Óscar Moctezuma García

Expediente 2085/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2085/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
21/06/2018

Partes del expediente

  • Óscar Moctezuma García
  • Agente del Ministerio Público Que Interviene En el Toca Penal 142/2017

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de siete de junio de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, por la Secretaria de Acuerdos de Amparos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que la quejosa está debidamente notificada de dicho proveído, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia emitida el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA, contra los actos reclamados a los INTEGRANTES DE LA SALA DEL TERCER CIRCUITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, para el efecto de: "En las condiciones apuntadas, en virtud de que la sentencia combatida trasgrede lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, de acuerdo a las razones que se expresaron, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA, para el efecto de que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Sala responsable realice lo siguiente: Deje sin efectos la resolución emitida en forma oral, en la audiencia de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del toca penal 142/2017-CO8, y su presunta reproducción escrita. En su lugar, emita otra en la que observando los lineamientos de esta sentencia, y si considera que no se satisfizo integralmente la reparación del daño y no se satisfacían los requisitos para que la juez de primer grado concediera la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal JCC/141/2017, funde y motive su resolución en ese sentido, ciñéndose a los agravios planteados en la apelación. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto al recurso de apelación." Resolución que causó ejecutoria el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, por lo que, en dicho proveído se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al referido fallo protector. Por tanto, en acatamiento a lo anterior, la Secretaria de Acuerdos de Amparos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió copia certificada del auto dictado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual dejó insubsistente la resolución reclamada de siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitiendo una nueva resolución el cinco de junio de dos mil dieciocho, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, al advertirse que remitió copia certificada del auto dictado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual dejó insubsistente la resolución reclamada de siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitiendo una nueva resolución el cinco de junio de dos mil dieciocho, en la que ahora confirma la resolución objeto de la apelación, estimando que si se satisfacen íntegramente la reparación del daño de acuerdo a la cantidad que el juez de la causa pudo corroborar de manera objetiva, por lo tanto se estima que siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, se ocupó del agravio omitido, determinado que se satisfacían íntegramente la reparación del daño y los requisitos para que el juez de primer grado concediera la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal JCC/14/2017, de ahí que; este órgano jurisdiccional considera que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de Amparos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.Jc

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de Amparos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, del cual se advierte que dejó insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 142/2017-CO-8-3 y su presunta reproducción escrita, asimismo, solicita una prórroga a fin de remitir copia certificada de la nueva resolución; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo solicitado, se concede a las autoridades responsables Integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, una prórroga de cinco días siguientes en que se notifique el presente acuerdo, para efecto de que emitan una nueva resolución en la que observando los lineamientos de la sentencia, y si considera que no se satisfizo integralmente la reparación del daño y no se satisfacían los requisitos para que la juez de primer grado concediera la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal JCC/141/2017, funde y motive su resolución en ese sentido, ciñéndose a los agravios planteados en la apelación. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERA INTERESADA, el auto de veinticinco de abril del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 2085/2017-V, promovido por promovido por ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA, por derecho propio, y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en la misma fecha, ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 142/2017-CO-8, por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se registró la demanda con el número 2085/2017-V, y se admitió a trámite, razón por la que se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; asimismo ordenó emplazar como terceros interesados a JOSEFINA MOLINA BARCO, así como la menor de iniciales G.D.M.M. y al agente del Ministerio Público que conoció del toca penal referido. Finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que no tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 142/2017-CO-8, en virtud de que al rendir su informe justificado (fojas 60 y 95), aceptó su existencia. Además, se corrobora a través de la fotocopia certificada de las constancias del toca de mérito, que remitió aquélla en apoyo a su informe justificado; documental pública a la que, por haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones, se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. TERCERO. Estudio de fondo del acto reclamado. Al no existir causal de improcedencia del juicio, hecha valer por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se analizará la constitucionalidad de la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 142/2017-CO-8, por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Por las razones que se sustentan en párrafos posteriores, se estima que uno de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, es fundado, aunque para concluir en esos términos deba suplirse la deficiencia de la queja con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Para la mejor comprensión del asunto, conviene citar de manera breve los antecedentes más destacados y conducentes relativos al acto reclamado: 1. Dentro de la causa penal JCC/141/2017, en la audiencia de dieciocho de febrero de dos mil diecisiete, la Jueza de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, adscrita al Tercer Distrito Judicial, formuló imputación contra ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA, por el delito de violencia intrafamiliar, cometido en agravio de JOSEFINA MOLINA BARCO y la menor de iniciales J.D.M.M. 2. El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete se verificó la audiencia en la que se vinculó a proceso al imputado por el delito señalado y en agravio de JOSEFINA MOLINA BARCO; y se emitió resolución de no vinculación a proceso respecto a la menor de iniciales J.D.M.M. 3. Las víctimas a través de su asesor jurídico, interpusieron apelación contra la determinación de no vinculación a proceso, que se resolvió a través de sentencia del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, en el toca penal 34/2017-CO-8, emitida por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el sentido de revocar la determinación combatida y por lo tanto se emitió vinculación a proceso también por violencia intrafamiliar en agravio de la menor de iniciales J.D.M.M. 4. En la audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Jueza de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, adscrita al Tercer Distrito Judicial, autorizó la suspensión condicional del proceso, e impuso a ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA, el cumplimiento de las condiciones que se enumeran enseguida: Residir en un lugar determinado, en el domicilio ubicado en Calle Felipe Neri, número 02, del Poblado de Anenecuilco, Morelos. Abstenerse de molestar a las víctimas y no concurrir al domicilio de éstas cito en Calle Lázaro Cárdenas, número 79, del poblado de Anenecuilco, Morelos. Someterse a tratamiento médico psicológico, por conducto de la Encargada de Medidas Cautelares para Adultos (UMECA), quien debería canalizarlo a la institución correspondiente. Someterse a la vigilancia que determine el juez, debiendo presentarse a firmar los primeros cinco días de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos (UMECA). No salir al extranjero. Tener buena conducta. Exhibir ante el Juez de la causa, por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas, el pago de $11,076.00 (ONCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en doce pagos mensuales de $923.00 (NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), contados a partir de la fecha de emisión de la determinación de suspensión condicional del proceso. A consecuencia de la autorización de la suspensión condicional del proceso, la Juez natural ordenó levantar las medidas cautelares impuestas. 5. Inconforme con la determinación anterior las víctimas interpusieron recurso de apelación, que fue resuelto en la audiencia de siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el toca penal 142/2017-CO-8, por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el sentido de revocar la determinación combatida, siendo el acto que se combate en esta instancia constitucional. En los conceptos de violación, el quejoso sostiene esencialmente lo siguiente: a) Que al resolverse la apelación interpuesta por las víctimas contra la determinación que concedió la suspensión condicional del proceso, el Magistrado Ponente, ANDRÉS HIPÓLlTO PRIETO, mencionó al inicio de la audiencia de apelación, que el asunto ya lo habían tenido en su ponencia (8), haciendo referencia al hecho de que ya habían resuelto la apelación interpuesta por las víctimas contra la no vinculación a proceso por el delito de violencia familiar, en agravio de la menor con iniciales G.D.M.M; y que ello causaba Entonces, que le causa agravio la circunstancia de que no se hubiera declarado incompetente dicho juzgador, para conocer de la apelación interpuesta contra la resolución de suspensión condicional del proceso, en virtud de que previamente a la emisión de la resolución combatida, había conocido de los hechos materia de la causa penal JCC/141/2017. Por lo tanto, refiere que se encontraba impedido para conocer de la apelación, porque así lo establece, dijo, la Ley procedimental de la materia, vigente. b) Que en el proceso penal de origen, su defensa pública propuso lo salida alterna consistente en lo suspensión condicional del proceso, proponiendo los condiciones establecidos en el numeral 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que tomando en consideración lo naturaleza del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado en el artículo 202 Bis, del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, el bien jurídico tutelado, es la sana convivencia familiar, y a fin de salvaguardar los derechos de las víctimas del delito, propuso en la audiencia correspondiente un plan de reparación del daño por la cantidad de $5,000.00 CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para ayudar a la restauración del bien jurídico tutelado por la norma penal, en atención a que en la carpeta de investigación y hasta el momento procesal de la etapa intermedia del juicio oral, no se desprendían gastos justificados por las víctimas; de ahí que se consideró esa suma como ayuda para pasajes. Ello, dijo, porque desde el momento de tener conocimiento de la noticia criminal, la representación social tiene obligación y facultad de canalizar a las víctimas a instituciones de carácter púbico para restablecer el bien jurídico tutelado por la norma. Entonces, que la Juez de Control concedió la suspensión condicional del proceso y fijó que modificó la cantidad propuesta inicialmente en el plan de reparación del daño, fijando $11,072 00/100 MONEDA NACIONAL), distribuida de la siguiente manera: $6,070.00 SEIS MIL SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), como pago de gastos que la Juez consideró erogados por las víctimas del delito, más $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para ayuda a fin de que fueran conducidas a un tratamiento psicológico. Dijo que, precisamente, el debate formulado entre las partes en la audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, fue respecto a las cantidades relativas al plan de reparación de daño, concluyendo la juez del proceso, que la oposición del Agente del Ministerio Público y el Asesor Jurídico de las víctimas, no se consideraba una oposición fundada. Sin embargo, que lo único que menciona el Magistrado Ponente para revocar la salida alterna de suspensión condicional del proceso, fue que no estaba garantizada la reparación del daño; pero que ello implicó una falta de análisis de las circunstancias que acontecieron en la audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, donde la Jueza de primer grado había sido clara en establecer que, en la etapa de la audiencia intermedia no podía tomar en consideración ni realizar una valoración de los documentos que se incorporaron por parte del Ministerio Público, como tampoco las argumentaciones del Asesor Jurídico Particular, que se describen en un escrito al constituirse como acusadores coadyuvantes del Ministerio Público; además, que esos documentos no contaban con un soporte técnico, es decir una pericial en materia de contabilidad, por lo que no le proporcionaban a la Juzgadora de origen una certeza jurídica sobre la veracidad de los gastos supuestamente realizados por las víctimas. Agregó la parte quejosa, que los documentos con los que las víctimas habían sustentado su oposición, estaban expedidas por médicos particulares e igualmente que las recetas eran documentos particulares y que no tenían congruencia con el hecho materia de acusación y habían sido expedidos tres meses después de la fecha de la comisión del hecho delictivo. Entonces, que por los motivos referidos fue que la Juzgadora de origen, ponderando también los derechos de las víctimas, consideró que aun ante la oposición para la concesión de la salida alterna, era procedente conceder la suspensión condicional del procedimiento, considerando incorrecta la revocación llevada a cabo por la Sala responsable. c) Sigue argumentando que la resolución emitida por el Tribunal responsable, carece de todo sustento jurídico, porque dejó de observar con estricto apego, lo expresado en los agravios por las víctimas del delito, al apelar contra la concesión de la suspensión condicional del proceso a favor de ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA, quienes, dijo, se habían concretado a referir que la Juez del conocimiento había pasado por alto una constancia de servicios terapéuticos expedida por la doctora YANET INDIRA FLORES SIERRA; pero, que se puede ver que en la audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, cuando se concedió la salida alterna, que se trata de un mero presupuesto expedido a favor de las víctimas del delito por la cantidad de $104,000.00 (CIENTO CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y que esa suma nunca fue erogada por las víctimas. Incluso, que el Asesor Jurídico particular, al ejercer la contradicción aceptó que, efectivamente, era un mero presupuesto y no un gasto erogado por las víctimas. Que la circunstancia narrada la hizo valer su defensa pública, lo que motivó a la Juez del proceso a dejar de tomar en cuenta esa documental para conceder la suspensión condicional del proceso y fijar un plan de reparación del daño. Que inclusive, esto fue motivo de debate por las partes en la audiencia y que la juzgadora estimó no fundada la oposición de las víctimas del delito. Continua diciendo la parte quejosa, que al emitir la resolución reclamada, la Sala responsable dejó de apreciar lo narrado con anterioridad y revocó la suspensión condicional del proceso, bajo la mención de que no había quedado garantizada la reparación del daño, careciendo esa afirmación de sustento jurídico porque había dejado de observar el registro de la audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Explicados los conceptos de violación, se considera que el que se marca en esta sentencia con el inciso c), en la porción que se explica enseguida, en suplencia de la deficiencia de la queja, como se anunció, es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en virtud de que la resolución combatida emitida de manera oral, no cumple a cabalidad con la exigencia constitucional de debida y suficiente fundamentación y motivación. En efecto, sostiene la parte peticionaria del amparo, que la resolución emitida por el Tribunal responsable carece de sustento jurídico, al no ceñirse con estricto apego a los agravios expresados por las víctimas al plantear el recurso de apelación. En ese sentido, JOSEFINA MOLINO BARCO, al apelar hizo valer los argumentos que se sintetizan a continuación: Que sí había planteado una oposición fundada contra el otorgamiento de la suspensión condicional del proceso a favor del demandado, al estimar que el plan de pago propuesto por el imputado, era insuficiente para reparar de forma integral el daño ocasionado con motivo de la conducta delictiva, pero que la Juez natural había determinado no tener por justificado el reclamo de la cantidad de $104,000.00 (CIENTO CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para solventar un año de terapias psicológica recomendadas por la Perito Oficial en Materia de Psicología, tanto para JOSEFINA MOLINO BARCO, como para la menor de iniciales, G.D.M.M., así como para otros dos de su hijos; y que aun cuando justamente se le había anunciado en la audiencia respectiva que sólo se trataba de un presupuesto, nada impedía que se analizara a la luz de esa naturaleza. Inclusive, que si bien se pudiera decir que sólo las víctimas tenían derecho a la reparación del daño y recibir la terapia psicológica, en todo caso se debía tomar en consideración la parte proporcional del costo total. Que existió oposición fundada respecto al otorgamiento de la suspensión condicional del proceso, porque si bien podían acceder a instituciones públicas especializadas para obtener atención psicológica, también era derecho suyo y de su menor hija, optar por satisfacerla en instituciones privadas, y encontrar ajuste con los horarios escolares de la menor víctima, y con el horario laboral de JOSEFINA MOLINO BARCO, al ser sabido, dijo, que las instituciones públicas atienden a quienes se ajusten a sus horarios, de acuerdo a la carga de trabajo, sin importarles las actividades de las personas que requieran esos servicios. Que al resolver sobre la suspensión condicional del proceso, la Juez natural había argumentado imposibilidad legal para valorar pruebas documentales a fin de establecer lo fundado de la oposición al otorgamiento de la suspensión condicional del proceso; sin embargo, que éstas ya se habían exhibido al plantear la coadyuvancia respecto a la reparación del daño y que se habían hecho del conocimiento del imputado y su defensa; además, que los artículos 338, fracciones III y IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén el derecho de la víctima para ofrecer medios de pruebas que complementen la acusación del ministerio público y para solicitar la reparación del daño. Incluso, que en la audiencia en que se decidió la suspensión condicional, justamente se había entrado a debate de las cantidades que por concepto de gastos efectuados con motivo de los hechos delictivos se habían generado. Por lo tanto, que no había impedimento para considerar esos documentos, al ser un derecho previsto en el artículo 20, apartado C), fracciones II y IV, de la Carta Magna. Ahora bien, la Sala responsable declaró que era fundado el recurso de apelación, estimando que sí había existido una oposición fundada a la suspensión condicional del proceso y determinó su revocación en la audiencia de apelación celebrada el siete de diciembre de dos mil diecisiete, de cuya copia del audio y video, remitido por dicha autoridad, se puede observar que a la una de la tarde con treinta y dos minutos el Magistrado Ponente empezó a relatar los antecedentes del caso sometido a su resolución, e inmediatamente narra que ya antes resolvió una apelación derivada de la misma causa penal, contra la no vinculación a proceso de ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA, por la comisión del delito de violencia familiar, respecto la víctima menor de edad de iniciales G.D.M.M. y continúa luego con los antecedentes propios de la tramitación de la suspensión condicional del proceso, señalando las condiciones que se habían fijado al imputado. Luego narra la interposición del recurso de apelación y establece que lo medular de los agravios versa sobre la cantidad a fijar por concepto de reparación del daño. Este relato concluye a la una de la tarde con cuarenta minutos. Posteriormente, el Magistrado Ponente, Andrés Hipólito Prieto, aborda el estudio de los agravios a la una de la tarde con cuarenta minutos y ocho segundos, argumentando lo siguiente: Magistrado Hipólito Prieto: "Pues bueno creo que como ya lo comenté la litis es muy clara, el juez soslayó la oposición fundada, dijo que como no se establecía ni se decía en qué consistía esta, la soslayó. Pues yo propongo a mis compañeras magistradas que se tenga por fundada dicha oposición. Uno de los derechos fundamentales, por encima de los derechos del inculpado también, es que si quiere la suspensión condicional o una medida o una solución alterna a este conflicto, debe garantizar integralmente la reparación del daño, no a medias. Entonces creo que mientras no se den estas condiciones, el proceso debe continuar. Esa es la propuesta Magistrada en términos muy generales. Entonces yo propongo que este asunto también se resuelva con perspectiva de género como lo estoy haciendo ver en mi proyecto, son dos mujeres una adulta y una menor que fueron violentadas con la conducta ilícita del activo del delito y este tipo de delitos en la familia la verdad es que son muy delicados desintegran familia, se pierde el control de los lazos familiares, hay una ofensa muy grande que muchas veces nunca se llega a resarcir, por lo tanto, propongo revocar esa suspensión condicional del proceso hasta en tanto no satisfaga integralmente la reparación del daño el vinculado a proceso. Magistrada tiene el uso de la palabra para su voto." Magistrada Lara Chávez: Es un asunto que acusa claridad en el proceso y en el planteamiento y no hay más que decir, apruebo su proyecto. Magistrado Hipólito Prieto: Magistrada Aquino. Magistrada Aquino Celis: De la misma forma a favor del proyecto. Magistrado Hipólito Prieto: Gracias. Y bien pues en los puntos resolutivos concretamente aparecerá que esta resolución que otorgaba la suspensión condicional del proceso queda revocada y debe continuarse en todas sus etapas el proceso penal correspondiente. Así por unanimidad lo resuelven y firman los Magistrados que integran esta Sala." Se aprecia de la trascripción anterior, que los Magistrados de la Sala responsable, en la audiencia de apelación, de siete de diciembre de dos mil diecisiete, determinaron revocar la suspensión condicional del proceso otorgada a favor del imputado ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA; sin embargo, ello fue de forma dogmática, ya que si bien es cierto que el propio Magistrado Ponente refirió oralmente, que la litis del asunto estribaba justamente en el requisito relativo a la oposición de las víctimas, particularmente en cuanto al monto de la reparación del daño a satisfacer para el otorgamiento de la referida salida alterna del proceso; también lo es que sin fundamentación ni motivación, afirmó que no está satisfecha integralmente la reparación del daño por el vinculado, por el sólo hecho del tipo de conducta que se dice ilícita y los efectos que puede producir, desintegración familiar, lazos familiares y que genera una ofensa muy grande que muchas veces no se llega a resarcir. Lo anterior es así, pues sin soslayar los argumentos que se esgrimieron en la audiencia respectiva por el Tribunal de Apelación, en torno a que el debate se fijaba respecto de la cantidad establecida por concepto de reparación del daño, empero en el desarrollo propuesto en la continuación de la audiencia, sostuvo que dicho concepto debió quedar plenamente cubierto y "no a medias", sin motivar o exponer argumento alguno, dado que se limitó concluirlo, dejando al imputado en total indefensión al respecto, observando que con posterioridad expuso lo que consideró motivos que, incluso, pretendió justificar bajo los parámetros de juzgar con perspectiva de género , para fallar en los términos en que lo hizo. Tal omisión de la Sala responsable es relevante y agravia los derechos del imputado, porque como se observa de los antecedentes antes narrados la juez de primer grado había concedido la suspensión condicional del proceso, bajo la consideración de que sí se encontraba satisfecha la reparación del daño bajo las razones que oralmente sostuvo en la audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete; de tal manera que para revocar esa determinación, la Sala tenía el imperativo constitucional de expresar los fundamentos y motivos en que se apoyara, para concluir con base en la norma legal aplicable, que cubrían las exigencias normativas para acceder a la salida alterna de que se trata, por lo que la afirmación de que la reparación del daño no se encontraba integralmente satisfecha, debía ser acompañada del enunciado preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hubiera tenido en consideración para sustentar tal afirmación, ya que en la forma en que lo concluyó la responsable deja en total indefensión al imputado, al desconocer los motivos, razones y circunstancias por las cuales se resolvió en los términos indicados, no obstante que en primera instancia y acorde al debate ahí desarrollado, se había resuelto en la forma opuesta. Así, ese deber incumplido por la Sala responsable, se encuentra previsto en el artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable al caso, el cual establece que los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos, como se aprecia de la cita textual de dicha norma: "Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y sentencias Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos.". En ese sentido, la resolución combatida pasa por alto la disposición citada, en virtud de que, como se relató, en la audiencia de apelación en el toca penal 142/2017-CO-8, la Sala revoca la suspensión condicional del proceso otorgada a favor del imputado ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA, sin expresar oralmente por qué estima, acorde con lo previsto en los artículos 191 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no se encuentra plenamente satisfecha la reparación del daño y si en atención a ello, se cumplieron o no los requisitos de procedencia que, para conceder dicha salida alterna se prevén en las disposiciones relativas del Código Nacional de Procedimientos Penales. No se deja de observar que el artículo 16 Constitucional, establece que todo acto de autoridad que implique una molestia a los justiciables deberá asentarse por escrito; no obstante ello, dicha circunstancia no exime a la autoridad responsable de emitir en la audiencia de apelación una determinación de manera fundada y motivada; en virtud de que la característica de "oralidad" es considerada como el instrumento que permite actualizar y dar eficacia a los principios del debido proceso, como son la inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad, que rigen el sistema procesal penal acusatorio y deben ser observados en la diligencia respectiva, siendo en ésta en donde deben contenerse todos los argumentos en los agravios que rijan el recurso de apelación, puesto que el actual sistema acusatorio debe regirse por los principios constitucionales reconocidos a partir de la reforma de que se trata. Es de mencionarse que al imponerse del contenido de la fotocopia certificada del toca penal 142/2017-CO-8, donde en forma escrita obra la determinación adoptada en el recurso de apelación en la audiencia de siete de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 137 a 147 del tomo I), se advierten argumentaciones adicionales a las que vertieron los Magistrados de la Sala responsable al emitir su fallo en la audiencia, en los que incluso se observa que pretende sustentar su fallo en los agravios formulados por la parte apelante (victima); sin embargo, no puede considerarse ésta una resolución distinta a la emitida de forma oral. En efecto, no es factible considerar que la resolución de apelación de siete de diciembre de dos mil diecisiete, impresa "complemente" a la oral, esto es, que lo que no se dijo verbalmente sea subsanado con lo expuesto en resolución impresa, en la medida que, acorde al dictamen de reforma del decreto publicado en junio del dos mil ocho, un proceso no es público, cuando sus actuaciones se desarrollan por escrito; y por ende, no se cumplirían las características del sistema penal acusatorio. Así, como se adelantó no significa que existan dos actos que puedan impugnarse por la vía de amparo indirecto, sino que esas actuaciones (oral e impresa), constituyen un mismo acto de autoridad, lo que tampoco quiere decir que una pueda complementar a la otra, porque lo escrito tiene su origen en la audiencia en la que se resolvió respecto del recurso de apelación, siendo en ésta en la que se deben contener todos los argumentos que la rijan, en tanto que, la resolución escrita constituye un extracto de las consideraciones que se expresaron de forma expresa en la audiencia respectiva, por lo que sólo se trata de un registro y una consecuencia de la primera; de tal suerte que, invariablemente, la que debe contener los motivos y fundamentos que sostengan la determinación reclamada, es la pronunciada en la actuación judicial de manera verbal, misma que es el sustento de la documentada. En tal virtud, si en la resolución emitida oralmente en la audiencia de siete de diciembre de dos mil diecisiete, no se analizaron los puntos litigiosos hechos valer por la apelante, y sí en la versión escrita de la misma, se concluye que la primera también carece de la congruencia y exhaustividad exigida en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que conlleva el deber de los tribunales, de realizar el estudio y reflexión de los asuntos con la máxima atención y acuciosidad judicial, tomando en cuenta todas las cuestiones en litigio para su correcta decisión. Es de destacarse que al margen de violación formal explicada, consistente en la incongruencia observada al no atender la Sala responsable la totalidad de los agravios en la audiencia oral y sí en la escrita; también se trasgreden derechos del imputado que impiden el análisis de fondo de la resolución combatida, al no poderse verificar su constitucionalidad con base en los agravios expuestos por la apelante y las razones del juez de primer grado al no haberse sustentado en éstos al resolver, ya que incluso con ello se trasgrede el principio de igualdad de las partes, en virtud de que el imputado no tuvo ocasión de abrir el debate, dado que se le había concedido la suspensión condicional del proceso y se revocó sin la fundamentación y motivación requerida, razón por la que la responsable deberá ponderar en una nueva resolución, los motivos por los que se había concedido dicha salida alterna frente a los agravios hechos valer en el citado recurso. En las condiciones apuntadas, en virtud de que la sentencia combatida trasgrede lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, de acuerdo a las razones que se expresaron, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA, para el efecto de que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Sala responsable realice lo siguiente: Deje sin efectos la resolución emitida en forma oral, en la audiencia de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del toca penal 142/2017-CO8, y su presunta reproducción escrita. En su lugar, emita otra en la que observando los lineamientos de esta sentencia, y si considera que no se satisfizo integralmente la reparación del daño y no se satisfacían los requisitos para que la juez de primer grado concediera la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal JCC/141/2017, funde y motive su resolución en ese sentido, ciñéndose a los agravios planteados en la apelación. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto al recurso de apelación. Por cuanto al resto de los conceptos de violación que no se estudian, ello obedece a que están íntimamente vinculados a aspectos sobre los que deberá pronunciarse la responsable por constituir la cuestión toral sobre el otorgamiento o no de la suspensión condicional del proceso; de ahí que este juzgador no pueda sustituirse a la autoridad responsable, al ser el juicio de amparo un medio de defensa extraordinario y no una instancia más del proceso penal. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ÓSCAR MOCTEZUMA GARCÍA, respecto de la resolución oral de siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el toca 142/2017-CO-8. Notifíquese personalmente

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