Oscar Morúa Esquivel

Expediente 1983/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1983/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
03/02/2016

Partes del expediente

  • Oscar Morúa Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En tres de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario Juan García Trejo, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en Funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrita a este Juzgado, de la que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El cuatro de diciembre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva donde se concedió al impetrante de garantías el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en los términos y para los efectos siguientes (21 a 27): ".para el efecto de que el Director General de la Policía Estatal Preventiva, con sede en esta ciudad, de inmediato, proceda a dar contestación por escrito a lo solicitado por el Director de Atención Ciudadana y Audiencias del Departamento de Atención Ciudadana del Gobernador del Estado; situación con la que se restituye al quejoso en el goce de la garantía individual aquí considerada transgredida, en términos del artículo 71, fracción I, de la Ley de Amparo vigente." Posteriormente, por auto de veintiocho de diciembre de dos mil quince, se declaró que causó ejecutoria la sentencia de mérito, por lo que se procedió a requerir a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días dieran cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo en que se actúa (f. 34) Así, en auto de siete de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio con registro número 129 signado por el Director de la Policía Estatal Preventiva, del estado de Zacatecas, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector de garantías informó que dio cumplimiento al auto de veintiocho de septiembre del año dos mil quince y remitió acuse de recibo del oficio PRP/UJ/ZAC/2560/2015, en el cual rindió informe al Director de Atención Ciudadana y Audiencias de Gobierno del Estado, donde da respuesta al oficio GS-87499, en relación a la aplicación de exámenes de control y confianza, con la finalidad de ingresar a dicha corporación. Asimismo, en esa propia fecha, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que expusiera lo que su derecho correspondiera, sin que hubiera hecho manifestación alguna. Ahora bien, atendiendo a que en la ejecutoria protectora de garantías, se concedió a la parte quejosa para el efecto de que el Director General de la Policía Estatal Preventiva, con sede en esta ciudad, de inmediato, procediera a dar contestación por escrito a lo solicitado por el Director de Atención Ciudadana y Audiencias del Estado; situación con la que se restituyó al quejoso en el goce de la garantía individual considerada transgredida, en términos del artículo 71, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se advierte que se acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden En consecuencia, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; y en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En siete de enero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio con registro 129 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a siete de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la autoridad responsable Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, por el cual en cumplimiento a lo requerido por auto de veintiocho de diciembre de dos mil quince, remite acuse de recibo del diverso oficio PRP/UJ/ZAC/2560/2015, en el cual rinde informe al Director de Atención Ciudadana y Audiencias de Gobierno del Estado, en el cual da respuesta al oficio GS-87499, en relación a la colaboración de aplicación de exámenes de control y confianza con la finalidad de ingresar a ese corporación, expresando en el mismo el procedimiento y protocolo de ingreso. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado conforme a las constancias que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento otorgado al fallo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Ajc.

  3. Principal

    En veintiocho de diciembre de dos mil quince, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, -------------------------------------------------------------- C E R T I F I C O : -------------------------- Que del once al veinticuatro de diciembre del presente año, transcurrió el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de diciembre del presente año, dentro del juicio de amparo número 1983/2015, promovido por OSCAR MORÚA ESQUIVEL.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de diciembre del año en curso, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en el artículo 192, del citado precepto legal, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de TRES DÍAS, de cabal cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, y remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará; y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en autos del juicio de amparo 1983/2015, presentes en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, asistido de la Secretaria licenciada REBECA ISABEL MEDINA BECERRA, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. Enseguida, se declara abierta la ETAPA DE PRUEBAS, en donde la Secretaria da cuenta con que las partes no las ofrecieron, por lo que se declara cerrada la etapa de pruebas. Acto continuo, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia en consulta, se abre el PERÍODO DE ALEGATOS, se tiene que las partes no formularon los de su intención y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. No existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1983/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Oscar Morúa Esquivel, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable "Director General de la Policía Estatal Preventiva". Acto reclamado "La falta de dar respuesta a la petición canalizada por el Director de Atención Ciudadana y Audiencias del Departamento de Atención Ciudadana del Gobernador del Estado, contenida en el oficio con número de folio GS-87499, de fecha 18 de septiembre de 2015, recibido el día 21 del mismo mes y año, como se aprecia del sello que obra en la parte superior derecha del documento que se anexa". 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, el veintinueve de octubre de dos mil quince, se registró bajo expediente 1983/2015, su Titular ordenó su admisión; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos atribuidos a autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos de inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La omisión de acordar el oficio con número de folio GS-87499, de fecha 18 de septiembre de 2015, recibido el día 21 del mismo mes y año. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: La autoridad responsable Director de la Policía Estatal Preventiva con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, precisa que es cierto el acto reclamado que se le atribuye, toda vez que manifiesta que conforme al protocolo de admisión de personal a las diferentes instituciones policiacas aún se encuentra en trámite, y que por tal motivo no está en aptitud de información de aceptación con relación al ahora quejoso, y anexa el oficio PEP/UJ/ZAC/2015, dirigido a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado (foja 19); documento que tiene plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." IV. Litis constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, lo cual se corrobora con la tesis del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la misma". De la lectura integra relativo al capítulo de conceptos de violación de su escrito de demanda, se advierte que el quejoso OSCAR MORÚA ESQUIVEL, reclama del Director General de la Policía Estatal Preventiva, violación al artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no ha dado respuesta a su petición presentada. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación en que la quejosa aduce que se viola en su perjuicio el artículo 8° constitucional, pues ha transcurrido un tiempo prudente desde que la autoridad responsable recibió su petición, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (veintiocho de octubre de dos mil quince), sin que haya existido contestación al oficio con número de folio GS-87499, de fecha dieciocho de septiembre del año en curso, mismo que fue recibido el veintiuno del mismo mes y año, no obstante que la autoridad tiene la obligación de hacerlo por escrito y en breve término. Ahora bien, a fin de evidenciar la violación constitucional aquí destacada, es pertinente tener en consideración el imperativo contenido en el artículo 8° de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. (.)." El precepto constitucional transcrito, consagra la garantía de seguridad jurídica conocida como "derecho de petición" que impone la obligación a las autoridades (funcionarios y empleados públicos), a quienes se dirija la petición correspondiente, contestarla mediante acuerdo por escrito y dar a conocer la respuesta en breve término al peticionario. Así las cosas, de lo antes expuesto, se logran evidenciar los siguientes requisitos para que se cumpla con el derecho de petición y que son: 1. La presentación de una solicitud por escrito o verbal ante una autoridad, en forma pacífica y respetuosa; 2. Que en tal solicitud se pida algo, es decir, que la petición elevada a la autoridad contenga la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho o que la autoridad se pronuncie sobre determinada situación que corresponda a su competencia; 3. Que a tal petición deberá recaer una contestación también por escrito, congruente con lo solicitado; y 4. Que la respuesta al derecho de petición deberá ser notificada al peticionario, lo cual deberá quedar debidamente probado por la autoridad ante quien se presentó la solicitud. Asimismo, es importante destacar, que el breve término es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." Luego, si el Director de la Policía Estatal Preventiva, con residencia en esta ciudad, no acreditó haber dado respuesta a la petición del quejoso Oscar Morúa Esquivel; lo es que dicha autoridad transgredió en perjuicio de la parte quejosa el artículo 8° constitucional, pues a pesar de que el Director de Atención Ciudadana y Audiencias realizó petición por medio de solicitud presentada ante esa dependencia, tal y como se advierte del oficio con número de folio GS-87499, de fecha dieciocho de septiembre del año en curso, mismo que fue recibido el veintiuno del mismo mes y año; aquélla no acreditó haber dado respuesta; por ello, ante esa omisión de dar respuesta en breve término, es inconcuso que se vulneró el artículo 8º constitucional. En las relatadas condiciones, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Director General de la Policía Estatal Preventiva, con sede en esta ciudad, de inmediato, proceda a dar contestación por escrito a lo solicitado por el Director de Atención Ciudadana y Audiencias del Departamento de Atención Ciudadana del Gobernador del Estado; situación con la que se restituye al quejoso en el goce de la garantía individual aquí considerada transgredida, en términos del artículo 71, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso, las tesis cuya voz y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. - El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Por lo expuesto, fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a OSCAR MORÚA ESQUIVEL, contra el acto y la autoridad precisada en el resultando primero y para los efectos indicados en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. DOY FE.

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