 28-32). QUINTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. Debe precisarse que cuando se promueve un juicio de amparo indirecto contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada, del que concierne a su acto de aplicación, debiendo proceder de la siguiente manera: a). Analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, si éste es el que constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis controvertida y, si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia, de ser así se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. b). De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de la disposición normativa impugnada. c). Únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a la disposición impugnada, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, alegados en su caso, contra el acto de aplicación. Dichas reglas encuentran respaldo puntual en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese sentido, al haber quedado desvinculado el acto de aplicación de la norma combatida, resulta procedente ahora verificarse si en relación con éste se concreta algún motivo de improcedencia, como lo indica el aludido criterio de jurisprudencia. En el caso concreto, se estima que respecto del acto reclamado consistente en la boleta de infracción con folio 1774 de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, expedida por la Auxiliar de Parquímetros con clave 0029 del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, sobreviene el motivo de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque la parte quejosa no agotó el principio de definitividad para combatir dicho acto, al no acudir previamente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz y plantear el juicio contencioso administrativo contra ese acto, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se puede advertir, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a este sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, ya que en esto estriba precisamente el principio de definitividad aludido, el cual debió agotarse previamente por la parte quejosa. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se da pie al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, conviene destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos, para otorgar la suspensión del acto, que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que se concrete el motivo de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: 1) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2) Sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte; es decir, que proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado. 3) Conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo, proceda la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización. 4) No se esté en el caso de excepción. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, tales requisitos se cumplen. Respecto al PRIMER requisito consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues el referido acto reclamado fue emitido por la 2. Auxiliar de Parquímetros con clave 0029 del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz; autoridad evidentemente distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por cuanto hace al SEGUNDO requisito, relativo a que contra los actos impugnados proceda algún medio de defensa ordinario por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, también se actualiza, ya que el acto que en este juicio se reclama y que se precisó en este apartado, puede ser analizados por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, a través de la promoción del juicio contencioso. Lo anterior se deriva de lo dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que dispone: ".Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: I. Acto administrativo: La declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general.". De igual modo, la fracción II, del artículo 280, del ordenamiento legal referido, establece que procede el juicio contencioso contra: ".II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares;.". De lo anterior se desprende que contra la boleta de infracción con folio 1774 de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz; medio ordinario de defensa idóneo para modificar, revocar o nulificar dicho acto. Con base en lo anterior, es posible afirmar que la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar ese medio ordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. En relación con el TERCER requisito, también se satisface, pues la ley que rige el medio de impugnación relativo, a saber, el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz vigente, contempla la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional y, sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." Así, se concluye que la parte quejosa, antes de la promoción del presente juicio constitucional contra el referido acto reclamado, debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa aludido. Enseguida, se verificará si se concreta excepción al principio de definitividad, distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio, esto es, lo relativo al CUARTO requisito en mención. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En el caso, se advierte que la parte quejosa sí reclamó una norma con motivo de su primer acto de aplicación, lo que de suyo traería como consecuencia que opere la excepción de agotar el principio de definitividad contra el acto de aplicación. No obstante, al haberse sobreseído respecto de la norma, el acto de aplicación reclamado quedó desvinculado de ésta y, por tanto, su análisis debe efectuarse de manera independiente. En ese sentido, se concluye que al actualizarse la hipótesis de haber quedado desvinculado el acto de aplicación de la norma misma, ha dejado de existir la condición que permitía acceder a la vía constitucional de manera privilegiada, sin observar el principio de definitividad. De ahí, que se estime que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa contra la boleta de infracción combatida, consistente en el juicio contencioso administrativo, previo a acudir al juicio de amparo. Sirve de respaldo a la anterior conclusión, la tesis XXX.3o.2 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que se lee: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO SE SOBRESEE RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO, EL ACTO DE APLICACIÓN SE DESVINCULA DE ÉSTE Y ELLO GENERA QUE EL ANÁLISIS POR VICIOS PROPIOS QUEDE SUPEDITADO A QUE NO SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, INCLUSO, LA RELATIVA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la interpretación conjunta de las fracciones XIV y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se reclama una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que no puede exigirse al quejoso que agote los medios de defensa ordinarios que procedan contra el propio acto, al no poder desvincular éste de aquélla. Sin embargo, esa circunstancia no impide que se actualice alguna causa de improcedencia contra el estudio de inconstitucionalidad del precepto impugnado, como por ejemplo, cuando no se señalan como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomienda su promulgación, o bien, cuando no se exponen conceptos de violación para controvertirlo, lo cual llevará a que se decrete el sobreseimiento respecto de aquél. En este caso, el acto de aplicación de la ley reclamada queda desvinculado de ésta, lo cual genera que su análisis se efectúe de manera independiente y, por tanto, previo a examinar los vicios propios que en su caso se hagan valer, debe verificarse que no exista algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, incluso, el consistente en agotar los medios de defensa ordinarios, pues en esa hipótesis habrá dejado de existir la condición que permitía acceder a la vía constitucional de manera privilegiada, sin observar el principio de definitividad. Estimar lo contrario, haría permisivo el uso excesivo y arbitrario del juicio de amparo, pues en los casos en que sí procede un medio de defensa ordinario contra el acto que pretende reclamarse, el quejoso podría invocar la inconstitucionalidad de una norma general, aun cuando realmente no fuera su voluntad impugnarla, sino únicamente eludir el principio citado." (Lo subrayado es propio de esta sentencia) 2. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Este aspecto está relacionado a que el acto reclamado adolezca de vicios de inconstitucionalidad directa y no derivada. En efecto, en el caso a estudio, la parte quejosa hace derivar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de lo que estima como vicios cuya naturaleza son de mera legalidad, haciendo alusión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior porque sostiene que la autoridad responsable no fundó ni motivó la emisión del acto reclamado, dado que no expuso las circunstancias de modo, tiempo y lugar que justificaran la actualización de la hipótesis prevista en la ley, por lo que carece de validez dicho acto administrativo. De allí, que el reclamo constitucional implica una cuestión de legalidad, al versar sobre la indebida fundamentación y motivación del acto combatido, o sea, la transgresión a las leyes secundarias u ordinarias y, no una violación directa a la constitución. 3. Los que carecen de fundamentación. A simple vista, de la boleta de infracción con folio 1774 de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, emitida por la 2. Auxiliar de Parquímetros con número de clave 0029 del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, se advierte que se fundó en los artículos 121, incisos a, b, c, d, e y f, 182, 186, fracción F, categoría "A", clave 470, del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Veracruz y 31, fracciones I y II del Reglamento de Parquímetros del Municipio de Veracruz, entre otros (foja 44). Lo anterior pone de manifiesto que el acto reclamado no carece de absoluta fundamentación que impida a la parte quejosa hacer valer el recurso idóneo para combatirlo. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (Lo resaltado es propio) 4. En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, en razón que el juicio contencioso administrativo de que se trata se encuentra previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz y no en reglamento alguno. CONCLUSIÓN En consecuencia, dado que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, antes de acudir a la instancia constitucional. Es por ello que, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía ordinaria de defensa, resulta incuestionable que no puede acudir ahora ante esta instancia constitucional, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige en el referido juicio constitucional, pues una vez agotado el contencioso administrativo aludido, procedería el juicio de amparo. En ese contexto, es posible considerar que, si el quejoso omitió agotar el medio de impugnación ordinario ya aludido y, por tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, resulta evidente la actualización del motivo de improcedencia aquí analizado. Luego, al concretarse el aludido motivo de improcedencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado atribuido a la 2. Auxiliar de Parquímetros con número de clave 0029 del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. Al decretarse el sobreseimiento del asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Oscar Muñoz Villareal, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, con lo solicitado mediante proveído de veintiocho de marzo año en curso, por lo que queda sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento. Ahora, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de OCHO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, con las constancias que remitió la autoridad, para que manifieste lo que en derecho corresponda. En atención a lo anterior, toda vez que de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el catorce de abril del año en curso, es claro que el plazo de ocho días de vista a que se refiere el artículo 117 de la ley de la materia se encontraría transcurriendo; por tanto, en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que este juzgador determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.

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