Óscar Montero Arreola
Expediente 465/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Óscar Montero Arreola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, dos de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de once de junio de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documento Sin que haya lugar a devolver documentos a las partes, toda vez que no fueron exhibidos. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/1620/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Autoridad rinde informe Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por la Subdelegada Encargada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual rinde informe justificado; lo anterior, toda vez que en proveído de once de junio de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, catorce de junio de dos mil veintiuno. Autoridad informa Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Encargado de la Célula 1 Equipo II de la Unidad de Investigación y Litigación "A" en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en auto de siete de los actuales, informa que la situación jurídica del quejoso Óscar Montero Arreola, es de imputado en libertad, toda vez que el juez de control acordó no vincular a proceso, para lo cual adjunta constancia de control de detención, en su versión escrita. Asimismo, informa que una vez que se dé destino legal a los objetos afectos a la investigación de que se trata, se procederá a resolver en definitiva. De lo que únicamente se toma conocimiento, toda vez que en proveído de once de junio de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, once de junio de dos mil veintiuno. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por medio del cual informa en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete de junio del año en curso, el estado procesal de la causa penal 94/2021 de su índice; del que se desprende que, se calificó de inadecuada la retención del quejoso Óscar Montero Arreola, ordenándose como consecuencia de ello, su inmediata libertad únicamente por lo que se refiere al citado proceso penal. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante; se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La ilegal detención y privación de la libertad. Bajo este contexto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa consiste en: la ilegal detención y privación de la libertad. Y, de las constancias que remitió la autoridad oficiante se advierte lo siguiente: Que se radicó al causa penal 94/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala por la solicitud del Agente del Ministerio Público Federal derivada de la carpeta de investigación FED/TLAX/DELTLAX/000439/2021. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de control de detención en contra de Óscar Montero Arreola, por su probable comisión en el delito de contrabando presuntos, y en la misma fecha no fue calificada de legal su detención, por lo que se ordenó su libertad por cuanto a la causa penal 94/2021. Conforme a los antecedentes narrados es posible advertir en forma clara y evidente que en el presente asunto se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ciertamente, es inconcuso que tal circunstancia acontece en el asunto particular, en virtud que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es el tres de junio de este año, existía el acto reclamado consistente en privación de la libertad del quejoso (derivado de su puesta a disposición); lo cierto es que, de autos se desprende, que el cuatro de junio de dos mil veintiuno ordenó su libertad. Por consiguiente, es evidente que al decretarse la libertad del aquí quejoso Óscar Montero Arreola, el acto reclamado, quedó sin efecto. En ese tenor, se insiste que la determinación quedó insubsistente, por lo cual, es evidente volvieron las cosas a una situación similar a la que guardaba antes de la emisión del acto reclamado, restituyéndose así al quejoso en el goce del derecho humano que estimaba violado y afectaba su esfera jurídica Es útil la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo conforme lo preceptúa la fracción V, del numeral 63 del propio ordenamiento legal. Robustece a lo anterior, el hecho de que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; Ello, toda vez que resulta evidente que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, en la causa penal 94/2021, se resolvió la situación jurídica del quejoso, calificando de inadecuada su retención y ordenando su libertad por cuanto a esa causa se refiere. De esta manera, la existencia de tal determinación, es suficiente para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en los actos impugnados se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis XXI.1o.48 P, visible en la página 1024 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del tenor literal siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica al radicarse la causa judicial 94/2021 y resolverse la situación jurídica del quejoso; luego, procede decretar el sobreseimiento en la presente instancia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie, también se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ya que al haberse ordenado la inmediata libertad del quejoso, como consecuencia de la calificación de inadecuada de su retención, por el juez de control en la causa judicial 94/2021, resulta imposible analizar el acto en reclamo -detención decretada en contra del quejoso dentro de la carpeta de investigación FED/TLAX/DELTLAX/000439/2021,-, sin afectar las determinación posteriores. En concordancia con lo anterior, resulta necesario señalar la diversa causa de improcedencia referida en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. (.).". Del texto reproducido se deduce que para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un acto, el cual sea consumado y que no se puedan restablecer las cosas al estado que guardaban, es decir, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado. En este sentido, es necesario precisar, en primer lugar, cuáles son los actos consumados de modo reparable y los actos consumados de modo irreparable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que se han realizado en forma total en todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Así, para la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: actos consumados de modo reparable y, actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias jurídicas pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto, puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación realizada por parte de las autoridades responsables en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable, son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos, así como sus consecuencias jurídicas, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas y, ante ello, resulta improcedente el juicio de amparo. Ilustra sobre el particular, la tesis 14, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuya literalidad es: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno.". Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 738, del tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de epígrafe y texto siguientes: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer." Ahora bien, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución, así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física, ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados, lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, se debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. Apoya lo expuesto la tesis I. 3o. A. 150 K, visible en la página 325, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados).". Establecido lo anterior, cabe recordar que en el presente juicio de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado: La ilegal detención y privación de la libertad. En ese orden de ideas, se colige que en el presente asunto se está en presencia de la hipótesis prevista en el referido inciso b), es decir, se está en presencia de un acto consumado de modo irreparable. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte la existencia de un impedimento jurídico para el estudio del acto de autoridad reclamado en tanto ello tiene que ver con la procedencia del juicio constitucional promovido. Lo anterior es así, pues como quedó de manifiesto en párrafos precedentes con dicha determinación se dio origen a la causa judicial 94/2021 radicada por el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, en la que el cuatro de junio de dos mil veintiuno, no se calificó de legal la detención del quejoso y se ordenó su libertad. De esa manera, resulta improcedente el juicio constitucional promovido porque, el acto en reclamo debe considerarse consumado de modo irreparable; sin que sea posible analizar la constitucionalidad de la determinación reclamada sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto (trece horas con ocho minutos del siete de julio de dos mil veintiuno), por los motivos expuestos en la presente determinación. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Razón actuarial, se ordena notificar por lista de acuerdos. Por otra parte, agréguese a los autos la razón de cuenta elaborada por el actuario adscrito a este juzgado, en atención a su contenido, se le tiene manifestando la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, emitido en el presente juicio, por los motivos que indica en la misma. En consecuencia, no ha lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que como se determinó en auto de cuatro de los actuales, se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, dado que no señaló domicilio en la residencia de este Juzgado de Distrito o en la zona conurbada para efectos procesales, por lo que dicha determinación (cuatro de junio de dos mil veintiuno, se le notificó a través de la lista de acuerdos). Por tanto, se ordena notificar al quejoso el acuerdo de tres de junio de este año, la presente determinación; y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale diverso domicilio para oír y recibir notificaciones. Por último, no se inadvierte que en el auto de tres de junio de este año se le dio vista a la parte quejosa, con la razón de imposibilidad para notificar a la autoridad señalada como responsable "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DELEGACIÓN TLAXCALA", a efecto de que manifestara lo que estimara conveniente, sin que a la fecha haya desahogado dicho requerimiento; sin embargo, tal circunstancia no afecta la situación jurídica actual del quejoso, ni constituye un cambio trascendente en el sentido de la presente determinación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, en los términos indicados. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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