Oscar Mixcoatl Alvarez
Expediente 1058/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/11/2017
Partes del expediente
- Oscar Mixcoatl Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
III Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa y tercera interesada dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformaron contra el proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; en el libro de gobierno háganse las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. A la autoridad responsable Juez Supernumerario Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, devuélvanse las constancias remitidas como complemento del informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente 396/2016 en dos tomos. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia, cuyo contenido es: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)." 2. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Lo anterior, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal examina si el fallo protector está o no cumplido. Al caso, es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio de amparo se promovió por Oscar Mixcóatl Álvarez, contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Ahora bien, mediante sentencia de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se resolvió el presente juicio de amparo en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la unión ampara y protege a Oscar Mixcóatl Álvarez, en contra del acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero del presente fallo, para los efectos expuestos en el considerando último de la presente resolución." La concesión del amparo fue para los efectos siguientes: a. El juez responsable dejará insubsistente la resolución reclamada. b. En su lugar, emitiera otra, en donde atienda lo expuesto en el fallo protector; esto es, si aún siguiera surtiendo efectos la medida provisional de alimentos materia del acto reclamado y decidiera reiterarla, debería tomar en cuenta para su determinación las pruebas y alegatos de las partes y motivar por qué es un factor determinante que el quejoso no haya dado alimentos a los menores desde su nacimiento, en caso de que decida emplear dicho argumento. Así, mediante proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, se requirió al Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la sentencia de amparo. En ese orden, la autoridad responsable, en cumplimiento a dicho requerimiento, mediante oficio 3288, presentado en este juzgado el dos de octubre de dos mil diecisiete, remitió copia certificada de la sentencia interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, de la que se advierte lo siguiente: "Por ello, la capacidad del deudor alimentario para proporcionarlos, como elemento de esta acción, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la actitud posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza; por tanto, si se trata de una persona capaz de emplearse en alguna actividad, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara insolvente, o bien, ocultara sus ingresos, de ahí que, si tomamos en consideración que el demandado cuenta con una profesión de licenciado en derecho, como lo manifestó en la audiencia principal, que se dedica además a abogado postulante; es decir, a patrocinio de sujetos en un litigio de lo que indudablemente obtiene ingresos superiores al salario mínimo de acuerdo a los aranceles que rigen la referida actividad profesional, que por tratarse de una profesión libre no se encuentra sujeta a reportar al régimen hacendario todos y cada uno de los ingreso obtenidos por la misma, además de que obran en autos recibos de pago de salario expedidos a su favor por la empresa OROS TRIGUEROS FERNANDO ALFONSO de donde se desprende que obtiene ingresos como empleado que fluctúan desde los $3,993.37 ( TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PEOS 37J100M.N) a $3,812.92 (TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 92/100 M.N), cantidad que derivada del incremento anual de salarios ascienden actualmente a $4,220.38 (cuatro mil doscientos veinte pesos) más $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) otorgado por su empleador a manera de apoyo económico; hecho que además difiere con el informe rendido por el Servicio de Administración Tributaria con oficio 400-01-05-00-00-2017 de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, quien en el rubro de total de ingresos por sueltos, salarios y conceptos asimilados (salario bruto) obtiene un ingreso total de $12,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) y que los ingresos acumulables asciende a $9,000 (NUEVE MI PESOS 00/100 M.N). Sin embargo, en fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete mediante promoción número 9377 GABRIELA HERNÁNDEZ ROMO exhibió seis placas fotográficas obtenidas de la red social Facebook en donde aparece el demandado con una persona del sexo femenino, en diversos lugares de Estados Unidos de América y otros lugares, las cuales con apoyo en los artículos 1.265 fracción VI y 5.38 fracción V del Código de Procedimientos Civiles, se tuvieron como pruebas supervinientes, de donde se colige que el deudor alimentario obtiene ingresos para esparcimiento y recreación al grado de viajar al extranjero. Por otra parte, es indudable que los menores DANTE y ROMEO de apellidos HERNÁNDEZ ROMO, quienes cuentan con la edad de cuatro años ocho meses, necesitan les sean proporcionados alimentos por parte de sus progenitores, dado el estado de indefensión en que se encuentran pues estos no se encentran en la posibilidad de allegarse de recursos para su subsistencia diaria, al ser menores de edad, alimentos que a la fecha han sido cubiertos única y exclusivamente a cargo de su progenitora, quien por referencia del demandado en su escrito de contestación de demanda refiere que su antagonista estudio una maestría en psicología en la Universidad Autónoma de México, lo que adminiculado con lo dicho por ésta que refiere desempeñarse como maestra en la Institución Educativa Gyboree conlleva a determinar que el nivel de vida que sus acreedores alimentarios han llevado un nivel de vida cómodo, satisfaciendo sus necesidades de alimentos, vestido, calzado, educación y esparcimiento." De lo anterior, se advierte que el Juez responsable realizó un análisis de las pruebas que obran en el expediente, para determinar las necesidades de los acreedores y la capacidad económica del deudor; asimismo, ya no consideró para motivar su determinación el argumento de que el quejoso no había proporcionado alimentos desde su nacimiento, por lo que es evidente que la autoridad responsable sigue los lineamientos seguidos en la ejecutoria de amparo. Sin que dichas argumentaciones puedan ser materia del cumplimiento pues como se precisó en la ejecutoria de amparo, ni el monto, ni las consideraciones que para tal efecto esgrimiera, la responsable serian materia del amparo, por lo que los argumentos expuestos por el quejoso resultan inatendibles al no ser materia del cumplimiento. Por tanto, del oficio y anexo enviados, se advierte que la autoridad responsable siguió los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se declara cumplida en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia publicada con la clave 2a./J. 201/2009, en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Materia Común, Novena Época, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Y en lo conducente la tesis 1ª./J.8/2003, consultable en la página 144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2003, Tomo XVll, Novena Época cuyo rubro y texto son: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por medio de lista y personalmente a la tercero interesada. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
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III. Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta a través del cual el quejoso Oscar Mixcoatl Álvarez, realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo dado por la responsable. En atención a su contenido, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto fenezca el plazo concedido a la tercero interesada en auto de tres de octubre de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
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III). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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