Óscar Moisés Palma Soto y Otros.

Expediente 719/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
719/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2015

Partes del expediente

  • Óscar Moisés Palma Soto y Otros.
  • Óscar Moisés Palma Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que los quejosos no interpusieron recurso de queja en contra del auto de ocho de septiembre de dos mil quince, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovieron; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, en especial la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de tres días que se concedió a los quejosos en proveído de ocho de septiembre de dos mil quince, para que manifestaran si están de acuerdo o no en que de hacerse público el contenido del presente expediente, aparezcan sus datos personales, sin que lo hayan hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se concedió a los quejosos en auto de veinticuatro de agosto de dos mil quince, para que cumplieran con la prevención ahí efectuada, sin que lo hayan hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Federal, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, hágase del conocimiento de la promovente que deberán señalar dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales; apercíbaseles que la falta de oposición expresa en el plazo mencionado, se tendrá como aceptación de que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Por recibida la demanda de amparo que presentan Óscar Moisés Palma Soto e Inés Soto Hernández, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor Civil de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 719/2015-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I, II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones II, IV y V, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En tal virtud, en el caso concreto los quejosos en el apartado relativo al acto reclamado señalaron como tal: ". la ilegal y violatoria orden de desalojo y/o embargo perpetrado en nuestra contra." (.) "NOS CAUSA AGRAVIO: Desde que no se sostiene por admitido dicho recurso de apelación como obra en autos dicho recurso fue interpuesto y tiempo lugar y forma estando dentro de los establecidos por ley aunado a esto la juez a-quo hace una serie de manifestaciones que en nada se apega a lo establecido por el ordenamiento 1339 y 1340 del código de comercio ya que el artículo 139 menciona en los juicios mercantiles, tanto ordinario como ejecutivos, procederá la apelación en ambos efectos." Sin embargo, en los capítulos atinentes a los conceptos de violación y suspensión indicaron: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. (.) Así mismo el Articulo 16 Tutela de igual forma a la persona y a sus posesiones y propiedades como tales por lo que cualquier molestia de la autoridad al gobernado en su persona o propiedades o posesiones sin la debida motivación y fundamentación dará pie a la demanda de Amparo máxime si se combate una ilegalidad dentro del procedimiento o la inobservancia de la Ley como lo es la orden de presentación o aprehensión de por esta vía combato, y en la cual se puede observar la inexactitud que fuere en perjuicio del gobernado." "CAPITULO DE SUSPENSIÓN. Con apoyo en los Art. 122, 123, 124, 125 y 130 de la Ley de Amparo vigente solicito se me conceda la suspensión provisional del acto reclamado, ordenando la inmediata consignación de la averiguación previa ya citada con antelación" De la narrativa anterior no se puede establecer con exactitud cuál es realmente la intención de los promoventes del amparo, dado que pareciera que reclaman una orden de desalojo y/o embargo, así como su ejecución; sin embargo, hacen referencia a: La inadmisión de un recurso de apelación. Una orden de presentación o aprehensión; y, Una averiguación previa. Lo anterior hace que su demanda se torne obscura e irregular, dado que no se puede establecer con exactitud cuál es el acto o actos que en esta instancia constitucional reclaman; lo cual resulta necesario para no dejar en estado de indefensión a las responsables, ya que solamente sabiendo los actos que se les imputa estarían en condiciones de rendir su informe con justificación. Por ello, ante la vaguedad en la precisión de los actos que reclaman, es necesario que señalen si efectivamente lo que reclaman es la orden de desalojo y/o embargo, así como su ejecución, o bien, un acto diverso; formulando en congruencia de lo anterior los conceptos de violación respectivos. B) La fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "(.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". El precepto en cita establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa tiene la obligación de señalar en su demanda de amparo a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En el caso concreto, del capítulo relativo a las autoridades responsables, se advierte que los quejosos señalaron como tales a los Jueces Menores Civiles Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, así como a la Secretaria de Acuerdos con la que actúan. No obstante a ello, debe decirse que si en el caso la verdadera intención de los quejosos es combatir la orden de desalojo y/o embargo, así como su ejecución, es necesario que señalen como autoridad responsable a la autoridad que pretendió ejecutarla, esto es, el Actuario Judicial designado por la Oficina Central de Actuarios de este Partido Judicial, quien según la narración de demanda, fue quien se presentó ante su domicilio a pretender ejecutar dicho acto de molestia; por lo que, de ser así, deberán designarla como responsable, formular los conceptos de violación respectivos y anexar la copia de traslado correspondiente. Por otro lado, si la intención de los quejosos es combatir: la inadmisión del recurso de apelación que cita en su demanda, la orden de presentación o aprehensión, o bien, la consignación de una averiguación previa, deberán señalar a las autoridades a quienes les atribuyen dichos actos, así como expresar los antecedentes, los conceptos de violación respectivos y anexar las copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes. Bajo dicha guisa, se estima imprescindible que los quejosos, determinen con claridad a qué autoridades desean señalar como responsables, ello para llevar a cabo su debido llamamiento a juicio. Resulta aplicable al caso concreto la tesis XI.2o.36 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1556, Tomo XX, Agosto de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA." C) En relación con la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, que dispone: "(.) "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Por las razones que informa, ilustra lo anterior la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En la especie, si bien es cierto que los solicitantes del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en el apartado relativo al acto reclamado señalaron que el diez de agosto del año en curso, se presentaron en su domicilio actuarios del poder judicial de esta ciudad para pretender practicar una orden de desalojo y embargo, también lo es que dicha narración debe ser congruente con los actos reclamados y las autoridades señaladas como responsables, siendo que en el caso omitieron expresar: los antecedentes relativos a la inadmisión del recurso de apelación que cita en su demanda, la orden de presentación o aprehensión, y la averiguación previa; pues si es su deseo señalarlos como actos reclamados, deberán hacer una narración sucinta de los antecedentes de cada uno, precisando, según el caso: Contra qué determinación interpuso el recurso de apelación que refiere, el número de expediente, el Juzgado de radicación, si son parte o no en el citado controvertido, y la fecha de conocimiento de la inadmisión del citado recurso. Todo lo relativo a la orden de presentación o aprehensión, en particular la fecha de conocimiento de dicho acto; y, En cuanto a la consignación de la averiguación, el número de la misma, la agencia de radicación y la fecha de conocimiento de la misma. Datos que al constituir los antecedentes de los actos que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resultan determinantes para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de su procedencia. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas lo procedente, conforme a los artículos 108, fracciones II, IV y V, en relación con el 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, es prevenirlos para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación que del presente proveído se les practique, por escrito y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Aclaren, cuál es el acto o actos que reclaman en esta instancia constitucional, de conformidad con lo establecido en el inciso A) de la presente determinación. Señalen a qué autoridades desean señalar como responsables, tal y como se indicó en el inciso B) de la presente; y, Manifiesten bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del o de los actos reclamados, tal y como se requirió en el inciso C) del presente proveído. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si los quejosos son quienes la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, toda vez que el presente juicio de amparo es promovido por Óscar Moisés Palma Soto e Inés Soto Hernández; con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se designa como representante común al primero de los mencionados. Téngase a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ma. Guadalupe Montes de Oca Valencia, J. Ángel Escutia Cortez y Norma Alicia Alejo González, al contar con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y a Pablo Hernández en los mismos términos por así haberlo solicitado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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