Oscar Mino Moyotl

Expediente 685/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
685/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Oscar Mino Moyotl

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables y al fiscal Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. GUSTAVO En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) "2021, Año de la Independencia" JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIAL DEL ESTADO - DANIEL IVÁN CRUZ LUNA- OF. 1110-1 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ). OF. 1110-2 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO). OF. 1110-3 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (CARLOS GUILLERMO RAMÍREZ RODRÍGUEZ). OF. 1110-4 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (AARÓN HERNÁNDEZ CHINO). OF. 1110-5 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (ROSALVA ELENA ZÁRATE HERRERA). OF. 1110-6 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ). OF. 1110-7 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (IDALIA ARCINIEGA ARIAS). OF. 1110-8 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (ROSA AURORA ESPEJEL PRADO). OF. 1110-9 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ). OF. 1110-10 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (MIRIAN HUERTA LECHUGA). OF. 1110-11 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ). OF. 1110-12 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (ANA ALICIA PONCE FRÍAS). OF. 1110-13 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (JOSÉ ÁLVARO SARMIENTO MÁRQUEZ). OF. 1110-14 JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA (KARLA PATRICIA AMBROCIO VARGAS). OF. 1110-15 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA (DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ). OF. 1110-16 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS DE GÉNERO, ADSCRITO A LA FISCALÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. OF. 1110-17 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES, ADSCRITO A LA FISCALÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. OF. 1110-18 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA. OF. 1110-19 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SAN ANDRES CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA OF. 1110-20 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE CIUDAD JUDICIAL, ESTADO DE PUEBLA ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA. OF. 1110-21 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. OF. 1110-22 DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. OF. 1110-23-MPF AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO. Elaboró: Gustavo SECCION: Trámite EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 685/2021-C, PROMOVIDO POR ÓSCAR MINO MOYOTL, CONTRA ACTOS DE USTED, SE DICTÓ LO SIGUIENTE: "San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables y al fiscal Federal adscrito...

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 685/2021-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Oscar Mino Moyotl; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintiuno, en buzón judicial y remitido a este órgano jurisdiccional en la misma fecha -en archivo digital-, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); Oscar Mino Moyotl, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos de la 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez), y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de quince de julio del año en curso, la demanda promovida por Oscar Mino Moyotl, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 685/2021-C; y se desechó parcialmente, respecto de los actos reclamados siguientes: a) La integración de una carpeta de investigación, y/o averiguación previa, y/o procedimiento judicial, y/o causa penal emitida en contra del referido peticionario de garantías, al actualizarse de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se dicte en contra del aquí quejoso con motivo de las órdenes privativas de libertad y su ejecución reclamadas en el presente controvertido constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, aplicada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que, por lo que ve al resto de los actos reclamados consistentes en: las órdenes de búsqueda, localización y detención, emitidas en contra del quejoso Oscar Mino Moyotl, así como su ejecución; se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En el supracitado auto de quince de julio del año actual, se señalaron las diez horas con veintiocho minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso particular, Oscar Mino Moyotl, en esta instancia constitucional, reclama lo siguiente: a) Las órdenes de búsqueda, localización y detención, emitidas en su contra; y. b) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Adriana De Lourdes Martínez Jiménez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 2 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 3 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 4 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 5 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 6 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Javier Vázquez Fernández), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 7 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Idalia Arciniega Arias), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 8 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Rosa Aurora Espejel Prado), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 9 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 10 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Mirian Huerta Lechuga), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 11 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Magally Escamilla Rodríguez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 12 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Ana Alicia Ponce Frías), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 13 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 14 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas). Niega. 15 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (David Rodríguez González), por conducto de la 14. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas). Niega. 16 Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género del Estado de Puebla. Niega. 17 Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso. Niega. 18 Agente del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla (Unidad de Investigación). Niega. 19 Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Zona Metropolitana Centro-Norte, Unidad de Investigación en San Andrés Cholula, Puebla. Niega. 21 Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Niega. 22 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega. Las autoridades responsables señaladas en la tabla anterior, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." La misma suerte corre con el acto reclamado a la autoridad responsable señalada como "20. Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad de Investigación de Ciudad Judicial, Estado de Puebla adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana", pues al haberse declarado inexistente, como se advierte de la audiencia que antecede, es evidente que no pueden existir los actos a ella reclamados. No pasa inadvertido para el suscrito la existencia de la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de País, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN;" pero, la misma no resulta aplicable al caso concreto, pues se refiere al supuesto de tener por inexistente a una autoridad antes de la celebración de la audiencia constitucional y, en la especie, dicha inexistencia se decretó precisamente en la audiencia de ley; de ahí que tal criterio no cobre aplicación. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Oscar Mino Moyotl, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Así lo resolvió y firma Raúl Bonilla Hernández, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (abrogada), y por autorización contenida mediante oficio CCJ/ST/1105/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Romina Ortiz Ávila, secretaria quien autoriza y da fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 685/2021-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Oscar Mino Moyotl; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintiuno, en buzón judicial y remitido a este órgano jurisdiccional en la misma fecha -en archivo digital-, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); Oscar Mino Moyotl, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos de la 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez), y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de quince de julio del año en curso, la demanda promovida por Oscar Mino Moyotl, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 685/2021-C; y se desechó parcialmente, respecto de los actos reclamados siguientes: a) La integración de una carpeta de investigación, y/o averiguación previa, y/o procedimiento judicial, y/o causa penal emitida en contra del referido peticionario de garantías, al actualizarse de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se dicte en contra del aquí quejoso con motivo de las órdenes privativas de libertad y su ejecución reclamadas en el presente controvertido constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, aplicada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que por lo que ve al resto de los actos reclamados consistentes en: las órdenes de búsqueda, localización y detención, emitidas en contra del quejoso Oscar Mino Moyotl, así como su ejecución; se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En el supracitado auto de quince de julio del año actual, se señalaron las diez horas con veintiocho minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso particular, Oscar Mino Moyotl, en esta instancia constitucional, reclama lo siguiente: a) Las órdenes de búsqueda, localización y detención, emitidas en su contra; y. b) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Adriana De Lourdes Martínez Jiménez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 2 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 3 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 4 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 5 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 6 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Javier Vázquez Fernández), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 7 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Idalia Arciniega Arias), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 8 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Rosa Aurora Espejel Prado), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 9 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 10 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Mirian Huerta Lechuga), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 11 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Magally Escamilla Rodríguez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 12 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Ana Alicia Ponce Frías), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 13 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 14 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas). Niega. 15 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (David Rodríguez González), por conducto de la 14. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas). Niega. 16 Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género del Estado de Puebla. Niega. 17 Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso. Niega. 18 Agente del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla (Unidad de Investigación). Niega. 19 Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Zona Metropolitana Centro-Norte, Unidad de Investigación en San Andrés Cholula, Puebla. Niega. 21 Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Niega. 22 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega. Las autoridades responsables señaladas en la tabla anterior, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." La misma suerte corre con el acto reclamado a la autoridad responsable señalada como "20. Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad de Investigación de Ciudad Judicial, Estado de Puebla adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana", pues al haberse declarado inexistente, como se advierte de la audiencia que antecede, es evidente que no pueden existir los actos a ella reclamados. No pasa inadvertido para el suscrito, la existencia de la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de País, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN;" pero, la misma no resulta aplicable al caso concreto, pues se refiere al supuesto de tener por inexistente a una autoridad antes de la celebración de la audiencia constitucional y, en la especie, dicha inexistencia se decretó precisamente en la audiencia de ley; de ahí que tal criterio no cobre aplicación. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Oscar Mino Moyotl, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se precisa que por error en el acuerdo de veintiuno de julio del actual, se asentó como autorización del suscrito la contenida en el oficio CCJ/ST/5878/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, cuando lo correcto es CCJ/ST/1105/2021, que es el que autoriza al suscrito actuar durante este período, lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a las partes - debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2021.

  4. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de julio de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 685/2021, Raúl Bonilla Hernández, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización contenida mediante oficio CCJ/ST/1105/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", asistido del Secretario Rafael Torres Campos, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Oscar Mino Moyotl, así como el auto de quince de julio de dos mil veintiuno (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables. De igual forma, el Secretario da cuenta con los informes previos de las autoridades responsables 18. Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad de Investigación San Pedro Cholula; 21. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante (por duplicado); y, 22. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; y, con el estado procesal de autos. A lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes; y, con fundamente en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes previos de las autoridades responsables que así lo hicieron en esta data, los cuales serán valorados en el momento procesal oportuno. Por otra parte, del estado procesal de autos, se colige que mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto de la razón asentada por el Actuario de la adscripción, mediante la cual manifestó la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 1110-20, dirigido a la autoridad responsable que la parte quejosa denomino como "AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE CIUDAD JUDICIAL, ESTADO DE PUEBLA ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA."; toda vez que al constituirse en las instalaciones de las oficinas del citado agente, le fue referido que no se podía recibir el oficio de mérito, pues dicha autoridad no existe. En tales condiciones, y en virtud de que no existe la citada autoridad con esa denominación, se tiene por inexistente, ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ella; sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Secretario encargado del despacho acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 685/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Oscar Mino Moyotl; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Oscar Mino Moyotl, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: a) Las órdenes de búsqueda, localización, y detención, presentación libradas en contra de la aquí amparista; y, b) Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1 A 13. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIAL DEL ESTADO (DANIEL IVÁN CRUZ LUNA), EN REPRESENTANCION DE LOS JUECES: 1. ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ; 2. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO; 3. CARLOS GUILLERMO RAMÍREZ RODRÍGUEZ; 4. AARÓN HERNÁNDEZ CHINO; 5. ROSALVA ELENA ZÁRATE HERRERA; 6. JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ; 7. IDALIA ARCINIEGA ARIAS; 8. ROSA AURORA ESPEJEL PRADO; 9. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ; 10. MIRIAN HUERTA LECHUGA; 11. MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ; 12. ANA ALICIA PONCE FRÍAS; Y, 13. JOSÉ ÁLVARO SARMIENTO MÁRQUEZ. NIEGA 14 Y 15. 14. JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA (KARLA PATRICIA AMBROCIO VARGAS), POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DEL 15. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA (DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ). NIEGA 16. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS DE GÉNERO, ADSCRITO A LA FISCALÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA 17. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES, ADSCRITO A LA FISCALÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA 18. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA. NIEGA 19. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SAN ANDRES CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA NIEGA 21. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE NIEGA 22. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables señaladas, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Por otra parte, como se advierte de la audiencia que antecede, no existe la autoridad responsable, que la parte quejosa denominó como 20. "AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE CIUDAD JUDICIAL, ESTADO DE PUEBLA ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA.". Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Oscar Mino Moyotl, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

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